“No participaremos de los procesos viciados, no avalaremos ilegalidades, no permitiremos que se atropelle la ley”, expresó el oficialista Juan Fernando Flores.

En una rueda de prensa manifestaron la posición de la bancada respecto a las declaraciones de ciertos asambleístas sobre la conformación de una comisión encargada de fiscalizar a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

“Rechazamos los actos al margen de la ley cometidos en la sesión No. 772. ¡Todo dentro de la Ley, nada fuera de ella!”, manifestó Flores.

Flores recalcó que todo lo que se estaba constituyendo en la sesión del Pleno carece de validez porque, pese a la apelación de la presidencia de la Asamblea, en ninguna parte de la Ley se establece que cuando se apela la presidencia la sesión vuelve a cero.

“Si los cambios del orden del día ya habían sido tratados de ninguna manera se podían volver a restituir los procesos”, sostuvo Flores.

Además, aclaró que no se oponen a una evaluación, pero que esta no puede ser sobre una sola persona, sino que tiene que ser sobre los miembros del CAL, las comisiones e incluso sobre los 137 asambleístas.

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Señaló que no saben como se relaciona el aluvión con el Consejo de Participación. “Esperemos que no inventen algo para echarle la culpa a la administración anterior de las cosas que están haciendo”, comentó el exasesor.

Asimismo, reiteró Ulloa hizo una serie de cambios para alargar el proceso del concurso de selección del Contralor, en aproximadamente 5 o 6 meses.

“Él dice que es por culpa de la administración anterior, pero los cambios que alargaron este proceso los aprobó cuando ya se posesionó, ilegalmente, como presidente”, afirmó durante una entrevista con radio La Calle.

Gallo recalcó que legalmente no hay impedimentos para que Ulloa participe como consejero, ya que no fue electo como autoridad. Sin embargo, aseguró que el derrocamiento de la presidenta Almeida se hizo con la ayuda del Ejecutivo.

“Evidentemente hay un vínculo reciente, del año 2017, cuando el consejero Ulloa fue candidato alterno de una asambleísta del movimiento CREO”, sostuvo Gallo.

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“Esperamos que este intento de tomarse el Consejo de Participación no se concrete. Hasta altas horas de la noche del día de ayer la fuerza pública seguía intentando entrar a las instalaciones”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

Dávalos expresó que se encuentran frente a un intento autoritario y dictatorial de tomarse otra función del Estado. Hizo un llamado a la sociedad, actores políticos y sociales a defender el Consejo de Participación.

“Hay que respetar el Estado de derecho y la democracia. La policía no tiene nada que hacer afuera de una institución que no necesita de la fuerza pública para resolver sus conflictos internos”, manifestó.

Un posible delito penal

Además, recalcó que los hechos suscitados ayer se constituyen como un posible delito de arrogación de funciones que consta en el Código Orgánico Integral Penal. “Nosotros como consejeros no podemos sesionar sin la convocatoria previa de la presidenta del Consejo de Participación”, sostuvo Dávalos.

Por otro lado, recalcó que fue el consejero Hernán Ulloa quien dispuso y dio órdenes a la Policía Nacional de respaldar el ingreso por la fuerza de los cuatro consejeros. Los gendarmes forzaron las cerraduras de las puertas de la sala de sesiones del Pleno

“Es muy clara la sintonía que se tiene por parte de estos cuatro consejeros con los grandes medios de comunicación y los intereses que están detrás de la eliminación del Consejo, antes y ahora con la toma de arbitraria e ilegal de esta institución”, afirmó.

El consejero reiteró que ya se han iniciado las acciones políticas para el juicio en contra de estos cuatro consejeros que buscan favorecer sus intereses particulares y beneficiar con ello al Gobierno nacional.

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Este es el comienzo de un proceso que busca a censurar y destituir al titular del máximo organismo de control social. A la propuesta de enjuiciamiento político se adjuntaron documentos que indicarían que el presidente del CPCCS habría incurrido en irregularidades para obtener un carné de discapacidad.

De acuerdo con esa información, el actual titular del CPCCS posee un carné de discapacidad que le atribuye 81% de discapacidad visual y auditiva.

Gracias a su carné de discapacidad, Cruz habría sido exonerado del pago de impuestos durante varios años y accedido a otros beneficios, como recibir dos puntos de acción afirmativa por discapacidad, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su inscripción para el primer concurso de selección de los vocales del CPCCS.

Los procesos contra Cruz

El 5 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación a Christian Cruz, por presunto delito de falsificación y uso doloso de documento falso de carnet de discapacidad.

Anteriormente, cinco consejeros del CPCCS aprobaron una moción para solicitar la renuncia del funcionario, pero este se negó a cumplir el pedido. “yo renuncio cuando ustedes demuestren señoras consejeras, usted consejera Rivadeneira que destila veneno permanentemente debe demostrar con acciones”, dijo Cruz después de conocer la votación.

Para destituir al presidente del CPCCS se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los 137 miembros que conforman el parlamento, es decir, de 91 votos.

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