Más de dos años han transcurrido desde que la plantilla de reporteros, editores, fotógrafos, videógrafos, infografistas, diseñadores web, trabajadores de producción, prensa, pre prensa, mantenimiento y distribución fueron despedidos, sin que hasta la fecha hayan recibido sus liquidaciones. Incluso, la mensualidad por jubilación patronal lleva 13 meses sin ser pagada.

¿Qué dicen los representantes de la empresa?

La representante legal de El Comercio, Paola Montenegro, parece ser la figura que debería encargarse de enfrentar las demandas y realizar los pagos correspondientes. Sin embargo, todos los involucrados en esta situación son conscientes de que detrás de Montenegro se encuentra el propietario del medio, Ángel González, quien es conocido en el ámbito mediático como «El Fantasma».

Ramiro Rivera, expolítico y presidente del Directorio, se mantiene en un silencio absoluto y no responde a las demandas ni preocupaciones de los trabajadores. Su presencia en las redes sociales se ha limitado a bloquear a quienes lo cuestionan.

José Chanatasig, de 61 años, quien trabajó como infografista en El Comercio durante 28 años, relata su amarga experiencia. Afirmó que cuando le pidieron firmar su finiquito, se comprometieron a pagar su indemnización en cuotas durante tres años, en lugar de un pago único como estipula la ley. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido, dejando a muchos trabajadores en dificultades económicas.

La triste situación de los extrabajadores de El Comercio ha llevado a algunos de ellos a organizarse y buscar apoyo de periodistas independientes y estudiantes de Periodismo. Uno de ellos logró ingresar a las instalaciones de El Comercio en San Bartolo para documentar el estado actual del lugar, que ahora yace inactivo.

Situación económica y financiera

En medio de esta incertidumbre, los extrabajadores se preguntan qué ocurrirá con sus liquidaciones y jubilaciones. La Superintendencia de Compañías está llevando a cabo un control societario para conocer la situación económica y financiera de El Comercio, lo que podría resultar en medidas legales si se encuentran incumplimientos a la Ley de Compañías. Los activos informados por la compañía hasta abril de 2023 ascienden a 22.520.548 dólares.

El abogado Washington Andrade, quien representa a algunos extrabajadores, ha advertido sobre la posibilidad de que los bienes de El Comercio sean transferidos a terceros para evitar pagar las liquidaciones. Esta táctica se ha utilizado en casos anteriores de trabajadores despedidos.

La situación de los extrabajadores de El Comercio ha llamado la atención de la opinión pública, y muchos se preguntan por qué el medio ha dejado de circular tanto en su versión impresa como en línea, a pesar de haber sido líder en visitas digitales. La Superintendencia de Compañías investiga la situación de la empresa, pero la lentitud del sistema judicial ha llevado a que los afectados enfrenten obstáculos en su búsqueda de justicia.

Cordicom en el tablero

La respuesta del Consejo de Comunicación (Cordicom) es desalentadora y la de otras instituciones estatales inexistente. Jeannine Cruz, presidenta de Cordicom, afirmó que ya no son un ente regulador y no tienen competencias para ayudar a los extrabajadores. Su papel cambió con las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación del 2019 durante el morenato. La incertidumbre persiste y los afectados buscan respuestas en medio de una situación que parece empeorar con el tiempo.

Cruz señala que la situación de los extrabajadores ya es responsabilidad de la función judicial, pero también de Fiscalía y Contraloría. «Recordó que en el Gobierno de Lenín Moreno, cuando Andrés Michelena dirigió Arcotel, ya hubo informes que señalaban que se debería vigilar el monopolio que tenía en Ecuador, Ángel González, quien realmente está detrás de El Comercio», reseña el medio fuente de esta investigación.

Mientras tanto, la antigua sede de El Comercio en San Bartolo permanece en silencio, con máquinas sin movimiento, registrando tiempos mejores y el importante papel que está diseñado como medio de comunicación a lo largo de su larga historia.

Los extrabajadores de El Comercio continúan clamando por justicia y respuestas, mientras su futuro sigue siendo incierto.

Fuente: Radio Pichincha

La entrada Extrabajadores de El Comercio aún sin liquidaciones en medio del silencio de la empresa se publicó primero en La Calle.

Aunque en Facebook todavía postea, este se limita a contenido patrocinado. Tanto X (exTwitter) como Instagram no se han actualizado desde entonces. La misma suerte corre su página web.

El medio de comunicación ya arrastraba problemas con los pagos a sus trabajadores y extrabajadores. Se calcula que son decenas de periodistas, diseñadores y personal de otras áreas que se mantenían impagos por hasta tres meses.

El 6 de junio, el diario dejó de circular definitivamente su edición impresa, por lo que su único soporte sería la versión digital. Sin embargo, las deudas a los trabajadores persistieron hasta el 7 de julio un grupo de ellos paralizaron actividades.

“Nosotros, la mayoría de trabajadores de CA El Comercio, comunicamos a nuestros jefes, editores y gerentes que ya no podemos seguir trabajando debido a la falta de recursos económicos, derivados de los incumplimientos de la empresa”, rezó el comunicado.

En el mismo escrito, criticaron la promesa vacía del presidente Guillermo Lasso, quien había asegurado que haría respetar los salarios y liquidaciones de los empleados el 2 de enero de 2022.

“Señor presidente, dirigimos esta carta para recordarle que ha incumplido con su palabra de exigir el pago de los salarios a los trabajadores y las liquidaciones a los excolaboradores del diario El Comercio”, lamentaron.

La entrada Un mes desde la última publicación de diario El Comercio se publicó primero en La Calle.

Los afectados interpusieron la acción judicial la mañana de este lunes 12 de diciembre en el Tribunal de Garantías Penales en Iñaquito, en Quito, reportó la periodista Tere Menéndez.

La acción de protección está en manos de los jueces Fanny Altamirano Cárdenas, Olga Ruíz Russo y Luis Fuentes López.

Los trabajadores exigen la reparación integral de sus remuneración, que ascienden a tres meses. Asimismo, piden que se tomen medidas adecuadas para la puntualidad del pago, incluido los beneficios legales.

Otras exigencias

También, solicitaron al Tribunal que emita medidas cautelares para detener las constantes violaciones al derecho al trabajo y vida digna, y que no permita una posible separación laboral del diario.

Los trabajadores exhortaron a que Grupo El Comercio disponga:

1. Se retorne a todos los trabajadores accionantes que se encuentran en teletrabajo al trabajo presencial, en donde se les garantizará todos los recursos para que puedan cumplir de manera adecuada con su labor;
2. Se provea de transporte colectivo, a la hora de entrada y de salida de la jordana de trabajo para que los accionantes puedan cumplir con sus labores diarias y acudir al lugar de trabajo;
3. Se provea de una comida por jornada de trabajo, ya sea diurna o nocturna a los trabajadores accionantes.

Impagos

El 1 de diciembre de 2022 se cumplieron tres meses consecutivos en los que los trabajadores no recibieron su salario. Hasta la fecha, señalan, no han obtenido una explicación de los directivos de la empresa, pese a las múltiples insistencias.

Desde que están impagos, los trabajadores han continuado con sus labores diarias en El Comercio. Muchos de ellos son cabeza de hogar o son parte de grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas, en lactancia, personas con discapacidad y trabajadores sustitutos.

Algunos por tres años

En lo que va de 2022, trabajadores y extrabajadores del diario han realizado varios plantones en las instalaciones de la empresa para exigir el pago de sus sueldos y liquidaciones.

Son más de cien exempleados que fueron despedidos hace más de un año y el diario no ha pagado las liquidaciones de los periodistas, prensistas y personal de otras áreas. Ellos firmaron acuerdos y mediaciones laborales, pero hasta el día de hoy siguen esperando respuestas.

Según reportó en septiembre la periodista Mónica Mendoza, «algunos casos se mensualizaron hasta tres años. Los pagos mensuales se hacen con dos y tres meses de retraso. Lo mismo ocurre con las pensiones de jubilación». Los trabajadores piden al presidente Guillermo Lasso que se respete la ley.

El periodista Dimitri Barreto acusó que El Comercio no paga las liquidaciones de 250 comunicadores, pese a que existe un convenio de pago para tres años. De los extrabajadores, a 210 les adeudan tres meses; mientras que a 150 periodistas (actuales) no les pagan todavía sus sueldos.

La entrada Trabajadores impagos de El Comercio presentan acción de protección se publicó primero en La Calle.

Las fuentes manifestaron que ocurrió de todo. Unos explicaron que el INEC vulneró sus derechos laborales, otros expresaron que sus superiores los obligaron a registrar datos erróneos de las personas censadas. Se reportaron robos y hubo censistas mujeres que sufrieron acoso sexual.

Frente a tantas irregularidades, muchos trabajadores decidieron renunciar. No se habla de 10 o 20 bajas, sino de cientos de desertores. Las fuentes señalaron que reciben llamadas del INEC solicitando que vuelvan a laborar, pero ellos rechazan las ofertas debido a que no existen garantías de que tanto atropello no se repita.

El exdirector del INEC, Byron Villacís advirtió no se puede confiar en los datos de este censo. Añadió que las consecuencias políticas son nefastas. Sin estadísticas certeras todas, las acciones y medidas de política pública del Estado serán erróneas.

«Es serio el problema. El censo ni siquiera fue financiado por el Gobierno, pese a que tenían plata. El censo no tuvo un sentido cívico, sino posiblemente lo politizaron, para vender la base de datos, por ejemplo. Se hizo a un lado a los indígenas. Pareciera que se hizo con otros fines».

Mala organización

Esteban Suárez, un excensista, mencionó en el noticiero La Ventana que hubo una pésima organización. Las autoridades no le entregaron a él y su equipo los dispositivos y códigos a tiempo. Por estos problemas, hubo un retraso de cuatro días.

¿Qué significan estos cuatro días? Cada censista tiene la obligación de entregar 15 cargas diarias, es decir, 15 viviendas censadas. Lo que supone un destiempo de 60 casas por censista. Además, los superiores no reconocieron el pago de esos días.

“Por el retraso de equipos, no existió una capacitación fuerte. No hicimos trabajo de campo, porque las “tablets” se retrasaron. Los primeros días fue como un testeo para probar los equipos y el sistema del censo”, dijo Suárez.

Inseguridad

Los censistas son identificados por su gorra y chaleco. Además, cada uno lleva una tableta electrónica para realizar el registro de datos. Esto los vuelve un foco para la delincuencia. Ellos aseguran que sí ha habido robos e intentos de robos, sobre todo, en el sur de Quito.

El mismo INEC reportó 36 tabletas robadas a nivel nacional durante el censo hasta el 22 de noviembre. Afirmó que hay un protocolo a seguir con el ECU-911, la Fiscalía y la Policía Nacional. Sin embargo, el INEC no se hace cargo del robo. Los trabajadores deben firmar la renuncia (puesto que no están laborando) o tienen que pagar por el dispositivo.

En un solo ejemplo, el 5 de diciembre, antisociales intentaron robar a una censista en Santa Elena.

Bajó la calidad del censo

Tras una reunión operativo entre autoridades del INEC, solicitaron a los censistas y supervisores bajar la calidad de las encuestas. A partir del 18 de noviembre, se omitieron muchas preguntas para “agilizar” el proceso.

Por ejemplo, registraban la pertenencia étnica de toda una familia basados solamente en el padre o madre de familia. Para avanzar rápido, obligaban a los censistas a reportar las viviendas como “rechazó el censo” o “no abrió la puerta”.

Vulneración de derechos laborales

Para los trabajadores resultaba imposible llegar a las 300 cargas que dictaba el INEC en menos de un mes. Por día debían entregar 15, pero cada carga es una encuesta censal que dura aproximadamente entre 35 a 40 minutos. A eso, hay que sumarle el tiempo de búsqueda de la siguiente casa y si el ciudadano acepta ser censado.

Los censistas concuerdan en que 15 cargas representaban 15 horas laborales.

Por otro lado, poco a poco los censistas empezaron a denunciar que el INEC no quería pagarles la remuneración completa que habían acordado en el contrato con la institución. Hay casos en los que los superiores intentaban pagar el 50 % del salario. A otros les habrían pagado con base en las encuestas realizadas. Inclusive, un grupo denunció que para pagarles el 100 % les exigían firma una letra en blanco.

Una censista del cantón Pedro Moncayo, que prefirió mantener el anonimato, comentó que trabaja de 7:00 a 19:00 y si en ese tiempo no logra censar las casas asignadas le descuentan el 1 % de su sueldo. Además, explicó que el mayor conflicto que enfrentó fue el transporte y la comida. El INEC designó un sistema de transporte para los trabajadores, pero este no funciona para las comunidades lejanas y la comida corre por cuenta del censista.

Ante tanto atropello, decidieron crear varios grupos de WhatsApp para agrupar y canalizar sus denuncias a través de medios de comunicación y redes sociales. En tales grupos participan hasta 200 censistas y supervisores que se sienten en indefensión.

Suárez denunció…

Suárez presentó una denuncia por vulneración de derechos laborales al INEC el 28 de noviembre. Según él, su superior Oscar Jorque lo llamó para hablar sobre los pagos y horarios, pero hubo otras peticiones.

“El supervisor nos indicó que bajemos la calidad de las entrevistas para poder avanzar y solicitó no realizar las tres visitas por familia por cuestiones de tiempo”, detalla el documento.

Otra petición del coordinador de área, Fausto Gamboa, en Turubamba, fue que si quería que le paguen todo lo acordado, debía firmar una letra en blanco. A lo que Suárez se negó.

La entrada La farsa del censo del INEC se publicó primero en La Calle.

Trabajadores de la empresa, quienes prefirieron no identificarse, comentaron a diario Expreso que por la falta del pago de sueldos (de tres meses) algunos decidieron no ir a laborar a la redacción.

Esto habría provocado que no existan contenidos suficientes para llenar las páginas. En 2015, el 94 % de acciones de la empresa fue vendida a una firma del mexicano Remigio Ángel González, conocido como el Fantasma.

Redacción: Expreso

Impagos

En lo que va de 2022, trabajadores y extrabajadores del diario han realizado varios plantones en las instalaciones de la empresa para exigir el pago de sus sueldos y liquidaciones.

Son más de cien exempleados que fueron despedidos hace más de un año y el diario no ha pagado las liquidaciones de los periodistas, prensistas y personal de otras áreas. Ellos firmaron acuerdos y mediaciones laborales, pero hasta el día de hoy siguen esperando respuestas.

Según reportó en septiembre la periodista Mónica Mendoza, «algunos casos se mensualizaron hasta tres años. Los pagos mensuales se hacen con dos y tres meses de retraso. Lo mismo ocurre con las pensiones de jubilación». Los trabajadores piden al presidente Guillermo Lasso que se respete la ley.

El periodista Dimitri Barreto acusó que El Comercio no paga las liquidaciones de 250 comunicadores, pese a que existe un convenio de pago para tres años. De los extrabajadores, a 210 les adeudan tres meses; mientras que a 150 periodistas (actuales) no les pagan todavía sus sueldos.

La entrada Por ausencia de periodistas, El Comercio no circuló ayer se publicó primero en La Calle.

Los empleados del medio de comunicación aseguran también que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no les permite realizar préstamos para solventarse. Esto debido a que la empresa posee una deuda millonaria con el Instituto.

«Nuestros empleadores de Telerama no nos pagan el sueldo y ya casi se cumplen tres meses. No tenemos dinero ni para movilizarnos, ni para alimentación. Y nuestras familias están pagando necesidades. Tampoco podemos hacer préstamos en el IESS ya que Telerama tiene una deuda millonaria. Lamentablemente los señores Eljuri no nos dan la cara y tememos que nos ocurra cosas como las que pasó en Canal Uno, donde les dejaron en la calle. Les despidieron y no les reconocieron lo que era», señala una trabajadora de la televisora, que prefirió mantener el anonimato.

Además, expresaron que los dueños del grupo económico Eljuri no se han pronunciado por sus pagos. Asimismo, están preocupados de que sean despedidos sin la cancelación de sus tres meses de sueldo. Escenario similar que ocurrió con más de una docena de trabajadores de Canal Uno en abril de 2020.

Grupo Eljuri

Según un reportaje de Primicias, el grupo Eljuri es dueño y accionista en más de 170 empresas en el Ecuador. Tiene participación en el sector comercial, automotriz, industrial, inmobiliario y turístico.

Entre las compañías más conocidas que lidera el grupo se encuentran Almacenes Juan Eljuri, Kerámicos, Neohyundai, Aymesa, Metrocar, entre otras.

En 2017, grupo Eljuri estuvo envuelto en la trama de corrupción de Odebretch en Ecuador. Las cabezas de esta familia, Juan Eljuri Antón (fallecido) y su hijo, Juan Pablo Eljuri fueron acusados de presunto lavado de activos y evasión de impuestos.

La entrada Trabajadores de Telerama, impagos por tres meses se publicó primero en La Calle.

El anuncio lo hicieron a través de las redes sociales, y está dirigida al presidente del Consejo Directivo del IESS, Francisco Cepeda Pazmiño.

En el comunicado se encuentran las firmas de José Jouvin Vernaza, presidente de Solca Matriz, y por los otros directivos de los núcleos. En la misma se menciona sobre el incumplimiento con el pago de las atenciones a miles de enfermos. Asimismo, señalan que el costo de la atención realizada asciende a decenas de millones de dólares.

Además, Solca indicó que mantiene la atención a los pacientes del IESS que están admitidos en sus unidades médicas. No obstante, advirtió que varios núcleos se han visto en la dolorosa situación de suspender la atención a nuevos pacientes por falta de recursos.

Ante esta situación solicitaron una respuesta inmediata del IESS y dijeron que se considerarán los plazos de ley para llevar a cabo auditorías a sus servicios, así como para recurrir a arbitrajes ante el incumplimiento de las obligaciones.

La entrada Solca dejará de atender a nuevos pacientes derivados del IESS se publicó primero en La Calle.

Seguidamente, permitieron el paso a cinco dirigentes que participaban en la protesta, y que serían recibidos por una funcionaria del Ministerio de Gobierno. Marco Leguízamo, presidente de la Cámara de Computación y representante de la Plataforma de Proveedores del Estado indicó que: “El Gobierno no ha honrado sus deudas por falta de liquidez y ha propuesto pagarles con bonos, iniciativa que no ha tenido acogida”.

Este es uno de los casos de los miles de trabajadores que perdieron su trabajo y no reciben respuesta alguna por parte del Estado. Sin embargo, en un comunicado oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas mencionó que el Ecuador recibió un aporte de 2 mil millones de dólares por parte de varios organismos como el Banco Mundial (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros. Nadie sabe si utilizarán este dinero para el pago de los salarios y responsabilidades que mantiene el Gobierno.

Finalmente, a través de una publicación en Twitter, el asambleísta Pabel Muñoz (RC), mostró un cuadro con datos provenientes del Banco Central y el Ministerio de Finanzas, donde evidencia una deuda pública de 42 millones de dólares.

La entrada Protestas en Quito: Trabajadores despedidos e impagos se movilizan se publicó primero en La Calle.