En las declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, expresó que los grupos delincuenciales organizados (GDO) estarían detrás de esta desaparición, sin embargo, también se refirió a una Comité Disciplinario para investigar el caso desde las FF.AA.

El presidente Daniel Noboa anunció, por su parte, que planea declarar como héroes nacionales a los cuatro niños, así lo anunció en un enlace radial con Democracia TV. «He sugerido que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales. (…) No podemos caer en la provocación de la oposición que quiere llevar esto como un crimen de Estado», pero ¿puede el mandatario hacer esa declaración?

Según la ley de héroes y heroínas del Ecuador, «son ciudadanos y ciudadanas que hayan realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado».

A ello se suman beneficios para los padres, hijos o cónyuges en caso de fallecimiento. No solamente se desliga de este caso de presunta desaparición forzada, sino que no da una respuesta de lo que está haciendo el Gobierno para encontrar a los menores.

El abogado de los militares implicados en este hecho, Jesús Lopez, expresó que los muchachos fueron liberados “en perfectas condiciones y completamente vestidos” en Taura, Naranjal cuando la distancia entre ese lugar y Guayaquil es de alrededor de 60km.

Desaparición forzada

La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano aceptó la acción de hábeas corpus instructivo y declaró la desaparición forzada en este caso. Entre las medidas de reparación se encuentran:
-Que el Estado, a través de sus instituciones, realice los actos investigativo para dar con el paradero de los niños.
– El Ministerio de Salud Pública debe brindar atención psicológica a los padres de los menores.
– Una comisión de 5 personas que trabajen en una investigación independiente a la que lleva a cabo la Fiscalía.
– La Defensoría del Pueblo debe crear un programa de capacitación a las FFAA para tratamiento de casos sobre NNA.
– Un documental educativo que muestre a la ciudadanía sus derechos humanos en un contexto de estado de excepción y los límites de los agentes estatales.

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En primer lugar aparecen dos objetivos extranjeros. Alias El Mayo y alias araña. El primero es de Sinaloa, México y no es un novato. Empezó su carrera delictiva en los años setenta en el Cártel de Guadalajara junto a nombres del narco como Rafael Caro Quintero. También en el Cártel de Juárez junto a Amado Carrillo, ‘el Señor de los cielos’. El despunte sucedió a fines de los 80’s y principios de los 90’s. A inicios del nuevo milenio, trabajó junto a Joaquín ‘el chapo’ Guzmán reforzando el Cártel de Sinaloa. Mantiene un perfil bajo y las cirugías faciales que se ha practicado dificultan el trabajo de las autoridades para reconocerlo. Más aún, sus operaciones se realizan en México, donde el país no tiene jurisdicción. A ello se suman las relaciones diplomáticas y el diálogo roto entre ambos países.

Alias Araña es el líder de una organización criminal colombiana conocida como Los Comandos de Fronteras. Este grupo mantiene al departamento de Putumayo sumergido en el terror con el asesinato de líderes sociales. Su organización controla una buena parte del tráfico de drogas hacia Ecuador en esa parte de la frontera. Sin embargo, no se han establecido los posibles acuerdos con Colombia para la captura y, al operar del otro lado de la frontera, limita las opciones de su localización.

Un preso en la lista de más buscados

En las lista de más buscados en el eje de seguridad se encuentra Álvaro Montaño Valencia, alias Palanqueta. Sin embargo, según la información del propio gobierno, este delincuente estaba en la cárcel de Turi y fue trasladado a la ‘Roca’ en enero de 2024 por las Fuerzas Armadas, cuando éstas tomaron el control de las cárceles. Ese sería el mismo caso de alias Invisible. De acuerdo con la periodista Karol Noroña, el SNAI confirmó que ambos criminales continúan en la ‘Roca’.

Lo que deja la pregunta que, por el momento, ni Presidencia ni el Ministerio del Interior responden ¿el Gobierno no tiene comunicación con sus instituciones o no verifica bien la información antes de subirla?

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«Más o menos el 3% de las personas, 600.000. Lo más importante de esta técnica es que no genere algún tipo de sesgo y como ya veo por dónde van a decir de cuál realmente es la omisión censal, por eso es que académicos, estadísticos estamos invitando justamente a la mesa técnica para socializar esto», dijo en una entrevista para Los irreventes en RTU.

Sobre la interrogante de las personas que quedaron sin censar, el funcionario expresó que discrepa sobre este término y se refirió a que no llenaron el cuestionario del censo en esos casos.

Números dudosos

Algunas cifras, que el INEC asegura que son veraces, generan alarma en los grupos étnicos del país. Según el censo 2022, la población afroecuatoriana se encuentra en el 4.8% del 7.2% que se reportó en 2010. «El INEC debe explicar cómo desaparecen 600 mil afrodescendientes en 10 años. En 2001 se registró 4.9%,es decir, al menos 600 mil; en el 2010 hubo 7.2%, alrededor de un millón (…) ¿cómo se explica que en lugar de aumentar han disminuido? esa es una pregunta de carácter técnico», le dijo el experto en estudios sobre la diáspora africana en America, Jhon Antón Sánchez a Radio Pichincha.

El docente denunció que hay un subregistro en el caso de los datos sobre la población afrodescendiente y que hay zonas donde no hubo un buen procedimiento.

«Incluso a mi propia casa no acudieron a censar, yo insistí porque de cierta forma tengo cierta influencia como docente e investigador de esta área y solo así me censaron. (…) La mayoría del pueblo afrodescendiente vive en zonas del país muy violentas como Nueva Prosperina, los Guasmos, Isla Trinitaria, Esmeraldas. En estos lugares no se realizó una cobertura adecuada del censo. (MIB)

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Las provincias afectadas serían  Morona Santiago, Cañar, Loja, Santa Elena, Zamora Chinchipe y Napo, en donde existe un 18 % de avance en el recuento voto a voto de las dignidades de alcaldía y prefectura.  El problema sería el cambio del orden de los partidos políticos en las actas de borrador y escrutinio, señaló Atamaint.

Este incidente provocó que el acta de conocimiento público no coincida con el cómputo de los votos, generando así una inconsistencia. Para el proceso de reconteo se instalaron un total de 175 mesas, con dos integrantes, en las diferentes provincias.  Además de un supervisor por cada 10 juntas.

Actas con inconsistencias

Por otro lado, la funcionaria destacó que el CNE avanzó con el 86 % del escrutinio respecto a las elecciones seccionales. Respecto al referéndum señaló que existen más 69 mil actas con inconsistencias por lo que resaltó que  «se van a abrir las urnas por cada acta con inconsistencia».

El consejero del CNE, José Cabrera también manifestó que estas inconsistencias se dan por una confusión de los miembros de la Junta Receptora del Voto (JRV), quienes tuvieron una extensa jornada. En el caso de la provincia del Guayas hubo más demora por la gran cantidad de votantes.

Cabe recalcar que  una acta con “novedad” existe cuando en el documento faltan las firmas de responsabilidad, sea del presidente o secretario de junta. También se da cuando la sumatoria de los números no cuadra y el sistema advierte del fallo. (A.G.M).

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El gran número de novedades en las actas de la consulta popular podrían dar paso a un reconteo de votos, así lo confirmaron fuentes cercanas del CNE a diario El Universo. Hasta la noche del 6 de febrero se registraron más de 46 mil inconsistencias en las actas. Sin embargo, en la revisión del 7 de febrero  a las 09h00 , se observó lo siguiente:

El artículo 134 del Código de la Democracia establece que se declararán suspensas las actas que presenten inconsistencias numéricas o falta de firmas conjuntas del presidente y secretario de la Junta Receptora del Voto (JRV). En este caso, primero se procederá a la revisión de las actas de escrutinio validas y luego a las que fueron declaradas suspensas o rezagadas.

Un de las causas que provocó inconsistencias en las actas sería responsabilidad de los miembros de la JRV por llenar de manera equivocada los documentos, esto debido a la intensa jornada electoral. Por otro el sistema informático no estaba programado para publicar los resultados de manera simultánea al conteo de votos de las elecciones seccionales.

Errores en la impresión de documentos

Debido a la  falencias en la impresión de actas en Santa Elena, Morona Santiago, Loja y Napo, el CNE dispuso al IGM la impresión de nuevos documentos, mismos que fueron enviados a las juntas electorales para el reconteo de votos.

Las autoridades electorales se percataron de este problema debido a que varios candidatos a diferentes dignidades observaron que tenía resultados muy bajos en la votación. Ante esto, elevaron su reclamo a las respectivas juntas provinciales del CNE. (A.G.M).

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La Contraloría comparó las metas y cumplimientos entre 2017 y 2019 y encontró que solo se cumplió con el 42% de objetivos. Ya que las cifras del último año nunca fueron entregadas y los informes no existen.

El 35% de las metas que se planteó el Gobierno de Moreno son imposibles de cuantificar, pues de las 149 metas planteadas solo 88 tenían valores y proyecciones anuales, mientras que las otras 61 entraron en la categoría de “metas enunciativas”, que no se pueden medir.

El plan tenía tres ejes: derechos, economía y sociedad, pero encontró que no hubo seguimiento de indicadores y metas gubernamentales

Además, la Contraloría revisó las cifras presentadas en la «introducción al informe de gestión» presentado por el expresidente. El organismo detalló que el informe de 110 hojas tiene inconsistencias.

El examen de la Contraloría fue un pedido de los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico.

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La esposa y abogado del Defensor solicitaban que le permitan a Carrión escuchar las comparecencias para poder preparar su defensa tanto en la Comisión de Fiscalización como cuando el juicio llegue al Pleno de la Asamblea. Sus pedidos fueron ignorados. Para Villavicencio, estos reclamos buscan obstaculizar el proceso.

«El señor Carrión no ha pedido acceder a las comparecencias y tendrá todo el derecho a defenderse […] Nosotros no tenemos la culpa de que Carrión esté preso», dijo a los medios en un nuevo receso para dar explicaciones.

Solicitud de acceso al juicio

La esposa de Carrión explicó a Radio La Calle que el defensor del Pueblo sí solicitó estar presente en las comparecencias que lleva la Comisión. “Dos veces solicitó que le den acceso a ejercer su defensa”, confirmó.

En efecto, en un documento recibido por la Asamblea Nacional, el 26 de agosto del 2021, a las 16:55, y dirigido al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, Carrión solicita:

“Pretendo defenderme personalmente de las acusaciones que se me imputan en el presente proceso político. […] Solicito realizar las gestiones necesarias ante el SNAI para que se me brinden las facilidades del caso”.

Además, requería “estar presente en todas las audiencias y diligencias que lleve a cabo la Comisión de Fiscalización”. Para Schettini, sacarlos del juicio con la escolta legislativa busca “silenciar nuevamente” al Defensor del Pueblo.

En otro documento, Carrión indica: “En razón de que ejerceré mi defensa por mis propios derechos solicito estar presente físicamente en todas las diligencias, audiencias y reuniones que tengan que ver con mi juicio político”.

Los testimonios

Al momento de la redacción de esta nota, tres oficiales de Policía realizaron su comparecencia ante la Comisión.

“Se acercó un ciudadano que dijo que en el edificio Plaza del Bosque se estaba desatando un escándalo al interior de uno de los departamentos. Había un escándalo en el noveno piso apartamento 204. La puerta estaba abierta y había tres personas. Se encontraban botellas de licor y los ciudadanos estaban en estado etílico. Tenían golpes en el rostro. La mujer dijo que la habían abusado de ella, la habían arrastrado del cabello, que la ayuden y revisen las cámaras. […] Pudimos evidenciar de que presumiblemente en estado etílico. Tenía una actitud pacífica y colaboradora y manifestaba que no sabía quiénes lo agredieron”, dijo el oficial Gustavo Lema.

Además, los gendarmes informaron que Carrión estaba en el edificio con dos escoltas. El Teniente Naranjo y oficial segundo Johnny Lema, ambos en servicio activo y que “estaban esperando en el parqueadero”.

Aunque el objetivo es descubrir el mal uso de bienes públicos y la infracción del toque de queda, varias de las preguntas terminaban involucrando los hechos judiciales por los que Carrión tiene un juicio en su contra y que no tienen cabida en el juicio político.

¿Y Falconí?

Freddy Carrión no fue el único en violar la ley. El exministro de Salud Mauro Falconí ofreció esa reunión social en su casa, violando también el pedido de toque de queda que regía en ese entonces. Falconí mantuvo una llamada con el exministro de Gobierno, Gabriel Martínez.

“Me agredieron en mi domicilio ¿Qué hice yo para que me hicieran esto? Recuerda el viaje a Dubai”, habría dicho el exfuncionario según el oficial Franklin Cabrera.

¿A qué viaje se referían? La asambleísta interpelante Yessenia Guamaní preguntó si en la llamada mencionaron algo sobre dinero. ¿Hay dinero de por medio? Las preguntas podrían responderse el 30 de agosto cuando rindan testimonio los exministros Martínez y Falconí.

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“La administración del Metro de Quito presentó un costo total de operación por tres años y medio de USD 150 millones. En la Sesión #5 del Concejo de Quito del 20 de abril, el costo total, con el mismo modelo, por el mismo tiempo de preoperación y operación sobrepasa los USD 202 millones”, aseguró David Dávalos, coordinador de la veeduría.

Entre las conclusiones de la veeduría, Dávalos expuso:

• El justificativo técnico se debía incluir para definir el modelo de gestión
• Los presupuestos presentados por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) generan desconfianza, si los costos son menores en comparación con un operador internacional.
• El tiempo determinó la adopción del actual Modelo de Gestión  y está relacionado con intereses de cumplimiento de orden político.
• La EPMMQ debería revisar los informes del Modelo de Gestión y ratificar o rectificar la decisión.
• La sostenibilidad del Metro, a través del tiempo, estaría comprometida por las siguientes razones: la incidencia de incorporar más de 600 personas a la nómina, la falta de experiencia del equipo de la Alta Dirección del Metro y la ligereza de la presentación de los presupuestos.

Acceso a información

Dávalos manifestó la importancia del acceso a la documentación del proceso de estructuración, operación y mantenimiento de la primera línea de este sistema de transporte.

La empresa negó a la veeduría el acceso a información bajo la justificación de un “acuerdo de confidencialidad con el Banco Mundial”. Sin embargo, la veeduría se comunicó con la presidencia del Banco Mundial y este aclaró que “solo es el prestamista y no tiene nada que ver en la forma de gestión del Metro de Quito”, según Dávalos.

Andrea Flores, gerenta del Metro de Quito, rechazó los pronunciamientos del coordinador de veeduría. «El acceso a información respecto a la contratación del estructurador técnico sí está normada por las regulaciones de adquisiciones de la Banca Mundial», dijo Flores.

¿Y la tarifa?

Los posibles usuarios del Metro aún desconocen cuánto les costará. El pasado 20 de abril, los concejales de Quito exigieron respuestas sobre la fecha de entrega, el sistema de pagos, la contratación de personal y el financiamiento.

Juan Carlos Fiallo solicitó la intervención de la Secretaría de Movilidad para que determine el sistema de pagos, una vez el transporte esté operativo.

“La Secretaría de Movilidad todavía no entrega el sistema de pagos, ya van cuatro meses y aún no lo hace. Todo esto no tiene que ver solamente con el funcionamiento, sino cómo se están desarrollando las otras acciones. Tiene que hablar el secretario de Movilidad”, manifestó.

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