En un comunicado del Legislativo se indica que la ley se aprobó en segundo debate del Pleno y se envío al Ejecutivo el 24 de junio de 2024 para la objeción por parte del presidente en el período de un mes. Sin embargo, la Asamblea dijo que la objeción parcial se envío un día después del período de trámite, el 25 de julio, por lo que la Asamblea promulgó la ley sin cambios.

El secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, se pronunció al respecto. «El proyecto no fue recibido el 25 de junio de 2024 como señala la Presidencia, aquí el correo oficial de la Secretaría General donde consta que el mismo fue remitido el 24 de junio de 2024».

¿Qué dijo presidencia?

La Presidencia respondió con otro comunicado en donde se oponía a la posición de la Asamblea. «El Ejecutivo envió oportunamente una objeción parcial por inconstitucionalidad el 25 de julio, dentro del plazo establecido». Anunciaron una demanda por un inconstitucionalidad a la acción de la Asamblea.

Agregan que el veto tenía como objetivo «que la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero sea una decisión técnica y que no caiga en intereses políticos. Observación que se desconoce arbitrariamente por el Legislativo». Las posiciones abren más las rencillas entre ambos poderes del Estado sin una solución cercana a la vista. (MIB)

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El juez Jhoel Escudero conocerá la demanda planteada por los exasambleístas Esteban Torres (PSC) y Yeseña Guamaní (ID). El juez Enrique Herrerría tramitará demanda de los exlegisladores Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janeth Llano y Fernando Cabascango (facción de PK).

Está en manos de la Corte

«Lo que esperamos respetuosos de la constitución, de la ley y la convivencia pacífica de este país es que sea la Corte la que dirima este conflicto. Nosotros respetaremos la decisión que sea. Si el decreto carece de legalidad y constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie con las espectativas de los ecuatorianos estos dos años. Si el decreto – por el contrario – tiene la validez de la Corte, nos iremos a elecciones. No tenemos temor alguno», dijo el exlegislador, Esteban Torres al presentar la demanda.

El exasambleísta fue enfático al decir que «si esperaban que nos enfrentaramos a 2.000 militares armados que han copado la Asamblea Nacional, se equivocaron. Nosotros somos institucionalistas, respetuosos de la ley y la Constitución».

De acuerdo con Torres, la muerte cruzada traería «un cero entusiasmo por la inversión pública, un rechazo internacional al haber metido más de 1.500 militares al poder Legislativo. Esto ha sido visto muy mal en el exterior».

En el caso de que la Corte Constitucional concluya que el decreto es inconstitucional, la Asamblea retomaría sus funciones y el juicio político podría continuar, a opinión del exlegislador. Sobre si esta decisión afectaría al Partido Social Cristiano (PSC), expresó que «Quienes pensaban que con esta decisión le enterraban al PSC, quizás han calculado muy mal». (MIB)

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