Cárdenas precisó que ya se han organizado en 11 provincias del país, entre ellas: Azuay, Guayas, Pichincha y Manabí y espera que en estos días se organicen en todo el territorio ecuatoriano.

«Para la revocatoria de los asambleístas nacionales se necesita el 10 % de las firmas. Esto también queremos utilizar en los asambleístas provinciales por lo que el proceso es diferente y va en función de los distritos», mencionó.

El responsable aseguró que este miércoles 15 de marzo presentarán la solicitud de revocatoria al Consejo Nacional Electoral (CNE) y pedirán los planes de trabajo de todos los legisladores.

«Tenemos toda la argumentación legal constitucional para pedir la revocatoria de todos los asambleístas nacionales y provinciales», señaló Cárdenas para NotiHoy.

Causales para la posible revocatoria

El coordinador argumentó que la primera causal sería el incumplimiento del plan de trabajo de los bloques de la Asamblea, pues considera que no han realizado todo lo que han mencionado en sus propuestas.

Segundo, el proceso se basa en el incumplimiento de funciones. Según él, no han fiscalizado los actos de corrupción e irregularidades en las entidades públicas, pese a las denuncias presentadas.

Además, alegó que existen causales morales para dar paso al proceso. Enfatizó que los legisladores no atienden las exigencias de la ciudadanía como realmente deberían hacerlo.

«Se gastan el dinero en no sé qué cosas. El actual régimen tampoco ha cumplido, más del 90 % de los ecuatorianos quieren que se vayan», refirió.

Pedido al CNE

El representante del Observatorio explicó que solicitarán al CNE el formulario para recoger las firmas. Después el ente convocará a los parlamentarios para que presenten sus pruebas de descargo lo que durará aproximadamente 15 días.

«El CNE decidirá si acepta o no el pedido de revocatoria, luego de que los asambleístas se hayan defendido», dijo.

Cárdenas menciono que de aprobarse la solicitud el organismo les entregará un formato digital para la recolección de firmas en un plazo de 180 días.

«El proceso dura más o menos un año si es que nosotros no nos movemos con rapidez. Considero que la gente ya está harta de la Asamblea y con mi experiencia espero que todo esto dure dos meses», apuntó. (N.J.C)

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La Comisión de Régimen Económico recalcó que el 55,36% de cifras y datos están respaldados con información oficial. Sin embargo, un 17,86% tiene imprecisiones y para el 26, 78% no se encontraron datos y cifras de las instituciones que avalen la información.

“Frente al informe que presenta Lasso es penoso que quiera engañar a un país entero con apenas el 55,36 % de datos”, afirmó la legisladora Pilar Llano.

Pazmiño también detalló que el Ministerio de Finanzas entregó el Informe Presupuestario el 3 de octubre, cuando el plazo venció el 28 de septiembre. “La entrega tardía de este informe también incurre en el incumplimiento del Plan de Gobierno”, aseveró.

La asambleísta por UNES, Ana Raffo manifestó que en el informe presentado por el Ejecutivo no se verifica el cumplimiento de metas y objetivos, por lo tanto existe una vulneración constitucional.

El legislador Blasco Luna aseguró que el primer mandatario no presentó información sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Esta omisión de información podría ser una causal de destitución de Lasso.

Por último, Pazmiño agregó que la Comisión de Régimen Económico ya tenía un informe de observaciones sobre el Plan de Gobierno. No obstante, la administración anterior, a la cabeza de Guadalupe Llori, no permitió que se analizara el documento en el Pleno.

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La petición también está dirigida a enjuiciar al secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, y a la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, por las mismas causas.

El asambleísta Ricardo Vanegas envió la solicitud de juicio político a sus 137 colegas el 28 de septiembre. Así lo anunció durante su intervención en la sesión número 800 de las Asamblea Nacional.

El legislador aseguró que su bancada ya cuenta con 32 firmas para este proceso. Señaló que buscan juzgarlos por su «omisión e inacción», pero enfatizó que no solamente por la muerte de la abogada. Las masacres carcelarias, la inseguridad que vive el Ecuador y la detención ilegal del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, constan en el listado de la petición.

El jefe de la bancada socialcristiana, Esteban Torres dijo a Radio La Calle que todavía no han discutido la iniciativa, que se reunirán para tomar una posición al respecto. Por su parte, la líder del bloque de UNES, Marcela Holguín no respondió a las llamadas.

«Tenemos 32 firmas para el juicio político (…) Esperamos las firmas de los asambleístas de Unión por la Esperanza, la Izquierda Democrática y el Partido Socialcristiano. El país pide sanción a quienes incumplieron funciones», publicó Vanegas a través de Twitter.

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«La causal principal es la violación de los derechos humanos en las manifestaciones, además de la inseguridad que vive el país, el incumplimiento de la fuerza pública para resguardar la integridad ciudadana», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, recalcó que existen suficientes pruebas para haber iniciado la acción de juicio político en contra de Carrillo.

“El bloque de Pachakutik se basó en el artículo 3 del derecho Ejecutivo, en el numeral 381 donde manifiesta que el Estado debe precautelar los derechos consagrados en la Constitución”, afirmó Calo.

El asambleísta reiteró que el Estado jamás brindó protección a los manifestantes en las protestas del pasado 13 de junio.

“ A nuestros compañeros por reclamar derechos los asesinaron, reprimieron y violentaron”, sostuvo Calo.

Por otro lado, comentó que esperan que con el cambio de la directiva del CAL puedan tomar el rumbo correcto para trabajar en bienestar del Ecuador.

“La Asamblea no debe dejar que el Ejecutivo ni la justicia metan la mano, sino buscar autonomía», aseguró el asambleísta.

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Benavides recalcó que a Guamaní no se la destituye por actos de corrupción, por diezmos o violar derechos constitucionales, se la destituye por mocionar.

«Nosotros hemos hecho una defensa técnica en la cual hemos demostrado que no existe el mentado incumplimiento de funciones por el solo pecado de mocionar; y, por otro lado, desbaratamos, jurídicamente, la sustanciación de este proceso”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que cuando se conformó la Comisión Pluripartidista, que sustanciaría la destitución en contra de Yeseña Guamaní, existieron 83 voluntades. Entonces, si se observa el número de votos, la decisión al momento de destituirla sería la misma.

“Existe un claro conflicto de intereses y ya existe una decisión pre concebida que tendría la presidenta de la Comisión”, manifestó Benavides.

El abogado explicó que Jhajaira Urresta cuando sustentaba su denuncia, debía practicar la prueba documental y no lo hizo, tenía que presentar los documentos que de muestren el incumplimiento de funciones.

“En sustentar sus argumentos de cargo se demoró 13 minutos, cuando la ley te da 3 horas para que puedas demostrar el incumplimiento”, aseguró Benavides.

Por otro lado, aseveró que esperaría que al menos la mayoría de la Comisión tome en cuenta todos estos argumentos y entren en razón.

“Mañana cualquier asambleísta podría mocionar cualquier cuestión y le van a destituir si resulta contrario a los intereses de la mayoría”, reiteró el abogado.

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La denuncia en contra de la asambleísta de la Izquierda Democrática (ID), Yeseña Guamaní por supuesto incumplimiento de funciones fue presentada por la asambleísta de la Bancada Unión por la Esperanza (UNES),  Jhajaira Urresta.

“Por interferir en las competencias de la Asamblea Nacional para tratar de impedir la derogación de la Ley de Impuestos del Gobierno”, publicó UNES.

Así también, el pasado 26 de mayo, la denuncia se calificó con 4 votos a favor y 2 en contra por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

De esta manera, este 4 de julio, se llevó a cabo la instalación de la sesión de la Comisión que iniciará con el proceso.

Frente a esto, la legisladora Guamaní aseguró que el proceso solo busca su destitución, catalogando de falsa a la Comisión Pluripartidista.

“Aquí estoy, junto a mi abogado, el constitucionalista André Benavides para ejercer mi derecho a la defensa. Es una Comisión Pluripartidista falsa que representa a una nueva mayoría. Buscan mi destitución para el reparto de los espacios para sus amigos”, expresó Guamaní.

ID apoya a Guamaní

Mediante un comunicado, la ID reiteró su total apoyo a la segunda vicepresidenta del Legislativo, alegando de ilegal al caso.

“Lo único que hizo en este caso la Segunda Vicepresidenta fue MOCIONAR. Esto constituye su derecho como asambleísta. También es parte de sus funciones legislativas; no tomó decisiones sola. Por ello, insistimos en la ilegalidad de este proceso”, dice el comunicado.

Además, aseguraron estar atentos al proceso y pidieron a las asambleístas que forman parte de la Comisión: Rocío Guanoluisa, Patricia Mendoza, Mireya Pazmiño y María José Plaza, actuar bajo las normas constitucionales y legales.

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Los asambleístas pronunciaron que Saquicela incurre en este incumplimiento al faltar en reiteradas ocasiones (4 veces) a las sesiones de la Comisión de Administración Legislativa (CAL).

De acuerdo con el legislador Eitel Zambrano de BAN, quien presentó la denuncia, ésta «deberá ser conocida y calificada por el CAL a fin de que el Pleno proceda a crear una Comisión Multipartidista Ad-hoc para su tratamiento», tal como se lo hizo con el caso de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

Por su parte, la legisladora Nathalie Arias pidió que se active esta comisión tal como se llevo a cabo en el caso de Llori.

La legisladora rechazó el accionar de Saquicela, y señaló que el legislador perdió «la confianza de quienes propusimos su nombre (…) debemos retirar al asambleísta».

La denuncia tendrá que seguir el debido proceso, según lo mencionado por los legisladores. Es decir, deberá ser calificado por el CAL; pasar al Pleno de la Asamblea para que se someta a votación y se conforme una comisión multipartidista.

Los parlamentarios expusieron que la comisión deberá estar conformada y tener la participación de todas las bancadas legalmente registradas.

Los asambleístas comentaron que si se califica y se da trámite a esta denuncia, ésta podría concluir con la destitución del vicepresidente del Legislativo.

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El ministro debía comparecer este miércoles en la Comisión y responder las inquietudes de algunos de sus miembros. Bermeo no apareció en el lugar, por lo que los legisladores debatieron la posibilidad de un juicio político en su contra.

El asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES) expresó en la sesión. “Debe quedar sentado que la no comparecencia del ministro de Energía se encasilla perfectamente dentro de los procesos de fiscalización. Debe quedar constancia que no ha comparecido y es una causal para un juicio político”.

Por su parte, Viviana Veloz también criticó la ausencia de Bermeo, quien debe presentar informes semestrales sobre el Yasuní ITT. “Se configuran los requisitos de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa para proceder con el enjuiciamiento político contra el ministro”.

El inicio del proceso de juicio político nació de la Comisión de Biodiversidad por la facultad de fiscalización y control que tienen los asambleístas. La solicitud para el inicio del juicio se dirigió a la presidenta de la Asamblea Nacional para que la califique. MIB

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El pedido de juicio político contra la funcionaria lo hicieron los asambleístas María de Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo. Entre las motivaciones para presentarlo están el incumplimiento de funciones al transgredir el artículo 97 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad.

La medida establece el derecho de los agentes del orden a tener instrumentos de trabajo en perfectas condiciones. María Paula Romo admitió que la Policía Nacional utilizó bombas lacrimógenas caducadas. Acción que pone en riesgo la integridad de las personas.

Además, la funcionaria convocó de manera tardía el Protocolo de Protección de Periodistas y reconoció que los agentes policiales atacaron las zonas de paz en el Paro Nacional de octubre pasado.

El asambleísta Roberto Gómez indicó que el presidente de la Asamblea no envió a la Comisión otras causales para el juicio que los interpelantes agregaron después. «Consideramos que el expediente está incompleto, en vista de que el presidente no adjuntó el otro oficio».

La legisladora María de Lourdes Cuesta indicó que la causal de incumplimiento de funciones es la misma. Sin embargo, hay otros hechos que aumentan las razones en esta causal.

Proceso

La Comisión notificará a la funcionaria sobre el inicio del juicio político, acompañando la solicitud y la documentación de sustento, En el plazo de 15 días, María Paula Romo ejercerá su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presentará las pruebas de descargo.

De igual forma, notificará a los interpelantes para que presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. El organismo parlamentario, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio.

El pasado 13 de octubre, el presidente del Legislativo, César Litardo envió la solicitud del juicio político contra la titular del Ministerio de Gobierno. La solicitud se envió un mes después de aprobarse en el Consejo de la Administración de la Legislatura (CAL).

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