El Frente popular detalló que las movilizaciones se realizan en contra de las privatizaciones, el alto costo de la vida, la inseguridad y todos los incumplimientos del plan de Gobierno de Guillermo Lasso.

“Ratificamos la unidad y lucha con los diversos sectores sociales y populares en busca de nuevos triunfos en favor del pueblo”, expresa el comunicado oficial de la organización.

Además, recalcaron que para el 16 de junio impulsarán el encuentro y movilización de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, plantón de los moradores de los barrios contra la inseguridad y la movilización del magisterio en defensa de la educación.

La Unión Nacional de Educadores también manifestó que se sumaran a las jornadas de movilizaciones para exigir la publicación en el Registro Oficial y ejecución de las reformas a la LOEI y equiparación salarial.

Anunciaron que se movilizarán en las 24 provincias del país este 16 de junio. Además, protestan por el alto costo de vida y la política neoliberal del régimen.

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Los productores bananeros afirmaron que los acuerdos con el Gobierno Nacional quedaron en papeles y no se han concretado.

Segundo Solano, vicepresidente de la Federación Nacional de Bananeros, indicó que las pérdidas semanales para el sector bordean los $ 19 millones, además de alrededor de 60.000 plazas de empleo desaparecidas por la “peor crisis bananera”.

Carmen Cañarte, pequeña productora de Guayas, denuncia que varias autoridades del Ministerio de Agricultura la acusan de “instigadora” por exigir que se respete la Ley del Banano. Ella propone a las autoridades y compañeros una veda bananera para regular la oferta.

En abril pasado los bananeros del Oro, así como los de Guayas y Los Ríos varias movilizaciones y cierre de carreteras, pero el Gobierno los llamó a dialogar y alcanzaron varios acuerdos que hasta la fecha no se han cumplido.

Otro de los puntos por los que lucha el sector es la moratoria inmediata de los préstamos, embargos y coactivas de las instituciones públicas IESS, SRI, y privadas, bancos, financieras y cooperativas de ahorro y crédito, con un periodo de gracia de un año.

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La Contraloría comparó las metas y cumplimientos entre 2017 y 2019 y encontró que solo se cumplió con el 42% de objetivos. Ya que las cifras del último año nunca fueron entregadas y los informes no existen.

El 35% de las metas que se planteó el Gobierno de Moreno son imposibles de cuantificar, pues de las 149 metas planteadas solo 88 tenían valores y proyecciones anuales, mientras que las otras 61 entraron en la categoría de “metas enunciativas”, que no se pueden medir.

El plan tenía tres ejes: derechos, economía y sociedad, pero encontró que no hubo seguimiento de indicadores y metas gubernamentales

Además, la Contraloría revisó las cifras presentadas en la «introducción al informe de gestión» presentado por el expresidente. El organismo detalló que el informe de 110 hojas tiene inconsistencias.

El examen de la Contraloría fue un pedido de los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico.

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Varios legisladores criticaron que Moreno y sus acompañantes «jueguen con los derechos de la ciudadanía».

“El Gobierno nos está tomando el pelo. Cómo es posible que se corten los servicios básicos de las personas, cuando en la Ley claramente decía que el plazo se extiende hasta sesenta días después de haber terminado el Estado de Excepción”, fueron las palabras del asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, durante la reunión.

Y en efecto, el artículo cinco de la Ley de Asistencia Humanitaria prohíbe a las empresas de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones cortar los servicios básicos hasta 60 días después de culminado el Estado de Excepción. Albornoz manifestó que el Gobierno ecuatoriano, en su reglamento, aplica la norma tomando como base la fecha de culminación del primero, que finalizó el 16 de junio.

El último Estado de Excepción se venció el pasado 14 de septiembre, es decir que los ciudadanos podrían gozar de su derecho a los servicios básicos hasta el 14 de noviembre de este año.

La salud también está en riesgo

Pero la tomadura de pelo por parte de Moreno no termina. La Salud nuevamente se ve afectada por el Gobierno. Homero Castanier, asambleísta de la Comisión, criticó que el reglamento de Lenín no otorgue los nombramientos definitivos a los servidores sanitarios que están en primera línea de combate contra el COVID-19, cuando la Ley de Asistencia Humanitaria obliga a hacerlo.

“El presidente de la República no vetó una coma de este artículo ( 25 de la Ley Humanitaria). Ahora, en el reglamento, restringe materias constitucionales.

Propone, además, «dar nombramientos considerando procesos técnicos y administrativos , cuando la ley claramente estipula que deben darse previos al concurso”, manifestó Castanier.

Varios miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo con Castanier y demandaron acciones urgentes. El asambleísta Fernando Burbano, del partido Juntos Podemos, pidió que el Gobierno corrija todas las contradicciones que el reglamento tiene respecto a la Ley. Rubén Bustamante, asambleísta de Alianza País, fue más drástico y solicitó que se anule todo el documento del Gobierno.

Conflictos con la Presidencia de la República

La Comisión de Desarrollo Económico solicitó la comparecencia de Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, para que explique las anomalías del reglamento expedido por el Gobierno.

Pesántez habría respondido a la Comisión que: «vayan a revisar el reglamento en la página web de la Presidencia».

“Si alguien no puede venir a la Asamblea y presenta una justificación, está bien. Pero que ella conteste de esta manera… debemos hacer constar el incumplimiento de su obligación legal de acudir a la Asamblea”, manifestó Fernando Callejas, asambleísta de CREO. El legislador no descartó la posibilidad de proponer un juicio político en contra de Pesántez. (DR).

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Santa Rosa de Manduriacu, Guayabillas, Río Verde y El Corazón, en la provincia de Imbabura, Pachijal, Mashpi y Santa Rosa, en Pichincha: son territorios carecen de servicios básicos.

Polibio Pérez, presidente del GAD parroquial de García Moreno dijo que «las obras se construyeron a medias y eso afectó a muchas comunidades. Los acuerdos firmados con la Corporación Eléctrica son solo ofrecimientos y nada más».

Marcelo Reinoso, gerente de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair, aseguró que se realizará una reunión presencial con los representantes de las comunidades, el próximo lunes 28 de septiembre. De no concretarse nada, como resultado «el proyecto hidroeléctrico será paralizado», aseguró Polibio.

Carencias

Estos territorios tienen un deficiente sistema de agua potable, pésimo diseño de captación de aguas y tratamiento de limpieza y purificación. Aún con la presencia de una central hidroeléctrica, las comunidades sufren de cortes de luz.

Incumplimientos

En septiembre de 2018, Marcelo Reinoso, gerente de la Unidad de Negocio de Coca Codo Sinclair, firmó un convenio con los presidentes de los Cabildos de Cielo Verde y Santa Rosa de Manduriacu. El acuerdo comprendía sistema de alcantarilado, agua potable, luz, conectividad vial, entre otras obras, ya que los ciudadanos aún viven con sas carencias.

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Curicama enfrenta un año de prisión por incumplimiento de funciones. Esto debido a no acatar la orden de pagos pendientes a los jubilados de la Prefectura. Sentencia que tuvo lugar el viernes 13 de diciembre.

Este caso se remonta al año 2015, cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje autorizó el pago de USD 2 millones. Acción que el exprefecto no cumplió.

Un nuevo representante de “El Gobierno de Todos”

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