El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas solicitó ante la entidad de control el inicio de este proceso. También pidió un juicio político, que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). No obstante, primero de despachará la revisión de enjuiciamiento contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Según Vanegas, como respuesta, la empresa Ginsberg Ecuador también lo denunció por presunto pánico económico. Según reporta diario El Universo, el legislador no ajustó su proceder al tipo penal denunciado, sino que «ha realizado una investigación técnica y objetiva en el descubrimiento de posibles actos de corrupción y hechos delictivos».

¿Cómo se obtuvieron esas medicinas?

El asambleísta sostiene que desde enero de 2020 hasta mayo de 2021, el Ministerio de Salud y otras entidades estatales compraron medicinas, pero no tenían los permisos del Arcsa y el objeto social de compra no era el adecuado. Sin estos requisitos no podían vender medicamentos, insumos o dispositivos a la red de hospitales en el Ecuador.

Vanegas argumentó que durante la crisis sanitaria por falta de insumos médicos en hospitales públicos, la entonces ministra Garzón no asistió al Pleno de la Asamblea cuando fue llamada. La petición se hizo para que exponga el manejo y medidas del Ministerio durante la crisis sanitaria.

¿Qué es el peculado?

En derecho, el peculado o la malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. También se conoce como desvío de recursos, delito por el que una o más personas toman una cantidad de dinero destinada al Estado.

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«Se espera que la señora Fiscal tenga la entereza de abrir un proceso de indagación previa. Todo el proceso en torno a la denuncia que nosotros planteamos por el presunto delito de tráfico de influencias a partir del desvanecimiento de una glosa a favor de la empresa Claro por USD 112 millones», dijo Rodas a Radio La Calle.

Esta lucha tomó más de un año. «Nosotros judicializamos el 11 de enero y recibimos la respuesta casi dos meses después de la presión en redes, especialmente la mía y de mi abogada».

El proceso

Rodas espera que en este proceso se tome declaración a los diferentes actores incluyendo a Celi. «En esta denuncia está vinculado el famoso «luchador anticorrupción» Fernando Villavicencio a quién yo entregué la glosa desvanecida e hizo un reportaje al estilo del Caso Sobornos. Queremos que la Fiscalía tome de símil el reportaje y que actúe como testigo. Hace meses decía que Celi es un sinvergüenza, un pillo y ladrón. Ahora es amigo de él».

Sobre la posibilidad de que Celi salga del país para evitar una posible pena, el denunciante indicó que «es muy difícil porque no tiene una orden de aprehensión, ni de prohibición de salida del país. La única que puede hacerlo es la Fiscal que tiene el sistema acusatorio para formular cargos con una medida preventiva para que no salga del país».

Legalidad y legitimidad

«La legalidad del cargo la obtuvo por el cabildeo político porque este señor es hábil para esas cosas. Logró el apoyo del expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Luego el trujillato lo blindó con la sentencia de la Corte Constitucional o él cree eso. Yo pienso que el cargo está vacante y el Consejo de Participación Ciudadana debería hacer el concurso», explicó Rodas.

Añadió que si la legalidad está en duda, la legitimidad no existe. «Este señor es ilegítimo, carece del reconocimiento de la sociedad tanto en la Contraloría como en la ciudadanía».

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