Asimismo, en su cuenta de Twitter aseguró que los comentarios vertidos alrededor de este suceso han sido “infundados, maliciosos, sin bases jurídicas y que pretenden confundir a la opinión pública».

“La Fiscalía General del Estado actúa siempre sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, entre las cuales se encuentra la obligación de investigar todas las denuncias que le sean presentadas por cualquier ciudadano. No tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no, porque entonces sí estaría incumpliendo sus funciones, al negar el acceso a la justicia”, señaló.

De igual forma, explicó que, en el caso de la denuncia presentada por Llori, el pasado 26 de abril, por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, la Fiscalía inició una investigación previa y que esta es una fase pre procesal, para recabar elementos de cargo y descargo.

Salazar insistió en que la Fiscalía “no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado” y que, malintencionadamente, pretenden involucrar al sistema de Justicia en una pugna política.

La fiscal hizo un llamado a los políticos y dirigentes del país para que “no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de Justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse por otras vías”.

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Según Lasso, estas decisiones judiciales indignan a la ciudadanía, porque han plasmado abusos, que juegan en favor de criminales y ocasionan el desmantelamiento de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes.

La meta de este diálogo sería “encontrar soluciones y propuestas que permitan defender el Estado de Derecho de abusos, con irrestricto apego y respeto a la independencia de funciones consagrado por la Constitución”.

El mandatario propuso que la primera reunión se desarrolle este domingo 24 de abril, a las 10:00AM, en la Gobernación del Guayas.

En su cuenta de Twitter escribió: “Basta de más abusos que juegan a favor de los criminales. Convoco públicamente del Consejo de la Judicatura y a Diana Salazar a un diálogo urgente para encontrar soluciones que aseguren la protección y seguridad de los ciudadanos”.

La polémica

El Ejecutivo ha cuestionado las resoluciones judiciales desde que se aceptó la excarcelación del exvicepresidente, Jorge Glas. Desde el Gobierno, se anunció que se tomarían todas las medidas pertinentes para revertir esta decisión.

Desde el 10 de abril, existe una indagación contra el juez Diego Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glas.

Asimismo, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), solicitó a través de un comunicado, una investigación a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura por haber concedido un habeas corpus a un ciudadano holandés acusado de tráfico de drogas.

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Estas declaraciones las hizo en referencia a la Ley de Inversiones, enviada por el presidente Guillermo Lasso. Ortiz aseguró que es necesario traer inversiones al país, pero reiteró que hay que revisar las condiciones de los acuerdos para hacerlo.

«Se legislará para impedir que se privaticen los servicios estatales de salud y educación o proyectos hidroeléctricos, por ejemplo. Servicios que, pese al descuido, la falta de atención y el deterioro, aún siguen funcionando», argumentó.

Ortiz reiteró que es gravísimo concesionar un servicio público como el Registro Civil, por ejemplo, porque “supuestamente” el Estado no lo puede administrar o garantizar su adecuado funcionamiento. Advirtió que estarán atentos a estas acciones.

Además, aseguró que si pretenden aprobar esta normativa por el Ministerio de la Ley, se revisará la posibilidad de plantear demandas de inconstitucionalidad.

Acciones ilegales en la Asamblea

Ortiz dijo que al interior de la Asamblea Nacional han ocurrido varias ilegalidades. La primera, ocurrió el jueves previo al feriado de Carnaval, cuando el Pleno hizo una apelación a la presidencia de la Asamblea, figura contemplada en la Ley de la Función Legislativa, a la que Guadalupe Llori, no dio paso y suspendió la sesión. “La presidenta tenía que dar paso a la apelación, expresó Ortiz a Radio, La Calle.

Otro conflicto legal fue que Llori convocó a sesiones virtuales, cuando existe una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que señala que las reuniones de la Asamblea deben ser presenciales y solo pueden realizarse virtualmente por causas de fuerza mayor.

“De manera ilegal se convocó a una sesión virtual el día sábado 26 de febrero, en pleno feriado de carnaval”, comentó la asambleísta Ortiz.

También señala como un hecho ilegítimo la aprobación de la Ley Tributaria que, según Ortiz, fue negada y votada en contra, en su texto original, pero pasó por el Ministerio de la Ley. La legisladora presume algún tipo de complicidad para que esto ocurriera.

“Ese es el juego al que nos han querido llevar desde la presidencia de la Asamblea y por eso, es necesario evaluar el accionar de las autoridades legislativas”, dijo. Sin embargo, por apenas un voto, Llori se salvó de este proceso de evaluación.  

 “Hubo un apagón terrible en la Asamblea Nacional del Ecuador, pero no apagaron nuestras voces, porque nosotros tenemos que seguir trabajando para que se atiendan las necesidades de la ciudadanía”, enfatizó Ortiz.

¿Hay interferencia en la función Legislativa?

Ortiz es clara al decir que el Gobierno de Lasso pretende controlar las acciones de la Función Legislativa. En tal sentido, explica, el trabajo de la Asamblea no está respondiendo a las demandas ciudadanas, por ejemplo, a la calificación de los proyectos dereogatorios de la Ley Tributaria, que está afectando el bolsillo de los ecuatorianos.

Por ello, aseguró que de comprobarse la afrimación del Social Cristiano, Esteban Torres, de que funcionarios cercanos a la presidencia ocasionaron el apagón en la Asamblea, sería gravísimo para la democracia y la independencia de funciones. “Este es un tema que debe ser investigado para conocer quienes apagaron las luces y cortaron el audio en la Asamblea, cuando el vicepresidente y los asambleístas seguíamos ahí”, dijo.

Además, aseguró que los conflictos internos interfieren con el tratamiento y aprobación de las leyes. Por ejemplo, Ortiz comento que el día del apagón se trataría la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza.

Respecto a la muerte cruzada, la legisladora dijo que su bancada no ha planteado este mecanismo, pero aseguró que tampoco le tienen miedo. «Quienes han planteado la muerte cruzada, ha sido el Gobierno actual y lo ha hecho a modo de amenaza, como un mecanismo de presión y de chantaje», sostuvo.

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