»El presidente Correa ha sido muy claro en decir que él no quiere ni indultos ni amnistía. Él quiere que se resuelva su caso en estricto derecho y en justicia», dijo en entrevista para El País.

La candidata detalló que una de sus principales preocupaciones es la inseguridad en el país, la cual piensa abordarla desde dos pilares, trabajo coordinado entre instituciones y resolver la delincuencia al interior del país.

Además, resaltó que no confía en el sistema de justicia actual porque ha demostrado una violación absoluta al sistema legal y constitucional.

Su principal asesor

En varias ocasiones González ha manifestado de manera abierta que su principal asesor será el expresidente Correa, quien le asesorará de manera telemática debido a su situación legal.

Además, reconoció que existieron errores en el tiempo del »correísmo», pero que, precisamente, se trabajará para mejorar y continuar con la misma práctica de ejecución de obras para lograr los objetivos planteados.

Lealtad

La candidata habla de su designación como un acto de lealtad, en referencia a lo sucedido con el exmandatario Lenín Moreno, quien en algunos casos fue aplaudido por dicha traición.

Señaló que la primera lealtad es hacia los mandantes, quienes son “los que escogen en las urnas, esto se da rescatando los principios, los valores y con la convicción de servir al pueblo ecuatoriano”, manifestó.

Proyecto político propio

La candidata de la RC mencionó que gobernará junto a todo un gabinete, no sola, ya que eso sería “demasiado irresponsable” cuando se tiene un gran equipo de trabajo. González desmintió aquel rumor de que su gobierno sería, en realidad, encabezado por Correa.

También, propone rehacer todo el aparato público, recuperar la institucionalidad del país para que se garantice el Estado de derecho. (A.G.M).

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Quito, 22 feb (La Calle) .- Luego de que el presidente Lasso ofreciera el indulto a privados de la libertad, entre ellos a los defensores de la naturaleza, Gabriela Fraga, espera que se visibilicen las operaciones irregulares de las empresas mineras que atentan contra el medioambiente y la vida de los pueblos.

“Hay informes de la Contraloría General del Estado donde varios procesos en la entrega de esas concesiones han sido de forma irregular”, dijo Gabriela Fraga, defensora de los derechos humanos y la naturaleza, en una entrevista en Radio La Calle.

Fraga, que lleva en su contra seis procesos legales relacionados a la defensa del medio ambiente, tilda de persecución a estos actos que responden a los intereses de las empresas mineras, en complicidad con el Gobierno. “No sabemos por qué entregan licencias sin tener consultas ambientales ni consultar previamente a las comunidades”, cuestionó.

Según Fraga, han sido 8 meses de lucha para alcanzar la amnistía. En el informe que fue enviado a la Asamblea Nacional constan 300 casos de solicitud, en los que casi el 80% pertenecen a defensores de los derechos humanos y la naturaleza.

A través de este proceso, quieren que se visibilice el tema, pues las grandes ciudades no tienen conocimiento o son indiferentes a los procesos extractivistas, que son completamente criminales. “Es una idea errónea optar por la explotación de los recursos naturales que han dejado un gran impacto ecológico afectando directamente a la soberanía alimentaria de los pueblos y de las grandes ciudades que ignoran completamente el tema”, dijo.

“No somos delincuentes, somos campesinos que trabajan y defienden la tierra”

Se los acusa de dañar el bien ajeno, de intimidación y paralización de servicios. “No queremos ir a la cárcel, donde nadie garantiza nuestra vida”, declaró en la entrevista. Citó el caso de Víctor Guaillas, asesinado en el último amotinamiento registrado en la Penitenciaría de Litoral, en el que más de 70 presos perdieron la vida.

Por otra parte, la defensora también alertó sobre las amenazas que han sufrido. “No hemos llegado al asesinato de los defensores, pero vamos por esa línea si este gobierno está implementando el extractivismo en gran escala”, argumentó.

Imbabura, en los ojos de la minería a gran escala

Ejemplificó con la provincia de Imbabura y la pequeña minería que ya ha dejado una gran huella ecológica en la zona. “No logramos imaginar qué pasaría con los proyectos a gran escala que es lo que se propone en la provincia”, comentó.

Además, habló sobre las 70 personas denunciadas en la comunidad de Buenos Aires, tras su derecho a la resistencia, que impidió que los mineros ingresen a la zona de forma violenta.

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«Conceder el indulto presidencial a favor del señor Carlos Antonio Vargas Guatatuca que consiste en el perdón de la pena privativa de libertad y multa que han sido impuestas», dice el decreto.

El 20 de junio de 2021, la Conaie denunció el encarcelamiento de Vargas al que calificaron de injusto.

“Antonio Vargas, expresidente de CONAIE, Hatun Kuraka de la nacionalidad kichwa de Pastaza, es detenido injustamente por la Policía. Sobre caso ya resuelto con medidas alternativas a la prisión. A días del VII Congreso CONAIE este hecho de persecución”, indicó la organización en un tuit.

«No se vendan»

Este lunes, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, llamó a los dirigentes a no venderse.

«Las condiciones pueden ser jodidas, pueden ser duras, pero los dirigentes tienen que aprender a sostener. No se vendan, no se bajen. No es un problema de ideas de los dirigentes, no se pueden amilanar», expresó.

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De acuerdo con el Decreto 1313 con fecha 10 de mayo del 2021, el Presidente podía garantizar indulto a privados de libertad sentenciados por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios por razones políticas o de conciencia, en caso de poseer una enfermedad catastrófica, “crónica” o terminal. Un ejemplo es la diabetes o la hipertensión.

No obstante, la Secretaría de la Comunicación informó este viernes el retiro de este decreto.” Para evitar tergiversaciones y malos entendidos, en torno a los parámetros sobre los indultos, el presidente Lenín Moreno ha dispuesto derogar el Decreto Ejecutivo 1313, con fecha 10 de mayo del 2021”.

Caso del exvicepresidente

Las tergiversaciones estarían relacionadas a una supuesta vía libre para un indulto al exvicepresidente Jorge Glas, procesado en la trama de corrupción de Odebrecht. Sin embargo, la Constitución no permite el indulto presidencial en delitos contra la administración pública como peculado. Así que ese cambio no aplicaba en su caso.

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El pasado 27 de julio, Moreno emitió un Decreto que concede indulto presidencial a favor de las personas privadas de libertad cuya vida está en riesgo.

El documento dispone: “concédase Indulto Presidencial a favor de personas privadas de la libertad que han cumplido con los requisitos reglamentarios y pertenecen a grupos de atención prioritaria y con doble vulnerabilidad, con excepción de las personas condenadas por delitos sexuales y contra la eficiencia de la administración pública y la inviolabilidad de la vida, delitos violentos y por infracciones dolosas de mayor gravedad”.

La disposición del Ejecutivo otorga induto a personas adultas mayores, mujeres que habitan con niños en los centros de reclusión, personas con discapacidad y personas que padecen de enfermedades catastróficas y crónicas.

María Eulalia Sanipatín es una mujer de 73 años que sufre ceguera, hipertensión, diabetes e insuficiencia renal de segundo grado. A pesar de esta condición, un juez del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil le dictó una sentencia de ocho años de privación de libertad por un presunto faltante de dinero en la caja del Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil.

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