Recalcó que estos indultos benefician a los privados de libertad que han cometido delitos menores y que ya han cumplido el 40% de la pena privativa de libertad, impuesta bajo el Código Penal y del 60% cuando se trata de personas sentenciadas bajo el Código Orgánico Integral Penal.

“Esta decisión aparte de ser política, también es una decisión muy importante en la parte humana”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle

Además, reiteró que primero que se va a indultar a los privados de libertad por delitos menores, luego van las repatriaciones, las deportaciones y previo a esto se ha otorgado ciertos indultos a privados de libertad con enfermedades catastróficas.

Villareal sostuvo que para determinar la cantidad de privados de libertad que se beneficiarían con estos indultos debe existir un censo penitenciario para ver el porcentaje de privados de libertad y el delito que cometieron.

“Deben existir alianzas con el sector publico y privado para que los privados de libertad puedan tener segundas oportunidades de reinserción en la sociedad”, sostuvo Villareal.

Por último, recalcó que debe implementarse desde ya esta política pública y se debe realizar un seguimiento, en un plazo determinado, para ver los resultados de esta política.

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Según explicaron las autoridades esta medida es para reducir el hacinamiento carcelario y agilizar los procesos que demoran por la burocracia y la corrupción.

Para acceder al indulto las PPL deben cumplir el 40% de la pena privativa de libertad impuesta bajo el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Y del 60% cuando se trata de personas sentenciadas bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Otras de las condiciones es que la persona no mantenga otras sentencias condenatorias y medidas cautelares vigentes en su contra. Así también, que no tenga un proceso penal de investigación previa y que no haya sido sancionado de forma disciplinaria por la Comisión de Faltas.

Otra de las medidas que anunció el Gobierno de Lasso es la repatriación de privados de libertad en el extranjero.

Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que, en los últimos años, se ha hecho un sobreúso de la prisión preventiva, lo que incrementa la población carcelaria.

Además, dijo que los centros de rehabilitación enfrentan condiciones precarias, hacinamiento y los PPL viven en condiciones de violencia.

En la actualidad, los centros de privación de libertad albergan alrededor de 34.821 internos, según cifras oficiales. No obstante, la capacidad máxima de las instalaciones es de 30.169 plazas.

Política Pública para el Sistema de Rehabilitación Social.

En el mismo evento, el Ejecutivo también presentó la política pública para el sistema de rehabilitación social. Entre los ejes que anunció el Gobierno constan proyectos de educación para los privados de libertad y la creación de carreras técnicas.

Además, se habló de convenios de trabajo con empresas para que estas brinden empleo a los reclusos; así como de programas de desintoxicación y atención especial para jóvenes infractores.

Otros de los puntos son mejorar la infraestructura y tecnología de las instalaciones, la capacitación de guías penitenciarios, crear un observatorio de acciones y el censo penitenciario para conocer la situación jurídica, de salud, educativa y de peligrosidad y clasificación de los reclusos.

Según el Ejecutivo, esta política no sólo servirá para los internos en los centros de reclusión, sino para toda la sociedad.

Las autoridades dijeron que alrededor de 21.700 PPL no han terminado sus estudios y que más de 7.000 siguen educándose.

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La organización argumentó que la detención se realizó faltando al debido proceso y a tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. Recordó, además, que en iguales condiciones se encuentran miles de ecuatorianos en las cárceles del país, en medio de la crisis y violencia penitenciaria.

Por ello, reitera que es urgente revisar todos los procesos y cumplir con una verdadera justicia para estas personas.

“La lucha del movimiento indígena contra la criminalización de nuestros líderes y lideresas es histórica, ante lo cual, seguiremos ejerciendo acciones por los cientos de luchadores sociales que aún permanecen criminalizados injustamente”, señala el documento.

Asimismo, la CONAIE reitera que se ratifica con firmeza en los puntos fundamentales y urgentes planteados, desde el movimiento indígena, sectores y organizaciones sociales, al Gobierno Nacional. “Cada paso por la defensa de nuestros derechos es sostenida con la lucha social y siempre será un triunfo colectivo, jamás claudicaremos en nuestras demandas”, asegura.

Enfatizan también en que su organización es consecuente con las decisiones y, sobre todo, con las propuestas amplias, orgánicas y en democracia, generadas por sus bases y más sectores de la sociedad civil, golpeadas por la crisis económica y las políticas del neoliberalismo.

“Han puesto la confianza en esta lucha, por eso esperamos resultados positivos a los temas más sensibles en materia económica por parte del Gobierno Nacional, en el encuentro del 10 de noviembre en el Palacio de Carondelet”, insisten.

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Uno de los reclusos liberados, describió los momentos de angustia que vivió durante la masacre, “allá adentro es un infierno, vimos la muerte. Uno no se podía meter porque nos mataban a nosotros” recogió ecuavisa.

En medio de un fuerte control militar, los expresos salían de la penitenciaria a reencontrarse con sus familiares a las afueras del centro de reclusión; donde la semana pasada ocurriría la masacre de 118 presos, la más grande ocurrida en Ecuador.

Entre las medidas para reducir el hacinamiento carcelario el Gobierno anunció el pasado viernes, 01 de octubre, la intención de conceder 2.000 indultos y repatriar a presos extranjeros.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el nuevo director de la SNAI, Bolívar Garzón anunciaron esta y otras medidas en rueda de prensa.

Bolívar Garzón dijo, que “Se trata de un promedio de 2.000 indultos que deberían otorgarse a personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales”.

Mientras que se gestionará el proceso de repatriación de extranjeros, “que al momento se tratan de 82 casos” preciso la Ministra de Gobierno.

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