Quito, 29 julio (La Calle).- Ecuador atraviesa una profunda transformación demográfica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 se registró la tasa de natalidad más baja de los últimos 34 años. Los nacimientos cayeron en 1,4 por cada 1.000 habitantes respecto al año anterior, revelando una tendencia sostenida a la baja desde la década de 1990. Esta disminución, que pone al país en camino hacia el envejecimiento poblacional, ya provoca debates sobre sus posibles impactos económicos y sociales. Es así que la natalidad cae a su punto más bajo en 34 años

Nacimientos en descenso: más de 24.000 menos en un año

De acuerdo con cifras del INEC, Ecuador pasó de registrar 180.272 nacimientos en 2022 a 156.220 en 2023, lo que representa una caída de más de 24.000 alumbramientos en solo 12 meses. En 2024, los nacimientos sumaron 215.714, manteniéndose en niveles históricamente bajos. La tasa global de fecundidad también se redujo a 1,7 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.

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Adolescentes aún dan a luz, pero el grueso de nacimientos proviene de mujeres de 20 a 34 años

Pese a la baja natalidad, el número de embarazos adolescentes no muestra cambios significativos. En 2024, 1.621 niñas entre 10 y 14 años y 30.580 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres. Sin embargo, los rangos de edad con mayor frecuencia de nacimientos se ubicaron entre los 20 y 34 años, donde se concentra más del 70% de los partos.

La Amazonía lidera en nacimientos; Pichincha, a la cola

Las provincias con mayor número de nacimientos son Napo, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. En contraste, las tasas más bajas se registran en Pichincha, Azuay, Carchi, Tungurahua y Loja. En cuanto a la salud perinatal, el informe del INEC señala que el 61,8% de las defunciones fetales se deben a causas no especificadas, mientras que el 20,2% corresponde a hipoxia intrauterina.

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¿Está Ecuador preparado para enfrentar su futuro demográfico? Expertos como Jorge García Guerrero, exdirector del INEC, advierten que Ecuador está en medio de una “transición demográfica avanzada”. El envejecimiento de la población ya es una realidad que podría afectar el sistema de salud, la seguridad social y el mercado laboral. Mientras tanto, Eva María Mera, actual directora del INEC, atribuye esta caída de la natalidad a factores como el acceso a la educación, el uso de anticonceptivos y cambios culturales. El desafío está sobre la mesa: el país debe anticiparse y adaptar sus políticas públicas a esta nueva etapa.

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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esta región ecuatoriana registra un 70% de pobreza por necesidades insatisfechas y un 74% de pobreza por ingresos. Ante esta situación, en junio del presente año, diversos actores locales lograron que la Asamblea Nacional instara al Presidente Noboa a declarar en emergencia a la provincia y a la región amazónica.

Un estudio del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) revela que la extensión de áreas destinadas a la minería ilegal en Napo ha crecido exponencialmente, aproximadamente 210 veces. Solo en el periodo de 2015 a 2021, la minería de oro aluvial aumentó en un 316%.

Map Biomas Ecuador tiene datos similares y registra que en 1998 la minería formal e informal en Napo operaba en tres hectáreas. Para 2022, se extendió a 1.175 hectáreas. El 92% de esta superficie se concentra en cinco parroquias de Tena: Talag, Ahuano, Misahualli, Puerto Napo, Carlos J. Arosemena Tola.

Hay que recordar que Napo es un territorio de profunda raigambre histórica y actual, donde las áreas protegidas abarcan el 53.7% de su superficie y el 19.6% está habitado por comunidades indígenas, mayoritariamente de la nacionalidad kichwa.

La ribera del río Jatunyacu, particularmente afectada y con 153 concesiones mineras otorgadas por el Estado, ha visto un aumento considerable de la minería ilegal desde diciembre de 2023. En los últimos meses, los residentes han detectado la presencia de operaciones ilegales en al menos 13 puntos críticos a lo largo del río, lo que representa el 25% de la cuenca del río Napo. Estos puntos suman 54 hectáreas de minería ilícita, adicionales a las más de 1.700 hectáreas estimadas de actividades similares en toda la provincia, causando una grave contaminación en varios afluentes importantes del río Napo, esenciales para la comunidad local para el consumo humano, riego y pesca.

Además de los impactos ambientales y económicos, la salud y la paz de los habitantes de la Amazonía están en riesgo. La minería no solo amenaza la biodiversidad local, sino también la calidad del agua y el modo de vida de las comunidades aledañas. La Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN) ha realizado un análisis de salud y agua en 17 comunidades a lo largo del río Napo, identificando en parte de la población problemas respiratorios, dermatológicos, gastrointestinales y neurológicos, estos últimos asociados a la contaminación por mercurio.

Otro estudio preliminar, desarrollada por el Laboratorio de Investigaciones de la Universidad de las Américas para una investigación de El Comercio, reveló que el plomo, arsénico, zinc y hierro son metales pesados que están por encima de los valores referenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras entidades internacionales, en los organismos de quienes viven en las parroquias de Chontapunta, Ahuano, Puerto Napo y Talag.

Esta investigación además, muestra los riesgos al que están expuestas las mujeres que trabajan lavando oro en el río, debido a falta de oportunidades laborales. Diariamente se registran mujeres con vaginosis por la exposición a bacterias y sustancias tóxicas. Estas infecciones pueden agravarse hacia la enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo. También se han identificado casos con el Virus del Papiloma Humano, lesiones intraepiteliales de grado 2 (NIC 2), que pueden convertirse en cancerosas.

El Laboratorio también tomó una muestra de agua del río Napo en Ahuano, la cual presentó un aumento de aluminio, cobre y plomo con relación al valor referencial de la norma ecuatoriana para la preservación de la vida acuática y silvestre.

La situación es alarmante y requiere una acción urgente por parte de las autoridades para prevenir catástrofes socioambientales en esta región. Es crucial que se tomen medidas decisivas para evitar que esta crisis se prolongue en Napo.

Redacción: Napo Resiste

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Según los datos solicitados por la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, el pico más alto del decrecimiento de afiliaciones de los adultos de 30 a 35 años se registra en Esmeraldas con una cifra de 1.006 casos. Asimismo, El Oro registra una dismunición de 676 afiliaciones; Loja -594; Imbabura – 416; y Carchi -296.

Por otro lado, la información expone la crítica situación de los jóvenes ante el escenario del desempleo. En este caso, El Oro es la provincia con un notable decrecimiento de personas asegurada al IESS, pues existen una disminución de 1.841 afiliados; le sigue Imbabura con -1.458; Esmeraldas -1.451; Santa Elena -746; y Napo -483.

¿Y el empleo joven?

A mediados de marzo, con alevosía y orgullo, el presidente Daniel Noboa anunció que más de 63 mil jóvenes cuentan con un empleo “digno y legal”. Según el primer mandatario, este sería el resultado de la aprobación de la Ley de generación de empleo.

El proyecto de ley se aprobó hace apenas dos meses y medio. Sin embargo, el jefe de Estado alegó que “esta es la oportunidad” para que los jóvenes se incluyan en la “reactivación económica” del país.

“Por más que sufran los sufridores esa es la cifra real. Es el ejemplo claro de que esto es una realidad y que seguirá creciendo”, dijo en la conferencia.

El otro lado de la moneda

En contraparte a las declaraciones de Noboa, los datos del Ministerio de Trabajo y el INEC revelan otra realidad. De enero al 5 de febrero de 2024, más de 80 mil personas se quedaron sin empleo. Según la entidad, el finiquito responderían a: un acuerdo entre las partes, conclusión de la obra o contrato, entre otros.

Además, el INEC detalla que la tasa de desempleo se ubicó en 3,9 % hasta enero de 2024. En comparación al 2023, el desempleo bajó tan solo el 1 %. En enero de 2023, se ubicó en 3,8 %. De acuerdo a la entidad, el empleo a jóvenes de entre 15 y 24 años alcanzó al 8,7 %. Mientras que, al sector de 25 y 34 años se mantuvo en 27.3 % entre enero de 2023 y 2024.

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Según las autoridades, este nuevo dato se debería a la omisión de personal al momento de realizar el censo. Es decir, personas que no fueron tomadas en cuenta. Recalcó que la omisión representa tan solo el 4 % de la población.

En septiembre de 2023, el subdirector de la entidad, Jorge García, aludió que «confiaba en las cifras que entregaba el INEC» por el bienestar del país. En aquel momento, tenía la certeza que entre 2010 y 2020, el país creció en 2.5 millones de personas. No obstante, el censo 2010 proyectó el aumento de 18.1 millones de ecuatorianos para el 2023.

El exdirector del INEC, Byron Villacís ya advirtió que no se puede confiar en los datos de este censo. Añadió que las consecuencias políticas serían nefastas y sin estadísticas certeras las acciones y medidas de políticas públicas del Estado serían erróneas.

Un censo lleno de problemas

En una rueda de prensa, la institución anunció que los resultados del censo 2022 se presentarán a partir de septiembre y noviembre de 2023. El calendario para la entrega de estos datos se cambió por más de tres ocasiones.

La entidad aseguró que – para ese entonces – ya estaba completo el proceso. No obstante, las cifras sobre LGBTIQ+ y otros sectores estarían listos para el 2024. La excusa que presentaron para esta demora fue que no pueden exponer a los censistas a la ola de violencia e inseguridad en el país.

A fiscalizar todo…

El INEC anunció la creación de un comité que revisará todo ese proceso, luego de que varios ciudadanos y autoridades cuestionaran su ejecución. La mesa estaría conformada por 13 expertos en temas estadísticos y con personal de ONU, Unfpa, Celade-Cepal.

Allí no quedaría el asunto, la asambleísta Paola Cabezas mencionó que fiscalizará el proceso del censo. Además, alegó que el mayor riesgo del proceso era la invisibilización social. Comentó que en su despacho recibió la denuncia de al menos 30 asociaciones afrodescendientes ante la falta de difusión del censo.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, el 20 de febrero de 2024, la fiscalización de este proceso con 123 votos afirmativos y 3 abstenciones. La moción fue presentada por Cabezas.

Cosillas chuecas

El censo arrancó el 7 de noviembre de 2022 y tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo -en primera estancia- se extendió hasta el 31 de diciembre. Después se aplazó a enero de 2023, luego a marzo de 2023. Finalmente, la espera terminó en febrero de 2024.

En diciembre del 2022, excensistas y exsupervisores comentaron a La Calle una serie de irregularidades que estaría cometiendo el INEC en la fase presencial del Censo. Las fuentes manifestaron que ocurrió de todo.

Unos explicaron que la institución vulneró sus derechos laborales, otros detallaron que sus superiores los obligaron a registrar datos erróneos de las personas censadas. Se reportaron robos y hubo censistas mujeres que sufrieron acoso sexual.

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Actualmente, el salario básico de un trabajador es de USD 450, una cifra que no cubre el costo de la canasta básica familiar ni la canasta familiar vital de USD 551. Sin embargo, el INEC reportó que el ingreso promedio de los hogares ecuatorianos es de USD 840.

De acuerdo al tabulado, Quito tiene la canasta básica más cara del país pues ahora rondea los USD 821.66, el anterior año este valor era de USD 787. El segundo lugar lo ocupa Guayaquil con USD 814.33 y le sigue Cuenca con USD 801.04.

La pobreza en el país

Del otro lado, las cifras porcentuales de pobreza por ingresos hasta junio del 2023 era de un 27 %, dos puntos más a comparación del 2022, en donde el registro de esta variable era del 25 %.

Respecto a la inflación anual en el país, la entidad reportó la variación del 4.02 %, en octubre del 2022, al 1.93 % en este año. Los alimentos tuvieron más incidencia de inflación.

¿Qué dicen los trabajadores?

El 24 de octubre el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) exigió la revisión urgente sobre el monto del Salario Básico Unificado (SBU) y afirmó que el gobierno de Guillermo Lasso no cumplió con sus promesas de campaña.

Los miembros de la organización sindical manifestaron que el valor de estas remuneraciones debe cubrir el costo de la canasta básica. Además, planteó que la elevación del SBU no debe ser menor al 22.22% al actual.

”Lo que si perjudica al país es la elusión, evasión y remisión de impuestos que suman más de USD 13 millones, recursos económicos que en un gran porcentaje se van a los paraísos fiscales, perjudicando el trabajo, la vida, la salud, educación y la seguridad de los sectores populares”, resaltó la organización sindical en un comunicado. (AGM).

#POLÍTICA | El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) exige la revisión urgente del Salario Básico Unificado (SBU), pues el monto actualmente establecido no cubre el costo de la canasta básica que es de más de USD 700.

Más detalles. https://t.co/Lp4rk9yXQs pic.twitter.com/cqsyO9Ve9J

— Radio La Calle (@radiolacalle) October 25, 2023

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García justificó, en entrevista con Radio La Calle, que la diferencia que se presentó en la estimación poblacional de los 18.2 millones de ecuatorianos se debe a una «omisión censal», es decir, a una parte de la población que no pudo ser censada.

Repitió que si esa omisión representa el 5 % o 10 % los «resultados son fiables». No obstante, señaló que todo eso se verificará cuando se ajusten los valores. Según los cálculos de García, si esa omisión podría representar el 4 % o 5 % de la población, o sea, entre 170 mil o 680 mil personas. Sin embargo, cientos de ciudadanos denunciaron que nunca fueron censados.

Datos no oficiales y presupuestos

Los resultados del censo 2022 deberían detallar la cantidad de habitantes por sector, condiciones de vida, carencias, otros, y dependiendo de esos factores, el Estado ecuatoriano destinaba un presupuesto.

Aunque el subdirector mencionó esa repartición no proviene de los datos, sino de la estimación que realizan, si no existe un dato real, el dinero para los GAD’s se reducirá.

«Cuando los datos sean corregidos a través de otros estudios y análisis se entregará el presupuesto a los municipios. El censo solo dice qué parte del pastel le corresponde», apuntó.

Un censo fallido

El subdirector afirmó que el censo enfrentó varios problemas por el despliegue territorial en las zonas peligro, la masiva renuncia de censistas y los obstáculos de la pandemia. Según él, el mayor problema fue la deserción de los empleados, pues hizo proceso se alargue hasta los primeros meses de 2023.

De la misma manera, debido a la serie de fallas que presentó, el proceso se realizó de manera virtual, lo que generó más trabas. García mencionó que cerca de 2.3 millones de personas se censaron en esa modalidad.

Sobre la denuncia de que preguntaban a los vecinos, enfatizó que el censo contaba personas y viviendas, por lo que «si no le abrían una puerta interrogaban a los vecinos».

«Los que dicen que no fueron censados pueden estar dentro de la omisión que existe. Ya sea porque no estaban o porque los guardias y los presidentes de los condominios no aceptaron que pasemos. Solo se preguntaban ciertos datos», dijo.

«No les crean hasta que diga la veeduría»

En junio del 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) abrió la convocatoria para que se lleve a cabo la veeduría al Censo de Población y Vivienda 2022. Los observadores que forman parte de este proceso sugirieron que se realice una auditoría a los resultados del Censo.

Además, los actores sociales resaltaron que esta evaluación debe realizarse por universidades internacionales y no por los mismos funcionarios del INEC porque serían juez y parte.

García comentó que no le ha llegado ninguna solicitud sobre el proceso de veeduría que solicitaron los exdirectores del INEC. Detalló que este recurso lo solicitaron hace unos meses, pero solo han mantenido una reunión.

«No me han enviado o preguntado algo. Esto es algo que vienen repitiendo dos meses o tres antes de que arranque el censo de población», señaló.

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«Más o menos el 3% de las personas, 600.000. Lo más importante de esta técnica es que no genere algún tipo de sesgo y como ya veo por dónde van a decir de cuál realmente es la omisión censal, por eso es que académicos, estadísticos estamos invitando justamente a la mesa técnica para socializar esto», dijo en una entrevista para Los irreventes en RTU.

Sobre la interrogante de las personas que quedaron sin censar, el funcionario expresó que discrepa sobre este término y se refirió a que no llenaron el cuestionario del censo en esos casos.

Números dudosos

Algunas cifras, que el INEC asegura que son veraces, generan alarma en los grupos étnicos del país. Según el censo 2022, la población afroecuatoriana se encuentra en el 4.8% del 7.2% que se reportó en 2010. «El INEC debe explicar cómo desaparecen 600 mil afrodescendientes en 10 años. En 2001 se registró 4.9%,es decir, al menos 600 mil; en el 2010 hubo 7.2%, alrededor de un millón (…) ¿cómo se explica que en lugar de aumentar han disminuido? esa es una pregunta de carácter técnico», le dijo el experto en estudios sobre la diáspora africana en America, Jhon Antón Sánchez a Radio Pichincha.

El docente denunció que hay un subregistro en el caso de los datos sobre la población afrodescendiente y que hay zonas donde no hubo un buen procedimiento.

«Incluso a mi propia casa no acudieron a censar, yo insistí porque de cierta forma tengo cierta influencia como docente e investigador de esta área y solo así me censaron. (…) La mayoría del pueblo afrodescendiente vive en zonas del país muy violentas como Nueva Prosperina, los Guasmos, Isla Trinitaria, Esmeraldas. En estos lugares no se realizó una cobertura adecuada del censo. (MIB)

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En junio del 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) abrió la convocatoria para que se lleve a cabo la veeduría al Censo de Población y Vivienda 2022. Los observadores que forman parte de este proceso sugirieron que se realice una auditoría a los resultados del Censo.

Además, los actores sociales resaltaron que esta evaluación debe realizarse por universidades internacionales y no por los mismos funcionarios del INEC porque serían juez y parte.

»El país es testigo de innumerables irregularidades en el Censo de Población y Vivienda (…) la cantidad y gravedad de denuncias es tan delicada que compromete los resultados que se están anunciando», dice el comunicado.

El documento agregó que las fallas en este proceso pueden afectar directamente las rentas que merecen los Gobiernos Autónomos Descentralizados e impactaría la participación política de las provincias en la Asamblea.

Omisión

Ante los problemas para censar algunas viviendas, el director del INEC, Roberto Castillo, señaló que aún no se determina cual es el porcentaje de omisión. Sin embargo, indicó de manera preliminar que alrededor del 95% de la ciudadanía fue censada.

Del otro lado de la moneda, el exdirector del INEC, Byron Villacis desconfía de la precisión de estas cifras debido a las irregularidades en el proceso.

»La idea es la siguiente, se debería haber censado al 100 % de los ecuatorianos. Normalmente es aceptable que la omisión sea del 2 % o 3 %. Si es que tomamos los datos actuales del INEC parecería que no censaron a un 15 % de la población», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Varias prórrogas

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin era “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

Dentro de la primera planificación del INEC se tenía previsto que la entrega de resultados sea en mayo del 2023. Según la entidad, los eventos de inseguridad suscitados en el último trimestre de 2022 generó una significativa deserción de censistas en varias provincias del país, lo cual limitó el cumplimiento de los plazos previstos. (AGM).

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«Estoy aquí para confiar en las cifras que entrega el INEC», dijo el subdirector Jorge García al iniciar el evento de la presentación de resultados la mañana de este 21 de septiembre.

Las cifras exponen que entre 2010 y 2022 el país ha crecido en 2.5 millones de personas. No obstante, el censo 2010 proyectó el registro de 18.1 millones de ecuatorianos para este año.

Según el director del INEC, Roberto Castillo, el equipo técnico «no tenía una bolita de cristal para predecir una pandemia», pues se registraron más de 90 mil muertes en exceso.

Además, otra afectación a la proyección serían las cifras de fecundidad. En el anterior censo se proyectó el nacimiento de 330.407 niños por año, sin embargo, estos resultados expusieron el registro de 250.277. Por otro lado, Castillo destacó el alto crecimiento del flujo migratorio ya que en los últimos años alrededor de 300 mil ciudadanos dejaron el país. (AGM).

Foto: API

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Aunque la institución asegura que el censo, finalmente, se concretó, los datos sobre la comunidad LGTIQ+ y otros sectores estarán listos en 2024. Los servidores responsabilizaron de la demora a la ola de violencia e inseguridad que golpean al país.

Sin embargo, en la primera fase de recolección de datos, el régimen mencionó que agentes del orden acompañarán a los censistas. Una estrategia que no funcionó, pues los empleados denunciaron varios robos y amedrentamientos.

¿Y, los resultados?

El director del INEC, Roberto Castillo, aseguró que los primeros resultados serán presentados la tercera semana de septiembre. Según él, para esa fecha tendrán las proyecciones de habitantes y la información básica de vivienda y población.

En la segunda semana de noviembre, presentarán datos precisos sobre las características demográficas de la población, reporte de avances, actualización cartográfica, otros.

No obstante, los datos del censo a nivel nacional serán entregados en marzo y mayo de 2024. Para Castillo, el cambio de fechas se debe a una supuesta cooperación con organismos internacionales para que vigilen el proceso del censo.

Luego de tantas, tantas, tantas fallas…

El INEC anunció la creación de un comité que revisará todo el proceso, luego de que los ecuatorianos y otras autoridades reclamaran su entorpecimiento. La mesa estará conformada por 13 expertos en temas estadísticos. Además, contarán con la supervisión de organizaciones como la ONU, Unfpa, Celade-Cepal

La espera más larga

 El subdirector general del INEC, Jorge García, señaló que los resultados del Censo Poblacional 2022 aún no tiene una fecha de publicación, sin embargo, siguen en la fase final.

”Nos faltan semanas para terminar con el procesamiento y arrancar con el análisis de aproximadamente cuatro semanas”, dijo en entrevista para Radio Sonorama.

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin es “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

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La UNE responsabilizó al gobierno del presidente, Guillermo Lasso porque se va sin resolver el problema de la deserción escolar. «Meses atrás advertimod y presentamos propuestas para solucionar este conflicto en el país», reza el documetno.

Los datos

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de julio 2022, 195.188 infantes de entre 5 y 17 años abandonaron sus estudios para trabajar y ayudar económicamente en sus hogares, debido a la pobreza.

Asimismo, hasta diciembre de 2022, el INEC registró que 300 adolescentes eran privados de libertad (PPL), lo que representa el 1% del total de presos. La Policía Nacional explicó que estas cifras demuestran que los menores de edad abandonaron la educación para unirse a bandas delictivas.

Entre enero y junio del año actual, 1,326 niños y adolescentes, de edades comprendidas entre 12 y 17 años, fueron detenidos por estar relacionados con delitos como tenencia ilegal de armas, sicariato, microtráfico y robo, entre otros, según la Policía.

El dato subraya que el abandono escolar y la pobreza son factores que llevan a jóvenes a delinquir, pues más de 53,000 alumnos no se inscribieron para el año lectivo 2022-2023. Además, 192 menores de edad han perdido la vida debido a la guerra entre mafias.

El pedido de UNE

Desde UNE, se exige que se deje de enfocar en el diagnóstico y se actúe con acciones concretas. «La única forma de que niños y adolescentes regresen a las aulas es brindando cuidado a su salud», redactaron.

Además, se debe proporcionar a los menores de materiales de estudio, alimentación y espacios educativos seguros y libres de violencia. «Se debe generar oportunidades de empleo para sus padres», es otra alternativa que proponen. (M.W.)

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»Nos faltan semanas para terminar con el procesamiento y arrancar con el análisis de aproximadamente cuatro semanas», dijo en entrevista para Radio Sonorama.

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin es “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

El 5 de abril el INEC concluyó la fase de verificación y control de calidad para empezar con el procesamiento de información. Este proceso lo harían con el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar su transparencia.

Desajustes en los tiempos

Dentro de la primera planificación del INEC se tenía previsto que la entrega de resultados sea en mayo del 2023. Según la entidad, los eventos de inseguridad suscitados en el último trimestre de 2022 generó una significativa deserción de censistas en varias provincias del país, lo cual limitó el cumplimiento de los plazos previstos.

Ante la justificación expuesta en su página web la institución anunció la reestructuración de nuevas fechas. En agosto del 2023 se tiene previsto la entrega de resultados con información básica »sobre cuántos somos, donde estamos y cómo vivimos».

Para noviembre del 2023 se tiene planificada la segunda entrega de resultados, que contempla la liberación de la base de datos y análisis especializados sobre temáticas de interés nacional. En conclusión, el proceso general del censo poblacional tardó un año en dar resultados al país.

La deserción de censistas

En diciembre del 2022, excensistas y exsupervisores comentaron a Radio La Calle toda la serie de irregularidades que estaría cometiendo el INEC en la fase presencial del Censo.

Las fuentes manifestaron que ocurrió de todo. Unos explicaron que el INEC vulneró sus derechos laborales, otros expresaron que sus superiores los obligaron a registrar datos erróneos de las personas censadas. Se reportaron robos y hubo censistas mujeres que sufrieron acoso sexual.

El exdirector del INEC, Byron Villacís advirtió no se puede confiar en los datos de este censo. Añadió que las consecuencias políticas son nefastas. Sin estadísticas certeras todas, las acciones y medidas de política pública del Estado serán erróneas. (A.G.M).

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El jefe de Estado ha tenido más de dos años para hacer este tipo de cambios. Sin embargo, a menos de cuatro meses de acabar su mandato, se percata de la situación de estas mujeres y del resto de personas privadas de libertad (ppl). Eso sin contar el número de muertes violentas dentro de los centros de rehabilitación social.

No obstante, el mandatario afirmó que los presos han perdido la libertad, «pero no la dignidad», cuando en su mandato las muertes dentro de los reclusorios pasaron los 400 fallecidos.

De la misma manera, el jefe de Estado aseguró que los reclusos son una de sus prioridades. Sin embargo, la mayoría de detenidos aseguró que la calidad de agua que consumen es regular. 13.690 personas aseguraron que es regular, mientras que 9.481 sostuvieron que la calidad del agua es mala.

Más promesas de Lasso

El 12 de mayo, el Servicio Nacional de Atención a privados de libertad (SNAI) contempló la construcción de cinco cárceles más en Ecuador hasta 2025. Sin embargo, el Gobierno de Lasso tiene sólo hasta Octubre para «mejorar» el sistema en los centros de privación de libertad.

Además, Lasso sólo ha invertido el 31 % de todo el presupuesto destinado para seguridad en 2022. Según el plan anual de inversiones 2022 (PAI), el régimen invirtió en el Ministerio del Interior el 0 % de todo el presupuesto, en Defensa Nacional el 33 % y para servicios de cárceles a penas el 21 %.

El presupuesto destinado para esta institución y el Sectorial de Asuntos Internos fue de USD 105,7 millones, pero solo utilizaron USD 47 millones. De toda esa cifra el SNAI recibió solo USD 7,6 millones de los más de USD 31 millones que estarían destinados. Es decir, se utilizó menos del 25 %.

El Gobierno Nacional había prometido, para 2022, mayor generación de empleos, estabilidad fiscal, manejo honesto y eficiente de los recursos. Sin embargo, la seguridad y el orden en Ecuador fue uno de los últimos puntos que consideró el jefe de Estado.

Mujeres detenidas

Las mujeres representan el 6 % de todos los privados de libertad; sin embargo, atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En las penitenciarias hay 19 mujeres embarazadas, 25 con enfermedades catastróficas y 212 padecen algún tipo de discapacidad.

De la misma manera, hay casi mil reclusas que están en la cárcel por tráfico ilícito de sustancias. No obstante, el robo y el homicidio son los delitos más cometidos, después de ese.

Las personas que obtuvieron el indulto presidencial tuvieron que cumplir cuatro requisitos:

1. Tener sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de robo, sin causar la muerte o lesiones en la víctima.
2. Haber tenido buen comportamiento dentro de la cárcel, es decir, no tener sanciones de disciplina.
3. No tener otras sentencias condenatorias u otras medidas cautelares.
4. No tener otro proceso penal pendiente en su contra.

Además, fueron absueltas las reclusas que padecían alguna enfermedad terminal o catastrófica.

«El primer censo penitenciario»

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), junto al Servicio Nacional de Atención a privados de libertad (SNAI), realizaron el primer censo penitenciario para conocer las situaciones sociodemográficas de los reclusos.

Según, Roberto Castillo, director del INEC, realizar este censo tomó 40 minutos por detenido, ya que se los entrevistó uno por uno. No obstante, no todos accedieron a ser censados.

En el Ecuador hay 31.321 detenidos, de los cuales 29.356 son hombres y 1.965 son mujeres. De la misma manera, en las cárceles hay un 10% de presos que son extranjeros.

El censo penitenciario demostró que hay una sobrepoblación en las cárceles del país, pues la capacidad es de 30.134, lo cual identificaba un excedente de 1.187 ppl. Es importante señalar que el registro de datos a la fecha varia, ya que la población de los centros penitenciarios es fluctuante.(DCJ)

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»Vamos a proteger la economía familiar», fue una de las propuestas del presidente Guillermo Lasso al llegar al poder en 2021. Hasta ese entonces el precio de la canasta básica rondaba por los USD 710.95 y a finales del 2022 subió a USD 763.44

En base a los últimos registros, actualmente el precio de la canasta básica es de USD 772.35, es decir, un aumento de casi USD 60 desde que el mandatario asumió la administración del país.

Según los datos del INEC, la inflación anual en junio del 2021 fue de -0,69%, hoy en día es de 1.69 %, el cambio del signo negativo ahora representa un incremento notable en los víveres que consumen los ecuatorianos.

Tipos de Canastas Básicas

De acuerdo con el INEC, se distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar, en la que se incluyen 75 productos y la vital, que contiene 73 productos. En el caso de la primera clasificación, la canasta vital se encuentra en un precio promedio de USD 542.06.

El valor de la Canasta Familiar Básica varía de acuerdo al lugar, en la región Sierra es de USD 779,14, la de la Costa es de USD 747,75, siendo Cuenca la ciudad más cara con una canasta básica de USD 792,72.

Un salario básico no sustentable

Actualmente, el Salario Básico Unificado (SBU) es de USD 450, un valor que no cubre la Canasta Básica Familiar, ni siquiera la Canasta Básica Vital. Una de las promesas del gobierno de Guillermo Lasso era incrementar el SBU a USD 500, el mecanismo para realizar esta acción era subir USB 25 el sueldo cada año.

Para la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), este incremento no significa una mejora en la vida de los ecuatorianos, sino todo lo contrario. Entre más costoso es contratar un trabajador, menos capacidad tienen los empleadores de dar trabajo. Esto impide el crecimiento de la nómina de empleados en las empresas.

De manera paradójica, en 2019 Lasso estaba en contra de su misma propuesta, pues en entrevista para un medio nacional dijo que aumentar el salario básico “solo generaría más desempleo e informalidad en el país. Generar más empleos con mejores ingresos no es una consecuencia de aumentar el salario mínimo…, debido a que los micro y pequeñas empresas no podrán pagar dichos salarios. En consecuencia, tendrán que reducir sus gastos y verse obligados a realizar recortes de personal”. (A.G.M).

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Lo grave es que son errores que cometen unos y pagan otros. El presidente Lasso y su ministro de Finanzas Cueva, al final del año 2021, en medio de la crisis económica, con destrucción de inversión y servicios públicos, impusieron una abusiva reforma tributaria que eliminó del impuesto a la renta por pagar las deducciones por gastos en salud, educación, comida y otros.

Eran deducciones que llegaban a 14575 dólares anuales pero las reemplazaron por un ridículo crédito tributario de 500 dólares al año, y con menor frecuencia, hasta de 1000 dólares anuales.

Hoy, vísperas del juicio político a Lasso el Gobierno anuncia una nueva ley para corregir en algo su pésima política tributaria y económica en general.
La Asamblea aprobará la nueva ley pero el necesario alivio tributario no se hará efectivo sino hasta el año 2025, cuando el gobierno esté de salida.

Mientras tanto los efectos negativos de la abusiva reforma del 2021 ya elevaron el costo de la vida perjudicando a las familias de Ecuador. Es que como era seguro esperar esta abusiva reforma tributaria subió los costos de producción en bienes y servicios, y por tanto, los precios finales que obligatoriamente debe pagar por ellos la gente.

La clase media fue la más afectada, pero no sólo la clase media, todas las personas en grado variable, en especial los 7 millones de pobres que el INEC reconoce tiene Ecuador y claramente las personas con ingresos bajos y fijos, simplemente porque así funciona el mecanismo de transmisión de precios en la economía.

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El objetivo sería “reconfirmar la condición de las viviendas y recuperar la información de las zonas de difícil acceso”. Por lo tanto, esta prolongación constituye una explotación para los censistas.

El censo, que arrancó el 7 de noviembre de 2022, tenía previsto su finalización el 18 de diciembre del 2022. Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre, después a enero de 2023 y finalmente a marzo. El fin es “asegurar la cobertura de todas las viviendas del país”.

Menos control de calidad, más presión

En este mecanismo de “control de calidad”, los censistas deberán pedirle la respectiva información al “vecino”, si el ciudadano no se encuentra en su domicilio. Para varios usuarios en redes sociales, este mecanismo no es confiable y alteraría la precisión en los resultados del censo.

Aclaración: Esta afirmación se basa en el manual de indicaciones que el INEC entrega a los censistas. El apartado del documento señala que si el censista no encuentra en la vivienda al ciudadano procede a preguntarle al vecino o un informante de referencia «¿Podría usted ayudarnos con información de dicha vivienda?»

Sin embargo, el INEC manifestó a Radio La Calle que la «información de dicha vivienda» únicamente hace referencia a la hora en la que el ciudadano se encuentra en su domicilio.

Además, tanto censistas como supervisores son presionados para terminar rápido este proceso. Un censista que prefirió el anonimato reveló a Radio La Calle que un supervisor tenía pendiente el análisis de 4 mil viviendas que “aparentemente nunca se visitaron” y debían terminar todo en un solo día.

Para cumplir con las exigencias deben restar las viviendas que previamente reportaron novedades, sin embargo, tratan de ser lo más eficientes en su trabajo. (A.G.M).

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El trabajo informal ascendió a 55%, tres puntos más en relación al año anterior según el INEC. Trabajadores informales son aquellos que laboran sin contrato. Trabajan más horas de lo que estipula la jornada laboral y no reciben el salario mínimo.

Las empresas que generan este tipo de trabajo son aquellas que no cuentan con el Registro Único de Contribuyentes (RUC). En estas, prevalecen las condiciones de precariedad laboral. Por otro lado, la tasa de desempleo fue de 3,8% en este enero de 2023. Un año antes, el indicador se ubicaba en 5,4%, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) del INEC.

Esto quiere decir que la cifra de personas con empleo formal aumentó al inicio de este año. Las personas con empleo formal son aquellas que trabajan bajo contrato, 8 horas laborales y reciben al menos un salario básico. (MJ)

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Hasta noviembre de 2022, el subempleo, es decir, una persona que gana por debajo del salario básico unificado, se ubicó en el 28,6 %. Además, en el mismo año, el subempleo y otros empleos registraron el 51,5 %, mientras que, en 2021 llegaron a 51,2 %.

De la misma manera, el presidente comentó que, en el campo, el empleo pasó de 14, 5 % en julio al 20 % en diciembre. No obstante, en diciembre de 2022, la pobreza en este sector obtuvo una reducción no significativa de 2,9 %.

Además, indicó que en las ciudades la generación de empleos pasó de 41,1 % a 44, 5 %. Mientras que los índices de pobreza no evidenciaron una disminución mayor. Según el INEC, estos sectores tuvieron una reducción no significativa del 1,3 %.

También, precisó que “con sus acciones” redujo el desempleo del 6,3 % al 3,2 %. Es decir, más de 271 mil personas empezaron a formar parte de la (PAE). Por el contrario, la cifra de las Personas Económica Inactiva aumentó. Pasó de 4.155.501 a 4.583.643 hasta diciembre de 2022.

“El crecimiento del Ecuador es en favor de quienes menos tienen”, finalizó el mandatario.

“Apoyo” en el campo

Según Lasso, su preocupación de reactivación económica parte desde el agro. Detalló que se gestionaron préstamos al 1 % de interés a 30 años. Mientras tanto, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, señaló que el mandatario solo ha cumplido con el 10 % de los acuerdos de las mesas de diálogo.

Además, continúa desatendiendo la condonación de deudas, alivio financiero y a lucha contra la minería ilegal. (N.J.C)

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Una inédita inseguridad ciudadana se ha sumado a la pobreza que sigue siendo el problema mayor de los ecuatorianos con todas sus graves extensiones recayendo sobre su educación, salud, nutrición, vivienda, seguridad social y servicios públicos, es decir, sobre su calidad de vida y posibilidades efectivas de progreso. Es que la pobreza no es solo falta de ingresos suficientes sino de oportunidades efectivas para atender todos esos componentes de calidad de vida. El viejo camino de las políticas económicas desde hace 40 años nunca resolvió esos problemas.

El ingreso real per cápita no solo que ha retrocedido al nivel de hace 10 años sino que la capacidad adquisitiva de cada ecuatoriano medida en paridad de poder adquisitivo (PPA) es la más baja de la región. En un reciente informe la FAO dice que 2.7 millones de ecuatorianos no tienen acceso a alimentos y literalmente están muriendo de hambre. Son los que nacen pobres y mueren pobres, aquellos que sin capacidad de ahorro hacen que la pobreza se transmita de una a otra generación.

Los indicadores económicos y sociales muestran inestabilidad económica e insuficiente crecimiento, tanto que entre los años 2017 a 2022 el crecimiento anual promedio del PIB fue apenas 0,9 %, mientras la ecuación de desempleo más subempleo atrapa al 67 % de la población económicamente activa que quiere trabajar, puede trabajar y busca trabajar.

Las cifras son de escándalo

Según el último informe del INEC sufren pobreza por ingresos el 25,0 % y pobreza extrema el 10,7% de una población total de 18 millones de ecuatorianos. El 39,2 % de la población total vive en pobreza multidimensional bajo las graves privaciones y carencias de los pobres. En la población rural los porcentajes se duplican. Una persona es pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita inferior a 2,92 dólares diarios y pobre extremo si percibe menos de 1,65 dólares diarios.

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF señala que en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta al 27,2% de los niños menores de dos años y que este problema no solo repercute en la productividad del país sino que causa grave impacto en la salud, desarrollo y capacidades a lo largo de toda la vida de los niños.

La mezcla de mala economía y pandemia COVID fue terrible para los ecuatorianos y una vez más el viejo camino seguido para conducir el Estado y la economía ni mínimamente resolvio sus principales problemas sociales y económicos. Especialmente desde hace 6 años la aplicación de principios neoliberales asociados a la «receta única» de letal «austeridad» y al fetiche del «Estado mínimo», no solo no los resolvieron, sino que como es evidente los profundizaron, agravando los daños en servicios públicos, crecimiento, informalidad, inequidad, seguridad y pobreza.

Frente a la izquierda anacrónica, ineficiente y opresora, frente al capitalismo salvaje con toda su destructiva avidez, codicia e inequidad, hay otro camino. Es el camino amigable con la vida y el planeta que que toma lo mejor del avance de la humanidad para construir una alternativa de Gobierno, solidaria pero a la vez eficiente, competitiva y productiva para crear crecimiento y progreso compartido.

¿Cuál debe ser el camino?

Es el camino para combatir con eficacia la pobreza y transitar hacia la prosperidad. Es el camino que comienza por eliminar del Gobierno los intereses económicos en conflicto y sustituirlos por los principios que rigen el bien común. Es el camino que rechaza dogmas y fanatismos para apoyar con inversión pública un crecimiento económico sostenible y sustentable que tiene orientación y dirección.

Es el camino que propicia la justa participación del mercado y del Estado. Que corrige los excesos del Estado y los abusos del mercado, que utiliza la inversión pública para que las familias prosperen. Es el camino que comprende que no puede haber desarrollo económico si no mejora la calidad de vida de la gente. Que no habrá paz si no hay justicia social.

El otro camino no deprime la economía. La reconstruye sin trasladar el peso del «ajuste» a las familias pobres ni a la clase media. Es el camino que también debe reconstruir la institucionalidad y la vigencia real del Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos seguridad jurídica y respeto. Es el camino en la coyuntura y en la perspectiva.

El otro camino es aquel donde los equilibrios macroeconómicos no son un fin en sí mismos sino medios útiles para alcanzar objetivos superiores. Un camino donde pragmáticamente se aplica lo que sirve al bien común, venga de donde venga, libre de recetas talla única que ignorando las realidades sociales de los pueblos, impiden alcanzar crecimiento económico, compartido y suficiente, oprimen a la gente, profundizan la inequidad y perennizan la pobreza.

El camino de la decencia…

Es el camino que sin fetiches combina responsabilidad fiscal con crecimiento económico, privilegiando políticas públicas que favorezcan a todos los ciudadanos, especialmente a los pobres y vulnerables. Es el camino que prioriza el destino y buen uso de los recursos del Estado, protege la vida y el planeta, genera crecimiento suficiente y buen empleo, permite ofrecer salud y educación, seguridad social y ciudadana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

No es un camino de mentes lentas, ni de élites, ni para élites, tampoco pone en venta la Patria. Es un camino definido con solidaridad, decencia, conocimiento, ilustración y experiencia, sin intereses económicos en conflicto, construido desde el bien común y orientado hacia el bien común, una alternativa socialmente justa y económicamente eficiente para que realmente funcione y sirva a la gente, un acuerdo que junte los mejores equilibrios entre el estado, el mercado y las familias, un camino sin prisiones mentales para ofrecer progreso y paz.

Es el camino que rechaza las formas de parecer y no ser, de ofrecer y no cumplir, de mentir y negar, de encender velas para Dios y el diablo. El otro camino no solo es posible, también es imprescindible, pero requiere vencer la resignación y escoger a los hombres y mujeres necesarios para construirlo y transitarlo junto con la gente.

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El Ministerio del Trabajo indicó que esta medida será aplicada para sectores que constan en las respectivas comisiones. La cartera de Estado señaló que existen 22 categorías, que son:

El sueldo no alcanza

En entrevista para Radio La Calle, el economista Marco Flores explicó que, pese a que el Ecuador es el segundo país con el sueldo más alto de Latinoamérica, se considera el más caro. En otras palabras, aunque los ecuatorianos reciban en 2023 un sueldo de USD 450 no les alcanza para comprar bienes y servicios. “Se trata de ampliar, y mejorar este crecimiento. De generar una reactivación a todo el cuerpo social y esto no está pasando”, detalló.

Agregó que este problema se debe a que año tras año la inversión social pública fue destruida y ahora el Estado “este cruzado de brazos”.

Disensos con el alza del SBU

Para la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), el incremento salarial no significa una mejora en la vida de los ecuatorianos, sino todo lo contrario. Entre más costoso es contratar un trabajador, menos capacidad tienen los empleadores de dar trabajo. Esto impide el crecimiento de la nómina de empleados en las empresas.

Por otro lado, señalan que debe considerarse el artículo 118 del Código del Trabajo, que establece que este aumento no debe superar los USD 11.37. De esta manera, el impacto sería menor en el mercado laboral.

La influencia de incremento salarial

Según el INEC, el alza del salario básico unificado abarca a 628.085 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Además, este incremento no solo repercute al salario de los trabajadores. Por ejemplo, la multa por no usar cinturón de seguridad es del 15 % de un SBU, hasta 2022 la sanción era de USD 63.75 y ahora sería de USD 67.50.

En el caso de pensiones alimenticias, también existe un incremento en el valor. El costo más bajo de la pensión de un hijo es del 28.12 % de un salario básico, es decir, USD 119.51 hasta 2022. Para el próximo año se estima que la cifra suba a USD 126.54. (A.G.M)

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