El pasado 27 de noviembre el Parlamento archivó este proyecto de ley en primer debate con los votos afirmativos de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, quienes argumentaron que la iniciativa del gobierno solo incrementaba impuestos a la ciudadanía.

¿Cómo se excusa el gobierno?

Pese a la resolución ya establecida, el Ejecutivo envió directamente su propuesta al Registro Oficial para su posterior publicación. Según su justificación, los proyectos económicos urgentes, como este, solo pueden ser archivados en un segundo debate en el pleno, instancia que no se alcanzó en este caso.

«Lo que el presidente Daniel Noboa ha hecho es respetar la Constitución y al no tener un pronunciamiento de la Asamblea en segundo debate sobre la Ley Antipillos , envió el proyecto al Ministerio de la Ley» dijo la asambleísta Inés Alarcón. Además manifestó que el Ejecutivo actuó de manera correcta al no dejar que el proyecto quedara en el limbo legislativo.

Respuesta de la Asamblea

Por otro lado, la Asamblea Nacional ha mantenido su rechazo a la promulgación. En un comunicado oficial, el Legislativo aseguró que el archivo se realizó en cumplimiento estricto del artículo 140 de la Constitución, que establece que los proyectos de esta naturaleza deben seguir el mismo procedimiento que los ordinarios, salvo en los plazos.

También citó el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta al pleno a archivar propuestas legales en primera instancia. Desde el 2014 se han archivado 52 proyectos ordinarios, según cita el comunicado.

¿Porqué la Asamblea se opuso a Ley Antipillos?

La preocupación radica en los posibles efectos de la «Ley Antipillos», destacando que incluye medidas como un impuesto a la venta de vehículos usados, una medida que afectaría negativamente la economía de los ciudadanos.

Aunque el Gobierno asegura que la norma busca combatir el lavado de activos y mejorar la recaudación fiscal, críticos advierten que algunas disposiciones, como el mencionado impuesto, podrían generar un impacto adverso en ciertos sectores económicos, agravando las dificultades actuales de los ciudadanos.

La polémica por la «Ley Antipillos» refleja las tensiones entre los dos principales poderes del Estado y deja en evidencia la necesidad de mayor claridad y consenso en el manejo de proyectos legislativos de alta relevancia.

La entrada Gobierno impone la «Ley Antipillos» tras su archivo en la Asamblea se publicó primero en La Calle.

Con 87 votos afirmativos, 37 negativos y 5 abstenciones el Pleno de la Asamblea resolvió no acatar la orden del juez Edgar Salazar para retomar los juicios políticos contra los exfuncionarios de Gobierno. Asimismo, se solicitará al Comité de Ética que inicie procedimientos administrativos contra Inés Alarcón y Xavier Jurado.

“Vamos a accionar contra los asambleístas que no acaten la acción de protección”, dijo la asambleísta Valentina Centeno, quien a su vez resaltó que el incumplimiento de la decisión judicial podría desembocar en una destitución.

Los juicios políticos en contra del exministro de Economía, Pablo Arosemena; la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo; y el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, fueron archivados debido al retiro de firmas de respaldo a estos procesos impulsados por el oficialismo.

Esta acción adelantó las diligencias en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia. La legisladora Centeno aclaró que »bajo ningún concepto» esta acción de protección busca que no se fiscalice el trabajo de los funcionarios del Gobierno.

Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón, quien interpuso la acción de protección para retomar estos juicios políticos, argumentó que existió una vulneración de derechos y que nunca le llegó la notificación del retiro de firmas.

El oficialismo se queda solo

El pasado 22 de agosto el secretaria de la Asamblea, Alejandro Muñoz, anunció que el órgano Legislativo no acatará dicha sentencia. Asimismo calificó a esta decisión judicial como un hecho de »corrupción» y desde el Parlamento solicitarán la destitución del juez Edgar Salazar, quien admitió la acción de protección de Inés Alarcón.

El funcionario aclaró que no pueden acatar esta resolución ya que estarían incumpliendo una sentencia aún mayor de la Corte Constitucional, que manifiesta que la justicia no debe ser tomada para resolver conflictos de naturaleza política. Ante estas declaraciones, el oficialismo interpuso una demanda contra Muñoz por el presunto delito de usurpación de funciones.

El Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) y Construye expresaron su respaldo al Secretario del Legislativo. La parlamentaria Paola Cabezas señaló que solo la Corte Constitucional puede destituir a una asambleísta, más no el poder judicial. (AGM).

La entrada Oficialismo buscará la destitución de asambleístas por desacato se publicó primero en La Calle.

»Esta sentencia de intereses políticos aberrante, arbitraria y corrupta no será acatada por ser imposible de aplicar», dijo el secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz.

El funcionario argumentó que si la Asamblea efectúa esta sentencia estaría incumpliendo un dictamen aún mayor de la Corte Constitucional que impide que la justicia constitucional interfiera en temas políticos. La decisión final la tomarán los 137 parlamentarios luego del receso legislativo.

Por otro lado, Muñoz cuestionó que en primera instancia la acción de protección haya sido retirada del Tribunal de Iñaquito, al norte de la capital, tras conocer quien sería el juez de la causa. El recurso legal fue presentado nuevamente en Quitumbe y cayó en manos del juez Edgar Salazar, quien falló a favor de la asambleísta Alarcón.

Desde el Legislativo se solicitará a Judicatura la destitución del juez del caso y se interpondrá una denuncia en Fiscalía por el delito de prevaricato. Asimismo analizarán las acciones de la asambleísta que »puso en problemas legales» al primer poder del Estado.

La respuesta del oficialismo

Por su parte la asambleísta Inés Alarcón señaló que el Legislativo »debe acatar la decisión de la justicia y dejar de proteger a los exministros de Lasso».

Según justificó, el juez reconoció que no se le notificó oportunamente el retiro de las firmas de respaldo a su pedido de juicio político contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, ni tampoco se dio paso al ingreso de las nuevas rúbricas de apoyo al proceso.

El ministro de Gobierno, Arturo Félix, también se pronunció ante lo ocurrido y bajo el discurso de la vieja política pidió al Legislativo que se respeto el orden de los juicio políticos y acojan la resolución del juez.

La entrada ¿El oficialismo busca retrasar el juicio político contra la fiscal Diana Salazar? se publicó primero en La Calle.

«Aquí no hay pactos por abajo de la mesa», dijo el titular del Legislativo en un conversatorio con los medios de comunicación.

El próximo 21 de febrero decidirá si dar el visto bueno a los cambios propuestos al COIP. Según Kronfle, la aprobación total del paquete de reformas no tiene la aceptación de la gran mayoría de bancadas por lo que existen las siguientes vías:

• Moción de la Comisión de Justicia: Aprobación total
• Moción de votación por bloques, es decir, lo positivo, lo negativo y lo quer no se cruce con la consulta popular
• Moción de Construye: Archivo total de las reformas

Agregó que también existe la posibilidad de que las propuestas regresen a la comisión parlamentaria para la revisión de textos.

Por su parte, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) planteó dejar por fuera 17 artículos que ya se serán tratados en la consulta popular. La asambleísta Inés Alarcón manifestó cuentan con el apoyo de legisladores independientes, Partido Social Cristiano (PSC), incluso, del movimiento Construye.

Posición del PSC

Existen varias reformas polémicas que generan el debate al interior del Parlamento, entre ellas el levantamiento de la reserva de información de investigaciones penales y la posibilidad de que entes internacionales revisen las sentencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Kronfle señaló que desde la bancada del PSC rechazan ambas propuestas, por un lado dijo que levantar la reserva de los casos implicaría la vulneración de los procesos de investigación y podría existir filtración de información importante.

Respecto al recurso de revisión dijo que este mecanismo debería aplicarse en »errores garrafales» y no debería ser un procedimiento simple. No obstante, resaltó que la ley si acoge este recurso amparándose en los procesos de la Corte Interamericana de Derechos (CIDH). (AGM).

La entrada Kronfle: «Aquí no va a haber agenda de impunidad» se publicó primero en La Calle.

»Los acuerdos son móviles, son alianzas puntuales las que se están llevando para tener los votos para que nuestro presidente pueda cumplir con las promesas de campaña», dijo a los medios de comunicación respecto a la alianza entre la RC, PSC y ADN, a la cual también se unió el movimiento SUMA.

Según la legisladora, dentro del pacto se estableció que la primera vicepresidencia sea para la Revolución Ciudadana (RC) y la segunda vicepresidencia a la bancada oficialista. Por otro lado, la alianza respaldará a Henry Kronffle del Partido Social Cristiano (PSC), quien busca estar frente al Legislativo.

Del otro lado, Marcela Holguín, legisladora de la RC, indicó que existe la posibilidad de que dos parlamentarios de la bancada a la que pertenece ocupen un lugar en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La negativa de Construye

»Somos la oposición a la impunidad, al autoritarismo, a la corrupción, a la concentración del poder. Somos la oposición al control de los medios y al estado de propaganda. Somos la oposición al correismo», fue el mensaje de la bancada de Construye.

Además el movimiento señaló que no darán sus votos para que la Comisión de Fiscalización pase a manos de la parlamentaria de la RC, Pierina Correa.

Por su parte, ella indicó que no está interesada en dirigir esa mesa legislativa. »Nada más alejado de la verdad, si a mí me preguntan que comisión me gustaría elegir probablemente dijera en la de niñez, en la cual ya trabajé», dijo a los medios de comunicación. (AGM).

Somos la oposición al correísmo, no al gobierno, no a las fuerzas políticas democráticas.

Nos ratificamos en nuestra agenda por la seguridad, el empleo, la no impunidad, una justicia independiente. Nos ratificamos en un comportamiento constructivo, democrático, no… pic.twitter.com/Cd8F19R6I2

— Construye_Ecu (@Construye_Ecu) November 15, 2023

La entrada Bancada oficialista busca dirigir la Comisión de Desarrollo Económico se publicó primero en La Calle.