Tres asambleístas de Revolución Ciudadana –Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna– formalizaron el 31 de julio ante la presidencia de la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político contra Manzano. La petición, respaldada por más del 25% del Legislativo (según artículo 79 de la LOFL), alegó causales constitucionales y legales (artículos 78-79 LOFL y 131 Constitución).

Los legisladores vinculan a la ministra con el Caso Progen –contratos adjudicados el 2 de agosto de 2024 para construir las centrales hidroeléctricas El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW)–, donde la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y civil.

González manifestó que «la Asamblea no puede evadir su deber de control político ante posibles actos de corrupción», mientras Barreto alertó que el escándalo «ha comprometido todo el sector energético». La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal paralela por el caso.

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El pedido, anunciado por el asambleísta Franklin Samaniego, cuestiona que las pesquisas del denominado «Caso Apagón» —que investiga un presunto peculado con perjuicios de más de USD 100 millones, según la Contraloría— se hayan centrado en funcionarios de rango medio, como el exgerente de CELEC Fernando Calero, allanado el pasado 28 de julio. Samaniego exigió que se apliquen «medidas urgentes» contra los ministros, argumentando que «quienes estuvieron al frente de las directrices deben responder» ante las irregularidades verificadas.

Crisis eléctrica y contratos improvisados

Los hechos se remontan a abril de 2024, cuando Ecuador enfrentó cortes masivos de luz. El entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, declaró emergencia en el sistema eléctrico el mismo día de su posesión (16 de abril), autorizando a CELEC a realizar contrataciones directas para incorporar generación termoeléctrica.

En mayo de 2024, Luque viajó a Houston (Texas, EE.UU.) junto al entonces gerente de CELEC, Fernando Calero, para evaluar instalaciones de Progen, una de las empresas interesadas. Un mes después, Calero declaró emergencia en CELEC y delegó en subalternos la firma de contratos con Progen, argumentando urgencia para evitar nuevos apagones.

Graves fallas

Pese a las promesas, las plantas en Quevedo y Salitral nunca operaron:

• En Quevedo, Progen incumplió plazos y solo entregó 17 de 20 generadores, ninguno operativo.
• En Salitral, aunque llegaron 29 motores, faltaron obras críticas como un transformador.
  CELEC terminó unilateralmente ambos contratos en junio de 2025.

La Contraloría detectó que los equipos ofrecidos por Progen no eran nuevos, carecían de certificación como fabricante autorizado y correspondían a modelos discontinuados desde 2019. Además, los motores —diseñados para diésel— incumplían el requerimiento de operar con Fuel Oil.

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Palma detalló que las exportaciones iniciaron el pasado 18 de julio, aprovechando excedentes hídricos colombianos. Solo para este jueves 24 de julio, las ventas programadas alcanzaron 1.24 gigavatios hora-día, con un pico de 228 MW entre las 14h00 y 15h00. «Operamos bajo esquemas competitivos pese a tener capacidad para crisis internas», justificó el funcionario.

El anuncio choca frontalmente con las afirmaciones de la ministra ecuatoriana de Energía, Inés Manzano, quien hace dos semanas garantizó que «este año no habrá necesidad de comprar energía a Colombia». Durante una entrevista en Visionarias, Manzano aseguró que el sistema eléctrico nacional podría enfrentar la época seca sin apagones ni importaciones.

Contradicciones claras

Paradójicamente, el mismo gobierno que descartó compras externas ahora destinará USD 165 millones para adquirir 200 megavatios adicionales de generación térmica. Manzano había argumentado que Ecuador recuperará 409 MW en 2025 y firmará contratos por 260 MW con Perú «hacia 2027».

La reactivación del flujo energético con Colombia en plena antesala del estiaje que inicia en agosto pone en duda la solvencia técnica de las proyecciones oficiales.

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El documento revela que los equipos entregados —fabricados en 2016 y sin certificación de compatibilidad con el sistema nacional— fueron recibidos como «nuevos» pese a su antigüedad, mientras CELEC EP desembolsó USD 71.4 millones (80% del contrato) anticipadamente sin verificar avances físicos o pruebas operativas.

La planta operó sin licencias ambientales o municipales, violando normativas, y careció de certificados de garantía técnica del fabricante, configurando un «incumplimiento contractual grave». Ante estos hallazgos, la Contraloría remitió el caso a la Fiscalía por posibles delitos de peculado y tráfico de influencias.

¿Lavado de manos del gobierno?

En respuesta, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció la salida de «varios funcionarios» de su cartera vinculados a los contratos con Austral y Progen —este último involucrado en proyectos paralelos—, aunque omitió revelar nombres. Las irregularidades se originaron durante la crisis energética de 2024, cuando el Ministerio declaró emergencia nacional para acelerar compras ante el déficit agravado por sequías y el fenómeno de El Niño.

El proceso para la contratación de generadores eléctricos comenzó bajo la exministra Andrea Arrobo —censurada posteriormente por la Asamblea—, quien inició la contratación mediante el polémico «Giro Específico de Negocio», mecanismo de adjudicación directa cuestionado por opacidad. Su sucesor, Roberto Luque (entonces encargado), continuó las negociaciones junto al secretario de Administración Arturo Félix Wong y Fabián Calero —entonces titular de CELEC y actual viceministro de Electricidad—, quienes supervisaron visitas técnicas y anuncios públicos con las empresas.

Luego llegó el exministro Antonio Goncalves a la entidad y aseguró que «todos los procesos legales se cumplieron», la Contraloría contradice esta versión al exponer pagos totales de USD 168.9 millones a Progen y Austral por plantas que, a la fecha, permanecen inoperantes. Manzano, al asumir el cargo, intentó sostener los proyectos pero pronto alertó sobre «problemas de ejecución», culminando en las destituciones tras el escándalo.

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El proceso RE-CSCD-MEM-2025-002 fue publicado el pasado 9 de julio y está en la fase de entrega de propuestas. La contratación durará un lapso de 90 días y solo existe una empresa invitada: Mabeca Corporation S.A. Además tras la firma del contrato, el Ministerio entregaría el 70% de anticipo.

La cartera de Estado explicó que la pauta se implementará en medios masivos, digitales y plataformas de redes sociales, según la necesidad
institucional. Por otro lado, detalló un impacto en distintos niveles: nacional, regional, local, comunitario e internacional de ser el caso. Su objetivo es «informar, sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre el uso responsable y sostenible de la energía«. Según su pronóstico, las campañas contribuirían a la optimización de la demanda del sistema eléctrico.

No hay que dejar de lado que durante la administración de Daniel Noboa se han invertido USD 12 millones en pauta en 2024 y USD 5 millones solo en mayo de 2025, cifras que contrastan con los recortes en sectores estratégicos.

¿Pérdidas millonarias?

El contralor Mauricio Torres confirmó hallazgos de responsabilidad civil, administrativa y penal en contratos de CELEC con Progen y Austral Technical Management (ATM). El informe sobre ATM —aprobado el 14 de julio— reveló que los generadores entregados eran usados (2016) y operaban a 50 Hz, no a 60 Hz como exige Ecuador, configurando un «perjuicio al Estado». El informe de Progen se aprobará el 18 de julio.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), a cargo del Ministerio de Energía, desembolsó USD 168.9 millones a las empresas Progen y Austral para plantas eléctricas con retrasos de 5 a 7 meses:

• Progen recibió el 65% de sus contratos (USD 49.7 millones para Quevedo y USD 99.4 millones para Salitral). Solo 17 de 20 unidades llegaron a Quevedo, y en Salitral faltan obras críticas como un transformador desde China.
• Austral cobró el 80% de su contrato, sin cumplir plazos.

El Estado acumula USD 17 millones en pauta gubernamental (2024-mayo 2025) mientras pierde la inversión en infraestructura energética. La asignación de recursos públicos genera dudas sobre la eficacia real de campañas «educativas» cuando persisten fallas estructurales no resueltas en el sector.

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Entre el 28 de mayo y el 3 de junio la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) canceló los contratos firmados en agosto de 2024, ignorando avances técnicos clave: Progen ya instaló 46 de 49 generadores —incluidos 17 de 20 en Quevedo— y completó el 130% del trabajo pagado.

La decisión, calificada por la empresa como «arbitraria y sin diálogo previo», desembocará en arbitraje internacional contra el Estado. John Manning, CEO de Progen, reveló que CELEC adeuda millones de dólares por obras civiles y los multó injustamente. «Ahora pretende expulsarnos cuando solo nosotros podemos operar esta tecnología única», detalló.

Raíces del fracaso: opacidad y descoordinación estatal

• Plazos irrealistas: Los proyectos (100 MW en Salitral por USD 99.4 millones y 50 MW en Quevedo por USD 49.7 millones) tenían metas imposibles: 4 y 3 meses respectivamente.
• Sanciones contradictorias: Mientras el Ministerio de Energía multaba a Progen con USD 900.000 en diciembre de 2024 por retrasos, CELEC paralizaba pagos de obras civiles, ahogando financieramente a la empresa.
• Señales cruzadas: Progen asegura que los retrasos se debieron a «trabas burocráticas de CELEC», incluida la no renovación de garantías y cambios no autorizados en diseños.

Impacto nacional: el fantasma de los apagones regresa

La cancelación sabotea el Plan de Estiaje 2025-2026, diseñado para evitar una réplica de la crisis de 2024 —11 horas diarias sin luz— mediante 979 MW nuevos. Las plantas de Quevedo y Salitral eran el 15% de esa meta y la única solución inmediata para zonas críticas. El Operador Nacional (Cenace) advirtió que, sin ellas, Ecuador dependerá en un 82% de hidroeléctricas vulnerables ante el estiaje pronosticado de septiembre 2025 a marzo 2026

La bomba de tiempo jurídica

Progen exige una mesa técnica para actualizar contratos según costos reales que contemplen la inflación y sobreprecios por demoras. También solicitó extender garantías y plazos hasta septiembre 2025. Si CELEC rechaza la negociación, Ecuador enfrentaría:

• Demandas millonarias: Progen reclama daños por «incumplimiento sistémico» del Estado.
• Congelamiento de inversiones: Bancos internacionales ya revisan préstamos para proyectos energéticos.
• Costo político: El gobierno de Noboa arriesga su promesa de «modernizar el sector eléctrico».

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Desde que ocurrió la emergencia, Petroecuador no había proporcionado públicamente el dato oficial del volumen derramado, a pesar de los constantes pedidos realizados por medios de comunicación. Tanto la entidad como distintas autoridades habían sostenido que aún no contaban con la cifra definitiva.

Cifras contradictorias: ministra dijo 3.800, Petroecuador confirmó 25.116

Sin embargo, en días recientes, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró en entrevistas que presuntamente un sabotaje provocó la rotura del SOTE. En ese momento, indicó que se regaron 3.800 barriles de crudo, una cantidad significativamente menor a la que luego expuso el informe técnico y confirmó la petrolera estatal.

En el comunicado difundido este martes, EP Petroecuador detalló que se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua, mediante 179 tanqueros, que han sido trasladados a la Refinería Esmeraldas. Allí se realizarán los respectivos procesos de separación en tanques especiales conocidos como slop.

La empresa señaló que “la rápida respuesta de EP Petroecuador permitió la contención en los diques construidos de manera inmediata, tras la alerta”. Además, se han desplegado tareas de limpieza en las riberas, orillas y vegetación de los ríos Caple, Viche y Esmeraldas, zonas afectadas por el derrame.

En el marco del convenio con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), la estatal destinó hasta la fecha aproximadamente USD 4 millones para la implementación de medidas de contingencia.

El informe aseguró que, respecto a la producción petrolera, “todos los pozos que fueron apagados por el evento ambiental se encuentran operando normalmente y se han retomado las exportaciones de Crudo Oriente”.

Despliegue de ayuda y refuerzo en el control en playas

Se destacó el despliegue de atención a las comunidades. Se instaló un sistema de bombeo para captar agua del río Esmeraldas, y con el apoyo de la Armada del Ecuador, Termoesmeraldas y la Cruz Roja Ecuatoriana, se distribuyeron 4’227.521 litros de agua potable. Además, se entregaron 8.607 raciones alimenticias, kits de purificación y tanques para almacenamiento. A través de brigadas médicas, se brindaron 1.238 atenciones de salud en comunidades, recintos y parroquias.

Las acciones de limpieza también alcanzaron las playas, donde se mantiene el monitoreo constante de trazas de hidrocarburos y restos de petróleo arrastrados por la marea. Actualmente se ejecutan tareas en Musine, Tonsupa, Peñas Blancas y Cabuyal. Por otro lado, inspecciones junto al Ministerio del Ambiente (MAATE) en las playas Piqueros, Tongora, Cabo San Francisco, La Galerita y el Refugio de Galeras San Francisco no detectaron presencia de hidrocarburos.

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Manzano señaló que en un inicio se manejó la hipótesis de que la rotura de la tubería fue consecuencia de un deslizamiento de tierra, pero que tras investigaciones posteriores, un informe de inteligencia policial apunta a un posible sabotaje. Además, mencionó que un documento del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado (CIES) advierte sobre otro posible atentado contra el sistema de agua en Papallacta y Auca, lo que podría comprometer el abastecimiento en Quito.

En este contexto, la ministra hizo un llamado al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sugiriendo que el Municipio tiene información sobre los responsables. “Dígale a la gente que está haciendo el sabotaje, que sabemos de dónde es, que eso no se puede hacer”, declaró Manzano.

El municipio responde ante declaraciones de Manzano

El Municipio de Quito emitió un comunicado este 20 de marzo de 2025 en respuesta a las declaraciones de la ministra de Energía, Inés Manzano. En el documento, la Alcaldía aseguró que no se ha identificado ningún riesgo de contaminación en Papallacta, pero, ante la alerta generada, solicitó la intervención del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General del Estado.

Municipio pide militarizar el Sistema Papallacta

Como medida de prevención, el Municipio indicó que ha pedido la militarización de las instalaciones del Sistema Papallacta Integrado, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y la provisión segura de agua potable en la ciudad.

Además, el alcalde Pabel Muñoz informó que se ha presentado una noticia criminis ante la Fiscalía, con la intención de que se tomen acciones legales y se investigue la veracidad de la denuncia realizada por la ministra.

Por otro lado, el Cabildo explicó que, aunque no se ha detectado ninguna anomalía en el sistema de agua, se ha desplegado un contingente técnico y humano para monitorear permanentemente las zonas mencionadas en el informe de la ministra.

Aquiles Alvarez reacciona

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó con indignación a las declaraciones de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien sugirió la posibilidad de un sabotaje en el sistema de agua de Papallacta y Auca, mencionando directamente al alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

A través de su cuenta en X, Alvarez cuestionó el nivel de la ministra y calificó sus afirmaciones como irresponsables y vergonzosas.

«Dios mío, qué nivel de ministra tenemos… Escuchar esto da asco. Son capaces de decir y hacer cualquier cosa para sacarse las responsabilidades de encima. Acusar de frente al alcalde @pabelml es muy bajo», escribió el alcalde guayaquileño.

Además, instó a Muñoz a tomar acciones legales contra la funcionaria, asegurando que este tipo de declaraciones no pueden quedar impunes. «Alcalde, no deje este tema así, demande a la ministra Manzano. Hay que sentar precedentes. Esta gente cree que puede decir cualquier cosa, que puede dañar la honra de la gente con desparpajo», enfatizó.

Álvarez también recalcó la gravedad de la acusación, señalando que vincular al alcalde de Quito con un posible sabotaje es una denuncia sumamente delicada que no puede quedar sin respuesta.

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La reunión, convocada por el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), contó con la presencia de representantes de diversos sectores. Los asistentes criticaron la falta de transparencia en la adjudicación del campo a un consorcio internacional, señalando que el Gobierno negoció «a espaldas de la ciudadanía» y favoreció intereses extranjeros.

David Almeida, secretario de ANTEP, alertó sobre inconsistencias en las cifras oficiales de renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país. «Este es el peor atraco petrolero de la época moderna», afirmó, comparando el caso con la entrega del campo Auca en 2015.

Acciones legales y pedido de juicio político

El abogado Washington Andrade anunció acciones legales contra el proceso de adjudicación, denunciando presuntos delitos como peculado, traición a la patria, corrupción y fraude procesal. Además, las organizaciones sindicales respaldaron un pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, y solicitaron a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría urgente del contrato.

José Villavicencio, presidente del FUT, calificó la adjudicación como un «atraco» y advirtió que recurrirán al «derecho a la resistencia» si el gobierno no revierte la decisión. «Los beneficiarios de esta entrega son el presidente Daniel Noboa y su familia», afirmó, acusando al Ejecutivo de violar la Constitución.

Movilización nacional y acciones futuras

Como medida de presión, los asistentes convocaron un «tuitazo» nacional para el 10 de marzo y un plantón en varias ciudades del país el 11 de marzo, fecha límite establecida por el presidente Noboa para recibir la prima por la adjudicación. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldó la iniciativa y anunció que el 12 de marzo se realizará una nueva convocatoria para sumar a otros sectores.

Almeida también denunció que, tras las primeras críticas al proceso de adjudicación, el gobierno despidió a 28 trabajadores de Petroecuador, incluido el jefe del Campo Sacha. «En lugar de aclarar las dudas, nos persiguieron», afirmó, señalando que los despidos fueron una represalia por las denuncias públicas.

Aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) se mostró a favor de la concesión, Almeida aseguró que esta postura responde a un «chantaje» del gobierno, que habría utilizado la negociación del contrato colectivo y la entrega de beneficios sociales para presionar a los trabajadores.

Llamado a la unidad

El Frente de Defensa Petrolero hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la ciudadanía para impedir la privatización del Campo Sacha. «No podemos permitir que se firme un contrato que incluye una cláusula de arbitraje internacional, lo que sería una entrega total de nuestra soberanía», concluyó Andrade.

La movilización del 11 de marzo marca el inicio de una serie de acciones que buscan revertir lo que las organizaciones sociales consideran un atentado contra los intereses del país y sus recursos estratégicos.

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En el caso Chalecos de las FF. AA. se han realizado pedidos de información a las autoridades competentes y en estos días llamará a comparecer al Ministro de Defensa, Director General del Sercop, Contralor General del Estado, entre otras autoridades. Mientras que para el caso Petronoboa se volverá a solicitar las comparecencias de la Ministra de Energía, Director Ejecutivo de la ARCH, Secretario General de Integridad Pública y el Director General del SRI.

La mesa parlamentaria resaltó que si otra comisión pretende, a la par, iniciar un proceso de fiscalización por estos casos, en los que ha prevenido legalmente la Comisión de Justicia, estaría incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 26 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incurriendo en una falta grave conforme a lo establecido en el Artículo 170 numeral 4 de la citada ley.

La aclaración fue una respuesta al oficialismo que preside la mesa parlamentaria de Seguridad y pretende tratar el caso Petronoboa.

Caso Petronoboa

Respecto al Caso Petronoboa, el asambleísta Leonardo Berrezueta señaló que de comprobarse las irregularidades en Petronoboa se configurarían delitos como tráfico de influencias y tráfico de combustibles. Cuestionó que la empresa de la familia presidencial haya obtenido el permiso para distribución de combustibles en menos de 24 horas cuando el proceso tarda alrededor de seis meses.

También indicó que más de 3 millones de galones de combustible subsidiado se distribuyen entre los clientes industriales de Petronoboa. De esta cifra, 1.152 millones galones van direccionados a la Compañía de Elaborados El Café, que tiene como accionistas a miembros de Grupo Noboa.

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“Lean bien”

La ministra de Energías respondió al comunicado de la Asamblea Nacional y al pronunciamiento de la candidata Luisa González, indicando que la firma del contrato aún no estaría consumada. La respuesta al Legislativo fue que la privatización no contraviene a la Ley de Hidrocarburos y que lo harán “pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social”; sin embargo, este domingo 2 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea publicó un documento oficial entregado por la Superintendencia de Compañías donde denuncian que la empresa privada Petrolia Ecuador S.A. no tiene experiencia y que apenas registra un capital de 2.000 dólares.

Mientras que, a la publicación de la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, la ministra Inés Manzano señaló de “cínica e ignorante” e increpó cuente lo de Auca y Shushufindi.

La discusión en redes sociales, entre simpatizantes de ADN y RC, se dio alrededor de la firma de concesión que aún no estaría hecha. Pero también hubo reacciones de varios sectores y actores sociales que rechazan la posibilidad de vender el campo petrolero de mayor aporte al Estado ecuatoriano. Según los acuerdos de participación del Consorcio, el 87,5% será para la privada, es decir que, 80 de cada 100 barriles producidos en el Bloque 60 pasarán a manos del Consorcio subsidiario español y chino.

Reacciones de rechazo a la privatización

El excandidato presidencial por Pachakutik, Leonidas Iza, fue el primero en rechazar que Daniel Noboa entregue directamente el Campo “entre gallos y medianoche y aprovechando un feriado”. Aseguró que esta adjudicación sería ilegítima y anunció acciones para frenar lo que calificó como “intento de saqueo a la Patria”.

Por su parte, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió que esta decisión, de objetivos eleccionarios, reducirá los ingresos económicos del país para atender requerimientos fundamentales de los ecuatorianos. Asimismo, la Central sindical de trabajadores públicos y privados (CEOSL) condenó la decisión del gobierno de Noboa de concesionar a la “joya de la corona” que en el 2024 produjo un promedio de 77.191 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción nacional. Señalan, además, que esta es una medida grave de traición a los intereses nacional porque se entrega una de las principales fuentes de riqueza del país a intereses extranjeros por sobre los derechos de los trabajadores ecuatorianos.

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La Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y el Petróleo del Ecuador (ANTEP) ha sido la principal organización en denunciar esta concesión, desde el año pasado, cuando su secretario general, David Almeida, hizo pública esta intención del Gobierno Nacional. Estas denuncias públicas le costaron su puesto de trabajo en Petroecuador y persecución política, incluso amedrantamientos en su contra y de su familia. La Asociación manifestó su rechazo por la pérdida de USD 1.044 millones para el país, durante los próximos 20 años.

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Según Progen, la ministra omitió información clave al afirmar que los generadores para el proyecto Quevedo no han sido inspeccionados ni entregados. La empresa aseguró que ha cumplido con la entrega del 79% de los equipos contratados —23 de 29 generadores—, y que los retrasos en el envío de los restantes se deben a eventos de fuerza mayor, como huracanes y una huelga en los puertos de Estados Unidos, todos debidamente notificados a las autoridades.

Falta de inspección en Estados Unidos

Progen desmintió las acusaciones de Manzano sobre una supuesta falta de colaboración para la verificación de los equipos. La empresa afirmó que CELEC EP no envió a sus técnicos a Tampa, Florida, dentro del plazo de cinco días posteriores a la firma del contrato, el pasado 3 de septiembre.

“Han transcurrido más de 115 días sin que se realice esta inspección técnica, que es responsabilidad de CELEC EP. A pesar de ello, hemos facilitado todas las condiciones para la visita, que fue reprogramada del 12 al 18 de diciembre por motivos de salud del personal designado por CELEC”, señaló la empresa a través de un comunicado.

Avances en Salitral y compromisos pendientes

Progen informó que los generadores entregados para el proyecto Salitral ya están en proceso de instalación y calibración, mientras que los equipos restantes, incluidos transformadores y tableros de control, están en vías de entrega. La empresa aseguró estar trabajando para completar el proyecto en el menor tiempo posible.

Posibles implicaciones legales

Progen advirtió que una terminación unilateral del contrato podría generar graves consecuencias legales y financieras para el país, además de retrasos significativos en la ejecución de proyectos críticos para el suministro energético. La empresa reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones contractuales.

“Es fundamental basar las decisiones en hechos verificables y no en señalamientos inexactos”, concluyó Progen en su pronunciamiento oficial.

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De acuerdo a las declaraciones de la ministra de Energía (e), Inés Manzano, en Centro Digital, Progen no ha cumplido con las condiciones estipuladas para los proyectos termoeléctricos de Quevedo, en Los Ríos, y Salitral, en Guayaquil.

Ambos contratos, adjudicados el pasado 2 de agosto por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), tenían el objetivo de inyectar un total de 150 megavatios al sistema eléctrico del país a cambio de una inversión de USD 149.1 millones.

En el caso de Quevedo, la ministra informó que los 20 generadores destinados a la central termoeléctrica aún se encuentran en Estados Unidos. La razón principal del retraso, según Manzano, es que la empresa no ha proporcionado una dirección para que los técnicos de CELEC puedan realizar la inspección de los equipos. Tampoco han respondido a los pedidos de información por parte del Ejecutivo.

“La verificación no la hemos hecho porque ellos no han enviado la dirección para los de Quevedo. Mientras no entreguen la dirección, no hay nada que hacer”, señaló.

Respecto al proyecto en Salitral, la situación es apenas más alentadora. Progen entregó 23 generadores termoeléctricos el pasado 30 de noviembre, que ya están en proceso de instalación y calibración. Sin embargo, aún faltan seis generadores adicionales, además de componentes clave como transformadores, tableros de control y electrógenos.

Sobre estos equipos, la ministra explicó que la empresa ha presentado dificultades técnicas. “Hemos tratado de ayudar con esto último de los transformadores, pero ha sido difícil porque los que necesitan son de diferentes voltajes”, comentó.

Contradicciones y sanciones económicas

Otro aspecto preocupante es la falta de transparencia por parte de Progen Industries. La titular manifestó que la empresa ha ofrecido versiones contradictorias sobre el origen de los equipos. Inicialmente, argumentaron que fueron fabricados en China, pero luego cambiaron la versión indicando que provenían de Estados Unidos.

“Al final del día, el Gobierno desconoce dónde está la maquinaria ni dónde fueron fabricados. Pero tienen que entregarlos, y eso estamos esperando”, añadió Manzano.

En respuesta a estos incumplimientos, el Gobierno ya ha enviado dos notificaciones formales de incumplimiento, lo que activa una multa de hasta el 5% del valor del contrato. No obstante, Manzano aseguró que las acciones no se limitan a las sanciones económicas: “Estoy impulsando acciones legales porque este es un recurso del país, dinero de todos, y hay que salvaguardarlo. Me tienen que entregar equipos y maquinaria”, afirmó.

Progen solicita prórrogas, el Gobierno insiste en el cumplimiento

A pesar de las críticas, Progen ha intentado justificar los retrasos solicitando una prórroga de casi dos meses para completar la instalación de los generadores en Quevedo. Según la empresa, los equipos están listos para ser embarcados, pero la falta de inspección técnica por parte del Gobierno ha complicado el proceso.

Sin embargo, la ministra fue enfática al señalar que no se permitirá un cambio unilateral en los términos contractuales. “Ellos tienen una fecha que quieren entregar, pero una cosa es lo que ellos quieran, y otra lo que dice el contrato. Justamente ya iniciaron las multas”, indicó.

Incógnitas sobre los plazos y operación de los proyectos

Aunque el Gobierno y Progen afirman que los trabajos avanzan, ambos proyectos enfrentan incertidumbre sobre su fecha de operación. En Salitral, las pruebas podrían comenzar en la tercera semana de diciembre, siempre y cuando lleguen los equipos faltantes. Sin embargo, en Quevedo, el panorama es aún más incierto, ya que los generadores continúan sin ser inspeccionados ni enviados al país.

Pese a esta situación, el Gobierno no ha cerrado completamente las puertas a la empresa. “Dijeron cosas que no cumplieron. Me parece que no saben manejar este tema, pero seguimos esperando que cumplan”, expresó Manzano. Cuando se le preguntó sobre los responsables de haber firmado estos contratos, la ministra prefirió no emitir comentarios.

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Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, confirmó la decisión anunciada por la ministra de Energía, Inés Manzano durante una reunión del Comité Permanente de Energía, el pasado 11 de diciembre. Jarrín expresó su preocupación por las graves repercusiones que esta medida podría tener en el sector industrial, en la economía nacional y el empleo.

“El sector industrial representa el 26% del consumo energético, pero parece ser el único que asume el costo de esta crisis. Esto no es sostenible para la industria, que ya enfrenta altos costos de producción e inseguridad”, señaló Jarrín en una entrevista radial.

Agregó que esta medida no solo afecta a grandes industrias, como las mineras, sino también a pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan dificultades por el incremento de los costos energéticos.

La crisis energética y las promesas del Gobierno

El apagón se produce en el marco de la crisis energética que afecta a Ecuador desde inicios de 2024, causada por los efectos del cambio climático y la falta de mantenimiento a la infraestructura de generación eléctrica, según expertos. A pesar de estas dificultades, el presidente Daniel Noboa prometió a los ecuatorianos la culminación de los cortes de luz desde el próximo 20 de diciembre.

De acuerdo a la ministra Manzano, las acciones gubernamentales incluyen la recuperación de 600 MW de capacidad instalada, el arrendamiento de energía en firme y la compra de electricidad a Colombia. Estas medidas, junto con la mejora en las condiciones climáticas garantizarían el suministro continuo.

Además, la ministra destacó iniciativas para diversificar la matriz energética, como la promoción de proyectos solares y el desarrollo de la hidroeléctrica Cardenillo. «Estamos trabajando en un modelo energético más robusto que permita atender las necesidades del país y fomentar la inversión privada», declaró.

Perspectivas económicas

El anuncio del apagón se suma a un panorama económico complicado. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que la economía ecuatoriana sufra una contracción del 2,1% en 2024 debido a la crisis energética y la inseguridad.

Además, el gasto en la compra de electricidad a Colombia incrementó la presión financiera, con más de USD 36 millones desembolsados solo en los últimos días de noviembre. Mientras el Gobierno apuesta por sus estrategias para superar la crisis, el sector industrial y los ciudadanos enfrentan un diciembre marcado por la incertidumbre y los desafíos.

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“En los últimos tres días hemos logrado actualizar nuestra normativa ecuatoriana para poder comprar energía a la empresa privada”, indicó la autoridad y añadió que esperan la actualización de la ley del país vecino para que el sector privado pueda vender esa energía.

Durante la reunión con su homólogo colombiano, Andrés Camacho, Manzano no consiguió la venta de energía por parte del gobierno. Lo harán si las condiciones en ambos países mejoran.

En la reunión que mantuvieron se plantearon los objetivos de actualizar la ley y realizar contratos con la empresa privada. «Lamentablemente, el ministro dijo que, aunque hay toda la disponibilidad y la voluntad política por parte del presidente de Colombia, no pueden vender a los 18 millones de ecuatorianos que necesitamos energía, así que estamos viendo la parte privada», dijo Manzano a Caracol Noticias.

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El primer bloque de 341 MW implementado durante la administración del ministro de Energía, Antonio Goncalves contempló el alquiler de una barcaza de generación de energía flotante, en Las Esclusas (Guayas); y la adquisición de motores eléctricos en Salitral (Guayas), Quevedo y Esmeraldas, lo cual suma un valor de USD 353,423,787 millones.

El 1 de agosto la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) contrató los servicios de la barcaza turca Karpowership para la generación de 100 MW por USD 114 millones, pero desde el inicio de su operación se registraron anomalías. Las pruebas de generación se retrasaron por la corriente del Río Guayas y el pasado 25 de septiembre la barcaza solo logró producir 12 MW.

Por otro lado, aún no se implementa la generación de Salitre, Quevedo y Esmeraldas. La producción recién iniciará en noviembre con la llegada de los motores eléctricos adquiridos.

Más gasto emergente

El segundo bloque de generación emergente es el más costoso y ya no contempla el alquiler de una segunda barcaza por las complicaciones en la operación de Karpowership. En su lugar, el Gobierno comprará 350 megavatios (MW) de generación en tierra, los equipos estarán operativos entre 40 y 60 días. La proyección de este bloque subiría a 948 MW.

Según la ministra de Energía Inés Manzano, antes de finalizar el 2024 ya estarían operativos los dos bloques de generación emergente. Mientras tanto, el país sigue acumulando sus recursos económicos para sostener la crisis energética. (AGM)

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La ministra explicó que antes de asumir su nuevo cargo, colaboró estrechamente con su predecesor, Antonio Goncalves, en la gestión de la emergencia energética. Sin embargo, mencionó no estar al tanto de por qué no se implementaron medidas de racionamiento oportunamente.

“Lo que sí puedo afirmar es que, previo a asumir la cartera, coordinamos con varias entidades como la Secretaría de Planificación, Economía e Industrias para mejorar la planificación y control del suministro eléctrico”, declaró Manzano en entrevista a Teleamazonas.

Colombia, una posible fuente de alivio energético

La funcionaria destacó las gestiones diplomáticas realizadas con Colombia para intentar mitigar los efectos de la crisis. Señaló que solicitó a su homólogo colombiano, Andrés Camacho, que se considere la venta de excedentes energéticos a Ecuador.

Aunque el país vecino enfrenta una sequía, la suspensión de la venta de energía no es definitiva, según la ministra. En las últimas semanas, Colombia ha reducido su exportación de electricidad, pasando de suministrar 400 megavatios a tan solo 25.

La ausencia pública de Noboa: ¿estilo de liderazgo?

En medio de la crisis, la ausencia pública del presidente Daniel Noboa ha generado críticas. La ministra Manzano defendió esta postura, asegurando que responde a un estilo de liderazgo. “Son formas diferentes de gobernar, no buenas ni malas”, explicó. También enfatizó que las decisiones para enfrentar los apagones provienen del propio Presidente, quien ha delegado responsabilidades a su equipo de confianza.

Polémica por cortes de luz durante partido de fútbol

Por último, la ministra evitó profundizar en el comunicado emitido el 10 de octubre por el Ministerio de Energía, que prometía suspender los cortes eléctricos durante el partido de fútbol entre Ecuador y Paraguay. Manzano calificó el mensaje como un error de la oficina de comunicación y declinó ofrecer más detalles al respecto.

Asimismo aclaró que la comparación que hizo en torno a la producción de energía durante el Gobierno de Rafael Correa y la actual administración hacia referencia a un promedio anual. Explicó que mientras el exmandatario generó 300 MW por año, el Ejecutivo generó 410 MW en 10 meses de gestión. (AGM).

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»Estamos ejecutando todas las acciones que no se tomaron antes para poder diversificar la forma en la que generamos energía y en un futuro cercano no tengamos que depender de las lluvias», dijo Manzano.

Tras la renuncia del exministro de Energía, Antonio Goncalves, Manzano realizó una depuración a las empresas públicas del sector eléctrico y a la misma cartera de Estado. La ministra (e) pidió la renuncia de altos funcionarios del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), según un reporte de Radio Pichincha.

Asimismo designó a Fabián Calero como nuevo viceministro de electricidad, luego de la renuncia de Rafael Quintero el pasado 27 de septiembre. Antes de asumir este cargo, Calero se desempeñaba como Gerente General subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

A días después de asumir el Viceministerio de Energía, Calero informó en entrevista para Ecuavisa que Toachi-Pilatón comenzará a operar en diciembre con una capacidad máxima de 204 MW/h, junto a otros proyectos en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, que sumarán 241 MW/h más.

Coca Codo Sinclair, la carta de salvación

El pasado 12 de octubre la central de Coca Codo Sinclair produjo el 40% de la energía hidráulica en el país. Cenace informó que la hidroeléctrica estaba generando los MW suficientes para apagar el complejo Paute y proteger los embalses, adicional, suspendió los cortes de energía hasta las 11h00 de este 13 de octubre.

Con una capacidad instalada de 1.500 megavatios, Coca Codo Sinclair es una de las principales fuentes de energía del país, generando alrededor del 30% de la electricidad consumida a nivel nacional. Sin embargo, la situación actual ha puesto a prueba su capacidad de respuesta frente a la creciente demanda y las dificultades operativas derivadas de la crisis energética. (AGM).

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No obstante, la ministra de Energía encargada, Inés manzano se ha referido como un descanso a la salida de operaciones de Mazar, además de reconocer que Coca Codo Sinclair es la única hidroeléctrica que está sosteniendo la crisis energética.

«Antes de las seis de la tarde no estaba prendido porque Coca Codo Sinclair, porque ha llovido mucho, ha tenido una generación extraordinaria. Hemos llegado a 1000 mw y eso hace que haga descansar en un momento la turbina de Mazar. Es una excelente noticia porque lo que estamos haciendo es tratar de preservar nuestro embalse», dijo la funcionaria.

Hasta las 18h00 de este 11 de octubre, las turbinas de Mazar permanecen apagadas.

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El pasado 19 de septiembre la mesa del COE Nacional se declaró en sesión permanente para monitorear la situación climática del país. De igual manera declaró en alerta roja las provincias de Carchi, Loja, Pichincha, Cañar, Azuay, Bolívar, Zamora Chinchipe, Imbabura, Napo, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Manabí y Orellana.

Según Inés Manzano, ministra del Ambiente y presidenta del COE, se continuará monitoreando el resto del país para determinar si más regiones deben ser añadidas a la lista. Asimismo dijo que el país atraviesa un déficit significativo de precipitaciones en comparación con los niveles históricos para esta época, lo que desembocó en los cortes de energía de hasta ocho horas diarias en varias zonas.

El COE ha solicitado a varios cantones, incluidos Camilo Ponce Enríquez, Caluma y Lago Agrio que proporcionen información sobre el desabastecimiento de agua al Ministerio del Ambiente. Además, el Ministerio de Finanzas deberá asignar los recursos necesarios a las diferentes instituciones del Estado para enfrentar la crisis.

La alerta roja se mantendrá vigente hasta que los indicadores técnicos muestren una mejora en las condiciones climáticas.

Garantía del agua potable

Entre las resoluciones adoptadas, el COE activó sus mesas técnicas y solicitó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que aseguren el suministro de agua potable.

Días atrás la Manzano señaló que es obligación de los Municipios garantizar el servicio de agua potable a la ciudadanía y que las empresas distribuidoras deberían contar con una o dos plantas de energía.

El pasado 16 de septiembre Interagua de Guayaquil informó que suspenderá el servicio de agua potable durante el apagón nacional por la afectación directa a sus plantas de producción. El ente sugirió a la ciudadanía realizar un abastecimiento previo para cubrir sus necesidades.

“Todos los Municipios saben que deben tener por lo menos uno o dos generadores eléctricos (…) Municipio de Guayaquil por favor no mienta, no puede desabastecer de agua a la ciudad”, dijo la ministra del Ambiente.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable de Quito también reconoció que los apagones tendrían un impacto directo en el suministro de agua, sobre todo en las partes altas de la ciudad. De igual manera, el impacto de la sequía ha provocado cortes en diferentes barrios de la capital.

La ministra Manzano resaltó desde la Agencia de Regulación y Control del Agua envió un oficio a los 221 Municipios para exigir la garantía de la distribución de agua potable en sus cantones.

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