Quito, 28 julio (La Calle).- Desde 2017, la calidad de los servicios públicos en Ecuador ha ido en declive. El despido masivo de funcionarios y la eliminación progresiva de instituciones han reducido la capacidad operativa del Estado, afectando directamente a la ciudadanía. Esta tendencia, marcada por las decisiones de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha coincidido con el fortalecimiento de los vínculos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone exigencias de ajuste estructural a cambio de préstamos millonarios.

REDUCCIÓN DEL ESTADO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

Los efectos de los recortes estatales ya se sienten en todo el país. En el Registro Civil, la falta de turnos para cédulas y pasaportes genera malestar ciudadano, mientras que hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos e insumos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la percepción de la calidad del servicio público cayó de 6,9 puntos en 2014 a 6,4 en diciembre de 2024, con una tendencia a la baja desde el gobierno de Lenín Moreno.

DE 130 A 101 INSTITUCIONES EN 8 AÑOS

Tras la salida de Rafael Correa en 2017, que dejó 130 instituciones activas, Moreno eliminó 29 entidades y recortó más de 67.000 cargos bajo su “plan de optimización”. Lasso continuó esta política, y ahora Noboa profundiza el recorte: desde el 24 de julio de 2025 inició el despido de 5.000 funcionarios públicos y anunció la fusión de ministerios, reduciendo de 20 a 14 carteras y de nueve a solo tres secretarías. Esta medida representa una disminución del 41% en el tamaño del gabinete ministerial.

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FMI MARCA LA HOJA DE RUTA

La influencia del FMI ha sido determinante en este proceso. Desde 2020, Ecuador firmó múltiples acuerdos con el organismo internacional. El más reciente, firmado el 31 de mayo de 2024, por USD 4.000 millones y ampliado a USD 5.000 millones en julio de 2025, exige una reducción constante del gasto público, incluidos sueldos, inversión y funcionamiento estatal. Noboa, al igual que sus antecesores, ha alineado su política económica con los lineamientos del Fondo, priorizando la “racionalización del gasto” sobre la calidad de vida de la población.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1949092338602778740

UNA EFICIENCIA QUE EXCLUYE

Mientras el Gobierno central cumple con los indicadores de eficiencia impuestos por organismos multilaterales, miles de ecuatorianos enfrentan un Estado cada vez más ausente. La reducción del gasto y la eliminación de instituciones no solo debilitan la estructura pública, sino que agudizan la crisis social en sectores vulnerables. La pregunta que queda es: ¿quién se beneficia de esta eficiencia si los servicios básicos siguen deteriorándose?

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