La Comisión estuvo conformada por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas. Ellos recogieron 519 testimonios de los cuáles 249 estaban relacionados con la vulneración de Derechos Humanos. De estos, 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Informe estableció que al menos 26 personas de entidades públicas, como la Fiscalía General del Estado, no actuaron conforme a sus competencias.

A esto se suman 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 83 violaciones al derecho a la libertad personal, seis ejecuciones extrajudiciales. También 22 atentados contra el derecho a la vida, tres casos referentes a violencia sexual, 20 lesiones oculares. Además, hubo 81 personas que refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.

Ante estas evidencias, el primer mandatario, la cúpula policial y militar no asume su responsabilidad y se lavan las manos aduciendo que actuaron en el marco de la ley y de forma profesional.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, también desestimó y tildó de sesgado al informe presentado por la Comisión de la Verdad. “Nosotros como Gobierno, ese informe creemos que es una versión probablemente sesgada. No recoge los hechos y que definitivamente no creemos que representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019”, dijo Martínez en su momento.

La versión de la Defensoría

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asegura que en las protestas de octubre se cometieron al menos tres delitos de lesa humanidad. Él espera que la Fiscalía investigue estos hechos, identifique a los culpables y que los familiares de las víctimas reciban la respectiva reparación.

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“Nosotros como Gobierno, ese informe creemos que es una versión probablemente sesgada que no recoge los hechos y que definitivamente no creemos que representa la realidad de lo sucedido en octubre de 2019”, dijo Martínez en rueda de prensa.

La Comisión recibió 519 denuncias de distintos tipos de violencia durante los días de movilización, todas correspondientes a testimonios voluntarios. De esas denuncias se han identificado seis asesinatos extrajudiciales, 123 casos de violencia a la integridad personal, 38 casos de privación de libertad. Además, hubo 22 atentados contra la vida, tres casos de violencia sexual y 20 casos de lesiones oculares (seis tienen afectada su visión).

“Yo en ese momento me desempeñaba como viceministro de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, estábamos al tanto de lo que sucedía en el país, el cierre violento de carreteras. En ese informe que es una versión en el que no se habla del secuestro a Policías, del abuso a policías mujeres, del incendio en la Contraloría, a canales de televisión”, aseguró.

Moreno a juicio penal

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, se comprometió a judicializar al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, como “principal responsable de las violaciones de Derechos Humanos en los sucesos de octubre de 2019”. La máxima autoridad de la Defensoría aseguró que el informe es un «reconocimiento a las víctimas».

De acuerdo con el Gobierno, ese informe no refleja los hechos como fueron sino una versión de lo real. “Lo real es que tuvimos unas protestas violentas con fines políticos, de desestabilización política, ante los cuales la Policía actuó firmemente, correctamente. Intentó proteger a las personas que no tenían ningún tipo de circunstancia en estos actos (sic), restablecer el orden para el resto de los ecuatorianos”, agregó el ministro Martínez.

La Comisión invitó a la entrega de este informe a los tres candidatos finalistas de Elecciones 2021: Yaku Pérez, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Solamente Arauz asistió.

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