A partir de las 09h30 se llevó a cabo la audiencia de acción de protección, interpuesta por la periodista debido a la revocatoria de su visa, en la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, al norte de Quito.

Después de casi dos horas, las partes procesales expusieron sus argumentos, sin embargo, ningún jurista del gobierno dio a conocer los motivos de revocatoria, pues todo estaría fundamentado en un informe secreto del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

»Los derechos, obligaciones y deberes de los extranjeros son iguales a los de los ecuatorianos (…) la señora Santiago incumplió la norma y atentó contra la seguridad del Estado», dijo la defensa de Cancillería.

Asimismo, otro de los abogados señaló que el gobierno no ha vulnerado la libertad de expresión de la periodista ya que sigue activa en redes sociales sin censura por parte del Estado.

Suspensión de la audiencia

La audiencia fue suspendida debido a que durante la intervención del abogado de Santiago, Carlos Soria, el Viceministerio de Movilidad Humana presentó nuevos documentos que no habían sido expuestos anteriormente. Ante esta situación, la jueza dispuso un plazo de 48 horas para que la accionante revise las 34 fojas.

Para Soria, el actual proceso evidencia una clara persecución política por lo que solicitaron medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (AGM).

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«Aún hay información que las instituciones se han comprometido a entregar para sustentar sus versiones (…) En el Gobierno no han dado una respuesta sobre el contexto de los hechos», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Cabascango recalcó que solicitaron información a algunas víctimas y a las organizaciones que participaron activamente en las movilizaciones. Refirió que organismos internacionales también registraron los acontecimientos y esos documentos constarán en el informe que se presentará al Legislativo.

Sobre el uso excesivo de la fuerza

El asambleísta detalló que la información presentada por las instituciones y la sociedad civil resalta el excesivo uso de la fuerza de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA). Esto deberá contrastarse con los datos de las instituciones públicas.

“Las autoridades no han dado una respuesta sobre las muertes, incluso el mismo presidente Lasso no ha dado una información del contexto en que sucedieron los hechos”, aseveró Cabascango.

También sostuvo que ni el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ni el presidente Lasso han podido presentar pruebas sobre las acusaciones del financiamiento del narcotráfico al movimiento indígena. “La credibilidad del presidente se va perdiendo con sus declaraciones porque no puede sustentar lo que dice”, finalizó el legislador.

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En dichos materiales se identificaron daños que afectaron la funcionalidad de varios tramos de la vía férrea y dejaron tres rutas inoperativas. Los 175.000 durmientes debían ser reemplazados en su totalidad ya que estaban en proceso de pudrición. La vida útil de los materiales era de, al menos, 20 años, según la garantía técnica del proveedor.

Daños en el ferrocarril

La empresa Ferrocarriles del Ecuador, liquidada en el gobierno de Lenín Moreno, contrató a otro proveedor para reemplazar los daños y permitir la operación de las vías: Yaguachi- San Antonio, Sibambe- Huigra, Riobamba- Palmira, Riobamba- Ambato y Quito- Latacunga. Así explica la Contraloría.

En un comunicado la institución señala que “este incumplimiento contractual no permitió que la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador cuente con el material necesario para cuidar el estado de vías férreas y asegurar su funcionamiento”.

Las rutas Alausí- Palmira, Huigra- Bucay y Bucay- San Antonio se cerraron debido a problemas con la infraestructura. Contraloría examinó los contratos para la adquisición de equipos, repuestos y durmientes para el proyecto del Ferrocarril, suscritos entre enero de 2013 y diciembre de 2018.

El expresidente Rafael Correa, en su mandato sucedieron las anomalías que informa Contraloría, se pronunció sobre este informe que implica a su gobierno (2009-2013). “Léase: quebramos el tren de Alfaro, pero, como siempre, le echaremos la culpa al Gobierno de Correa. ¡Cinco años de lo mismo! Ya no es acierto de ellos sino falencias nuestras si les seguimos creyendo”. MIB

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“Como es evidente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla, bajo ningún concepto, la figura de la devolución del informe en mención, sino que la obliga a convocar a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, para que sea conocido, tratado y resuelto”, dice parte del documento.

Zapata añade que la devolución no procede, ya que “al no ejercer el cargo de presidente de la Comisión Pluripartidista y por no estar contemplado en la ley, no tiene efecto ni consecuencia jurídica alguna, por lo que se considera inexistente”.

¿Qué dice el denunciante?

El asambleísta Esteban Torres (PSC), quien denunció ante el CAL a Llori por incumplimiento de funciones dijo que los legisladores no pueden ser manejados al antojo de un juez que limite el trabajo de la Asamblea.

«Nosotros fuimos claros desde el principio, jamás le dimos validez alguna a la primera medida cautelar. Si hubiera estado en nuestras manos, no hubiéramos retirado el orden del día y el tema hubiera avanzado más rápido», dijo.

El legislador añadió que le parece lamentable las acciones de algunos asambleístas con ayuda del sistema de justicia. «Lamento que algunos asambleístas no puedan pelear en democracia. Se pelea en el Pleno y si se pierde se pierde, pero eso de mendigar acciones constitucionales a Carondelet para que disponga al Consejo de la Judicatura es realmente lamentable y lo vamos a combatir».

Llori no convocará al Pleno

La presidenta del Legislativo no convocará al Pleno tras el pronunciamiento del juez Pedro Troya de la Unidad Judicial Penal de Quito, quien dispuso la abstención en el conocimiento y tratamiento del informe donde se recomienda la destitución de Llori.

La acción de protección interpuesta por Pachakutik alegó una posible ilegalidad en la conformación de la Comisión que investigó el incumplimiento de funciones de la autoridad. El pasado 28 de mayo, Llori informó a los 137 legisladores y a los miembros de la Comisión sobre las disposiciones ordenadas por el juez y la devolución del informe. MIB

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El informe DNA1-0042-2022 de la Contraloría examinó el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. En el informe se pudo comprobar que las metas del Plan Nacional de Desarrollo tuvieron un nivel de incumplimiento del 58 %.

En el documento “Introducción al informe de Gestión”, se evidenció que de los 34 enunciados que constan en este documento, en 16 “las cifras y datos no concuerdan”. Además, la Contraloría señaló que cinco de los enunciados no constan en ningún instrumento de evaluación.

Pronunciamiento

Mediante un comunicado, el expresidente Lenin Moreno, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre el informe que está incompleto. Dijo que el informe que publicó la CGE sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional, solo se evaluó el 42% de la información correspondiente, descartando un 35% del texto. Además, expresó que hace falta analizar un 23%  de la documentación.

 “El documento no considera información, gestión y metas reformadas y cumplidas, tomando en cuenta la triple crisis que enfrentó el Ecuador en lo social, económico y político, durante la pandemia, el intento de golpe de Estado en octubre de 2019 y la profunda crisis económica, endeudamiento caro y desorden de las cuentas fiscales al inicio del periodo”.

El expresidente señaló en el documento cifras y datos que contrastan la información de la CGE. Además, manifestó que el informe que presentó la institución es “antitécnico e incompleto”, ya que no toma en cuenta la información total ni los mecanismos de incorporación.

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Asimismo, señala que Ecuador vive una grave crisis penitenciaria que se caracteriza por niveles de corrupción y violencia sin precedentes. El informe indica que esta crisis es el resultado del abandono del sistema penitenciario, por parte del Estado, y de la ausencia de una política criminal integral.

Las conclusiones del informe recomiendan y entregan herramientas más detalladas para contrarrestar la crisis.

Las propuestas se enfocan en ocho ejes: condiciones de detención, reducción de población carcelaria, violencia, investigación y medidas de no repetición, institucionalidad del sistema penitenciario, reinserción social, acciones de tipo transversal, aplicación de prisión preventiva y medidas alternativas.

CIDH recibió informe del legislativo sobre crisis carcelaria

Las recomendaciones incluyen también el establecimiento de una ruta común entre los tres poderes del Estado. Asimismo, la adopción de perspectivas de género y de tratamiento diferenciado. Otra sugerencia es la participación de personas detenidas, familiares y organizaciones civiles, en la adopción de medidas inmediatas y de tipo estructural en las cárceles del Ecuador.

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Porsteriormente, Cabascango envió el informe firmado, pero fuera del plazo establecido.

El legislador envió un memorando a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, mencionando que en la sesión 074, en la que se aprobó el informe, se llevó a cabo de forma semipresencial el 11 de febrero, sesionaron de forma virtual 7 asambleístas y la reunión finalizó a las 20:02.

En el documento también se detalló que las firmas no se recogieron por ese motivo, es decir, por la virtualidad y que el primer informe enviado solo contenía la firma de Cabascango en calidad de presidente de la Comisión.

Cabascango agregó en el escrito que las firmas iban a ser recogidas al día siguiente, es decir, el 15 de febrero.

En la sesión 074, se manifestaron nueve votos a favor, con lo que se aprobó el informe de Amnistías por unanimidad.

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«Con 66 votos afirmativos, 40 negativos y 27 abstenciones, el Pleno Legislativo no aprueba el texto final íntegro del Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, enviado por la Comisión de Justicia», informó la institución.

Tras la votación, la asambleísta ponente Johanna Moreira (ID) solicitó a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, un receso de una hora para retomar la reconsideración de la votación.

Reacciones

Fuera de la Asamblea, los grupos proderechos y grupos provida lanzaron consignas a favor y en contra del debate de este proyecto de ley. Los grupos proderechos, a través de representaciones, mostraron los testimonios de las mujeres y niñas víctimas de violación.

Durante el receso, la asambleísta Gerladine Weber (PSC) anunció el envío de un proyecto de ley de adopción emergente. Sus expresiones provocaron la indignación y las consignas de los grupos proderechos que al grito de ‘torturadores’ criticó el anuncio de la legisladora. Los grupos provida planean rezar un rosario mientras continúa la votación de este proyecto.

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«Un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) determinó que al menos el 35% de los préstamos chinos se perdieron en corrupción, ineficiencia y sobreprecios». Es un fragmento de un texto difundido en Facebook. Pedidos de verificación llegaron a AFP Factual para investigar la veracidad de la declaración.

Diario La Hora también publicó esta información el pasado 2 de febrero, un día antes de la visita oficial del presidente Guillermo Lasso a China. El reporte expone nueve enfoques para entender la deuda con China. Préstamos que llega a los USD 5.000 millones de dólares, según el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Sin registros

«No hay registro de un reporte del FMI en el que se indique que el 35% de los préstamos chinos a Ecuador se ha «perdido» en corrupción, ineficiencia o sobreprecios», indica la información de AFP Factual.

El sitio reviso informes de noticias y otros documentos relacionados a la deuda de Ecuador con China y no encontraron nada. Por si fuera poco, la encargada de prensa del FMI, María Candia, negó la existencia de dicho informe. «No hay ningún informe del FMI que contenga esta información».

Un documento de 2020, menciona los acuerdos petroleros a largo plazo que tienen ambos países, pero no hace referencia a casos de corrupción relacionados. «Dichos contratos están actualmente en vigor con empresas financieras chinas. En estos acuerdos, los bancos chinos (ICBC, China Minsheng Bank, Export-Import Bank of China y CDB) otorgan préstamos al gobierno (Ministerio de Economía y Finanzas) que son reembolsados con fondos gubernamentales, y paralelamente Petroecuador se compromete a embarcar ciertos barriles de crudo a Petrochina», dice el informe en la página 52. 

Denuncias

Al ser un tema que abarca, además de lo económico, una discusión política, han existido denuncias que presumen la corrupción en los acuerdos y negociaciones de Ecuador con el gigante asiático.

La Contraloría General del Estado concluyó en 2018 que existían más de 7.000 fisuras en zonas sensibles y fallas estructurales en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en la provincia de Napo, y que la constructora china a cargo de la obra «empleó materiales no homologados» y «no aplicó procedimientos técnicos» necesarios.

Lea la nota completa de AFP Factual aquí:

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«El señor Juan Carlos Holguín, en su calidad de embajador itinerante ad honorem en temas estratégicos, ha desempeñado una notable labor en razón de las prioridades del Gobierno, promoviendo relaciones internacionales estratégicas para el país», dice parte del decreto.

Holguín deja el cargo sin un informe de su gestión y sin explicaciones de su papel en la negociación internacional de vacunas, temas de comercio y tratados internacionales.

Holguín y CREO

Juan Carlos Holguín saltó a la palestra pública en las elecciones de 2019 para la alcaldía de Quito, pero su relación con CREO y Lasso se remonta al think tank liberal Ecuador Libre, donde se desempeña como director.

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Con los votos de Ana Belén Cordero y Pedro Velasco. También el Fernando Villavicencio, Marco Troya y Bruno Segovia, el informe llegará a la Presidencia del Legislativo para su posterior debate.

La Comisión también aprobó el informe de minoría presentado por Unión por la Esperanza (UNES).

El informe de mayoría se enviará a las Fiscalías de Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela y Estados Unidos y a sus respectivos presidentes.

Recomendaciones

Los asambleístas determinaron que se recomiende a la justicia estadounidense investigar el método Sucre como un mecanismo para lavar dinero que se transfirió a cuentas en EE.UU.

También solicitan a la justicia de Panamá que investigue a las empresas Blue Number y CFIS que presuntamente recibieron USD 20 y 23 millones, respectivamente a través del sistema Sucre.

Además, en el informe también consta los nombres del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor y Jorge Neme, hermano del presidente de Emelec, Nassib Neme. Ambos presuntamente habrían recibido beneficios de Alex Saab.

Actualmente Saab guarda prisión en Estados Unidos mientras se investiga su participación en lavado de dinero.

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El inicio

3 de Octubre:  El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) presentó la investigación Pandora Papers. Una filtración de datos sobre empresas en paraísos fiscales. Personalidades de la política, deportes y espectáculos estaban involucradas en la trama. Entre ellos tres presidentes de Latinoamérica: Sebastián Piñera (Chile), Luis Abinader (República Dominicana) y Guillermo Lasso (Ecuador).

5 de Octubre: En sesión del Pleno de la Asamblea, la asambleísta Patricia Sánchez (PK) solicitó la creación de una Comisión que investigue el caso. El pedido no prosperó, sin embargo, el Pleno acogió la petición de Ronny Aleaga (UNES) para que el caso se investigue en una de las 15 Comisiones.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se opuso a que otra Comisión realice la investigación. Finalmente, la Comisión de Garantías Constitucionales fue la encargada de fiscalizar el tema.

La investigación

11 de octubre:  La Comisión de Garantías Constitucionales empieza a diseñar el cronograma de comparecencias en el caso Pandora Papers. Entre los convocados está el presidente de la República y sus familiares.

12 de Octubre: El presidente Lasso reprochó por medio de una carta al diario El Universo de no publicar la información completa de su historial tributario. “Lo que si me preocupa es que su medio, conscientes de la sensibilidad de la opinión pública en temas como éstos, decida callar en lo que concierne a la historia completa de la vida del presidente de la República”, decía parte de la misiva.

20 de octubre:  La esposa del presidente Guillermo Lasso, María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago se excusaron de comparecer en la Comisión.

“Al respecto cumplimos manifestarle que, no siendo funcionarios públicos, no estamos obligados a atender la antedicha invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 120, numeral 9 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijeron.

20 de octubre: El mandatario no se presenta a comparecer en la Comisión. envió una carta a la Comisión asegurando que no ha violado la ley de poseer bienes en un paraíso fiscal.

En carta, Guillermo Lasso aseguró que estaba listo para recibir a los miembros de la comisión en la sede del gobierno «una vez que se hayan completado todas las audiencias programadas (…)». «Tengo derecho a conocer de antemano las afirmaciones que se han hecho», dijo.

El Informe

5 de Noviembre: Con 6 votos a favor, 2 en contra una abstención, la Comisión de Garantías Constitucionales aceptó el informe que indica que el presidente Guillermo Lasso cayó en el incumplimiento del pacto ético en el caso Pandora Papers.

Entre las otras recomendaciones se solicita la comparecencia del presidente Lasso al Pleno del Legislativo, hasta ocho días después de aprobar el informe.

12 de Noviembre: Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó el informe de su propia investigación del caso Pandora Papers. Villavicencio recomendó el archivo del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Además, solicitó tener en cuenta los correctivos necesarios para garantizar las competencias de cada una de las Comisiones de la Asamblea e instruir a los asambleístas para actuar con objetividad “en el curso de una investigación de fiscalización, sin sesgos políticos”.

2 de Diciembre: El Pleno de la Asamblea se reunió para escuchar el informe íntegro de la investigación de Pandora Papers. El Pleno debatirá el informe en la sesión del 7 de diciembre a las 15:30.

6 de diciembre: La ICIJ filtra más información sobre las offshore que Lasso tuvo en Panamá.

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La Comisión explica en su informe una explicación cronológica del conglomerado de empresas MultiBG de propiedad de la familia Lasso – Mendoza y Lasso – Alcívar. Los Pandora Papers documentan, además, la relación que Lasso tuvo con once entidades de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware (EE. UU.). Todas fueron canceladas, algunas antes de que se aprobara la ley de 2017.

De acuerdo con la investigación de Pandora Papers, “Lasso ha tenido vínculos con diez compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware (estos dos últimos están en Estados Unidos de América) y considerados paraísos fiscales”.

Banco de Guayaquil

La Comisión realizó una investigación de la historia del Banco de Guayaquil y encontró que en 1994 se traslada a una offshore llamada Andean Investment que se liquidó en 2011. El conglomerado MultiBG, ese mismo año tiene el 78.71% de las acciones del Banco de Guayaquil. La familia Lasso posee el 90.2% de las acciones del grupo.

MultiBG

Entre las conclusiones del conglomerado están que la mayor parte de responsabilidad se asienta en Guillermo Lasso Mendoza. “Maneja él solo cerca del 40% de las acciones de la Corporación MULTIBG S.A., mientras  que  el  resto  de  su  familia,  incluida  su  esposa  e  hijos,  manejan  el  50% restante”.

La actividad fiscal de MultiBG también deja muchos vacíos, ya que existen miembros que nunca han reportado pago de impuesto a la renta. Solo en 2015 aparecen pagos de impuesto de MultiBG, pero únicamente 19 de 59 empresas pagan impuesto a la renta. Lo mismo en los años siguientes. Algunos miembros del grupo como María de Lourdes Alcívar Crespo, esposa del presidente nunca han tributado.

Responsabilidad política

La Comisión consideró que el presidente Lasso tiene responsabilidad política en este caso. En primer lugar por incumplir el pacto ético 2017 al ejercer hasta la actualidad dominio indirecto sobre sus empresas offshore. También por el conflicto de intereses en el proyecto de ley de reformas tributarias (Ley de Oportunidades) por plantear la eliminación del impuesto a la herencia y la creación del impuesto a la regularización de activos en el Ecuador.

En las recomendaciones se solicita al Pleno determinar  la  inobservancia  por  parte  del  Presidente  de  la  República  al  Pacto  Ético que se aprobó por Consulta Popular en 2017. Además de solictar que se apruebe un exhorto para que en el plazo de ocho días, el mandatario acuda a responder las preguntas de los legisladores y comparezca.

El Pleno debatirá el informe en la sesión del 7 de diciembre a las 15:30.

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Pabel Muñoz (UNES) uno de los miembros de la Comisión de Régimen Económico que analizó este proyecto indicó que solamente se modificaron cuatro ítems del proyecto.  En relación con el monto para las deducciones afirma que subió la base, pero se bajó el porcentaje. Considera que la ley debería repercutir al 1% más rico de la sociedad.

Esa premisa también estuvo presente en la participación de Yeseña Guamaní (ID). “En defensa de la equidad, las deducciones tributarias se deben concentrar en los más ricos del país, en el que más tiene”. Agregó que la base del cálculo para el impuesto a la renta sea por sobre los USD 3.000.

El informe

De acuerdo con Francisco Jiménez, ponente del informe “la economía ecuatoriana atraviesa un problema. Nuestra economía era altamente dependiente del petróleo. A partir de 2011 entramos en una espiral de préstamos que aumentaron la deuda”.

De acuerdo con el proyecto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudaría USD 452 millones adicionales al año por concepto de impuesto a la renta. 147.000 personas que ganan entre USD 2.500 a 5.000 pagarán 190 millones.

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“La Asamblea Nacional decidió arbitrariamente encargar a la Comisión de Garantías Constitucionales que efectúe la investigación correspondiente al Caso Pandora Papers. Como era de esperarse, dicha Comisión presidida por el asambleísta Cabascango e integrada mayoritariamente por miembros de la oposición radical a mi Gobierno, aprobó el 5 de noviembre, por mayoría y sin debate, un informe prefabricado”, dice parte del documento.

Lasso añade que en el informe se permitió afirmar, sin fundamento o prueba, que habría incurrido en la prohibición del Pacto Ético “dictada, por cierto, con clara dedicatoria en mi contra”. El presidente rechazó el documento e indicó que la finalidad era referir “una supuesta conmoción social” para una destitución.

Documentación

La información se entrega en el marco de un examen especial para determinar si Lasso o terceros participan en empresas en paraísos fiscales. “En un ejercicio de transparencia con la ciudadanía y la Contraloría General del Estado, pues nada tengo que ocultar, entregar la documentación certificada que indica que no estaba incurso en ninguna prohibición al inscribir mi candidatura presidencial el 23 de septiembre de 2020”.

EL primer mandatario presentó certificados apostillados y traducidos, emitidos por las autoridades competentes de que antes del 23 de septiembre, 10 empresas estaban disueltas. También indica que no tiene relación con Banisi, Bretten Trust y Liberty Trust.

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Así lo indicó en entrevista con Radio La Calle, el presidente de la Comisión, José Cabascango (PK). El informe, que rechazó la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), indica que el Mandatario habría incurrido en la violación del pacto ético sobre paraísos fiscales.

«Nosotros somos claros en la primera recomendación, el Presidente está involucrado con empresas offshore y no entiendo porque los asambleístas no discuten sobre ese tema que es grave», expresó el legislador.

Cabascango añadió que este punto está claro. «El mismo Presidente dijo que tenía empresas y se deshizo, pero no de sus capitales sino que transfirió a sus familiares».

Las quejas

Sobre las declaraciones de los asambleístas Quezada y Saquicela, Cabascango indicó que el documento se analizó por todos los asambleístas.

«Se envió el informe a sus correos para que revisen. Frente a ese informe no hubo una revisión. Saquicela envió un informe de minoría que también se pasó a presidencia. Sin embargo, asambleístas del BAN e independientes no están de acuerdo con esta investigación».

En total, el informe consta de 10.000 fojas. «Dicen que el informe carece de pruebas y el 8 de noviembre entregamos 800 fojas de pruebas que algunos asambleístas manifiestan que no hay. El debate debe concentrarse en el documento y las pruebas que indican la vinculación del presidente Lasso con empresas offshore».

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“Estamos de frente y de pie en la defensa de la democracia y la institucionalidad. No vamos a permitir de ninguna manera que se ponga en tela de duda la democracia en el Ecuador. Queremos agradecer a otras bancadas que se han sumado a la defensa de la institucionalidad. Si creyeron que la Asamblea sea el espacio para jugar con la democracia en el país”,

De acuerdo con Flores, el asambleísta Edgar Quezada indicó que el informe se alteraría. “Su voto inicial fue a favor y ahora está en contra de lo que hizo la Comisión. Aquí estamos los asambleístas que defenderán al país y sobre todo al presidente de la República elegido por voto popular”, agregó.

El Comunicado

Los asambleístas del BAN rechazaron por escrito lo que denominan “un informe impulsado por el correísmo en su afán de desestabilizar al gobierno nacional” que pretende la destitución del presidente legítimo Guillermo Lasso.

“Informe que fue elaborado sin respeto a los hechos, una metodología clara y mucho menos siguiendo los pasos que requiere toda investigación irrespetando incluso la integridad de la familia del presidente”.

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“En vista del incumplimiento del trámite, conforme la normativa correspondiente, la presidencia de la Asamblea Nacional no concedió la extensión del plazo, por cuanto lo solicitado va en contra del procedimiento establecido en la Ley que rige a la Función Legislativa”, dice parte del documento.

Error administrativo

De acuerdo con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, interpelante en este juicio, “hay un error de la secretaría de la Comisión de Fiscalización que no hizo el pedido de prórroga a la presidenta de la Asamblea”. El legislador indicó a Radio La Calle que si la prorroga no se aceptó corresponde seguir el artículo 82 de la Ley de la Función Legislativa, es decir, la votación del informe y la posición de los asambleístas”.

Para el asambleísta, el tema del juicio político “se ha manejado bastante bien excepto por este error que pienso que no es de mala fe”. Este miércoles a las 18:00, la Comisión se reunirá para votar sobre el informe y los legisladores miembros darán a conocer su posición.

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«La gestión de Moreno no puede quedar en la impunidad. Hoy la Asamblea se reinvindica con los ecuatorianos afectados por El Peor Gobierno De La Historia aprobando mi moción con 130 votos. En 30 días el pleno conocerá los resultados de la indolencia», escribió Cabezas en un tuit.

El debate

Los asambleístas expresaron la necesidad de que el gobierno anterior rinda cuentas de su trabajo.

«Este informe se entregó fuera de tiempo, cuando el período ya terminó, lo que transgrede de forma innegable lo determinado en la Ley de la Función Legislativa», dijo Fernando Villavicencio.

«Uno de los elementos más importantes de la democracia es la obligación de rendir cuentas de quiénes fueron elegidos como autoridades, lo que permite a la ciudadanía ejercer un rol fiscalizador», expresó la legisladora Dallyana Passailaigue.

El expresidente Moreno envió su informe de fin de gestión a la Presidencia de la Asamblea Nacional el pasado 28 de mayo.

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Para la mayoría de legisladores en la Comisión, el proyecto es constitucional y necesario. Así lo indica, por ejemplo, Patricio Donoso, quién cree conveniente que el Pleno lo apruebe.

Por otro lado, la asambleísta Lira Villalba expresó que se reserva el derecho a presentar un informe de minoría del proyecto ya que , a su juicio, hay varios puntos que son contrarios a lo que indica la Constitución.

Por otra parte, Luis Pachala aseguró que con la Ley, la Contraloría General del Estado realizará controles al Banco Central y se evitará, de acuerdo con su parecer, que el gobierno tome recursos de esta institución.

¿Qué sigue con la Ley?

El siguiente paso es esperar a que la Presidencia de la Asamblea convoque a una sesión del Pleno para que decida el destino de este proyecto de ley.

De acuerdo con el cronograma, el Legislativo tiene hasta el próximo 29 de abril para aprobar el proyecto de ley. Caso contrario, pasará por el Ministerio de la Ley y el Ejecutivo lo enviará en su forma original al Registro Oficial.

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