La fecha fue dispuesta por el juez electoral Joaquín Viteri, quien además advirtió que la incomparecencia del mandatario o su representante derivaría en un trámite en rebeldía, mientras que la ausencia de los denunciantes implicaría el archivo del caso.

La denuncia que ahora se ventila fue interpuesta inicialmente en enero por el excandidato presidencial Jorge Escala y el dirigente de Unidad Popular Geovanni Atarihuana, quienes acusaron al presidente de violar los artículos 278.2 y 279.5 del Código de la Democracia al combinar actividades gubernamentales con actos proselitistas.

Irregularidades en los comicios electorales

Posteriormente, sus planteamientos fueron acumulados con quejas similares presentadas por el presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, y el activista Fernando Espinel Criollo.

A pesar de que los comicios generales de 2025 concluyeron el pasado 13 de abril, en donde Noboa obtuvo el 55,63 % de los votos durante el balotaje, la denuncia recién es abordada por el TCE

Los observadores internacionales, entre ellos las misiones de la OEA y de la Unión Europea, descartaron cualquier fraude que pusiera en entredicho la legitimidad del triunfo de Noboa, sin embargo, documentaron irregularidades como el uso de recursos públicos y la ausencia de licencia del mandatario en funciones durante la campaña.

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«Con la denuncia simplemente lo que nosotros queremos dejar es un precedente para eliminar la corrupción, pero en todas sus maneras, también la corrupción electoral. Haciendo uso de nuestros derechos como ciudadano, podemos denunciar también a un precedente jurídico necesario de que nadie está sobre la ley incluido el señor presidente de la República», dijo el denunciante.

Por su parte, la asesora presidencial, Diana Jácome, informó sobre la denuncia y quién sería la persona detrás del documento. Hizo referencia a «aquellos ciudadanos políticos» a los que «no les importa la tranquilidad y seguridad del país y buscan diversas formas de atacar al presidente Daniel Noboa».

Jácome agregó que «la persona que denuncia es pareja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República que acaba de renunciar hace pocas horas. Nada extraño, pero se entiende de donde proviene esta denuncia y esta relación. Eso es todo compañeros».

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La resolución fue tomada el 23 de noviembre, una vez que el denunciante aclaró y completó la acusación. El Tribunal ordenó un peritaje a la redes sociales del Municipio de Quito y del movimiento político de la Revolución Ciudadana, las cuales habrían servido de evidencia a Guarderas en su denuncia.

Ambas partes fueron convocadas a comparecer el 27 de noviembre a las 10h00 en la sede del TCE para la audiencia oral de pruebas y alegatos.

Las acusaciones

“Hay pruebas demasiado contundentes de que el alcalde de Quito está haciendo campaña por Luisa González”, fue la acusación de Guarderas a mediados de octubre.

No obstante, Muñoz enfatizó en que  él se debe a la organización política que lo llevó al cargo que hoy ejerce, sin embargo, aclaró que no ha ido en contra del reglamento electoral. 

”Es infracción en tanto yo pueda estar convocando a votar por alguna candidata o candidato. Lo que quieren es encontrarle la quinta pata al gato a un trabajo que hacemos con absoluta responsabilidad”, resaltó. (AGM).

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