El presidente de la UDAPT, Donald Moncayo, afirmó que cuatro cortes y dieciséis jueces han verificado el «delito ambiental» de Chevron en la Amazonía. Según el dirigente, su lucha conlleva más de treinta años. Además, aseguró que el gobierno «se ha puesto del lado de la petrolera, como siempre se ha venido haciendo«.

La UDAPT demanda que se paguen USD 9.500 millones por los daños ocasionados, valor definido en la sentencia realizada por los jueces de la Corte Constitucional en 2018. Sin embargo, el valor adeudado no ha sido cancelado.

El colectivo apuntó al exprocurador del estado durante la presidencia de Lenin Moreno, Iñigo Salvador, quien habría remitido documentos a cortes canadienses y argentinas con el fin de que se desestimen las demandas interpuestas por los afectados.

El representante de la Unión culminó al manifestar que el gobierno de turno ha actuado igual que el anterior. Además, enfatizó que a pesar de no tener el poderío de la petrolera, tienen la verdad y seguirán en lucha. (B.T.R.)

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El asambleísta acusaba al procurador de incumplimiento de funciones como representante y defensor de los intereses del Estado ecuatoriano. La moción para calificar este proceso de solicitud de juicio solo alcanzó cuatro de cinco votos a favor.

Álvarez expresó que retiró su acusación apegado a derecho y que se compromete a volver a presentar esa solicitud de juicio político.

La resolución de la Comisión se enmarca en el artículo 142, inciso 6º, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que determina: “Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución”.

Al no existir un acuerdo entre las bancadas para tomar una resolución sobre el tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, informó que solicitará un criterio jurídico por escrito.

En la sesión del Pleno la asambleísta Gabriela Molina planteó devolver a la Comisión de Fiscalización el expediente de enjuiciamiento político en contra del Procurador y que conforme a sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la LOFL, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.

La moción fue rechazada con cero votos afirmativos, 120 negativos; 2 en blancos y 13 abstenciones.

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“Al momento en que se habla de los recursos de los ecuatorianos, se convierte en un documento de interés público. Ese documento jamás fue reservado y no podría tener tal característica”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

El asambleísta explicó que en dicho documento jamás existió una cláusula de reserva y, además, el procurador no tiene la potestad legal para declararlo como reservado y confidencial.

Recalcó que, en el documento, Íñigo Salvador manifestaba al presidente de la República, Guillermo Lasso, que se debe cancelar más de USD 400 millones a una transnacional.

“No era el único documento, pues ya venía enviando documentación al Ministerio de Finanzas, intercediendo y solicitando que se le cancele a la compañía Perenco. El Procurador ha entregado al Ecuador en bandeja de plata a una Transnacional”, afirmó Álvarez.

También expresó que el procurador debería defender al país, en conjunto con el SRI, para que la compañía pague primero los impuestos y luego quizá a ver cualquier deuda a la que tenga derecho.

“¿Por qué el procurador no les dice a los ecuatorianos que la compañía Perenco le debe al país más de 35 millones de dólares en impuestos?”, sostuvo. Además, reiteró que existen muchas dudas respecto al manejo, no solo interno, sino externo de la Procuraduría.

Álvarez hizo un llamado a los ecuatorianos para desenmascarar los actos que ha cometido el procurador.           

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«El documento restringido, al que hace referencia el procurador en su denuncia, es un documento publicado por medios digitales semanas antes de que inicie el juicio político en su contra», explica Álvarez en un comunicado.

De acuerdo con el asambleísta, Salvador no tiene la potestad de nombrar un documento como reservado. «Deben existir ciertos requisitos y ese documento no los cumple. El membrete de reservado no lo convierte en confidencial».

Álvarez agregó que hará uso de su derecho a la defensa y comparecerá ante la Fiscalía General del Estado. «Tenga por seguro que en algún momento solicitaré la malicia o temeridad de su denuncia, al usar de forma indebida el sistema para persecusión política».

La denuncia

Sobre la información que Salvador entregó a Lasso sobre Perenco, el procurador dice que lo hizo mediante un oficio reservado. «La divulgación de documentación reservada es delito de acuerdo con el COIP. De modo que el juicio político contra mí esta basado en documentos obtenidos ilícitamente», dijo a los medios antes de entregar la denuncia en Fiscalía.

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