Larrea fue socio del Estudio Jurídico Moeller Gomez Lince, desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2011. Una fuente, que prefirió el anonimato, comentó para Radio La Calle que en el despacho trabajan Dimitri Durán Mackliff, Raul Gómez Lince Sánchez, Monica Suarez Montoya, Heinz Moeller, Roberto Gómez Lince, Heinz Moeller Gómez, Francisco Villacis y Jaime Peré Viteri quienes guardarían contratos como abogados externos en Flopec.

Asimismo, el procurador tuvo varios cargos en el Banco de Guayaquil, relacionado a Lasso. Entre 1995 y 1999 se desempeñó como asistente legal en la entidad bancaria y luego fue subrogante del Departamento Legal. Además, desde el 16 de marzo del 2009 es accionista de la entidad bancaria.

También, entre agosto y noviembre de 1999, Larrea trabajó en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como coordinador regional de área. Periodo en el que Jamil Mahuad fue presidente del Ecuador y Lasso laboraba como súper ministro de Economía.

Larrea en la Asamblea

El funcionario, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, indicó que la Procuraduría se abstuvo de revisar el contrato de Flopec y Amazonas Tanker Pool porque ya había sido parte de un examen especial en 2021. Sin embargo, las primeras alertas sobre los desfaces en la empresa surgieron en 2022.

Según el compareciente, esta abstención responde «al principio de coordinación y legalidad» entre las instituciones para que no se dupliquen las tareas sobre un mismo tema.

No obstante, la fuente indicó que el exprocurador Íñigo Salvador y Larrea se ampararon en un manual «infralegal». De la misma manera, explicó que los servidores tenían la obligación de revisar el contrato porque se renovó hasta 2024.

«Los criterios de Larrea sobre el juicio político genera un conflicto de interés, porque es imposible que el procurador absuelva una consulta de alguien muy cercano a él. Lasso lo que hizo fue ampararse del juicio político en su contra», refirió.

¿Se hace lo que él dice?

Larrea, en respuesta al jefe de Estado, mencionó que solo debe existir un informe de Fiscalización. Según el servidor, en el documento de recomendación que debe enviar la mesa legislativa se debe anexar la postura de cada uno de los asambleístas votantes.

«En lo dispuesto en los artículos 18, numeral 1 del Código Civil y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdireccionales (…) en el caso del juicio político contra el presidente no está previsto un examen de minoría«, reza la carta.

Réplica

La Calle intentó comunicarse con el procurador Juan Carlos Larrea, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvo respuesta por parte del funcionario. (N.J.C)

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El exfuncionario resaltó que la entidad solo está encargada de revisar cláusulas arbitrales internacionales, más no el resto del contrato. Salvador ejerció el cargo desde el 2018 hasta noviembre del 2022.

«Si usted me pregunta hoy con mirada retrospectiva si me habría abstenido. Probablemente yo no me habría abstenido si hubiera sabido que ese control de legalidad iba a ser objeto para el juicio político del presidente de la República, Guillermo Lasso», dijo en su intervención.

La culpa es de Moreno…

La asambleísta oficialista, Ana Belén Cordero aclaró que esos contratos fueron firmados durante el período presidencial de Lenín Moreno, en febrero del 2021. No obstante, la legisladora de UNES, Viviana Veloz, manifestó que la responsabilidad recae sobre actual jefe de Estado porque los informes se aprobaron en noviembre del 2021.

Por ende, el examen de Contraloría fue trasladado para el análisis exgerente de FLOPEC, Johnny Estupiñán y al expresidente de EMCO, Hernán Luque, quien también está implicado en el caso El Gran Padrino.

‘’¿Quién presionó para que este contrato no se quede sin efecto? Hernán Luque, delegado de Guillermo Lasso’’ Se renovó automáticamente este contrato en diciembre del 2022’’, aclaró. (A.G.M).

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La plataforma enunció respecto a Salvador que «no tener respuesta lo incrimina no sólo políticamente, sino también de forma penal», así lo publicó mediante un hilo de Twitter en su cuenta oficial.

La plataforma añadió también que ha insistido desde el año anterior para que se aclaren las irregularidades en la defensa del país, defensa que el Procurador Salvador hizo en este caso que fue de arbitraje internacional.

Por otro lado, también informó que la ciudadanía puede ver, en los enlaces de drive compartidos en el trino, el oficio enviado al procurador en una tercera insistencia y la anterior respuesta de esta entidad estatal:

«El oficio que le hemos enviado HOY al Procurador I. Salvador en nuestra TERCERA insistencia lo pueden ver/descargar en PDF».

Sobre el oficio

El oficio Nro. VPTE-270124722-PGE fue enviado el 23 de diciembre del 2021 y exige al procurador que responda a los anteriores oficios.

En este oficio, Alex Flores, representante de la plataforma, requirió información al procurador. Además, menciona a otras instituciones públicas que no se han negado a responder ni a brindar información.  

«De hecho, las siguientes instituciones públicas nos han respondido sin problema y sin poner las trabas que usted arbitrariamente y de forma ilegal, interpone» reza el oficio.

La Procuraduría General del Estado justifica, en respuesta al oficio enviado por la plataforma requiriendo información de fallos, que la información generada por otras fuentes como la referida a fallos, tribunales o casos tramitados en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), debe ser requerida a la misma a través de sus propios canales.

Y por ello, no puede “proporcionar” información que “no” se encuentra en su poder y responsabilidad.

Según la plataforma, para no responder los oficios, el señor Íñigo Salvador, a través de su Secretaria Nacional, también aduce la necesidad de ciertos requisitos exigidos a través de los artículos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública (LOTAIP).

Sin embargo, los oficios presentados sí constan con los requerimientos que menciona la LOTAIP, es decir, están en cumplimiento con la ley, puesto que:

Los oficios están dirigidos al titular de la Procuraduría General del Estado, en este caso el señor Íñigo Salvador.

Consta la firma digital expedida, del representante de la plataforma, por el Registro Civil y por el Banco Central del Ecuador.

«Usted desesperadamente, intenta una y otra vez interponer ante hechos que claramente lo incriminan, a falta de su respuesta, en el caso del arbitraje y sentencia del CIADI que obliga a nuestro país a pagar aproximadamente 440 millones de dólares a la transnacional (…) el propio Tribunal principal del CIADI reconoce que hubieron fallos en contra de Ecuador y donde a falta de su respuesta, se consta que usted no defendió a nuestro país como debería haberlo hecho» dice Flores en el oficio.

Otra denuncia

Por otro lado, esta no es la única denuncia que ha enfrentado el procurador.

El 4 de octubre de 2021, el asambleísta Fernando Álvarez, de Unión por la Esperanza (UNES), solicitó juicio político contra el procurador por el supuesto incumplimiento de funciones, al representar la defensa del Estado ecuatoriano en los procesos arbitrales que involucraron a las empresas petroleras extranjeras, Perenco y Chevron.

A su vez, Salvador también denunció al asambleísta por divulgación de documentos reservados.

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“La procuraduría del futuro requiere de la estabilidad de los funcionarios a cargo de la Procuraduría. No podemos jugar con el futuro del Ecuador. Es momento de expresar mi total respaldo político como presidente y como gobierno al doctor Íñigo Salvador, como procurador General del Estado”, sostuvo.

Reiteró que la fortaleza institucional depende mucho de la estabilidad de los funcionarios en sus cargos y que, por ello, hay que respetar los periodos, independientemente de las visiones particulares. “Respetar los periodos de los funcionarios es fortalecer la institucionalidad del país”, dijo.  

Esta muestra de apoyo ocurre después de que, el pasado 24 de octubre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea calificara a trámite la solicitud de juicio político contra Salvador, por incumplimiento de funciones.

La bancada de UNES, quién impulsa este proceso político, acusa a Salvador de incumplimiento de funciones por absoluciones de consultas, en la defensa de procesos con resultados adversos contra el Estado y por recomendaciones para concursos públicos.

Salvador ha dicho que el juicio político es una represalia por haber solicitado la ejecución de la sentencia en el Caso Sobornos. “No crea nadie que porque estoy amenazado con juicio político, por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados en el Caso Sobornos, voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración. Yo no la voy a tener por más amenaza de juicio político que tenga”, sostuvo Salvador.

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El procurador Íñigo Salvador informó que ya recibió la notificación formal y continuará con el proceso de recuperación de activos de todos los casos parte del fuero de Corte, particularmente del Caso Sobornos.

“No crea nadie que porque estoy amenazado con juicio político por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados, en el Caso Sobornos, voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración. Yo no la voy a tener por más amenaza de juicio político que tenga”, dijo.

En septiembre, el Tribunal de Juzgamiento resolvió inhibirse de continuar con la sustanciación de la ejecución y remitir al juez de primer nivel de la Unidad Judicial, donde estén domiciliados los 20 sentenciados, para que continúe ejecutándose el fallo. Esto por algunos criterios referentes a la competencia para ejecutar la sentencia dictada en procesos penales, cuyo juzgamiento se sustanció en la Corte Nacional de Justicia, en razón del fuero personal.

La Corte Nacional, en octubre, emitió una resolución aclaratoria sobre la competencia de los juzgadores, que deben conocer la reparación integral a favor de las víctimas. Se precisó que los jueces competentes para ejecutar la reparación integral son aquellos que dictaron la primera sentencia condenatoria.

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«El incumplimiento de funciones se deriva en el incumplimiento de consultas. La Asamblea le pregunta al Procurador respecto a la restructuración de la Comisión de Fiscalización del período pasado. El Procurador hace un análisis y se entromete en la funciones de la Asamblea con tal de encubrir al Gobierno de Moreno», dijo el Asambleísta Ferdinand Álvarez.

La otra causal es por la designación temporal de jueces en la Corte de Justicia. De acuerdo con el legislador, el procurador «comete un grave error al respecto y el Consejo de la Judicatura también hace una aclaración». Las últimas causales corresponde a los casos de defensa en Perenco y Texaco, además la intromisión en un concurso público dónde recomendó a una persona que pasó del sexto al primer lugar.

La solicitud de juicio deberá aprobarse en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que lo derivará a la Comisión de Fiscalización dónde se tramitaría. Finalmente llegará al Pleno Legislativo.

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