“No tenemos una evidencia de que se necesite un refuerzo para CanSino. Se produce un nivel de inmunidad alto, especialmente si tuvieron COVID-19, casi del 100% y si no se han contagiado el porcentaje es del 70%. Existe un porcentaje pequeño de tener el virus y contagiar a otros”, dijo en un conversatorio con los medios de comunicación.

La funcionaria también explicó que es posible  necesitar una vacunación de refuerzo tres meses después de recibir la segunda dosis, debido a la aparición de las variantes en el mundo.

Fábrica de Sputnik V

Sobre la creación de una fábrica de la vacuna rusa Sputnik V, Garzón indicó que están diseñando una hoja de ruta. “Está avanzando bastante bien las conversaciones con Rusia para la fabricación de vacunas en el país”, dijo.

Sobre la adquisión de la vacuna de ese país, la Ministra expresó que “las negociaciones están bien. Hay una limitación interna a nivel de Rusia por la variante delta. Ha habido dificultades en la producción por lo que se prioriza el uso interno antes que a otros países, pero estamos abiertos para traer la vacuna”.

Este martes llegarán  más vacunas Pfizer por medio de la iniciativa Covax. El próximo 21 de agosto arribarán las dos  millones de Sinovac y más vacunas Astrazeneca de parte de Canadá.

Contagio y hospitalización

La funcionaria recalcó que la situación de hospitalización fue del 80% en julio. En agosto el porcentaje de la ocupación en UCI fue del 77%. “Recordemos que la COVID-19 tiene una larga duración. La gente que la contrae y se complica tarda algunas semanas en recuperarse. En un mes y medio más veremos una descongestión en las UCI”.

Sobre el contagio comunitario de la variante Delta, para Garzón, “lo importante es mantener controlados los brotes. Determinar tempranamente quienes son portadores de esta variante y armar estrategias para que no se siga expandiendo”.

La Ministra destacó que lo importante es seguirse vacunando. “El pasaporte de vacunación es un incentivo para vacunarse. Van a tener descuentos y otro tipo de beneficios. Nosotros no estamos sancionando a quienes no reciban su vacuna. El beneficio es para cada uno de ellos porque así nos vamos a reactivar económica y socialmente”.

Carnets de discapacidad

Sobre el proceso de selección y entrega de carnets de discapacidad,la Ministra entregó los siguientes datos:

• 700 carnets con discapacidad represados desde marzo hasta mayo de 2021. Se creó una plataforma informática para analizar si es pertinente  entregar ese carnet a los que solicitan.
•  1254 requerimientos de calificación de carnet con discapacidad. Se resolvieron 650 casos y 500 se deben resolver.
• 265 personas recuperaron sus autos de la aduana.
• 384 solicitudes se negaron.
• 604 solicitudes están en proceso.
• 125 pedidos se resuelven a la semana.

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En 2018, la asesora Andrea Utreras denunció por concusión a Karina Arteaga. Utreras trabajó en el despacho de la asambleísta de AP y aseguró que la representante de Manabí exigía dinero a sus colaboradores para pagar cuotas de su partido al que se pertenecía.

Solicitud de la Corte Nacional de Justicia

La petición para que se levante la inmunidad la solicitó el juez de la sala especializada de garantías penales de la CNJ, David Jacho, por el delito de concusión denunciado en 2018. El pedido emitió tras recibir la formulación de los cargos emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Andrea Utreras, dentro de las acusaciones que presentó ante la Fiscalía General del Estado en octubre de 2018, señaló que la asambleísta pedía mensualmente dinero a sus colaboradores. Los montos ascendían a los $400 para cubrir su cuota y financiar al partido de gobierno Alianza PAIS.

Otras denuncias

En contra de la legisladora por Manabí existe otra denuncia que presentó su exasesora Verónica Pinargote en 2019. Pinargote la acusa de exigirle la entrega de aportes mensuales por el valor de USD 2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo.

Además, en febrero de este año, Fabricio Villamar también denunció ante la Asamblea Nacional que la funcionaria habría gestionado cargos públicos para sus familiares en distintas instituciones del Estado.

Ante la decisión de la Asamblea, la funcionaria declaró que el Pleno no tiene competencia para pronunciarse sobre su investigación y que esto se trata de una “persecución política”. Recalcó que el proceso en su contra no es objetivo y que el único fin es distraer a la población de los verdaderos actos de corrupción frente a lo cual poco se ha hecho. (AB)

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