El 29 de marzo los trabajadores interpusieron formalmente su denuncia a la presidenta de la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores, Rina Campain. Su petición es que los asambleístas fiscalicen los procedimientos de la evaluación de desempeño por parte de las autoridades del INPC.

Para los funcionarios estos resultados no están acorde con la realidad puesto que han cumplido con su trabajo por más de 25 años. Por el momento, su denuncia ya ha pasado por un primer filtro en el Ministerio de Trabajo, quienes ya solicitaron la información al INPC.

Acciones y represalias

La denuncia también fue remitida a la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y al Ministerio de Cultura y Patrimonio.

“Hay servidores públicos parte de este proceso de evaluación calificados con CERO, funcionarios que tienen más de 20 años de experiencia en el tema. A lo que debemos indicar que este criterio tampoco se justificó de ninguna manera, ya que en el casillero de comentarios tampoco hay ninguna justificación”, dice la solicitud.

Por otro lado, informaron que la respuesta de Brevi fue denunciar a los trabajadores interpelantes por acoso laboral y violencia de género. No obstante, ellos niegan de manera rotunda estos actos y aseguran que han tenido que aguantar desplantes, gritos y acciones inconsultas por parte de la directora.

Abuso de poder

Los funcionarios ya denunciaron la irregularidades en el manejo del departamento de Talento Humano frente al Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos (CIDHU). Los servidores públicos manifestaron falta de objetividad y veracidad en sus evaluaciones de desempeño por parte de su jefe inmediato.

La denuncia fue interpuesta ante el CIDHU y el 18 de febrero del 2023, el organismo internacional inició el proceso de observancia para analizar e investigar el caso.

“Les encomiendan trabajos de un momento a otro sin planificación alguna y según indican son imposibles de poder cumplir puesto que requieren del apoyo de otras direcciones y hasta de otra institución como es el Ministerio de Cultura”, dice el documento al que accedió Radio La Calle.

También se recalcó que existen malos tratos y un “pésimo” clima organizacional. En consecuencia, declaran como responsable de los hechos denunciados a Brevi.  (A.G.M)

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La denuncia fue interpuesta ante el CIDHU el 15 de septiembre del 2020 por servidores de la institución. Sin embargo, el 18 de febrero del 2023, el organismo internacional inició el proceso de observancia para analizar e investigar el caso.

“Les encomiendan trabajos de un momento a otro sin planificación alguna y según indican son imposibles de poder cumplir puesto que requieren del apoyo de otras direcciones y hasta de otra institución como es el Ministerio de Cultura”, dice el documento al que accedió Radio La Calle.

También se recalcó que existen malos tratos y un “pésimo” clima organizacional. En consecuencia, declaran como responsable de los hechos denunciados a Valentina Brevi Martínez, directora de Gestión de Riesgos y Patrimonio Cultural.

Ante la denuncia presentada, el Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos ha detectado la necesidad de generar un Observatorio Procesal para garantizar el debido proceso y proteger los derechos y los derechos humanos de los servidores públicos.

El 3 de marzo del 2023 el CIDHU envió un oficio  a la titular de INPC, Catalina Tello, advirtiendo que este caso no puede ser un pretexto “para que malos servidores públicos y pésimos seres humanos tomen actitudes negativas y quizá hasta represalias que podrían poner en peligro la integridad del trabajador”.

Más denuncias

Ryan Scott, un arqueólogo estadounidense residente en Ecuador, envió una carta a la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca. En este documento, de más de 20 páginas, denunció que existen obstrucciones intencionales en su tesis doctoral de investigación en el parque arqueológico Cochasquí.

En concreto, acusó a la Directora de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático del INPC, Victoria Domínguez por malas interpretaciones deliberadas de la ley y difamación absoluta hacia su persona. De igual manera, recalcó que Tello y los abogados de la entidad y del Gobierno Nacional han sido ineficaces en mitigar las acciones de Domínguez.

Scott resaltó que los permisos de investigación se acordaron durante una reunión con la Directora Tello y Abg. Sempertegui el 6 de diciembre de 2022. Sin embargo, durante la ejecución del Proyecto Arqueológico Cochasquí-Mojanda, Domínguez le dijo a él y sus colegas que nunca tuvieron los permisos ni los informes.

Obstrucciones a la investigación

Después de la obstrucción, el 3 de enero del 2023 se le permitió presentar una nueva propuesta y tendría el apoyo de Tello, sin embargo, tardaron un mes en responder a pesar de que tenían 15 días laborables para hacerlo. En este sentido, mencionó que Domínguez no emitió su carta intencionalmente sino hasta el 1 de febrero. De todas maneras, la respuesta del INPC fue ambigua, descartaron algunos puntos por errores gramaticales y le pidieron establecer nuevas condiciones en algunos casos.

“He esperado una resolución desde que ingresé a Ecuador en agosto y la Directora Domínguez intencionalmente ha tratado de impedirme tener un diálogo con alguien en el INPC además de sus intermediarios seleccionados”

Estos retrasos han perjudicado notablemente la economía del ciudadano extranjero y se agota su tiempo en el Ecuador. Además, recalcó ser víctima de acoso pues Domínguez habría investigado a los miembros individuales de su equipo y los contactó por redes sociales.

“Nunca interactué con la Directora Domínguez antes de su función en el Gobierno, sin embargo, ciertamente su comportamiento hacia mi es como si me conociera previamente”, resaltó.

Respuestas sin respuestas

Por su parte, las autoridades del INPC, a través de la vocería del departamento de comunicación, negaron los supuestos malos tratos a los demás y alegaron que todo se trata de una calumnia por parte de los »malos trabajadores», sin embargo, no se pronunciaron respecto a los documentos presentados por los denunciantes. (AGM).

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Quito, 8 dic (La Calle).- El exdirector del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Francisco Ortiz Crespo habría vendido dos bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano. Al momento, espera la autorización de la ministra de Cultura, María Elena Machuca, para sacarlos del país hacia Estados Unidos.

Ortiz solicitó a Machuca la autorización para sacar del Ecuador las estampas: San Juan Nepouceno y San Francisco de Sales, el 4 de octubre de 2022. Sin embargo, en el documento, al que tuvo acceso Radio La Calle, Ortiz nunca detalló los motivos de esta movilización, ni el tiempo que van a permanecer fuera del país.

El exdirector pretende enviar las estampas al profesor emérito y experto en grabados europeos Almerindo Ojeda de la Universidad de Davis en California, EE.UU. Según las fuentes, los involucrados lograron acordar la comercialización de estos bienes y solo se espera la autorización por parte de la directora del INPC, Catalina Tello, y la ministra Machuca.

La Ley Orgánica de Cultura en el artículo 74 especifica que los bienes patrimoniales podrán ser movilizados bajos los siguientes preceptos:

1. Objetivos educativos.
2. Difusión cultural.
3. Objetivos de investigación que no puedan ser realizados en el país y que no correspondan a los fragmentos o muestras que son autorizados por el Instituto Nacional de Patrimonio.
4. Restauración que no pueda realizarse en el país.
5.  Exhibiciones permanentes en misiones diplomáticas ecuatorianas en el exterior.
6. Exhibiciones permanentes en Museos públicos o privados y de entidades gubernamentales de cooperación o integración.

Sin embargo, en la solicitud enviada por Ortiz no se detalle ninguno de estos puntos.

Réplicas

Radio La Calle envió una solicitud de información a la ministra Machuca para conocer los detalles de esta movilización. Hasta el cierre de este reportaje, no obtuvo respuesta. También se llamó al INPC, pero, como en reiteradas ocasiones, no han contestado a los pedidos de este medio.

Finalmente, se intentó contactar con el exdirector Francisco Ortiz para conocer los detalles de la solicitud. Se llamó a su número telefónico y se envió un mensaje a través de WhatsApp, pero solo vio el mensaje y no respondió.

Aclaración y rectificación

La fotografía utilizada en este reportaje es únicamente referencial.

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Entre estos lugares se encuentra el Salón de los Artesonados en el Palacio de La Circasiana. Allí se encontraba la parte principal de la exposición Jacinto Jijón y Caamaño: intelectual, político y empresario. También uno de los antigüos dueños de esta casa de hacienda cuyo predio pertenece al Municipio de Quito.

La noticia de este desmantelamiento con el objetivo de convertir en oficinas estos espacios de visita para la ciudadanía llegó a las redes. El INPC no tardó en contestar e indicó que la información era falsa y que la exposición seguía abierta al público.

Otros lugares que se desmantelarán son: la Dirección de Transferencia de Conocimiento en Guápulo y la reserva Resfa Parducci de carácter restringido.

Falta de apoyo y comunicación

De acuerdo con los funcionarios del INPC no existe una comunicación por parte de la directora del INPC, Catalina Tello. Tampoco el Ministerio de Cultura ha hecho esfuerzos por ayudar a la institución.

Aunque Tello les prometió que no había ningún pedido por parte del Ministerio de Cultura para la entrega de los espacios. Promesa que no se cumplió, además de que la ministra Elena Machuca se reunió con Tello en vez de escuchar a los funcionarios.

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Un grupo de funcionarios públicos del INPC rechazó la medida a través de una carta abierta, en la que se expresa “entregar el edificio resquebrajará la institucionalidad del INPC, lo que debilitará la gestión técnica para la investigación del Patrimonio Cultural”. 

Aproximadamente, dos millones de dólares le costó al INPC habilitar el edificio.

Servicios en riesgo

En el Centro de Investigación de Memoria y el Patrimonio Cultural está actualmente la reserva técnica restringida de bienes arqueológicos y culturales.

Funcionan además:

• Centro Documental

• Biblioteca especializada de patrimonio cultural,

• Planoteca,

• Área de Geomática y consulta geoespacial del patrimonio cultural,

• Zonas de Fotografía patrimonial,

• Dirección de Investigación e Innovación.

• Sala de usos múltiple y auditorio,

• Lugares para interpretación del patrimonio cultural.

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Quito, 11 de ene (La Calle).- “La Carta de Jamaica” es una de las joyas del fondo documental del Ecuador, que se prepara para su traslado los próximos días.

Es de los pronunciamientos más importantes del Libertador Simón Bolívar.  Fue redactada en 1815 en Kingston, capital de Jamaica, de autoría del libertador.

El documento expone los ideales como respuesta a las inquietudes que le plantea en otra misiva Henry Cullen, Director de la Gaceta Real de Jamaica, quien le consultó sobre algunos asuntos de la realidad de Hispanoamérica.

La edición original se pensaba era la del Archivo General de la Nación de Bogotá, Colombia, hasta que en 2014 se encontró en Ecuador la carta original.

El documento fue hallado por el historiador ecuatoriano Amílcar Varela en los archivos del Banco Central del país, como un documento anónimo y sin fecha.

Para comprobar su originalidad tuvieron que pasar 20 años de investigaciones y revisiones de la historia.

Los investigadores e historiadores creen que el documento estaba en Ecuador debido a que Manuela Saenz se encontraba en 1835 en la región.

En 1815, Simón Bolívar arribó a Jamaica y dedicó su tiempo a divulgar por correspondencia el propósito de la guerra.

La famosa “Carta de Jamaica” exponía la búsqueda e intención del libertador por romper los lazos que Latinoamérica tenía con la corona española.

Ante el descubrimiento, Venezuela en 2014 envió una delegación de académicos expertos en el arte en busca de comprobar su autenticidad y fundamental importancia.

La carta de Jamaica “ecuatoriana” se exhibió en el contexto de la inauguración de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Traslado del documento a nueva sede

El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la nueva dirección del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural determinaron como nueva sede de bienes documentales de alta importancia nacional, al Centro de Investigación y Memoria del Patrimonio Cultural.

Este edificio se encuentra un edificio ubicado entre las calles 10 de Agosto y 9 de octubre, barrio La Mariscal.

El Ministerio de Cultura resaltó que “con esta decisión los bienes culturales y patrimoniales se ponen a buen recaudo una importante parte del patrimonio documental ecuatoriano que corre peligro”.

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Quito, 06 ene (La Calle).- “Sin una planificación adecuada, en medio de decisiones apresuradas y ante la falta del tratamiento técnico existe una clara vulneración de los bienes documentales”, afirma Ivette Celi, ex Subsecretaria de Memoria Social.

Estas declaraciones se producen en medio de la confirmación de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio trasladará en los próximos días bienes documentales a una nueva sede.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) y la nueva dirección del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), determinaron como nueva sede de bienes documentales de alta importancia nacional como la «Declaración de Jamaica», al Centro de Investigación y Memoria del Patrimonio Cultural, un edificio ubicado entre las calles 10 de Agosto y 9 de octubre, barrio La Mariscal.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Cultura resaltó que “con esta decisión los bienes culturales y patrimoniales se ponen a buen recaudo una importante parte del patrimonio documental ecuatoriano que corre peligro”.

Celi afirmó que este nuevo espacio no cuenta con la climatización requerida y la infraestructura para millones de unidades documentales.

De Guatemala a Guatepeor

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos determinó en un informe, la posibilidad de un colapso estructural ante un evento sísmico del edificio Aranjuez, actual sede de resguardo de los distintos repositorios de la memoria social e investigación, a pesar de que este edificio sí dispone de una infraestructura técnica adecuada para los mismos. 

Se creía que estos fondos iban al edificio de la exUnasur, en San Antonio de Pichincha, sin embargo se optó por este nuevo destino, a pesar de que el Centro de la Memoria, no pertenecía directamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o INPC.

Celi reiteró que este traslado, «sería poner en riesgo a los bienes. Lo que están haciendo es priorizar pactos políticos y los negocios, antes que procesos de política pública y cultural”.

La exsubsecretaria concluye que este proceso presenta un escenario arriesgado e incierto, «sin los recursos económicos necesarios para adaptar los soportes técnicos para los bienes documentales se corre un riesgo, sobre todo si se los llevan a un edificio no apto técnicamente».  

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Este edificio sirve actualmente para resguardar reservas que se encuentran en procesos de investigación judicial.

Hace menos de un mes el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, (INPC) se quedó sin director, tras la destitución de Joaquín Moscoso quien levantó su queja ante el proceso de chatarrización del tren.

La idea sería ahora debilitar aún más la estructura del INPC. En respuesta a este pedido, el entonces  director del INPC, Joaquín Moscoso envío un documento al exministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco.

El archivo histórico se encuentra en el denominado edificio Aranjúez, ubicado en la George Washington y Juan León Mera.

Un edificio con otros usos

El CIMP fue cedido por el Ministerio de Agricultura hace seis años justamente para el resguardo de bienes decomisados. Según una fuente del sector cultural que solicitó no ser mencionada, se mantienen los simulacros de embalaje de bienes culturales que serán trasladados al Museo Nacional al sector de San Antonio.

El 4 de enero de 2021 se tomaría la decisión final que dejaría sin este edificio de funcionalidad, que estuvo dentro de la estructura del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

La preocupación es de orden técnico pues el edificio del CIMP tendría que ser readecuado para el archivo histórico que comprende el fondo documental, la hemeroteca, el fondo musical y el fotográfico, que estuvo a cargo del técnico Honorio Granja, hace poco fallecido.

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 En las últimas dos semanas vagones de carga de Riobamba, hasta rieles, entre otros elementos, terminaron chatarrizados.

¿Conoce si se venderán las estaciones de los ferrocarriles del Ecuador?

Es la intención del Gobierno. Hay que recordar que las estaciones fueron rehabilitadas con un enfoque patrimonial, para lo cual se contó con la supervisión del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, (INPC), que realizó los estudios técnicos.

En tales circunstancias no se deberían vender las estaciones, pues significaría irse en contra de la Constitución y la Ley de Cultura y Patrimonio. Varios vagones, (8 o 9) se chatarrizaron sin informe del INPC.

¿En qué consiste la hoja de ruta que seguirán los gobiernos seccionales para rehabilitar el tren?

El proyecto de los Gobiernos Seccionales consiste en solicitar al gobierno nacional la competencia para intervenir en ferrocarriles. Se trata de una decisión política coyuntural que tiene a la Prefectura de Cotopaxi a la cabeza y a otros gobiernos como los de: Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Guayas.  

Hierro de alta calidad

¿Se conoce quien compra la chatarra en la que se convierten los vagones?

Esos vagones tienen un material de hierro de alta calidad, que no se fabrica en el país y se encuentra presente en las ruedas (troopers) o en los (buggies), ejes del tren. Estos elementos no se pueden comprar se puede comprar por más dinero que se tenga. Fue grave la forma en que salieron a escondidas hasta caer en manos de una conocida acerera ecuatorianas. Se subastaron esos bienes al más puro estilo mercantilista.

¿Qué fin tendrán los recursos de la chatarrización?

No estoy seguro, pero por la forma, yo puedo imaginarme que ni el equipo liquidador carece de recursos para las liquidaciones de los trabajadores, aún menos para el tema de las seguridades que corresponden a los jubilados ferroviarios, sin embargo, desconozco para qué servirá ese dinero. 

¿Si el tren se salva se convertirá en del tren multipropósito?

Prefectos y Prefectas de casi seis provincias por donde pasa la línea del tren firmaron la carta de interés para solicitar la transferencia de las competencias recurrentes en el tema de transporte de los bienes patrimoniales y los activos para operar el tren. El enfoque, de lo que conozco, no solo será turístico sino también multipropósito, es decir para carga y mercancía. El proyecto en sí no es “el tren”, sería tan solo una herramienta para desarrollar lo que les compete directamente a los gobiernos provinciales.

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Quito, 14 dic (La Calle). – La Legisladora Amapola Naranjo (RC) confirmó el juicio político a la ministra de Cultura y Patrimonio, Angélica Arias.

La razón: el proceso de chatarrización de los vagones del tren de Ecuador, sin embargo, todo depende de la campaña electoral y los tiempos de la Asamblea.

Naranjo, la proponente del juicio, busca que mañana se produzca un cambio del orden del día, puesto que el Pleno entraría en un periodo de vacancia.

“Estoy en este momento entre pedir el día de mañana el cambio del orden del día ante el pleno, o ir directo al juicio político”.

“Además, estoy preparando una demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo que establece la extinción de dos empresas públicas que son patrimonio cultural”, afirmó la asambleísta. Según la asambleísta por la destrucción de este bien cultural se habrían obtenido 30.000 USD, monto significante frente al valor simbólico que estas piezas tenían.

 En mayo del 2020, el Presidente Lenín Moreno, mediante Decreto 1057, firmó la liquidación de Ferrocarriles de Ecuador y la Empresa Pública de Correos. Las entidades entraron en un proceso de extinción y liquidación de sus activos.

Bienes Patrimoniales

Naranjo responsabiliza al gobierno de Moreno por una clara evidencia de desaparecer los bienes patrimoniales y los que quieran impedir tal acción, y ante esto, descartó cualquier responsabilidad de Joaquín Moscoso, exdirector del Instituto de Patrimonio Cultural (INPC), quien se oponía al proceso de chatarrización de los vagones del tren. Al menos seis vagones estarían ya destruidos y sin posibilidad de ser recuperados. Quedarían 31 vagones todavía intactos.

En todo caso, el proceso de juicio contra la ministra de Cultura y Patrimonio quedaría en espera, por el inicio de la campaña electoral.

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Se trata de un proyecto audiovisual denominado «La Ruta del Ají» que nació en 2015 y en coordinación con el INPC busca los rastros gastronómicos, antropológicos, culturales, rituales e históricos de este fruto.

Origen

Según el INPC, varias crónicas hablan del ají como un alimento de uso generalizado en comunidades indígenas de Ecuador. El Valle del Chota destaca como zona de producción y distribución de ají. También se destaca como un fruto funadamental en las regiones Sierra, Costa y Amazonía, a la par de la sal, la chicha y el maíz.

Rastros arqueológicos

Expertos encontraron los primeros registros de este alimento histórico en gránulos de almidón en un área arqueológica de Cubilán de hace 8.000 a.C , en Oña, provincia de Azuay, a lo largo de una extensión de 52 km2.

También encontraron rastros en unos asentamientos de hace 6.000 a.C. al Suroeste de Ecuador en unos sitios conocidos como Loma Alta y Real Alto. En el primer sitio hallaron almidones de ají en piedras de molino y residuos de comida en pedazos de vasijas de cocina.

Mientras que en el sitio Real Alto hallaron residuos de almidón de ají en piedras de moler pertenecientes a un centro ceremonial de hace 5.000 a.C.

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