Ante esto la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos escribió una carta pública sobre la publicación de esta editorial. “El columnista, sin ningún rigor, pretende sostener la inexistencia de las graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron en octubre de 2019. Asimismo, pretende desconocer el abuso de la fuerza estatal en las manifestaciones acaecidas en los últimos días y justificar la violencia estatal contra los manifestantes”, dice parte de la carta.

La Alianza se solidariza con la Fundación Inredh, con la compañera Pamela Chiriboga y “los miles de manifestantes que han salido a las calles a reivindicar la dignidad humana”. Solicitan que esta carta al director se publique.

Inredh también escribió sobre la editorial. Aquí su respuesta: https://inredh.org/opinion-publica/

¿Qué dice el editorial?

La columna empieza por decir que corren malos tiempos para la causa de los derechos humanos en Ecuador. No porque exista un “Estado dedicado a violarlos sistemáticamente”, sino por “ciertos organismos que dicen defenderlos”.

De acuerdo con Aguilar, el más visible organismo que atenta contra los derechos humanos bajo el pretexto de defenderlos es Inredh. Dice que esta organización “se jugó por la causa de la conspiración golpista”.

Aguilar también se pregunta si “los angelitos que el 26 de octubre levantaron los adoquines en Santo Domingo y los usaron para romper cabezas de policías y patas de caballos ¿no deben ser juzgados por delito flagrante y pasar una buena temporada en el tarro”.

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Quito 21 de ene (La Calle).–  El pasado 18 de enero, Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, solicitó que se cumpla la sentencia por la desaparición de su hija. El pedido lo hizo acompañada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

En el nuevo escrito presentado por Pamela Chiriboga, asesora legal de Inredh y abogada del caso, se menciona: “al tener la sentencia un carácter obligatorio, el Ministerio y otras instituciones públicas, tienen la responsabilidad de ejecutar su cumplimiento”.

La ejecución de la sentencia no ha sido efectiva después de la ratificación de noviembre de 2020. Restan por cumplirse los siguientes puntos: las acciones de búsqueda de Juliana Campoverde, la determinación del monto de recompensa de información y la verificación de la existencia jurídica de la iglesia Oasis de Esperanza, de la cual era pastor Jonathan Carrillo, único encarcelado por este caso.

Ya el 13 de diciembre del año pasado, Elizabeth Rodríguez entregó un oficio a las autoridades competentes del caso solicitando una reunión técnica que no se produjo, por esa razón la madre insistió en que se cumpla la sentencia.

El proceso de investigación sobre el caso de la joven de 18 años ha sido extenso. Casos de femicidios como el de Juliana aumentan en el ecuador.

Otro caso que aún no presenta una ejecución efectiva es el de Lisbeth Baquerizo fallecida el pasado 21 de diciembre, al parecer, a manos de su cónyuge.

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Quito, 14 de enero (La Calle). –La familia de Luis Guachalá, joven desaparecido en 2004 en Ecuador, presentó un alegato final sobre su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (IDH).

En noviembre pasado se realizó la audiencia en la que se definió la fecha para la presentación del alegato final: 5 de enero de 2021. La audiencia se cumplió en la corte presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito, quien durante dos días escuchó interrogatorios de las partes.

Guachalá fue internado en el hospital Luis Endara, sector de Conocoto, en 2004. El interno luego desapareció sin que ninguna autoridad de la clínica diera cuenta clara de su paradero. Las explicaciones brindadas hablaban de que el joven se habría escapado del centro, pero el accionar del personal de la clínica motivó las sospechas de la madre.

La lucha de Zoila

Zoila Chimbo, madre de Guachalá, logró llevar el caso de su hijo a La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En esta instancia se presentaron cargos en contra del Estado Ecuatoriano. Cabe recordar que el año pasado, el gobierno nacional ofreció disculpas a la madre de Paola Guzmán, joven que en 2002, se suicidó luego de ser agredida sexualmente en su institución de estudios.

La defensa menciona que el Estado ecuatoriano vulneró sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personales. Se expuso la posición del Estado ecuatoriano y en su conducta general de inacción se explicó en el documento.

Los alegatos finales se encuentran en un documento de 47 hojas que integra varios puntos como: la desaparición forzada, la aclaración de hechos, los compromisos y promesas incumplidas por parte del Estado, la violación del derecho a la salud y la política fallida de desinstitucionalización de personas con enfermedades mentales.

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Quito 15 de dic (La Calle).- El Comité Nacional de Víctimas del Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron hoy una acción por incumplimiento de la realización del Museo Nacional de la Memoria ante la Corte Constitucional. El Informe de la Comisión de Verdad registró un total de 119 casos de graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador.

«La construcción del Museo de la Memoria es indispensable para recordar los delitos de violación y derechos humanos cometidos en el Ecuador y aceptados por el Gobierno. Tenemos derecho a una memoria colectiva e individual. Nos merecemos un espacio de reparación para los familiares de todas las víctimas. Verdad, Justicia, preparación y memoria para la no repetición de estos actos», declaró Clara Merino, presidenta del Comité Nacional de las Víctimas del Ecuador.

Hace siete años que no se cumple la predisposición inscrita en el Registro Oficial. La Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad establece que en el plazo de noventa días el Ministerio de Cultura y Patrimonio debía iniciar con la construcción del Museo de la Memoria. Esto con el objetivo de documentar y conmemorar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el territorio ecuatoriano.

A la espera de una respuesta

Desde el 2013, el Comité Nacional de las Víctimas espera que las autoridades se pronuncien sobre esta obra. Ahora esperan que este retraso se declare inconstitucional. «El Museo de la Memoria permitirá recordar los graves delitos que se cometieron especialmente en la época de Febres Cordero pero se mantuvieron en los gobiernos democráticos reprimiendo la justa lucha del pueblo», mencionó el ciudadano Miguel Merino

El activista Cristian Paula solicitó que el Museo de la Memoria se lleve a cabo de manera inmediata y participativa. «La población tienen derecho a conocer las consecuencias de los gobiernos terroristas. Esto sirve para tomar conciencia e impedir que perpetradores vuelvan a espacios de poder», añadió.

En los últimos años…

En 2018, las autoridades presentaron un diseño del modelo de la gestión. Este año socializaron con los padres una propuesta de exposición de derechos humanos, pero esta acción no resarce con el dolor de los familiares de las víctimas ni con lo prescrito en la Ley. El pasado 10 de diciembre, colectivos sociales realizaron un plantón por la Conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos.

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“La revista contiene historias que hemos escrito para denunciar la falta de acceso a nuestros derechos como familiares de personas desaparecidas. Además, por los derechos de las víctimas de la desaparición”, explica Néstor Salazar, compilador de la publicación.

Su presentación se realiza con el apoyo de Fondo Ágil y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) a través del evento “Desapariciones en Ecuador: una herida abierta” que será transmitido por redes sociales.

El evento contará con varias actividades:

• 10:00 a 10:45: presentación de la revista «Memoria Colectiva»
• 10:45 a 11:00: instalación artística “Arte clamando en la calle por los desaparecidos” (grupo Huber Mon’s) en la Plaza Grande.
• 11:00 a 12:00: conversatorio “Rastros y memoria: las secuelas y desapariciones”

¿Qué es la desaparición forzada?

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, define la desaparición forzada como: “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado”.

Casos sin resolver

Hasta 2019, se registra un total de 1.392 casos de personas desaparecidas sin resolver en Ecuador. Según datos de la Dirección Nacional De Delitos Contra La Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión Y Secuestros (Dinased).

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