Este fenómeno refleja un problema estructural: la tendencia de los actores políticos a interpretar las leyes y la Constitución según sus conveniencias. Lo que debería ser claro y taxativo se retuerce y se dilata bajo la influencia de intereses particulares, dejando a la Corte como la última instancia para resolver incluso los temas más obvios. Ejemplos recientes como el matrimonio igualitario, el aborto en casos de violación o los derechos de los animales evidencian cómo este organismo ha asumido un rol que debería recaer en otras instituciones del Estado.

Sin embargo, mientras la Corte se ve sobrecargada con estas responsabilidades, muchos otros casos, de igual o mayor importancia, permanecen en espera de resolución. Este retraso no solo afecta la percepción de la justicia, sino que también perpetúa la incertidumbre para sectores de la población que dependen de respuestas claras y oportunas. En este contexto, la Corte no puede demorar en cumplir con lo que la Constitución manda, especialmente cuando los derechos de las personas están en juego.

La judicialización de los problemas políticos en Ecuador no solo pone en evidencia la debilidad institucional del país, sino también la necesidad urgente de que la Corte actúe con mayor rapidez y eficacia. Su rol como garante de la Constitución no debería limitarse a resolver lo que otros eluden, sino también a responder con prontitud a los temas que afectan directamente a la ciudadanía.

Si bien es crucial que la Corte Constitucional actúe como un contrapeso frente a los abusos o interpretaciones erróneas del poder político, es igualmente importante que otras instituciones del Estado asuman con responsabilidad sus competencias. El fortalecimiento de la institucionalidad en Ecuador requiere un compromiso colectivo para que la ley y la Constitución dejen de ser instrumentos elásticos y recuperen su carácter de normas claras y respetadas.

En un momento en que la democracia ecuatoriana enfrenta desafíos críticos, es imperativo que tanto la Corte como el resto de las instituciones cumplan con su deber de proteger los derechos de las personas y garantizar la estabilidad institucional. Solo así será posible superar la crisis de confianza que aqueja al sistema político y judicial del país.

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“Por lo menos por sentido común debería haber invitado a la secretaria de derechos humanos, Paola Flores, aquí esta una mujer (…) coloca a un uniformado, lo lógico habría sido que las autoridades civiles se hagan cargo y no incluir a ninguno de la institución que está siendo cuestionada”, mencionó.     

Pésima comunicación gubernamental

El docente explicó que el tratamiento comunicacional sobre los temas que aquejan al país han sido escasos. Asimismo, aseguró que las declaraciones de Lasso carecen de sentido. Al respecto, ejemplificó el caso de María Belén Bernal. Durante la crisis, la madre de la abogada sufrió linchamiento mediático y las formas de reparación integral del gobierno fueron inadecuadas.

Resaltó la diferencia del tratamiento de la información en los medios tradicionales y los medios digitales. Elizabeth Otavalo recibió críticas por seguir buscando justicia para su hija. Distintos medios han dejado de lado la investigación sobre el caso y se han centrado en buscar el perfil de Cáceres mencionó Hernán Reyes. (A.M.B)

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«Las comunidades ahora podrían empezar a organizarse para repeler la violencia, eso es sumamente grave”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

El docente recalcó que en el país existe una realidad de indigencia y de miseria, no solo en términos económicos sino en posibilidades de futuro.

“¿Frente a eso que está haciendo el Estado ecuatoriano por solventar estos problemas?”, se cuestionó Llerena.

Además, comentó que vivimos en una ciudad de niños mendigos. “Cada semáforo de esta ciudad tiene un habitante que muchas veces son niños que están en los brazos de sus padres”, sostuvo el catedrático.

Por otro lado, afirmó que la pobreza, la falta de posibilidades de futuro, y el cansancio eran componentes con los que la generación de los 90 convivió.

“Esta ausencia de futuro se proyectó, esta imposibilidad de pensar la vida y de tener proyectos nos lleva a una destrucción del vínculo social», aseguró Llerena.

El docente aseveró que debe existir la posibilidad de construir instituciones lo suficientemente sólidas, fuertes para que se construya una institucionalidad que responda frente a las necesidades de la gente.

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“Lo que pasa en Ecuador en el sistema penitenciario es muy grave en comparación al resto de países de la región andina”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Hernández recalcó que algunos de los problemas son: debilidad institucional, hacinamiento, abuso de la prisión preventiva y la falta de recursos presupuestarios. Además, comentó que el Ecuador es uno de los países que menos invierte en el sistema penitenciario.

El parlamentario andino también expresó que existe una vinculación muy fuerte entre las cárceles abarrotadas y los delitos de narcotráfico.

“Las mafias organizadas buscan dónde pueden hacer grandes negocios y obtener grandes réditos”, afirmó Hernández.

Además, expresó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece llamados de atención al Estado ecuatoriano y, sin embargo, hasta ahora no hay respuestas claras.

 “Como sociedad debemos exigirle al Estado que cumpla con su papel. Lo que está sucediendo en las cárceles está conectado con la inseguridad que se vive en las calles y el país”, sostuvo el parlamentario.

Hernández reiteró que el país se encuentra en una situación de anomia social, en la que ya no existe un marco jurídico que dé certeza a los ciudadanos y, sobre todo, puede ser un síntoma de un Estado fallido.

“Todos los poderes del Estado deben responder para lograr rescatar el orden constitucional y la vigencia de los principios democráticos”, aseveró Hernández.

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Quito, 10 feb (La Calle). – La división del Estado apareció en 1789 con la Revolución Francesa. Antes de ello, las naciones europeas concentraban el poder en una sola persona: el rey. ¿Cambió algo con la creación del Estado moderno? Si, pero no del todo varios. En muchos pasajes históricos la democracia tambaleó y llegó la dictadura. También funciones del Estado han sido controladas por entes ajenos a ellas. En algunos países la idea del rey aún existe, aunque con poder mucho menor al de otros siglos.

Así llegamos al siglo XXI, al 9 de febrero de 2022. Los golpes de Estado y las tomas de poder, como si fuesen las botanas en una mesa de bocaditos, no han cesado. En este capítulo, instancias que pertenecen al Ejecutivo se tomaron atribuciones ajenas para derrocar a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Organismo creado en 2008 y que iba a representar el poder ciudadano en el Estado.

Podríamos tomarnos un sinnúmero de páginas para explicar la intencionalidad del CPCCS. Los ciudadanos/as se preguntaron durante estos 14 años de existencia si este poder tenía alguna utilidad. La tiene, en efecto, es un poder con capacidad de veeduría, fiscalización, acompañamiento y por supuesto de convocatoria para elegir a las autoridades de control.

Sin embargo, en política no pasa mucho tiempo para que las cosas se mancillen. El CPCCS mantuvo sus actividades sin tantos sobresaltos hasta que llegó el gobierno de Lenín Moreno. En 2018, después de pasar meses denostando este poder y diciendo que fue una argucia de Rafael Correa para controlar Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, el Ecuador fue a Consulta Popular y dijo si a un proceso de cambio en el Consejo. Entonces llegó el transitorio con Julio César Trujillo a la cabeza.

Trujillo estuvo siempre en política. Roldós Aguilera decía que era parte de “los patriarcas de la componenda”, un insulto muy bien consolidado, pero insulto al fin. No pensábamos que, en sus últimos años de vida, Trujillo iba a dejar sentadas las bases de una bomba que tardó tres años en explotar. El Transitorio nombró nuevas autoridades. Carlos Pólit a Contraloría, Diana Salazar a Fiscalía, Íñigo Salvador a la Procuraduría. Las actuaciones de los tres funcionarios son material de otra columna.

En 2019 se nombraron a los miembros elegidos por votación popular. La muerte le sobrevino a Trujillo en el último día de funciones, pero las semillas estaban sembradas. El CPCCS siempre fue frágil, pero ahora era como un cristal al que, cualquier movimiento podría trizar. En dos años y cuatro meses de trabajo pasaron tres presidentes. José Tuárez, envuelto en una trama de tráfico de influencias. Christian Cruz, con un carnet de discapacidad sospechoso. Cualquiera pensaría que, con Sofía Almeida, las aguas menguarían. Que equivocados estábamos.

2022 es un año importante. El CPCCS empezaba a armar los concursos para elegir a las autoridades de control. Contralor General, Defensor del Pueblo y miembros del CNE para una renovación parcial. Poderes muy importantes en un Estado, por lo tanto, sometidos al interés de unos cuantos aprovechados.

En enero ya empezaron las quejas. Hernán Ulloa enarboló la bandera y aunque, a primera vista parecía que la presidenta cometió un error. Sin embargo, al explicar que el Ministerio de Economía no había realizado el tema de presupuesto y los montos para el Consejo, uno puede sospechar hacia donde van las huellas. El 9 de febrero, un grupo de policías, ayudaron a Ulloa y compañía a entrar en las instalaciones. El CPCCS estaba sesionando de forma virtual por el aumento de contagios de la COVID-19 ¿A quién rinde cuentas la policía? Al Ministerio de Gobierno. Como burdos delincuentes, consejeros y gendarmes rompieron las puertas de la institución. Y en una sesión y de un plumazo destituyeron a Almeida.

No es la primera que sucede un episodio así. En 1984, en la presidencia de León Febres-Cordero, los jueces designaron como presidente de la Corte a Gustavo Medina de la oposición. La acción llevó al Ejecutivo a enviar tanques de guerra que rodearon la Corte para evitar que los magistrados asuman los cargos. En 2007, el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 diputados. Un caso que llegó a la CIDH.

Los opinólogos de redes sociales dicen que el CPCCS. Aunque tuvieran razón, habría que preguntarse la verdadera utilidad de los poderes del Estado ¿El Legislativo crea leyes en beneficio de sus ciudadanos? ¿El Ejecutivo organiza el Estado de forma beneficiosa? ¿La Justicia no está secuestrada por un grupo? La política no es solo la ciencia que estudia la organización de los Estados. También analiza el poder. Ese poder que es como el ser humano que lo ostenta. Efímero, con fecha de caducidad. Los que quieren obtenerlo de formas dudosas deberían pensar dos veces antes de intentarlo.

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Quito 2 de ago, (La Calle). – Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS,) indicó que la situación actual en la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo es compleja.

«Lastimosamente en este escenario tenemos un Contralor general investigado por actos de corrupción. También Defensor del Pueblo privado de su libertad por un presunto delito sexual son acciones que no se pueden prever», dijo.

En el caso de la Contraloría, el nombramiento de Carlos Riofrío, para Ulloa, es legal. Además, la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, solicitó una consulta en la Procuraduría General del Estado, por lo cual no existe forma de nombrar un sucesor hasta marzo de 2022.

La Contraloría General del Estado está en el limbo institucional debido a que Pablo Celi, excontralor subrogante, tiene una investigación por hechos de corrupción.

La situación de la Defensoría del Pueblo resulta un poco más complicada de lo que parece. Ulloa indicó que el CPCCS tomó decisiones que provocaron una confusión. La Defensoría del Pueblo se encuentra a cargo de dos personas. No obstante, el CPCCS no puede designar un Defensor hasta que no se configure la ausencia definitiva de Freddy Carrión que tiene una investigación por abuso sexual.

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Quito 4 de mar (La Calle).- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó las cifras de empleo hasta diciembre de 2020. Los datos indican que las mujeres tenían altos índices de desempleo frente a los hombres. A nivel nacional el 6,7% de las mujeres estuvieron en situación de desempleo, mientras que entre los hombres el porcentaje alcanzó el 3,7%.

Entre agosto y noviembre de 2020, el Gobierno presentó un acuerdo ministerial sobre el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer.

Este mecanismo pretendía establecer lineamientos para prevenir la discriminación y el acoso laboral en los espacios de trabajo y, por ende, fue socializado en las instituciones del Estado. Sin embargo, este resultó ser el primer lugar donde estas mujeres encontraron barreras…

Mariela, nombre protegido

Mariela trabajó en una institución del Estado y asegura que este protocolo si se difundió en el establecimiento. En ese momento, ella tenía licencia por lactancia. A diario salía a las 14:00 de su empleo, pero esto le trajo problemas con su jefe. “A él me molestaba que yo saliera a esa hora. Me pedía constantemente en reuniones que postergara la lactancia y ese comportamiento influía en mis compañeros quienes replicaban sus actitudes. Recibí comentarios de ellos en reiteradas ocasiones pidiéndome sacarme la leche en otro momento”.

En baños y bodegas, la mujer cumplía con alimentar a su pequeña, pero las quejas constantes la obligaron a secar su leche con la ayuda de un doctor. “La ley aparentemente cuida la vida, pero en la práctica no se da esa situación. En el lugar donde yo trabajo se incumple las normativas. Por mi maternidad, mis superiores calificaban mi trabajo de deficiente.  

«Durante el teletrabajo en una video llamada me dijeron que no debía cargar a mi bebé en brazos porque estaba en horas de trabajo”

Mariela presentó una denuncia por los hostigamientos. Transcurrió una semana de silencio administrativo, finalmente la despidieron con la cláusula de terminación unilateral del contrato “Mi jefe me dijo que estaba haciendo cosas que no competían en el trabajo. Esto es un claro signo de violencia de género hacia las madres. Los acuerdos no estipulan que una madre no puede tener a sus hijos en brazos mientras necesitan este cuidado”, anunció.  

Adriana, nombre protegido

Mariela no es el único caso. Adriana también sufrió una vulneración por parte de la institución a la que servía. Ella comentó que en enero de 2020 tuvo complicaciones con su hija a quien daba de lactar en ese entonces. En ese momento ella estaba en el hospital con su pequeña de apenas un año.

Recuerda que sin notificación del Ministerio fue removida de su cargo y le redujeron el sueldo. Ella pidió explicaciones y mandó un email insistiendo en el valor. No obtuvo respuestas. Cuando se reintegró, las autoridades le comentaron que no contaba con el perfil para permanecer en su cargo.

Ella también inicio un proceso legal junto a la Defensoría del Pueblo. En una audiencia en agosto 2020, el Tribunal pidió a la Cartera restituirle su cargo, difundir la sentencia y que se le devuelva todos los valores percibidos hasta agosto. “El Ministerio no cumplió de inmediato, si bien publicaron la sentencia, tuvimos inconvenientes y se acercaron a pedirme un nuevo contrato. Buscaron formas para no cumplir. Para octubre ingresé otra vez pero no me pagaron lo adeudado», sostuvo.

De acuerdo al contrato el 31 de diciembre salió de la institución y hoy forma parte de la lista de mujeres en desempleo.

«Crisis de cuidados»

La economista y especialista en género Gabriela Montalvo recalcó que históricamente la cifra de desempleo es más alta que el caso de los hombres. Uno de los factores que explican esta situación en pandemia es la «crisis de cuidados»: «Las personas por fin se dan cuenta que la gente necesita alguien que cuide a niños, enfermos y ancianos. Las tareas que son realizadas por mujeres se han visto por fuera de la remuneración y por eso perdemos el empleo. Las mujeres son las que asumen y renuncian a su trabajo porque están ‘obligadas’ a cuidar a sus hijos».

La experta mencionó que este sector es afectado por las políticas públicas con presupuestos mínimos. Las autoridades, según mencionó, exaltan los valores de la familia pero cuando el hijo requiere tiempo, espacio y atención entra en disputa con el campo productivo.

«Antes del teletrabajo ya sucedía esto. Cuando los hombres digan en sus empleos: Tengo que estar con mi hija. Ahí veremos diferencias. Siempre en las empresas asumen que alguien le toca a cuidar a otras personas y alguien debe trabajar. Esos espacios son ocupados por mujer y hombre, respectivamente. Es un perjuicio. El tiempo que tu le das a tu hijo le restas a la empresa. Así funciona», señaló.

Conforme a la Ley Orgánica para Erradicar la Violencia contra las Mujeres; «Se entenderá como violencia contra la mujer en el ámbito laboral, todas aquellas acciones que obstaculicen el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, respecto a un posible estado de gestación, una desigualdad injustificada en la remuneración o condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a cambio de actos de naturaleza sexual. Este tipo de violencia es ejecutada por personas que tienen una relación laboral con la víctima, independientemente de la correlación jerárquica».

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Al respecto, compartimos el audio de esta entrevista.

Descarga la entrevista completa aquí.

En un reciente anuncio Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, se mostró muy crítico frente a las empresas mineras, petroleras y madereras; que ingresan a territorios ancestrales sin permiso de los dirigentes comunitarios. Al respecto, «nuestro país está en una situación bastante grave y delicada; puesto que Ecuador uno de los patrimonios más importantes que tiene es su biodiversidad», sostuvo.

En este marco, «estamos ante un proceso muy regresivo con respecto a políticas de protección de la soberanía, así como del hábitat de los pueblos indígenas», advirtió la socióloga ecuatoriana. Al respecto, «resulta oportuno mencionar la relevancia de los derechos de la naturaleza, constitucionalmente amparados en la constitución del año 2008», indicó. En este sentido, «tras un decenio de avances, el actual Gobierno neoliberal ha descuidado estos derechos», lamentó.

Se advierte un fuerte proceso regresivo en las políticas sociales

Asimismo, «las comunidades indígenas han quedado totalmente desprotegidas en esta coyuntura», indicó León. En la actualidad, «el movimiento indígena está fragmentado pero ha continuado su lucha histórica por el territorio», sostuvo. Por tanto, «podemos advertir que uno de los motivos más importantes por el cual se ha intensificado la movilización social es, esencialmente, el retomar las políticas de soberanía que había implementado el anterior Gobierno», concluyó.  

Diálogos geopolíticos

El analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, centró su análisis en torno al abordaje crítico de la noción de multipolaridad en la economía internacional, a partir de la lectura de la obra de Robert Wade The Art of Power Maintenance.  

Día Mundial de los Sin Techo

En el cierre cultural, estuvimos en contacto con Enrique Cal, quien es el prosecretario de FUCVAM en Uruguay. Habló sobre la conmemoración el próximo 5 de Octubre del Día Mundial de los Sin Techo, a partir del cual se realizará una movilización en Montevideo para dar cuenta del estado de situación y reclamar por medidas de protección.

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