Las agencias de tránsito, lejos de dedicar espacios exclusivamente al control vial y la movilidad, se convertirán en terreno fértil. Con una ola de asesinatos, contratos amañados y redes de corrupción infiltradas, las instituciones estarían operando como plataformas logísticas y financieras de las mafias. El Estado, por ahora, parece perder esta batalla.

25 AGENTES ASESINADOS Y DECENAS DE ATAQUES: LA NUEVA GUERRA SILENCIOSA EN LAS VÍAS

La violencia contra agentes de tránsito se disparó en Ecuador en 2024. Según el informe de InSight Crime, al menos 25 funcionarios fueron asesinados y se han reportado más de 39 ataques armados contra personal e infraestructura de tránsito en lo que va del año.

El caso más reciente ocurrió el 15 de junio en Machala: sicarios emboscaron a dos agentes, y uno de ellos murió. La semana anterior, en Manta, asesinaron a tiros a Víctor Villa Gómez, convirtiéndolo en el doceavo funcionario de la agencia municipal ejecutado desde 2022.

La mayoría de estos atentados se concentran en la región Costa, donde también se registra el mayor índice de homicidios del país.

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¿CÓMO LAS MAFIAS INFILTRARON EL SISTEMA?

Las agencias de tránsito manejan grandes presupuestos, administran contratos millonarios y tienen acceso a bases de datos y movilidad vehicular, una combinación atractiva para las organizaciones criminales.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los grupos criminales han infiltrado estas instituciones, colocando a aliados en cargos clave. Algunos casos, incluso se han utilizado vehículos oficiales para transportar armas o drogas con menor control.

En Durán, empresas vinculadas a narcos como “Washo” y “Negro Tulio” han ganado contratos para servicios de grúas y depósitos vehiculares. En Manta, familiares de capos de Los Chonerostrabajan dentro de la agencia municipal. Cuando se detuvo a Fito en junio, uno de sus acompañantes era un funcionario con más de una década en la institución.

“La agencia habría sido debilitada por redes ajenas al servicio público”, reconoció la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso.

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BLANCOS FÁCILES Y SIN DEFENSA

El rol de los agentes de tránsito, que no portan armas, los convierte en objetivos vulnerables tanto para mafias como para venganzas internas o conflictos personales.

Los ataques, lejos de ser casuales, reflejan una disputa por contratos, puestos estratégicos y rutas de poder. Las mafias ven en estas instituciones no solo un mecanismo de lavado de activos, sino una oportunidad de moverse con información privilegiada, protección institucional y acceso a recursos públicos.

Las mafias ya no solo dominan las calles, también controlan quién te pone una multa.

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ECUADOR PIERDE EL CONTROL SOBRE UNA FUNCIÓN CLAVE DEL ESTADO

La infiltración de redes delictivas en las agencias de tránsito debilita la institucionalidad, alimenta la impunidad y expone a servidores públicos a una violencia que crece en silencio. La falta de reformas estructurales y controles anticorrupción permite que estos espacios se conviertan en cajas negras del crimen organizado. Hoy, las carreteras del país no solo están plagadas de huecos, también de amenazas invisibles que operan desde dentro del sistema. Si no se frena este fenómeno, Ecuador podría ver colapsar otra parte esencial del Estado.

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El 85,3% de los ecuatorianos cree que el país está gobernado por grupos poderosos en su propio bneficio, mientras que solo el 12,6% piensa que gobiernan para bien de todo el pueblo. Asimismo los escándalos entre las filas de la Policía y el paro de junio de 2022 debilitaron la confianza en esa institución. El 3,7% tiene mucha confianza en la policía frente a un 42% que tiene poca y un 30,7% que no tiene ninguna. Las Fuerzas Armadas corrieron mejor suerte, el 25,2% tiene mucha confianza en las FF.AA., mientras que el 30,4% tiene poca confianza.

Confianza con las instituciones del Estado

El 50,1% de los ecuatorianos entrevistados no tiene ninguna confianza en la Asamblea Nacional. Recordemos que los roces con el Ejecutivo derivaron en la muerte cruzada y elecciones anticipadas. Solo el 2,5% tiene confianza en el Legislativo. El 47% no confía para nada en el Sistema Judicial que arrastró escándalos desde el inicio del 2023 hasta marzo del 2024 con el caso Purga y Metástasis.

El 46,2% de los encuestados no confían en la institución electoral del país, es decir, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de varios procesos electorales seguidos (en febrero de 2023 los ecuatorianos votamos en las seccionales y para octubre tuvimos la segunda vuelta en las anticipadas). Para abril de 2024 tendrá a su cargo una Consulta Popular y en febrero de 2025, las presidenciales.

¿Y el presidente?

El 60,6% de los ciudadanos no tiene ninguna confianza en la figura del presidente. No es para menos. En febrero de 2023 se dio cuenta de un presunto caso de corrupción dentro de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) al que se denominó El Gran Padrino. Para mayo de 2023, el expresidente Guillermo Lasso comparecía en el Pleno de la Asamblea y para evitar la posible destitución, decretó la muerte cruzada. En noviembre entregó el poder al nuevo presidente y salió con una credibilidad mínima. El 83,5% desaprobó la gestión del expresidente Lasso en esa encuesta.

La confianza estaba tan mermada que el 48% de los encuestados no les importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. El 2023 fue un año convulso para el Ecuador y los retos del 2024 en la política no se han hecho esperar. El latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina. Tras la pandemia, el estudio se retomó para el 2023. En Ecuador participaron 1.200 personas, de las cuales, el 46,9% eran hombres y el 53,1%, mujeres. (MIB)

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«Mi hija que cumplirá cuatro años empezó a asistir a clases de inicial en el Centro de Educación Infantil Mi gigante tesoro en Carcelén. El lunes (04 de septiembre) tuvo la presentación, el martes (05 de septiembre) tuvo jornada completa y ese día la mamá la recogió y la notó triste, rara y le preguntó qué pasó. La niña, entonces, contó que la profesora le quiso dar un jarabe que sabía a cereza, el momento que ella se negó a tomarlo, la jaló de las orejas, incluso sacándole el arete. No tuvo un daño físico en sus orejas, pero cuando le pregunté que había dicho la profesora, ella respondió ¿Cómo que no? y le obligó a tomarlo», relató a Radio La Calle, su padre Gabriel Borja.

Después de eso, le hizo el mismo proceso a su compañero, jalando de sus orejas para que tome el jarabe. A la niña también le obligaron a comer y a acabarse toda la lonchera que le habían mandado de una forma grosera. «La maestra es mala», le dijo la pequeña a su padre. Después de llegar a su casa, la niña durmió tres horas, presumiblemente por el efecto del jarabe. También se quejó de un dolor de estómago.

Negligencia institucional

Los padres de la niña presumen que el jarabe que ingirió era un tranquilizante, por lo que Gabriel decidió hacer la denuncia pertinente. Allí surgió otro problema, la falta de atención de los funcionarios públicos con el protocolo necesario para estas situaciones. «Fui al Ministerio de Educación, a la Fiscalía. Conseguí, después de una pelea bastante fuerte, interponer la denuncia desde Riobamba que funciona sin ningún problema en Pichincha y la mamá ya completó la analítica para llevarla al Izquieta Pérez. En el Centro de Salud le negaron la atención para el examen», explicó.

La preocupación para los padres es que, con el paso del tiempo, los resultados de la analítica no muestren la presencia del jarabe. Al final, a la niña le sacaron sangre en la Fiscalía, después de que los funcionarios alegaran varias excusas, como el hecho de poner la denuncia en Riobamba, el lugar donde vive el padre. El sistema de la Fiscalía tiene funcionamiento a nivel nacional por lo que el sitio de donde se generó la denuncia no detiene el proceso.

El Centro Infantil les devolvió el dinero de la matrícula y el uniforme, la directora no puso resistencia. «La mamá le preguntó qué fue lo que le dieron y ella dijo que no le dieron nada. (…) Me preocupa que frente a la forma de actuar de los servidores públicos, no haya seguridad de que el trabajo de análisis no se haga bien. No saber qué sucede. Dijeron que en 10 días el Izquieta Pérez mandará esos resultados a la Fiscalía», agregó.

La pasividad

Este padre está preocupado también sobre el impacto psicológico que este episodio de maltrato puede tener en su hija. «La psicóloga de la dirección distrital del Ministerio de Educación me dijo que aquí las denuncias suelen morir. Es un tema penal que lleva la Fiscalía, pero si ellos no contestan, la ruta es dirigirse al Ministerio de Educación para pedir la inspección y el protocolo a seguir», dijo este padre.

Si bien la niña no sufrió daños físicos aparte del sueño y el malestar. Los padres están preocupados de que situaciones así se repitan y lo desprotegidos que están frente a las instituciones que deberían protegerlos. «Si un ciudadano común lleva una denuncia a la función pública no va a mentir y suponer lo contrario va contra la buena fe que debe tener el funcionario. El Centro de Salud debió seguir el protocolo de violencia», expresó.

Para Gabriel es importante que las madres y padres se enteren de estos hechos que posiblemente podrían pasar en otros centros de educación infantil para los estudios iniciales. Por lo que consideró necesario visibilizar su caso. (MIBM)

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«No es todo el Ecuador. No (todo el país) es violento, son específicamente las ciudades de Guayaquil, las ciudades de Esmeraldas, y una parte de la provincia de Manabí. Esas son las que tienen alta criminalidad», dijo el ministro.

Igualmente, el titular de esta cartera de Estado solicitó a la Asamblea Nacional hacer las reformas necesarias a la ley para ponerse conforme a las dinámicas actuales de seguridad.

En total, se han puesto en marcha cerca de 126.775 operativos en el mes de estado de excepción; se han desarticulado 31 grupos de delincuencia organizada y se ha intervenido en 29 nichos criminales.

Captura de Norero, alias «El Patrón»

El Ministerio del Interior catalogó la captura del ciudadano Leandro Norero, alias «El Patrón» como un “duro golpe a los grupos de delincuencia organizada”.

Norero fue capturado el pasado miércoles 25 de mayo de 2022, en un mega operativo dirigido por la Fiscalía. Además, fue identificado como el líder de una estructura económica ilegal.

Carrillo dijo que se decomisaron USD 24 millones que financiaba actos delictivos de organizaciones delictivas como: Tiguerones, Chone Killers, Los Lobos, Los Lagartos, entre otras, de acuerdo con investigaciones.

Según el ministro, la aprehensión y desarticulación de Norero deja debilitadas a las bandas criminales que financiaba.

No obstante, Carrillo señaló que, tras la detención de Norero, hay una amenaza en el sistema penitenciario por su presencia, mas no puede ser trasladado a un centro de máxima seguridad.

Estado necesita alianzas para el combate a la actividad delictiva

El pasado 28 de mayo, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, hizo un llamado a la unidad para el combate a las acciones delincuencial.

El ministro manifestó que el Estado tendrá una gran convocatoria con las Cámaras de la Producción la próxima semana, «gente que está mucho más predispuesta en algunos casos que las mismas autoridades municipales», dijo el ministro.

Además expresó que «junto a ellos vamos a trazar las acciones para encontrar soluciones”.

Carrillo señaló que el Estado invertirá USD 1200 millones para combatir la inseguridad. Además, que fortalecerán la institucionalidad de las distintas instituciones estatales como son: la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), para la identificación de narco-avionetas; vigilancia y control aduanero en frontera; Agencias metropolitanas de Tránsito para un mejor control; y Fiscalía y el Sistema de protección a testigos.

El ministro también exhortó a las municipalidades a esforzarse en su rol preventivo.

Proceso de Pacificación

El ministro dijo que la Comisión pacificadora creada por el Gobierno está trabajando en los centros penitenciarios, pues no todos los privados de libertad (PPL) son violentos y quieren pacificarse. El funcionario explicó que la comisión también está dirigida a tratar con los líderes de las banda delictivas.

Sin embargo, las bandas han emitido un mensaje contrario a la pacificación ,entrega de armas y diálogo.

«Decimos queremos pacificarnos, pero por el otro lado empiezan a reaccionar con este tipo de acciones», dijo Carrillo sobre los coches bomba, y expresó ya no creer en los mecanismos de pacificación.

«Nosotros no nos vamos a sentar con ellos. Es una comisión pacificadora la que está anunciando todos estos mecanismos», manifestó Carrillo.

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“Nuestro COE-UTE resolvió que las labores académicas y administrativas durante la semana del lunes 3 al viernes 7 de enero del 2022 se realizarán bajo modalidad virtual. Esta decisión se la toma para salvaguardar la salud de nuestra comunidad universitaria y evitar contagiarnos de la COVID-19”, indicó en un comunicado la UTE.

Por otro lado, la Universidad del Azuay suspendió las clases en esta primera semana del año. “Las clases volverán en persona del lunes 10 al viernes 14 de enero; esta última semana será la del cierre del semestre previo a los exámenes finales”, expresó el comunicado. El centro de estudios avisó a los estudiantes coordinar con los profesores la entrega de los trabajos pendientes.

Clases presenciales

La Ministra de Educación, María Brown, informó que, a partir del 10 de enero, las instituciones con el Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) aprobado, deberán ofertar la posibilidad de asistir de manera presencial, en todos los niveles.

“Contamos con 11.929 instituciones con el PICE aprobado, el 92% de docentes ya trabaja de manera presencial. Recordamos que si los estudiantes tienen algún síntoma no deben acudir a las instituciones y deben reportarlo al plantel”, dijo en entrevista con Radio Visión.

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