Martín Sánchez Paredes, director de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay (CCENA), explicó a Radio La Calle que está en riesgo el Museo Manuel Agustín Landívar, las instalaciones que lo componen y aproximadamente 200 piezas arqueológicas, 70 de ellas museables.

El sitio es un baluarte del Ecuador que conserva vestigios de la presencia de las culturas Cañari, Inca y Española, parte del inventario de los bienes patrimoniales con los que Cuenca recibió la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.

Debido a las condiciones a las que está expuesto el lugar (no cubierto) sufre constantes daños materiales provocados por la naturaleza y el vandalismo de la zona. Contó con el apoyo de entidades como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) zonal 6, pero el respaldo terminó en el 2021, según documentos a los accedió este medio.

Soluciones urgentes

En busca de una solución, la CCENA ha intentado reunirse con la ministra del ramo, María Elena Machuca y con la directora del INPC, Catalina Tello. No obstante, durante los dos últimos años las autoridades han evadido sus responsabilidades con respecto al complejo patrimonial.

Las paredes del lugar están trizadas; la humedad ha permeado y carcome la infraestructura; carece de baterías sanitarias y caminerías; sus canales de filtración de agua requieren mantenimiento para que la estructura no colapse; al no tener un buen resguardo y conservación, las piezas arqueológicas peligran y se deterioran; y, en los exteriores los muros han sufrido los embates de la delincuencia común.

Ante la falta de recursos estatales, como última salida intentan postular el proyecto a fondos de inversión por USD 235 mil, que no piden al Gobierno Nacional. Sin embargo, requieren del aval del Ministerio.

«Ataque político»

Para ello, requirieron de informes por parte del INPC zonal 6. En un inicio, la directora subrogante, María Belén Collar procedió a dar el aval, pero luego fue negado por la directora zonal, Cristina Carrasco, que dejó sin efecto el otorgado por su reemplazo, de acuerdo a las respuestas oficiadas.

«Sorprende la acción del INPC, porque ya existe un criterio afirmativo, pero luego la titular da de baja sin mayor argumento (…) creemos que es un ataque político, porque niega pese a que el proyecto fue realizado ya por un arqueólogo desde el mismo INPC», lamenta Sánchez, quien también asegura que las nuevas observaciones demandadas por el Instituto no son técnicas, sino juicios de valor.

Con el proyecto de fondo de inversiones, la CCENA busca repotenciar el área museográfica para su conservación. Además, plantea la eliminación de muros por vidrios para que permitan su visibilidad desde el exterior. También, la recuperación de las caminerías, adaptación de servicios mínimos y personal necesario.

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La denuncia fue interpuesta ante el CIDHU el 15 de septiembre del 2020 por servidores de la institución. Sin embargo, el 18 de febrero del 2023, el organismo internacional inició el proceso de observancia para analizar e investigar el caso.

“Les encomiendan trabajos de un momento a otro sin planificación alguna y según indican son imposibles de poder cumplir puesto que requieren del apoyo de otras direcciones y hasta de otra institución como es el Ministerio de Cultura”, dice el documento al que accedió Radio La Calle.

También se recalcó que existen malos tratos y un “pésimo” clima organizacional. En consecuencia, declaran como responsable de los hechos denunciados a Valentina Brevi Martínez, directora de Gestión de Riesgos y Patrimonio Cultural.

Ante la denuncia presentada, el Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos ha detectado la necesidad de generar un Observatorio Procesal para garantizar el debido proceso y proteger los derechos y los derechos humanos de los servidores públicos.

El 3 de marzo del 2023 el CIDHU envió un oficio  a la titular de INPC, Catalina Tello, advirtiendo que este caso no puede ser un pretexto “para que malos servidores públicos y pésimos seres humanos tomen actitudes negativas y quizá hasta represalias que podrían poner en peligro la integridad del trabajador”.

Más denuncias

Ryan Scott, un arqueólogo estadounidense residente en Ecuador, envió una carta a la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca. En este documento, de más de 20 páginas, denunció que existen obstrucciones intencionales en su tesis doctoral de investigación en el parque arqueológico Cochasquí.

En concreto, acusó a la Directora de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático del INPC, Victoria Domínguez por malas interpretaciones deliberadas de la ley y difamación absoluta hacia su persona. De igual manera, recalcó que Tello y los abogados de la entidad y del Gobierno Nacional han sido ineficaces en mitigar las acciones de Domínguez.

Scott resaltó que los permisos de investigación se acordaron durante una reunión con la Directora Tello y Abg. Sempertegui el 6 de diciembre de 2022. Sin embargo, durante la ejecución del Proyecto Arqueológico Cochasquí-Mojanda, Domínguez le dijo a él y sus colegas que nunca tuvieron los permisos ni los informes.

Obstrucciones a la investigación

Después de la obstrucción, el 3 de enero del 2023 se le permitió presentar una nueva propuesta y tendría el apoyo de Tello, sin embargo, tardaron un mes en responder a pesar de que tenían 15 días laborables para hacerlo. En este sentido, mencionó que Domínguez no emitió su carta intencionalmente sino hasta el 1 de febrero. De todas maneras, la respuesta del INPC fue ambigua, descartaron algunos puntos por errores gramaticales y le pidieron establecer nuevas condiciones en algunos casos.

“He esperado una resolución desde que ingresé a Ecuador en agosto y la Directora Domínguez intencionalmente ha tratado de impedirme tener un diálogo con alguien en el INPC además de sus intermediarios seleccionados”

Estos retrasos han perjudicado notablemente la economía del ciudadano extranjero y se agota su tiempo en el Ecuador. Además, recalcó ser víctima de acoso pues Domínguez habría investigado a los miembros individuales de su equipo y los contactó por redes sociales.

“Nunca interactué con la Directora Domínguez antes de su función en el Gobierno, sin embargo, ciertamente su comportamiento hacia mi es como si me conociera previamente”, resaltó.

Respuestas sin respuestas

Por su parte, las autoridades del INPC, a través de la vocería del departamento de comunicación, negaron los supuestos malos tratos a los demás y alegaron que todo se trata de una calumnia por parte de los »malos trabajadores», sin embargo, no se pronunciaron respecto a los documentos presentados por los denunciantes. (AGM).

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Mauricio Marín, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, reveló a Primicias que el proyecto ingresó a la Secretaría a finales del pasado 2022 para el posterior análisis técnico y legal.

Sin embargo, Marín dice que el Municipio no ha aprobado la construcción del proyecto. Principalmente porque chocaría con el entorno del tradicional sector, La Floresta. El hotel fue construido en esa zona en 1960

Según el funcionario, en caso de que cumpla con los criterios de construcción, empezará un nuevo proceso de evaluación y análisis con la Comisión de Áreas Históricas. Pues a la Secretaría le corresponde la revisión técnica del proyecto para emitir un informe. Mientras que la Comisión de Áreas Históricas tomará la decisión final, previo a la obtención de la licencia de construcción que debe ser gestionada por la administración zonal.

Por ello, el informe no representa una autorización para construir en ese predio, recalcó Marín. Asimismo, se espera que ese informe sea presentado en el mes de febrero para que la Comisión de Áreas Históricas ejecute su revisión.

¿Cuál es el área del hotel en la que se podría levantar edificios?

A partir de 2020 los predios del Hotel Quito (el edificio completo y las dos primeras alas de habitaciones, de las cuatro que existen) se convirtieron en zonas patrimoniales. Así lo decidió el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

No obstante, una zona del hotel quedó al margen de la ficha del inventario efectuado por dicha institución: los parqueadores. Lugar en el que sí se pueden efectuar construcciones. Pero estas deben ejecutarse bajo la ordenanza del Plan Floresta. Una de las exigencias es que los edificios a construirse no superen los seis pisos de altura.

Según Marín, en ese caso «se trataría de un proceso de construcción ordinario, en el que el Colegio de Arquitectos de Pichincha o la empresa Desintecsa hacen un análisis técnico para que la administración zonal entregue la licencia«. Según, el secretario los análisis correspondientes serán los que determinen la viabilidad del proyecto de CRBC.

Martín Chang sostiene que el proyecto inicial generaría inversiones por USD 170 millones. Además de 2.000 fuentes de trabajo directas y 10.000 indirectas. En consecuencia, USD 1 millón en impuestos para el Municipio de la capital.

¿Cómo se gesto la compra por parte de la empresa china?

El paquete accionario del hotel patrimonial e histórico (empresa Quito Lindo constituida en 1998 por el IESS) fue vendido en 2016. El costo de la venta fue por USD 30.8 millones. Según, Martín Chang, gerente de la CRBC (en diálogo con Primicias), al comprar las acciones de una empresa, adquirieron los activos y los pasivos. Esto para aclarar que lo que se compró no fue la propiedad o el terreno del hotel, sino la acciones.

Un año antes que CRBC concretara la compra de acciones, la consultora Price Waterhouse elaboró un informe en el que valoró al hotel como bien inmueble y negocio. El valor patrimonial, incluidos los activos no operativos, ascendió a USD 37.4 millones.

Pero, Marcelo Larrea, representante del colectivo ciudadano, (en diálogo con La Hora) mencionó que el terreno de 3.3 hectáreas del hotel estaba valorado en USD 120 millones.

JR

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Quito, 8 dic (La Calle).- El exdirector del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Francisco Ortiz Crespo habría vendido dos bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano. Al momento, espera la autorización de la ministra de Cultura, María Elena Machuca, para sacarlos del país hacia Estados Unidos.

Ortiz solicitó a Machuca la autorización para sacar del Ecuador las estampas: San Juan Nepouceno y San Francisco de Sales, el 4 de octubre de 2022. Sin embargo, en el documento, al que tuvo acceso Radio La Calle, Ortiz nunca detalló los motivos de esta movilización, ni el tiempo que van a permanecer fuera del país.

El exdirector pretende enviar las estampas al profesor emérito y experto en grabados europeos Almerindo Ojeda de la Universidad de Davis en California, EE.UU. Según las fuentes, los involucrados lograron acordar la comercialización de estos bienes y solo se espera la autorización por parte de la directora del INPC, Catalina Tello, y la ministra Machuca.

La Ley Orgánica de Cultura en el artículo 74 especifica que los bienes patrimoniales podrán ser movilizados bajos los siguientes preceptos:

1. Objetivos educativos.
2. Difusión cultural.
3. Objetivos de investigación que no puedan ser realizados en el país y que no correspondan a los fragmentos o muestras que son autorizados por el Instituto Nacional de Patrimonio.
4. Restauración que no pueda realizarse en el país.
5.  Exhibiciones permanentes en misiones diplomáticas ecuatorianas en el exterior.
6. Exhibiciones permanentes en Museos públicos o privados y de entidades gubernamentales de cooperación o integración.

Sin embargo, en la solicitud enviada por Ortiz no se detalle ninguno de estos puntos.

Réplicas

Radio La Calle envió una solicitud de información a la ministra Machuca para conocer los detalles de esta movilización. Hasta el cierre de este reportaje, no obtuvo respuesta. También se llamó al INPC, pero, como en reiteradas ocasiones, no han contestado a los pedidos de este medio.

Finalmente, se intentó contactar con el exdirector Francisco Ortiz para conocer los detalles de la solicitud. Se llamó a su número telefónico y se envió un mensaje a través de WhatsApp, pero solo vio el mensaje y no respondió.

Aclaración y rectificación

La fotografía utilizada en este reportaje es únicamente referencial.

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Quito, 11 jul (La Calle).- El expresidente Lenín Moreno es custodio no autorizado de 159 invaluables piezas arqueológicas del Estado ecuatoriano. Solicitó el inventario de esta colección en 2020, pero las autoridades no saben ni quién se la dio ni por qué o desde cuándo la tiene. Aun así, adornan su domicilio particular en el duodécimo piso del edificio Las Cumbres, parroquia Rumipamba, en el norte de Quito.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) confirmaron a Radio La Calle que no hay evidencia alguna de autorización y transferencia de tenencia privada de los bienes que posee el exmandatario.

La custodia de estos objetos no está apegada a la Ley Orgánica de Cultura (LOC). La norma estipula que el Ministerio puede reconocer a personas naturales o jurídicas como tenedores particulares. Sin embargo, el artículo 85, literal b, de la LOC dicta que solo se admitirá cuando «se acredite el inventario, la conservación apropiada, se facilite la investigación y el acceso público«.

¿Qué piezas tiene Moreno en su casa?

Según el inventario del INPC, son 159 bienes arqueológicos registrados entre agosto y octubre de 2020 por la dirección de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático (DAAPPS). Hay vasijas, cuencos, copas, urnas, estatuillas, entre otros. No obstante, gran parte de la colección son hachas (125).

El informe detalla que se desconoce la filiación cultural de 117 piezas, pero 42 pertenecen a las culturas: Napo (32), Bahía (4), Piartal (2), Tacalshapa (2), La Tolita (1) y Tuza (1).

Ninguna de las piezas puede verse en la página web del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE). La razón de ello radica en que solo fueron registradas en estado de edición, pero “no se creó la respectiva ficha de colección”, afirmó la DAAPPS.

¿Dónde están?

Los documentos entregados por el INPC señalan que los objetos están ubicados en la residencia privada de Moreno, en el penúltimo piso del edificio Las Cumbres, próximo al Centro Comercial El Bosque, en el norte de la capital.

Se pidió al Instituto copias del archivo fotográfico y del informe de criterio técnico de la colección para verificar su estado y condiciones actuales. Hasta el cierre de esta edición, no dio respuesta.

¿Cómo obtuvo estas reliquias?

El INPC es el responsable de registrar el patrimonio cultural a nivel nacional. Sin embargo, respondió que «no cuenta con documentación relacionada al inicio y término del proceso, únicamente dispone de designación de responsabilidades del inventario».

El Instituto precisó que la tenencia debe ser aprobada por el Ministerio de Cultura, pero aclaró que «de la recopilación documental no existe evidencia de dicha autorización». Adicionalmente -y gracias a la revelación de este medio- emitió un comunicado hacia la Contraloría General del Estado para que inicie «Acciones de Control por afectación al Patrimonio Cultural».

En busca de dicha autorización, se solicitó información a la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca. La cartera de Estado contestó que ni enterada estaba del tema, aun cuando es la encargada de aprobar la tenencia.

«(…) conforme lo señala la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, se informa que no existe documentación de registro de bienes arqueológicos que se hubiere podido localizar en custodia de la familia Moreno ni informes relacionados a su afirmación», reza la respuesta del Ministerio.

Adicionalmente, el equipo periodístico de La Calle conversó con funcionarios del Ministerio. Explicaron que Cultura y Patrimonio pidió la información referida al INPC. Expresaron que el Ministerio no tiene un registro de transferencia de bienes a personas particulares ya que eso es competencia del INPC.

«Revisamos los archivos de la Subsecretaría y no encontramos ningún antecedente sobre este tema (…) esa documentación (del expresidente) nunca llegó aquí», aseguraron.

¿Y cuánto cuestan esas piezas?

Expertos arqueológicos explicaron que el valor de estas piezas depende del mercado en donde se vendan.

Apuntaron que cada una de las piezas puede costar entre USD 100 a 200 en el mercado negro interno. Sin embargo, el precio de cada pieza se dispara por diez fuera del Ecuador, es decir, por cada reliquia se puede obtener entre USD 1.000 a 2.000.

En suma, el avalúo de la colección que posee el exgobernante oscila entre los USD 15.900 a 31.800 dentro del país. Mientras que el costo internacional va entre los USD 159 mil a 318 mil.

Réplica

Radio La Calle buscó la réplica del expresidente Lenín Moreno, pero no se logró un acercamiento directo. Se envió un mensaje interno a su redes sociales de Facebook e Instagram, mientras que en Twitter fue imposible ya que tiene desactivada la opción de mensajería. Asimismo, este medio se comunicó con personas que trabajaron muy cerca de su gobierno para que actuaran como intermediarios. Tampoco hubo resultados.

Finalmente, se intentó dejar un recado en la recepción del edificio, pero no fue recibido argumentando que si bien el exfuncionario posee un inmueble allí, por el momento, nadie vive en él. Por tanto, el comunicado no podría llegarle.

En el limbo…

Con más dudas que respuestas, no es muy clara la tenencia de estos objetos por parte de la familia Moreno Garcés – González.

No obstante, la LOC describe que los bienes arqueológicos son propiedad exclusiva del Estado, sin importar el régimen de posesión. Su comercialización, apropiación, ocultación, adulteración y falsificación están prohibidas, según los artículos 85 (a,b) y 91 de la Ley.

En cuanto al Código Orgánico Integral Penal (COIP), su artículo 238 tipifica el transporte ilícito de bienes arqueológicos con una pena privativa de libertad de siete a diez años.

Aclaración

Aunque las solicitudes de información de este medio fueron muy claras, ninguna de las autoridades consultadas respondieron quién y por qué se entregó estas piezas al exmandatario.

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