Una vez más, la Ley ecuatoriana es sobrepasada por los intereses políticos. Esta recurrencia durante los últimos gobiernos también se pudo ver con la serie de inobservancias dadas, incluso a la misma Constitución, en la sesión de la noche de este lunes y madrugada del martes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Desde la petición de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado presentada por la asambleísta Gissela Garzón en mayo de este año, que también fue solicitada por el asambleísta Héctor Valladarez, los movimientos políticos dentro del Legislativo han sido el foco de confrontaciones entre bancadas, actores políticos y grupos relacionados con la política nacional.

En medio de esta polémica sesión, la apelación a la presidencia de Pamela Aguirre solicitada por César Umajinga, el desorden en las mociones presentadas y la ausencia de debate en un punto del orden del día provocaron discusiones y agravios entre los legisladores de las bancadas Revolución Ciudadana, ADN y PSC.

La reunión, que resolvió no calificar el juicio político en contra de la Fiscal, terminó con la retirada de los asambleístas de la RC y fuertes denuncias públicas, como el conflicto de intereses del asambleísta Umajinga a quien se le habría archivado procesos judiciales a cambio de su voto.

La sentencia del juez de primera instancia, Edgar Romero Salazar, que el 22 de agosto falló a favor de la acción de protección planteada por la asambleísta de ADN Inés Alarcón Bueno por el archivo de los juicios políticos en contra de tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso, no fue acatada por el Legislativo por tratarse de una intromisión en las facultades de la Asamblea Nacional. Pero esto fue solo el punto de partida para esta nueva trifulca parlamentaria. Pues, las presiones también vinieron de la misma Fiscal quien el 19 de agosto, a través de sus redes sociales, solicitó se reanude su juicio luego de haber superado el alto riesgo en su reciente embarazo.

A pesar de existir una sentencia de mayor jerarquía de la Corte Constitucional, el juez Romero insistió con el cumplimiento de la suya y presionó a la presidenta de la Comisión con sanciones económicas diarias si no levantaba de manera inmediata el archivo de los tres juicios a los exministros, además de suspender el juicio en trámite contra de la actual ministra Mónica Palencia y de continuar con los procesos de fiscalización, entre los cuales está el de la Fiscal Diana Salazar.

El 13 de diciembre se instaló una sesión en la Comisión para resolver seis juicios pendientes de los que, en orden de prelación, se encuentran el de Salazar después de Palencia y antes de los exministros. Luego, en agosto de 2024, el CAL resolvió autorizar a la Comisión unificar los pedidos de juicio en contra de la Fiscal seguidamente solicitados por los legisladores Garzón y Valladarez de la bancada Revolución Ciudadana.

Esto indica que la inobservancia a la Norma Suprema y la interpretación a conveniencia de las normas específicas se ha venido normalizando en las decisiones de los cuerpos colegiados de las diferentes funciones del Estado, desde el periodo de gobierno anterior, a vista y paciencia del Ejecutivo.

Asimismo, el abuso de las garantías constitucionales, como las acciones de protección, es otro de los síntomas de una evidente desinstitucionalización donde priman los intereses políticos junto a la complicidad de los jueces del país. Es que parece que la justicia selectiva y la persecución ya hacen parte del quehacer político nacional, como un mal que dificulta cada vez más la supuesta lucha contra la corrupción que, por cierto, también está concebida en los mandatos de nuestra Constitución.

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Diana Arias, directora metropolitana Tributaria, explicó que los ciudadanos pueden acceder a esta eliminación de multas mediante la consulta de obligaciones en el portal de servicios municipales y automáticamente se aplica el descuento.

Con respecto a las personas que apliquen impuestos declarativos, como la patente, Arias detalló que «una vez que tiene RUC activo o inicia sus actividades con el RUC, y grabe y envié sus declaraciones. Podrá revisar esto en la consulta de obligaciones y efectuar el pago en línea a través de banca virtual o en cualquier institución financiera con el número de orden de cobro».

Arias clarificó que se han disminuido el valor de intereses, multas y recargos de las obligaciones pendientes. Sin embargo que a partir del 31 de julio se volverán a cargar los intereses y multas desde la fecha de exigibilidad original. Puntualizando, que si alguien debe desde 2020 y no pagó, otra vez desde 2020 se volverán a calcular los intereses.

La directora Tributaria, comentó que el potencial de la remisión es de aproximadamente de USD 185 millones, beneficiando a los contribuyentes. Con el objetivo de fortalecer las finanzas de la ciudad, esta remisión de multas e intereses impulsa la recaudación de impuestos adeudados, ofreciendo un alivió económico a los contribuyentes.

El Municipio de Quito prevé recaudar al menos USD 40 millones gracias al cobro de este capital tributario hasta el 30 de julio. (N.C)

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«No obstante, en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha, solicito a usted el archivo acerca de la investigación seguida a los asambleístas Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla», dice el oficio.

El pasado 26 de marzo, Lasso envió una noticia criminis con relación a los cinco legisladores, en la cual se presumía que le habrían pedido dinero a cambio de un voto de la ley de inversiones. Según el mandatario, «esas circunstancias le fueron comunicadas por terceras personas».

Coincidencialmente, este oficio aparece cuando el 28 de agosto, el Pleno de la Asamblea discutirá si realiza el juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura. En un audio filtrado, el vocal Juan José Morillo dijo que Pachakutik los respaldaba y Salvador Quishpe, jefe de esa bancada expresó que no iban a apoyar el juicio.

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“El anuncio del veto tiene un carácter político. Este es un golpe político por parte del presidente Lasso”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que el gremio periodístico tiene casi totales coincidencias con el proyecto de minoría de la Ley de Comunicación, aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, no es la misma posición la de los dueños de los medios de comunicación.

«Los dueños de los medios de comunicación, aunque hacen una supuesta defensa de la libertad de expresión, hay otros temas que les importa: redistribución de frecuencias, apropiación patrimonial de frecuencias, captación de fondos públicos por publicidad”, afirmó Jurado.

También detalló que otros temas de su interés son: la eliminación de los controles para circular contenido publicitario o de entretenimiento rentables, preservar la indemnidad y el poder para realizar afirmaciones falsas con el propósito de afectar a los adversarios políticos de los medios o sus socios.

“Estos son los problemas que en el fondo incomodan a un grupo de medios de comunicación que se han beneficiado de la cercanía con el Gobierno”, aseguró Jurado.

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“El presidente Lasso vive en una permanente burbuja alrededor de su riqueza y eso le impide ver la realidad nacional”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, explicó que Lasso está enfocado en deteriorar la legitimidad y la credibilidad de la protesta social a través de acusaciones respecto al vínculo de los dirigentes del movimiento indígena con el narcotráfico.

“Él está claro en la estrategia política de posicionamiento que es la asociación Iza- Correa y el narcotráfico para convencer a la población de este imaginario”, afirmó Rabascall.

El político aseveró que existe un descontento popular que se puede evidenciar al analizar la credibilidad que tiene Guillermo Lasso en las encuestas.

“El presidente Lasso tiene una credibilidad que está en una vía subterránea. Un presidente así difícilmente puede construir espacios de gobernabilidad”, aseguró el político.

Rabascall también comentó que lo que le interesa al mandatario es mantener la relación con el Fondo Monetario Internacional a quien le ha cedido la banda presidencial.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones de Jaime Nebot acerca de adoptar un modelo de gobierno federal.

“Esto corresponde a una estrategia político- electoral tratando de llevar la atención hacia él. Pretenden mantener la hegemonía en la provincia de Guayaquil”, sostuvo Rabascall.

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“En mi caso el Consejo de la Judicatura, por beneficiar a un ciudadano que quitó a un pobre campesino 12 cuadras bananeras valoradas en USD 250.000 en Los Ríos, la víctima buscó una tutela, procede a cesarme en las funciones para beneficiar a ese ciudadano violentando mis derechos fundamentales. Presenté mi reclamo en octubre y hasta el momento no responden”, expresó.

El Doctor Patricio Centeno Tayupanta, prueba documental en el plantón, afirmó que el Consejo de la Judicatura, en la sustanciación del proceso Disciplinario en su contra hizo trampa creando pruebas inexistentes, ademas viola el Reglamento; La Ley; y, la Constitución, con la finalidad de que se deje en la impunidad la apropiación indebida e ilegal de 12 Hectáreas de cultivo bananero valoradas en USD 300.000, en perjuicio de un humilde campesino de la Provincia de Los Ríos de nombres Héctor Paulino Ocampo Viteri

Agregó que la Judicatura trafica con las designaciones de jueces y fiscales. Centeno tenía uno de los puntajes más altos, pero fue transferido a otra provincia. “Tengo un puntaje de 97/100, no he tenido ningún padrino. Como no lo tengo, solo me queda la calle como reclamo”.

Acotó que no se trata de un problema económico, sino de que exista verdadera justicia para su caso. “No es por un asunto de dinero, es por dignidad”.

Mesa de la verdad y justicia

Para acompañar y conocer los casos de exfuncionarios judiciales que fueron destituidos injustamente se creó la Mesa de la Verdad y Justicia. “El Consejo de la Judicatura reconoció ciertas veedurías internacionales que indican cierta injerencia política y administrativa en la función judicial”, explicó Carlos Garavi, exjuez provincial de Pichincha y presidente de la organización.

El exmagistrado informó que cerca de 2.000 jueces ilegalmente destituidos. “Los señores jueces tienen que se examinados por jueces, no por actores administrativos. Estamos aquí por la reivindicación de la justicia”, finalizó. MIB

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Asimismo, dijo que no ha sido expulsado de Pachakutik, como dijo el coordinador del movimiento, Marlon Santi. “Quieren expulsar a quienes defendemos la línea ideológica del movimiento, mientras que a quienes están acusados de actos de corrupción se los protege”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Pereira comentó que la carta emitida por Marlon Santi establece que se debe proteger a la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori. “¿Cómo vamos a proteger a Llori que le está haciendo daño al país?”, cuestionó el asambleísta.

Respecto a las amenazas de expulsión, Pereira sostuvo que para eso existe un debido proceso disciplinario y se tiene que hacer a través de la Comisión de Ética. “Todavía les queda un camino largo si es que su intención es expulsarnos de la bancada”, aseguró.

Pereira reiteró que el comunicado de Santi pretendía amedrentar a otros compañeros de Pachakutik para que no se sumen a la autoconvocatoria.

«Otros compañeros de Pachakutik querían sumarse a la línea de la autoconvocatoria para conformar la comisión evaluadora, en ese momento, salió el comunicado para amedrentarlos», afirmó el asambleísta.

Además, recalcó que la presidenta de Asamblea lleva tres semanas suspendiendo leyes y sesiones para proteger su puesto y aferrarse al cargo.  

“Llori ha destrozado la imagen que tenemos, todo nuestro discurso que tenemos ante el pueblo”, aseveró Pereira.

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«El contralor Celi responde a los intereses de este gobierno y al pacto que tiene en la Asamblea. Ellos defienden a un contralor subrogante que está preso y cuestionado. Están ganando tiempo para colocar a un subrogante del subrogante que sirva a los intereses del gobierno», dijo el legislador para Radio La Calle.

De acuerdo con Lloret existen un doble discurso en la Asamblea. «En el Pleno se rasgan las vestiduras diciendo que están a favor de un juicio político a Celi, pero en la práctica mandan informes en los que piden que se cambien proponentes para el juicio a Ortiz. Es un doble discurso, por un lado hacen los amarres para defender a Celi y frente a la ciudadanía aparecen como los denunciólogos que están del lado de la justicia», analizó.

El tiempo corre

«En el oficio que manda el presidente de la Comisión de Fiscalización con respecto al juicio político contra Ortiz que se debía analizar no pide que se archive sino que se cambie de proponentes y fiscalizar. Con eso ganan 60 días para Celi», explicó el asambleísta.

Añadió que «no hay artículos en la Ley de la Función Legislativa que permitan el cambio de proponentes. Fuera de la ley blindan a Celi».

Con esto la Asamblea deja un mensaje claro. «Podemos volver a una Asamblea del 2% de aceptación. No se sintonizan con las prioridades de los ciudadanos pasan a lo urgente (Ortiz) cuando tienen lo importante (Celi) en segundo plano».

Sin institucionalidad

El contralor subrogante despacha desde la cárcel #4. A juicio de Lloret, «la institucionalidad está desprestigiada gracias al Trujillato. Unas de las decisiones de Trujillo fue Pablo Celi. Si la ciudadanía tenía alguna expectativa de que la Asamblea tenga prioridades en la lucha contra la corrupción en esta votación no se cumplió. La mayoría de los votos vinieron del partido de Gobierno brindando la posibilidad de que Celi siga en la Contraloría».

Juicio pendiente

El legislador seguirá vigilante del cumplimiento de este proceso en el Legislativo. «Estaremos vigilantes de lo que sucede dentro y fuera de la Contraloría. Celi tiene poder en la Asamblea con 80 votos. Me preocupan los trabajadores honestos que están siendo amenazados. Familias que no regresan a sus hogares porque están amedrentados por oscuros personajes», alertó.

De acuerdo con el Comité de Perjudicados de la Contraloría, las glosas desvanecidas para favorecer a las empresas privadas tienen un valor de USD 5.000 millones.

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