Gjika, de 47 años, había ingresado a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal.

Desde entonces, construyó una red criminal transnacional vinculada a tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Su nombre figuraba en la lista roja de Interpol y era uno de los hombres más buscados del país.

Red criminal con fachada legal

Según el Ministerio del Interior, la organización que lideraba contaba con un nivel directivo, logístico y de colaboradores que operaban en Ecuador y otros países. Empresas legales habrían sido utilizadas para blanquear fondos ilícitos y ocultar actividades comerciales y financieras asociadas al crimen.

Gjika enfrenta un proceso por delincuencia organizada en el marco del caso Pampa, una de las investigaciones más amplias contra redes narcoempresariales en el país. La captura tiene fines de extradición.

La detención de Gjika no solo representa un avance judicial. También expone la magnitud de las redes mafiosas que operan en Ecuador bajo estructuras sofisticadas y con conexiones internacionales. La pregunta ahora es: ¿cuántos más como él siguen operando bajo el radar?

La captura de Gjika llega en un momento clave, cuando Ecuador enfrenta una ola de violencia atribuida precisamente al poder creciente del crimen organizado y sus vínculos con estructuras internacionales. Aunque su extradición podría significar un avance judicial, los analistas advierten que desmontar estas redes exige mucho más que capturas aisladas: se necesita una estrategia sostenida que ataque los flujos financieros, la complicidad institucional y la impunidad con la que han operado por varios años.

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La CNJ, a través de un comunicado, pidió formalmente que la justicia argentina envíe a Luque al país. El juez a cargo del caso ratificó el pedido el 26 de febrero. El implicado deberá rendir cuentas a la justicia ecuatoriana por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

«Corresponde a la Cancillería ecuatoriana gestionar este pedido de manera expedita», finaliza el documento.

Un año y piquito…

Aunque la promesa del expresidente Lasso fue traer «del cogote a Luque» luego de que todo el entramado se filtrara en los medios de comunicación, el implicado pasó un largo tiempo en Argentina. Según el exministro del Interior, Juan Zapata, el ahora recluso salió de Ecuador el 9 de enero de 2023. Desde entonces la notificación de su arresto se difundió en la Policía Nacional y la Interpol.

Luque guardaba una estrecha relación con el Lasso por sus cargos en el Banco de Guayaquil. Fue vicepresidente de las Oficinas de Banca Personal y Comercial del Banco de Guayaquil, según el portal de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

A parte de su larga estadía en el Banco de Guayaquil, el exjefe de Estado lo nombró coordinador de las 13 empresas públicas, a través del decreto ejecutivo 107, el 14 de julio de 2021.

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La policía de Colombia facilitó los antecedentes penales de los implicados, a través de la Interpol. También informaron que la Comisión del FBI está en el país, se reunirán con la Fiscalía para que dé indicaciones y explique cuáles serán sus funciones.

«En pocas horas se logró tener todos los elementos para seguir lo que ha dictaminado la justicia. Este suceso criminal, debido al nivel de violencia experimentado, sigue el tratamiento de casos especiales, el que permite utilizar todas la unidades de investigación disponibles y todos los medios de inteligencia, quienes en pocas horas lograron dar con los responsables del hecho», dijo el comandante general de la Policía.

Policías heridos

Los policías heridos, que formaban parte del cerco de seguridad, estuvieron en distintas casas de salud y se recuperan en el hospital de la Policía. «Tenemos un miembro que tuvo una operación por un impacto de proyectil en el abdomen. A otro policía lo atendieron por impacto superficial de proyectil en la parte posterior del cuello. Medio centímetro más y hubiera acabado con su vida. El tercer policía tiene un tiro en el abdomen, éste último brindó apoyo al conductor del vehículo. Enfrentó al sicario y ambos recibieron impactos de bala».

Sobre el asesino abatido, Salinas informó que tuvo nueve tiros. «¿Por qué fueron con el sicario a Flagrancia? Porque se habían comunicado con el Ecu – 911 e iban a encontrarse en ese punto. Fallece el sicario, la ambulancia no llegaba y llevaron al Policía herido al hospital Espejo».

El general Sarzosa informó que la Unidad de Criminalística levantó los indicios en el Coliseo del colegio Anderson y la Unidad de Flagrancia. Todo se trasladó a un almacenamiento temporal. La investigación les permitió encontrar a los seis implicados. «Los indicios se conforman por: armas de fuego, cartuchos y medios tecnológicos. Están en cadena de custodia». (MIB)

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La asambleísta Esther Cuesta anunció que la copia del documento fue enviada al embajador de Paraguay y Ecuador. De igual manera, resaltó las graves acusaciones de Moreno en el caso Ina Papers.

»Nosotros hemos solicitado que se evalúe la permanencia de este señor en ese país y que enfrente a la justicia aquí en el Ecuador», manifestó.

La situación de Moreno

El 19 de abril Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro.

La orden fue remitida a la Interpol para proceder con su búsqueda y captura, reportó la periodista Jacqueline Rodas.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello. (A.G.M).

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«Cuando aquí, en el Ecuador con las masacres carcelarias juegan fútbol con las cabezas de los presos, que desmiembran a los internos. Y que no han podido controlar, yo le dije (a Sebastián Yunda) que no viniera más», expresó Yunda.

Sebastián, hijo de Jorge Yunda, está en Argentina. Allí radica desde diciembre de 2021 cuando fue detenido por la Interpol. Cuenta con un auto de llamamiento a juicio y Ecuador solicitó su extradición, sin embargo, se sabe que pedirá asilo político a ese país.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, indicó que el proceso que recae sobre Sebastián Yunda depende en gran parte de las autoridades argentinas, reportó diario La Hora. En el caso de que Yunda vuelva al Ecuador, deberá cumplir prisión preventiva para continuar con el juicio por asociación ilícita.

No obstante, ya que ni Sebastián ni su tío César Yunda están en el país, el proceso no puede avanzar.

Prisión preventiva

Sebastián Yunda tiene una orden de prisión preventiva en las investigaciones en su contra por presuntamente «haber generado negocios desde el Municipio de Quito. La orden de prisión llegó luego de que no cumpliera las medidas cautelares de colocarse un grillete eletrónico y presentarse periódicamente a la Unidad Judicial de Quito», reseñó el medio.

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«Lo ratifico, (mi nieto) va a perder la vivienda, la va a perder completamente. Yo me he reunido con el coronel González, director del ISSPOL, donde me dijo «lo siento mucho, no hay nada qué hacer, se va a perder esa vivienda», señaló Otavalo.

Cuando Otavalo contradijo al coronel por la responsabilidad de la institución policial, él habría indicado que el dueño del crédito «está prófugo no más, ella es la asesinada», por tanto, todavía hay forma de recuperar el inmueble.

Otavalo precisó que ha intentado reunirse con la ministra de Educación, María Brown, pero sus intentos han sido en vano. «Trabajé con ella. Antes tenía un poco de sensibilidad. Ahora me manda asesores para que le informen. Se cree la súper ministra».

Para ver el programa completo y las declaraciones de Otavalo haga clic aquí.

Huecos de la resolución de la Asamblea

Durante la entrevista se habló de la responsabilidad estatal frente a los femicidios. Sin embargo, los expertos en derechos humanos, Sybel Martínez y Hernán Reyes reprocharon que la intervención de la Asamblea no haya abordado la protección integral de los niños; como el caso del hijo de María Belén.

«¿Quién atiende al pequeños Isaac, qué pasa con él? ¿Cómo está en su colegio? No sabe qué hacen las autoridades, si se está buscando justicia. Lo máximo que le queda es que le van a dar USD 125», cuestionó Martínez.

Otavalo trabajó en el Ministerio, precisamente en la elaboración técnica del bono de orfandad. Manifestó que no son USD 125, sino USD 112.

«Yo peleaba con el Secretario de la Administración de la Presidencia, porque le decía ¡USD 100 es nada!, pero me decía ‘hay que hacerlo significativo», mencionó Otavalo. Añadió que nunca pensó pasar por esta situación, pero la lucha continúa.

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El 30 de septiembre venció el plazo (siete días) que Lasso dio a Fausto Salinas, comandante general de la Policía, para que dé con el paradero de Cáceres. El mandatario manifestó que esperaría respuestas hasta el fin de semana al ver que no hubo ningún resultado. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna pista sobre la ubicación del teniente.

Por otro lado, la Policía Nacional informó que se activó una difusión roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para localizar a Cáceres. Aunque en la plataforma digital de la Interpol aún no se refleja su nombre.

Existe una recompensa de USD 20.000 a quien proporcione información que ayude a su localización. Además, consta en la lista de los más buscados por violencia de género. Cáceres se dio a la fuga el 13 de septiembre, dos días después de la desaparición de Bernal y luego de rendir su versión en la Fiscalía.

El pasado 21 de septiembre, miembros de la policía encontraron el cuerpo de la abogada de 34 años en el cerro Casitagua, al norte de Quito. Bernal desapareció el 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía Nacional.

Además, el 24 de septiembre, Lasso solicitó la renuncia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, luego de una serie de ineficiencias en el caso Bernal. El capitán Juan Zapata es quien ocupa actualmente el cargo.

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“difusión roja contra el ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Miño, es culpado por delito de falsedad de información, con este antecedente: me permito informar que la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL (…) ha procedido a publicar la Notificación Roja N de control, en cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad”, reza el oficio de la Policía Nacional.   

“El Mago” Chérrez fue culpado por actuar como asesor financiero para Isspol. Las autoridades lo involucran en el desfalco al Isspol, por más de USD 900 millones. Su nombre es conocido por estar vinculado a varios procesos penales en Ecuador y uno en Estados Unidos.

Además, en sus manos estarían USD 327 millones correspondientes a la operación swap organizada por el Isspol y sus empresas en el 2015.

La difusión roja 

La Interpol dio luz verde al pedido de difusión roja en contra de “El Mago”. Según la organización internacional, la notificación de difusión roja no es una orden de detención internacional, sino una solicitud enviada a 194 países para que los policías localicen y detengan provisionalmente a Chérrez para su extradición, acción judicial o entrega. 

Viajes sin regreso y falsa información

Después de que se conocieran los desfalcos y operaciones irregulares del Isspol, Chérrez abandonó Ecuador el 6 de marzo de 2020. Su primer destino fue Colombia – Cali. Actualmente, está en México donde le otorgaron la nacionalidad. A su vez es prófugo de la justicia al tener una orden de prisión preventiva a causa de falsedad de información en una de las investigaciones.

La sanción por este tipo de hechos consta de tres a cinco años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (J.P)

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“Su detención se realizó mediante cooperación internacional entre las Policías de Ecuador y Argentina, en atención a la notificación roja de Interpol que pesaba sobre él desde noviembre de 2021”, señala el documento.

Asimismo, el Ministerio indica que el proceso de traslado ya inició, por lo que se prevé que Yunda llegue al país dentro de algunas semanas.

Desde octubre Sebastián Yunda tiene orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita. Se lo acusa por supuestos tratos y negociaciones relacionadas con el Municipio de Quito.

En su teléfono celular se encontraron conversaciones, donde gestiona pruebas PCR y eventos artísticos para sus amigos, con empresarios y funcionarios de la Alcaldía.

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La Comisión consideró que los datos relativos al solicitante (el Estado) registrados en el Sistema de Información de INTERPOL (IIS) suscitaban dudas en cuanto a su conformidad con el artículo 2 del Estatuto de la organización, explicó el portal Confirmado.net.

«Por estás razones, la Comisión de la INTERPOL ecide que los datos impugnados no se ajustan a las normas de INTERPOL aplicables al tratamiento de datos personales y deberán ser eliminados de los ficheros de INTERPOL», indica el documento.

Se determinó que es improcedente hacer efectiva una cooperación dentro del espíritu universal de los derechos humanos.

Tercera vez

Esta es la tercera vez que esta organización contra el crimen rechaza el pedido de la justicia ecuatoriana para girar una orden de este tipo, contra el exmandatario. Las anteriores las solicitaron por los casos Balda y Sobornos.

En las dos solicitudes anteriores, la INTERPOL consideró que las solicitudes de Ecuador no estaban apegadas al ámbito de cooperación de las agencias policiales del mundo, sino más bien a fines de carácter político.

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El 7 de octubre pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó a la Interpol el arresto de Rafael Correa Delgado por su supuesta participación en el denominado “Caso Sobornos”.  El expresidente recibió una condena de ocho años de prisión e inhabilitación política por 25 años. En este mismo caso recibieron condena 20 ciudadanos entre funcionarios y empresarios.

Violación a los derechos humanos

Desde finales de 2018, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), rechaza los pedidos de alerta roja solicitados por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador (CNJ) en contra del expresidente Rafael Correa. Errores técnicos en los pedidos, pero sobre todo afectaciones a los derechos humanos terminan anulando los pedidos.

Para la Comisión del Control de Ficheros de la Interpol, los pedidos de localización, detención y extradición en contra del exmandatario “no son compatibles con los acuerdos de cooperación dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2 de los Estatutos de Interpol)”. Así rezan los comunicados de la entidad. La comisión es la encargada del tratamiento de datos personales para cumplir con la normativa de la organización.

El Gobierno de Moreno ha solicitado alerta roja contra Correa en dos causas: 1) como “autor intelectual” del secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia, en 2012, y 2) como “autor mediato por instigación” en el Caso Sobornos, en el cual fue sentenciado a ochos años de prisión el pasado 7 de septiembre del año en curso.

Rechazos de Interpol por Caso Balda

En julio de 2018, Daniela Camacho, jueza del caso Balda, ordenó prisión preventiva para Correa y la CNJ emitió al director de la Interpol en Quito un pedido de localización y captura en su contra. Sin embargo, el 5 de diciembre, Interpol “tras haber examinado detenidamente todos los elementos” declaró improcedente la solicitud por ser incompatible con el artículo 2 de los Estatutos del organismo internacional y por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Comisión de Ficheros.

Este último contempla las decisiones de presentación de “elementos, resumen del procedimiento, exposiciones de las partes, declaración de los hechos, aplicación de normas Interpol y un análisis de los argumentos jurídicos y las partes operacionales”, reza el artículo 38.

Frente a la negativa, en marzo de 2019, la jueza Camacho solicitó un pedido de revisión a la notificación de alerta roja. La CNJ argumentó que la nueva información proporcionada era válida (declaratoria de prófugo de Correa y auto de llamamiento a juicio). No obstante, en abril, Interpol negó la petición considerando que no fueron argumentos suficientes en ninguno de los artículos antes mencionados.

Rechazos de Interpol por Caso Sobornos

En junio de 2019, el fiscal subrogante, Wilson Toainga pidió a la Policía Internacional que localice la nueva dirección de domicilio de Rafael Correa. Esta vez el impulso fiscal fue la participación del líder de la Revolución Ciudadana en el caso Arroz Verde, mejor conocido como Caso Sobornos. Los funcionarios del consulado en Bélgica no pudieron notificar a Correa para que rinda su versión del caso en la dirección proporcionada.

Sin embargo, su defensa, Fausto Jarrín, señaló no existe obligación jurídica de notificar a nadie si se cambia de domicilio. Interpol no respondió.

El 10 y 31 de julio de 2020, Interpol nuevamente negó la difusión roja contra Correa por “ser incompatible con Derechos Humanos (art. 2 de la Constitución de Interpol)”, manifiesta el comunicado. Además, la institución señaló que no hay información adicional sobre el caso, no se cumplieron los requisitos para asegurar la efectiva cooperación y la misma procedió “eliminar esta información”

Análisis para una alerta roja

Interpol notifica una alerta roja tras un riguroso análisis de los “datos enviados por la entidad judicial solicitante”, según el artículo 84 del reglamento del organismo.

Estos datos deben ser suficientes deben contar con:

-Exposición de los hechos.

-Una descripción clara y precisa de las actividades delictivas de la persona buscada, fechas y lugares donde se cometieron los presuntos delitos.

-La Policía Internacional, bajo estos dictámenes, considera que la información otorgada por la CNJ del Ecuador es insuficiente. (GG)

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«Hasta el momento, habiendo transcurrido trece días desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura sin que se conozca de sus paraderos, tanto más que de algunos sentenciados incluso es de conocimiento público que no estarían en el país. Se dispone que se proceda con la notificación roja de Interpol de todos los antes indicados sentenciados».

Notificación del juez Iván León.

La notificación roja implica que en las próximas horas se hará una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener a los sentenciados.

Al conocer sobre el pedido del juez, Correa dijo el 7 de octubre en su cuenta de Twitter.

Además de Correa, entre los sentenciados están el exvicepresidente Jorge Glas (en prisión desde 2017 por corrupción ligada al caso Odebrecht); el exsecretario jurídico Alexis Mera; los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, y 10 empresarios privados, sentenciados a ocho años de cárcel.

La sentencia

El pasado 7 de septiembre un Tribunal de la Corte de Justicia de Ecuador negó el recurso de casación interpuesto por Correa y los otros implicados en el caso. De esta manera, la sentencia quedó en firme.

Según la sentencia de casación, Correa y Glas instigaron a la exasesora Pamela Martínez «para que arme la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en una oficina paralela a la Presidencia de la República»; Glas, por su parte, «instigó desde los sectores estratégicos y luego como Vicepresidente de la República y líder de su movimiento político para obtener los recursos económicos».

De acuerdo con la sentencia, el Estado debe recibir una reparación integral de 14,7 millones de dólares.

Al momento, Correa, quien ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político, reside en Bélgica, país de origen de su esposa. 

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Para la Comisión del Control de Ficheros de la Interpol, los pedidos de localización, detención y extradición en contra del exmandatario “no son compatibles con los acuerdos de cooperación dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2 de los Estatutos de Interpol)”. Así rezan los comunicados de la entidad. La comisión es la encargada del tratamiento de datos personales para cumplir con la normativa de la organización.

El Gobierno de Moreno ha solicitado alerta roja contra Correa en dos causas: 1) como “autor intelectual” del secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia, en 2012, y 2) como “autor mediato por instigación” en el Caso Sobornos, en el cual fue sentenciado a ochos años de prisión el pasado 7 de septiembre del año en curso.

Análisis para una alerta roja

Interpol notifica una alerta roja tras un riguroso análisis de los “datos enviados por la entidad judicial solicitante”, según el artículo 84 del reglamento del organismo.

Estos datos deben ser suficientes deben contar con:

-Exposición de los hechos.

-Una descripción clara y precisa de las actividades delictivas de la persona buscada, fechas y lugares donde se cometieron los presuntos delitos.

-La Policía Internacional, bajo estos dictámenes, considera que la información otorgada por la CNJ del Ecuador es insuficiente.

Rechazos de Interpol por Caso Balda

En julio de 2018, Daniela Camacho, jueza del caso Balda, ordenó prisión preventiva para Correa y la CNJ emitió al director de la Interpol en Quito un pedido de localización y captura en su contra. Sin embargo, el 5 de diciembre, Interpol “tras haber examinado detenidamente todos los elementos” declaró improcedente la solicitud por ser incompatible con el artículo 2 de los Estatutos del organismo internacional y  por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Comisión de Ficheros.

Este último contempla las decisiones de presentación de “elementos, resumen del procedimiento, exposiciones de las partes, declaración de los hechos, aplicación de normas Interpol y un análisis de los argumentos jurídicos y las partes operacionales”, reza el artículo 38.

Frente a la negativa, en marzo de 2019, la jueza Camacho solicitó un pedido de revisión a la notificación de alerta roja. La CNJ argumentó que la nueva información proporcionada era válida (declaratoria de prófugo de Correa y auto de llamamiento a juicio). No obstante, en abril, Interpol negó la petición considerando que no fueron argumentos suficientes en ninguno de los artículos antes mencionados.

Rechazos de Interpol por Caso Sobornos

En junio de 2019, el fiscal subrogante, Wilson Toainga pidió a la Policía Internacional que localice la nueva dirección de domicilio de Rafael Correa. Esta vez el impulso fiscal fue la participación del líder de la Revolución Ciudadana en el caso Arroz Verde, mejor conocido como Caso Sobornos. Los funcionarios del consulado en Bélgica no pudieron notificar a Correa para que rinda su versión del caso en la dirección proporcionada.

Sin embargo, su defensa, Fausto Jarrín, señaló no existe obligación jurídica de notificar a nadie si se cambia de domicilio. Interpol no respondió.

El 10 y 31 de julio de 2020, Interpol nuevamente negó la difusión roja contra Correa por “ser incompatible con Derechos Humanos (art. 2 de la Constitución de Interpol)”, manifiesta el comunicado. Además, la institución señaló que no hay información adicional sobre el caso, no se cumplieron los requisitos para asegurar la efectiva cooperación y la misma procedió “eliminar esta información”. (CE)

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