“La intervención de varios colegas asambleístas dejó mucho que desear. Hubo posiciones que distan mucho de cualquier criterio técnico, científico e incluso jurídico”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Ella es una de las legisladoras que defiende los derechos de las mujeres que han sufrido violación. Su Partido no ha tomado una decisión consensuada al respecto.

Noriega considera una indolencia tomar posiciones anti derechos en un país con tanta crueldad. «Cada año, aproximadamente, 3000 niñas menores de 14 años están pariendo producto de una violación», dijo.

“Espero que el día de la votación, que será en aproximadamente ocho días, los asambleístas puedan reflexionar su voto y votar con empatía. Se busca una ley que sea justa y reparadora para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”, aseguró Noriega.

Interrupción voluntaria

La legisladora sostiene que esta ley se centra en cómo lograr que la interrupción voluntaria del embarazo sea accesible. Una ley que no tenga trabas y pueda garantizar que todas las mujeres puedan interrumpir el embarazo en casos de violación y que puedan hacerlo de la forma más digna posible.

Noriega explicó que el informe de minoría es regresivo en derechos y lo peligroso es el tema de plazos. Estos son sumamente reducidos para casos de violación.

“Lo problemático de esto es que el informe contiene un plazo de interrupción del embarazo de seis semanas para mujeres mayores de 18 años; 12 semanas para mujeres de la ruralidad, mujeres con discapacidad, niñas y adolescentes menores de 18 años”, detalló la asambleísta.

Noriega aseguró que el informe de minoría no responde a las realidades de las víctimas de violación y no respeta las particularidades que tienen las niñas y mujeres ablusadas sexualmente.

“Quienes estamos a favor del aborto en casos de violación, estamos a favor de la vida. Estamos a favor de una vida digna para las mujeres y niñas que tuvieron que vivir la atrocidad de una violación”, sostuvo.

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La moción también dispone que el plazo para mujeres mayores de 18 años, que han sido víctimas de violación y desean interrumpir el embarazo de manera voluntaria, será de 28 semanas.

La moción se aprobó con 6 votos a favor y 4 en contra. Los asambleístas que votaron favorablemente fueron: Dina Farinango, de Pachakutik, Johanna Moreira y Alejandro Jaramillo, de la ID, y Gissela Garzón y Jhajaira Urresta, de UNES.

La asambleísta de UNES, Jahiren Noriega, escribió en su cuenta de Twitter: “Después de casi 12 horas de sesión para debatir el aborto por violación logramos para las mujeres y niñas de este país que el informe para segundo debate contenga los más altos estándares en DD.HH. respecto a plazos y requisitos”.

La vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, Sybel Martínez, aseguró: “Hoy, la Comisión de Justicia aprueba para segundo debate una temporalidad para la interrupción del embarazo en caso de violación de 28 semanas para mujeres mayores de 18 años y sin plazo para personas vulnerables”

La decisión de los plazos se incluirá en el informe para el segundo debate de esta ley, que deberá ser aprobada en el Pleno de la Legislatura. Se prevé su envío hasta el 25 de enero.

También se cambió de nombre al proyecto de ley. Se decidió eliminar la palabra “derecho” del título de la propuesta que fue presentada por la Defensoría del Pueblo y ahora se denomina Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación.

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“No ha sido posible encontrar un consenso dentro de la bancada de UNES frente a esta ley tan delicada y que genera gran debate en la sociedad ecuatoriana. De esta manera, la decisión de la Revolución Ciudadana es dejar en libertad a sus asambleístas, lo que significa que sus intervenciones y votaciones serán a título personal, y no en representación del movimiento”, indica parte del documento.

Añaden que la posición de la Revolución Ciudadana ha sido y es el respeto a “las diversas formas de pensar en virtud de la pluralidad que somos y representamos, siempre en función del bien común, de la vida y, en especial, de las mujeres.

Debate en Pleno

Por el momento, el Pleno está en Comisión General y escuchando las comparecencias de activistas, médicos y representantes en género para después debatir el informe del proyecto de Ley. “»La violación es tortura y pone en riesgo la vida de esas niñas. La Defensoría del Pueblo reclama, exige y exhorta una ley justa para todas, especialmente, por las que ya no están», dijo Ximena Cabrera Montúfar, exdelegada oficial de la Defensoría del Pueblo en género.

«Es importante que la denuncia la haga el servicio de Salud para que los casos no queden en la impunidad. En el caso de una niña de 12 años cuya madre no quería poner la denuncia. Ella accedió al aborto y el caso fue a Fiscalía y se supo que el perpetrador fue el padre», expresó Ana Cristina Vera, representante de Surkuna.

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