El economista Marco Flores explicó para Radio La Calle que para medir el porcentaje de la inversión anual es necesario realizar una comparación con valores del año anterior. Además, desmintió las «súper cifras» que da el ministro de Economía, Pablo Arosemena, frente las ventas.

Flores enfatizó que si las ventas incrementaron en la dimensión que Arosemana señala, el Impuesto Agregado a la Venta (IVA) debería haber aumentado. Sin embargo, el informe del BCE indica lo contrario.

En 2012, el IVA tuvo un porcentaje de 6,2 %, luego descendió en 2017 con el mandato de Moreno a 6,0 % y en 2022 terminó en 5,6 %. Por lo tanto, según el economista, lo único que incrementó fue el precio de las cosas, más no el número de ventas.

«Es decir, todo está más caro. Es necesario establecer una comparación con el PIB de cada año para no equivocarse y soltar datos al aire», resaltó.

Impuesto a la renta

De la misma manera, las cifras del Banco Central muestran que el Impuesto a la renta pasó de 3,7 % en 2012 a 3,6 % en 2021 y subió a 3,8 % en 2022. Esto reporta un incremento de solo dos décimas y es debido a que incrementaron los impuestos de la clase media.

En cuanto al IVA, durante el 2021 y el 2022 se mantuvo en 5,6 %. El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) disminuyó de 0,8 % en 2021 a 0,7 % en 2022. El 11 de enero de 2023, Lasso bajó el ICE a las bebidas alcohólicas, gaseosas, cerveza industrial y artesanal, fundas plásticas y alcohol puro.

Es decir, el Ecuador se mantiene en las mismas condiciones. Lo único que evidenció el país fue el incremento de precios, mas no de inversión.

Inversión en los GADs y Gobierno Central

Del 1,8 % destinado al sector financiero tan solo el 1,3 % se utilizó en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

Además, en el Gobierno Central, la cifra pasó del 3,6 %, en 2012, a 0,5 % en 2022. «Esto significa haber borrado al Estado con lo que tiene que ver con inversión pública», apuntó Flores.

Tendencia a la baja

El experto aseguró que desde el 2017, periodo en el que asumió Lenín Moreno, la inversión pública es una política económica contractiva y sostenida junto al gobierno de Lasso, pues en esta ocasión el Gobierno Central termina con una inversión de 0,5 %.

Detalló que toda esta política adoptada se refleja en el desabastecimiento en los hospitales, semidestrucción en las infraestructuras públicas, procedimientos tardíos e inoportunos, abandono en obra pública, incremento de la inseguridad y la segunda ola de migración.

«Los datos que da el ministro es información sin sustento, no exhibe ninguna prueba y él mismo intenta convencerse de sus propias mentiras», dijo.

Flores comentó que para determinar la inversión nacional es necesario analizar tres conceptos:

• Sector Público No Financiero: Intervienen las instituciones que están bajo el presupuesto general del Estado. Es decir, las entidades que pertenecen a los cinco poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia.
• Gobierno Central: integrado por la Presidencia, Vicepresidencia, secretarías, entidades adscritas al mando del presidente.
• Formación Bruta de Capital: tiene un periodo determinado de un año, no se sacan las depreciaciones. En este punto, se excluyen los activos financieros para determinar la variación de inversión año a año. (N.J.C)

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Varios importantes supuestos de la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2023, ya en ejecución, siempre fueron frágiles e inestables, no los ocultan declaraciones claramente antitécnicas que destruyen la verdad.

Comienzan a aparecer con fuerza creciente las debilidades del presupuesto ecuatoriano. Por mínima inversión pública que no está siendo compensada por la privada y en lo social tampoco es sustituible, por insuficiente crecimiento económico (PIB) que requiere no solo ser sostenido sino también compartido, por la imposibilidad actual de colocar en mercados internacionales los Bonos Globales previstos y presupuestados, por evidentes dificultades internas y externas para realizar la llamada «monetización de activos» del Estado, por fuerte caída de la producción petrolera prevista que es base sustantiva del PGE, por todos los proporcionales impactos resultantes sobre la recaudación tributaria. En suma, por mala economía profundizada por algunos factores exógenos fuera de control.

En estas circunstancias es altamente probable que las necesidades de financiamiento del PGE del año 2023 puedan sumar alrededor de 10.000 millones de dólares, nada menos que el 31,7% del total presupuestado, un 8,2% del PIB estimado por el Banco Central para el año 2023. Un monto que para ser cubierto exige no solo gran esfuerzo sino que trae implícitas previsibles consecuencias de hacerlo con deuda pública interna y externa, más el riesgo permanente de mayores o nuevos impuestos.

Mala economía significa costos adicionales para los ecuatorianos que conocen que el Gobierno desde su óptica del Estado mínimo y la privilegiada tranquilidad de acreedores internacionales y nacionales de deuda pública externa con privados, seguirá postergando invertir en la gente, en crecimiento económico suficiente, sostenido y compartido que es el único que en forma estable y no intermitente, permite la creación de empleo y reducción de pobreza. Significa continuar postergando la necesaria inversión en la infraestructura básica del país y en imprescindibles servicios públicos que el Gobierno está obligado a que no solo sean oportunos sino también de calidad permanentes.

Mala economía agravada por frustración popular e inestabilidad interna significa destrucción de expectativas positivas en la gente y además directamente perjudica la inversión privada. Significa atraso, injusticia y exclusión social. Significa que ni la economía, ni las políticas públicas, ni el Gobierno, ofrecen resultados concretos y favorables para la gente, especialmente para los pobres e indefensos que son muchísimos. Pero todo en la vida tiene un límite.

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1. La recaudación del IVA revela que las ventas internas y externas acumuladas entre enero y septiembre de 2022 no produjeron ningún impacto mayor al observado el año 2021. Es que la actividad económica no crece con el vigor ni la expansión social necesarios para producir crecimiento, generar empleo adecuado y reducir pobreza. En los dos períodos la recaudación del IVA representa el mismo 4.1% del PIB (4). La ventas en 2022 se han realizado con mayores costos de producción y precios finales mucho más elevados.
2. Lo propio ocurre con la recaudación arancelaria y la del Impuesto a la Renta. Ninguna de las recaudaciones muestra incrementos porcentuales relevantes en 2021 ni 2022, apenas de 0.2% del PIB en la del Impuesto a la Renta del 2022 a pesar de que a partir de este año el Impuesto a la Renta fue incrementado.
3. El Presupuesto General del Estado no se apalanca en el crecimiento económico que el país requiere, sino en endeudamiento, mayores impuestos e ingresos petroleros cuyo precio el Gobierno no puede controlar. Son ingresos petroleros que entre enero y agosto de 2022 representaron el 11% del PIB para el Sector Público No Financiero (SPNF)(5). Por su parte el consumo de los hogares se apalanca en las remesas de dinero que envían los migrantes a sus cientos de miles de familiares pobres.
4. El Presupuesto General del Estado es el principal instrumento de política fiscal y asignación equitativa de recursos públicos, pero se ha convertido en un simple estado de cuenta de ingresos y gastos que cambian durante el año mucho más allá de lo razonable. La realidad muestra que una cosa es lo que se presupuesta y aprueba anualmente y otra diferente la que se ejecuta.
5. Las políticas económicas de los dos últimos Gobiernos han hecho que el nivel de la inversión social pública supere los límites de la vergüenza, mientras entre enero y agosto de 2022 el Balance Primario muestra un superávit equivalente al 3.1% del PIB y el Balance Global de 0.9% del PIB. No hay obra pública, seguridad ni servicios públicos medianamente razonables.
6. Ecuador no requiere cualquier crecimiento económico sino el crecimiento compartido y sostenido que crea buen empleo, ofrece posibilidades de progreso y reduce pobreza. Pero Ecuador no tiene ese crecimiento sino uno frágil, inestable, lento y concentrado. El crecimiento ecuatoriano no genera empleo suficiente, no alcanza para todos, ni siquiera para la mayoría, apenas si llega a una minoría alrededor de 300 grupos económicos que concentran los beneficios con las graves consecuencias sociales que son evidentes.

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Actualmente, el monto destinado para 2022 fue de USD 450,1 millones, pero para el siguiente año será de USD 398,8 millones, es decir, USD 51 millones menos (11 %). Esto rublos se reflejan en el Plan Anual de Inversiones (PAI) que presentó el ministro de Economía, Pablo Arosemena, en la Asamblea Nacional.

El discurso de Lasso y Arosemena se centra en reducir el déficit fiscal para mantener el «orden fiscal». Para ello, como era de esperarse, decidió disminuir la obra púiblica, de por sí escasa en su mandato. Según él, Ecuador tiene un presupuesto deficitario, o sea, los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos. Por alguna razón, los USD 9 mil millones en reservas internacionales no pueden contarse en este presupuesto.

PAI 2022 vs PAI 2023

El régimen de Lasso solo aumentó USD 800 mil en comparación con el PAI del 2022. Este fue de USD 1.870 millones, mientras que el de 2023 es de USD 1.871 millones. De aquí, se prevé 321 proyectos avalados por la Secretaría Nacional de Planificación. Estos se dividen en:

• – Infraestructura y reestructuración educativa: USD 95 millones
• – Reconstrucción por el terremoto de Manabí del 2016: USD 76.8 millones
• – Levantamiento de viviendas: USD 50 millones
• – Proyecto Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil: USD 31.9 millones

Proforma

La proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) es de USD 31.503 millones. Existe un leve, muy leve aumento de USD 1.073 millones en comparación a la PGE del año 2022. Esta se fijó en USD 30.430 millones. Frente a esto, el Legislativo deberá debatir y avalar la proforma hasta el 30 de noviembre del año en curso.

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Para el economista Marco Flores la austeridad fiscal que enfrenta el país, incluso, debería alarmar al Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Entre enero y abril de 2022 el Sector Público (SPNF) acumula USD 1903,8 millones de superávit primario (antes de pagar intereses deuda pública) y 1285,0 millones de superávit global (después de pagar intereses)», afirma.

Si bien el Presupuesto General del Estado oscila en un valor codificado de USD 3 084 millones mediante el Plan Anual de Inversiones. De enero a junio solo se han girado USD 300 millones.

Es decir, USD 962 millones menos que en 2021.

Según Flores, es ahí donde se puede evidenciar la «letal» austeridad que destruye la inversión social en el Ecuador.

Si bien el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena aseguró el cumplimiento del acuerdo establecido y aprobado por el FMI, en julio de 2022.

Arosemena también garantizó que la inversión social pública con desembolsos efectivos tendrá un incremento sustancial, con el fin de dar atención a las urgentes necesidad sociales, impulsar la economía y el empleo.

Asimismo, informó que para finales de 2022, el déficit global del Sector Público No Financiero (SPNF) se ubicaría en un estimado de 2,1% del PIB.

Sin embargo, el economista Flores sostiene que no existe la posibilidad de cumplir con lo establecido por el ministro de Finanzas.

«Salvo que el gobierno incumpla lo ofrecido, continúe la desatención social por reducción sostenida de la inversión pública y de la ejecución presupuestaria. Es decir, el Gobierno siga haciendo lo mismo de los últimos 5 años», indicó.

¿En qué consiste la austeridad fiscal?

La austeridad fiscal es entendida como la reducción del gasto público por parte del Gobierno, con el objetivo de disminuir el déficit presupuestario y la deuda pública.

De la misma manera, puede ser implementada como una medida de preparación anticipada para futuras reducciones esperadas en los ingresos del Gobierno.

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“No solo es un problema de que se asignan pocos recursos, sino que esos pocos recursos que también tienen deficiencias en su ejecución”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, detalló que, al revisar cifras; uno de cada 10 empleos se generan en el sector público y dentro de este sector el 85% de los empleos estaban vinculados con salud, seguridad, educación y justicia. Esto demuestra que tenemos una participación mínima del Estado.

«Los presupuestos en salud y educación vienen disminuyendo desde el año 2018. Esto genera malestar en la ciudadanía y falta de credibilidad en la política», afirmó Jaramillo.

El analista comentó que, en el caso de la salud, en los primeros 6 meses apenas hay una ejecución del 40% de presupuesto y en el sector de la educación sucede algo similar.

El analista aseveró que lo que falta en Ecuador es empleo de calidad, pues no existe una red de protección social.

“Las cifras del INEC indican que apenas el 34% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado», explicó el analista.

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“Cuando no se reactiva la economía, la demanda el empleo no aumenta y existen los problemas que evidenciamos actualmente”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

El economista detalló que, en el Ecuador, el desempleo ocupa al menos el 63% de la población económicamente activa. “Hay 7 millones de pobres, personas en pobreza extrema que reciben menos de USD 1.60 al día para vivir, es decir, 2 millones de personas», aseguró Flores.

También aseveró que el problema es que el Gobierno siguió una política neoliberal, donde uno de los principios fundamentales es la reducción del Estado.

“Las políticas neoliberales se basan en echar trabajadores a la calle, la venta de empresas públicas, es decir, el Estado les estorba”, recalcó el economista.

Flores sostuvo que el año pasado, ingresaron USD 4.360 millones de los migrantes ecuatorianos y eso fue lo que salvó el consumo de los pobres. Además, comentó que el Fondo Monetario Internacional felicitó a Simón Cueva, y dijo que Ecuador ha ido más allá de las metas que exigieron.

“El exministro Simón Cueva sobrecumplió las metas con el FMI ¿Quién dice eso?, el FMI en su página web”, afirmó Flores.

Por último, explicó que lo que tiene que hacer Pablo Arosemena es desembolsar recursos con prioridad, debe cambiar la política económica que le ayude al país a generar reactivación económica.

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Este fue suscrito en 2020 y se renegoció en 2021 por un total de USD 6.500 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer que alcanzaron este acuerdo a nivel técnico con el FMI y que el país estará sujeto a menos revisiones en 2022, lo cual es un signo de confianza.

Si el país cumple con las «metas previstas» por el FMI este desembolsaría a Ecuador USD 700 millones para diciembre de este año. Este desembolso es adicional al de USD 1.000 millones en caso de que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe las dos revisiones planteadas.

«Parte de las discusiones ha sido como ir reorientando, dado el contexto internacional, dada la crisis internacional, dado los mayores precios del petróleo, e ir priorizando más gasto público y algo más de pago de atrasos que implica liquidez», manifestó el Ministro Simón Cueva, en rueda de prensa.

El programa actual con el FMI prevé un ajuste de 4.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir USD 5 mil millones, hasta 2025. Cueva aseguró que para alcanzar esto, sumarán mayor gasto en vialidad, unos USD 160 millones. Con ello se alcanzarían 3.5 puntos del PIB y otro de contribuciones tributarias.

El FMI desembolsa USD 1.000 millones a Ecuador

Sin embargo, hay objeciones del lado del FMI. Este cuestiona la lentitud para auditar a Petroecuador y Petroamazonas. Ceyda Oner, jefa de la Misión del FMI para Ecuador, explicó en un comunicado que el inicio de las auditorías se ha visto retrasado. A ello se suma que tampoco emitieron las directrices de contratación pública. «Un rápido progreso en estos aspectos será esencial para la culminación de las revisiones combinadas».

El programa actual con el FMI finaliza en diciembre de 2022, no obstante, el ministro Cueva no descarta un posible acuerdo de extensión aunque no se sabe si el país llegue a requerirlo. «Hay muchas opciones posibles», aseveró.

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Esta variación sustantiva de 1334 millones de dólares en tan corto plazo se debe a la excesiva y letal austeridad fiscal que directamente destruye inversión pública y colabora fuertemente a que Ecuador se mantenga sin crecimiento económico suficiente, sobre endeudado, empobrecido, desempleado, subempleado, inseguro e incapaz de al menos ofrecer razonables oportunidades de progreso para la gente.

La reserva internacional excede los 9000 millones y dólares y supera con holgura los depósitos de las instituciones privadas en el BCE.

Los ingresos petroleros devengados del PGE en el primer trimestre del año 2022 respecto de igual periodo del año 2021, crecieron en 370,6%, de 143 a 673 millones de dólares, gracias al incremento en los precios internacionales del petróleo. Sin embargo en el mismo periodo la inversión pública a través del Plan Anual de Inversiones (PAI) del PGE se redujo 5,7 veces, de 436 a 77 millones de dólares.

Para generar superávit primario en el PGE devengado del primer trimestre del año 2022 no solo se usaron excedentes petroleros sino recursos que estaban destinados a la inversión pública a través del PAI del PGE. Son evidentes los resultados en lo social y económico, seguridad social y ciudadana.

Ecuador no puede seguir siendo conducido desde los extremos económicos. Como lo están haciendo los países de la región hay que ir reduciendo el déficit o desbalance fiscal gradualmente para no asfixiar la economía, permitiendo impulsar la inversión social, producción y crecimiento, impidiendo que las instituciones, los servicios y el país colapsen.

Econ. Marco Flores T.

Abril 28 de 2022

Fuente OPF / MEF

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