Mediante un comunicado la FGE indicó que este domingo se da inicio con el proceso, el cual como establece el Art. 584 del COIP será de carácter reservado al tratarse de una investigación previa.

Además, hizo un pedido a la ciudadanía a contribuir con la investigación en el caso de poseer elementos que aporten con esta.

Contexto

El pasado 24 de marzo, horas antes de llevarse acabo la votación para la aprobación de la Ley de Inversiones, el presidente Lasso denunció actos de corrupción y chantaje por parte de algunos asambleístas y políticos.

El primer denunciado fue el excandidato Xavier Hervas, a quien acusó solicitar beneficios tributarios a cambio de votos a favor de la Ley.

«Es lamentable encontrase con políticos que tienen un partido político a servicio de él para que no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción y yo no lo voy a permitir», dijo el mandatario, el pasado jueves.

Así también, Lasso solicitó al Servicio de Rentas Internas se inicie una investigación por presunta evasión de impuestos en contra del excandidato presidencial Hervas. Sin embargo, las denuncias no pararon.

Mediante una carta el mandatario dio a conocer a la Fiscalía los nombres de los cinco asambleístas pertenecientes al Movimiento Político de Unidad Plurinacional PACHAKUTIK que supuestamente solicitaron dinero en efectivo, la administración de hospitales y otro actos de corrupción. Todo a cambio de consignar su voto a favor de la aprobación de la Ley de Inversión, misma que ya fue archivada.

No obstante, resulta extraño que entre los nombres no conste el del primer denunciado, Xavier Hervas.

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Esta vez las autoridades iniciaron indagación previa por el presunto delito de peculado en el caso Sucre-Foglocons.

“Me acaban de notificar con indagación previa del “caso SUCRE”, una cantinflada más (ya van 48) pagada por el pueblo ecuatoriano. La justicia del Ecuador, un circo, miembros de la mayoría de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, parte de los payasos”, publicó en su red social el expresidente.

El nuevo caso…

El pasado 22 de diciembre, la fiscal Diana Salazar informó al asambleísta Fernando Villavicencio sobre el inicio de la investigación por presunto peculado en el caso “Sistema Sucre”. Sin embargo, la Fiscalía apoya su indagación previa en el informe emitido por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Dicho informe -sobre el que se basará el caso- refiere a las relaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela. La comisión señala la existencia de “exportaciones ficticias” de la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons) por medio del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).

Según el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, Sucre supuso una alternativa al dólar, pero se usó para lavar más de USD 2.000 millones. Las mencionadas exportaciones ficticias se realizaban con empresas de papel y tuvieron la complicidad de altos funcionarios en el gobierno de Rafael Correa. Así lo ha sostenido el asambleísta frente a los medios de comunicación.

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¿Qué es el caso Sucre?

El caso del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) data del 2016. En ese año, la Contraloría General del Estado (CGE) remitió un Informe de Responsabilidad Penal (IRP) sobre exportaciones “ficticias” a través del Sistema Sucre, entre enero de 2011 y finales de junio de 2013. Las exportaciones se habrían realizado por diferentes empresas desde Ecuador a Venezuela.

No obstante, de este informe no se tenía conocimiento hasta que el pasado 15 de diciembre, el contralor Carlos Riofrío lo reveló al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.

El mencionado IRP exhortaba a la Fiscalía investigar a 31 exfuncionarios en el Gobierno del expresidente Rafael Correa. Las entidades a investigar eran el Banco Central del Ecuador (BCE) y dependencias directas e intermedias del Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae) y la Dirección del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El informe de Fiscalización

El informe de la Comisión de Fiscalización de Villavicencio sobre el que se basará la investigación señala un presunto financiamiento de la campaña del expresidente Rafael Correa, con fondos de dichas exportaciones ficticias. También se sostiene un presunto uso irregular a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) para anticipar pagos a exportadores ecuatorianos que habrían realizado las exportaciones ficticias.

La Fiscalía decidió iniciar con el proceso de indagación previa por peculado, es decir, malversación de fondos. La causa, indica el comunicado, se sustenta en el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal.

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“Ofíciese a la Comisión de Garantías Constitucionales copia certificada del informe de investigación del caso denominado Pandora Papers aprobado en la sesión ordinaria 43 de la Comisión”, dice parte del oficio.

Además, la Fiscalía General solicita el memorando del 7 de noviembre que el presidente de la Comisión, José Cabascango entregó a la presidenta Guadalupe Llori y la copia certificada y el audio de la sesión 43 donde la Comisión legislativa trató el tema.  

El informe

El pasado 5 de noviembre, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aceptó el informe que indica que el presidente Guillermo Lasso cayó en el incumplimiento del pacto ético en el caso Pandora Papers.

Entre las otras recomendaciones se solicita la comparecencia del presidente Lasso al Pleno del Legislativo, hasta ocho días después de aprobar el informe.

De acuerdo con el informe, Lasso incurriría en el delito del perjurio, peculado bancario y defraudación. Terceros como su esposa e hijos cometerían testaferrismo. La Fiscalía deberá investigar el cometimiento de estos delitos.

A la Comisión le llama la atención que el presidente declaró haber pagado USD 588 millones en impuestos, sin embargo, su patrimonio es de USD 39 millones. 15 veces menos.

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