Quito, 18 jul (La Calle).- Un ciudadano relató la agresión que recibió un joven que trató de evitar que agentes de la AMC retengan mercadería de una vendedora autónoma de la tercera edad. Colectivos denunciaron que el joven agredido está hospitalizado, debido a lesiones graves en su columna.

“La señora que vendía sandias y piñas, circulaba por la calle Benalcázar y Bolívar después der ser retirada de San Francisco. La señora caminaba tranquilamente con su coche y a la altura de este local los metropolitanos comenzaron a agredirle, tratando de quitarle su mercancía… A eso viene un joven y empieza ayudar a la señora. Ante eso bajaron 6 agentes más de una camioneta y comenzaron a agredirle al joven…”

“Le empujaron contra la pared, y le pegaron entre 6. Entonces la gente de la zona comenzó aglomerarse y tratar de de ayudarle al joven, y los agentes comenzaron a echar gas pimienta a la gente, mientras continuaban agrediendo al joven.” Denunció un comerciante este 18 de julio, en una entrevista para BN periodismo.

A estas declaraciones, el ciudadano añadió que los mismos agentes metropolitanos le rompieron el vidrio a un taxista, en el momento que se retiraban de la escena con el carrito de sandías de la señora que suplicaba entre lágrimas que le devuelvan “su única manera de dar de comer a su familia”.

El hecho tuvo lugar el 16 de julio. En un video compartido en sus redes sociales se observa como múltiples agentes metropolitanos se acercan a la señora mayor y empiezan con la agresión.

La Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (ASOTRAB)  denunció públicamente a la Policía Metropolitana de Quito por este hecho, identificando al joven, de 20 años, como Gabriel.

Gabriel fue hospitalizado, con hematomas en todo el cuerpo y con una fractura de columna que lo podría dejar paralítico.

¿Qué dice el Municipio de Quito?

El Municipio de Quito emitió un comunicado en sus redes sociales, indicando el inicio de una investigación interna para determinar la circunstancias en las que actuaron los Agentes de Control.

Asimismo aseguró que busca contactar al afectado con el objetivo de  poder sancionar a los responsables. Finamente exhortando a los ciudadanos a presentar denuncias para esclarecer los hechos.

El hecho también captó la atención del concejal Wilson Merino, quien declaró que hará un proceso de fiscalización de este suceso.

Indignación por parte de la ciudadanía

Ciudadanos de la zona califican lo sucedido como una injusticia. Se encuentran indignados, calificando a los agentes metropolitanos como “enemigos que agreden a los quiteños que tratan de seguir adelante honradamente”. Ellos aseguran que es por culpa de las mismas autoridades que agreden al pueblo, que la inseguridad sigue creciendo.

De igual manera, usuarios en la redes sociales critican las acciones de los agentes metropolitanos asegurando que el camino para “ordenar la ciudad y regular el comercio autónomo no es agredir a las personas y criminalizar el trabajo”. (N.C)

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La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ejecutó 11 allanamientos la mañana de este 14 de marzo. El operativo dejó como resultado nueve personas detenidas, entre ellos seis funcionarios públicos.

Las entidades investigadas fueron la Empresa Pública Municipal de Transporte (EPMT-SD), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General del Estado.

Tras las indagaciones realizadas por la entidad se encontró 14 terminales móviles, 1 arma de fuego, 13 cartuchos, documentación relacionada con la presunta comisión del delito, entre otros.

Ante esta situación la institución hizo un llamado a la ciudadanía para que se denuncien «ofertas irregulares» de los servicios públicos. Por su parte, la ANT informó que brindará todas las facilidades para que los organismos de control «realicen cualquier tipo de investigación«. (AGM)

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La mesa legislativa se conformó con siete miembros de las bancadas de las fuerzas políticas: Adrián Castro (Independiente), Mónica Salazar (RC), Manuel Bohórquez (ADN), Luzmila Abad (PK), Édgar Benítez (Independiente), Hernán Zapata (Gente Buena) y Viviana Zambrano (Construye).

La moción aprobada del parlamentario Blasco Luna (RC) tuvo el apoyo de 119 votos frente a siete negativos y seis abstenciones, de un total de 132 asambleístas presentes en la sesión 874.

La comisión multipartidista tendrá un periodo de función de 90 días con posibilidad de prorrogarse 90 días más, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Además, la mesa deberá elaborar un informe pormenorizado que contenga hallazgos, conclusiones y recomendaciones, el cual será presentado ante el Pleno de la institución.

La tarea pendiente ahora será escoger el presidente o presidenta que encabezará dicha conformación.

Primera propuesta

La segunda fue la vencida, pues la primera moción la presentó la asambleísta de Construye, Viviana Zambrano, pero no pasó ya que tuvo la abstención de 102 voluntades y apenas 22 votos afirmativos.

La legisladora solicitaba que la comisión dure hasta seis meses y se pueda prorrogar por un año; además de que una condición era que la presidencia de la mesa la tuviera Construye (lista 25).

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Se trataría de Héctor Prieto, de nacionalidad venezolana y conocido en el mundo criminal como alias ‘Mamut’. El reportaje señala que él junto a sus secuaces «dan órdenes a través de audios» y que esas grabaciones revelan que «maneja plazas y amenaza desde la prisión».

Las fuentes habrían confirmado que los audios enviados por ‘Mamut’ «serían grabados con la complicidad de malo funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)», reseñó.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía del Perú, Óscar Arriola, dijo que existe la posibilidad de que los audios y mensajes sean dirigidos también para sus aliados en países vecinos.

De acuerdo a reportes periodísticos, el Tren de Aragua opera en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. En las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, sus miembros estarían involucrados en el cobro de vacunas, es decir, extorsiones.

Sobre alias ‘Mamut’

Prieto estuvo preso en la cárcel de Tocorón y entró al Perú de forma ilegal desde Brasil en 2021, recoge NTN24. Además, en enero pasado fue aprehendido por uniformados peruanos junto a 11 personas más en una casa del distrito limeño de San Martín de Porres. Sus integrantes están involucrados en delitos de homicidio, secuestro, extorsiones y trata de personas.

La policía señaló en ese momento que este grupo cometía homicidios, secuestros, extorsiones y trata de personas.

Zapata desmiente actividad de la banda

El ministro del Interior, Juan Zapata, negó que la megabanda delictiva opere en Ecuador, según detalla Primicias. Asimismo, indicó que se desplegaron operativos para impedir el ingreso al Ecuador de alias ‘Niño Guerrero’, el gran jefe del Tren de Aragua. Este último es buscado por las fuerzas del orden de Venezuela después de la requisa policial del 23 de septiembre en la cárcel de Tocorón.

Foto: La Prensa Táchira

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Se trata de los doctores César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho; Holger Canseco, docente titular de la carrera de Derecho; y Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho, de acuerdo con Radio Pichincha.

El pasado 13 de junio, Acción Jurídica Popular hizo pública una demanda constitucional de acceso a la información pública en contra de las autoridades de la Universidad Central sobre los nombres de los integrantes del Comité. La información se solicitó desde el 29 de mayo, pero no hubo respuesta.

Además, solicitaron copias del acta en la que consta su nombramiento y del Reglamento de Infracciones de los Estudiantes, que entre el año 2004 y 2006 prevé el procedimiento y sanciones contempladas para el plagio. Adicionalmente, una copia certificada de la tesis de grado de la fiscal Salazar.

Los nombres de los abogados que investigarán el supuesto plagio fueron nombrados por el Consejo Directivo de la Unidad Académica, en sesión ordinaria Nro. 6 -del 31 de mayo al 1 junio de 2023- que emitió la Resolución Nro. UCE-FJCPS-SA-2023-0047-R. (MIB)

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«Fiscalía inició –de oficio– una investigación previa tras el accidente de tránsito que dejó 3 ciclistas fallecidos, registrado esta mañana en el kilómetro 11 de la Vía a la Costa. Dos personas fueron detenidas», escribió la institución en un tuit.

La Fiscalía agregó que solicitó a la ATM el «levantamiento de indicios y evidencias, además de diligencias, como la inspección técnica ocular, valoración médica, prueba de alcoholemia y revisión de vídeos de seguridad. La audiencia de flagrancia será en las próximas horas».

Según los exámenes pertinentes, el conductor tenía 2,06 grados de alcohol en la sangre. El límite está en 0,3. Además, acumulaba 14 multas de tránsito, siete por exceso de velocidad.

El artículo 376, numeral uno, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de muerte causada por conductor en estado de embriaguez con una pena privativa de libertad de diez a doce años de prisión.

¿Qué sucedió?

Tres ciclistas fallecieron por un conductor, en aparente estado etílico, que los embistió, este 18 de junio, en el kilómetro 11 de la Vía a la Costa, a la altura de Ceibos, en Guayaquil.

Las víctimas son un adulto mayor de 60 años, y dos adolescentes de 14 y 16 años, los tres eran miembros de la misma familia. “Además se procede con la detención del conductor del vehículo marca Chevrolet módelo Sail que provoca el atropellamiento”, expresó el servicio de emergencias ECU – 911. (MIB)

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El legislador inició la indagación a Yeten Services, Fundación Ingersa Internacional y Fundación Ingersa Internacional LLC. De acuerdo a una nota de 2015 de El Telégrafo, la segunda empresa fue creada en Panamá, su fundador es Nebot Saadi y administra todos sus bienes.

Las dos primeras empresas están en Panamá, considerado un paraíso fiscal. Según Villavicencio, el bufete de abogados Sucre/Arias y Reyes las creó.

«Piensa mal y acertarás»

Antes que iniciara el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, el asambleísta -dizque independiente- ya mostraba una posición defensiva hacia el régimen.

Es más, el parlamentario ya tenía conocimiento del informe «León de Troya», una investigación de la Fiscalía y la Policía que contiene las evidencias de supuestos ilícitos de Rubén Chérres (+) y Danilo Carrera, cuñado del mandatario. Sin embargo, no la difundió como suele hacerlo en otros escándalos de corrupción.

Fiscalización, su trinchera

Desde la Comisión de Fiscalización, Villavicencio aseguró que el proceso de juicio político «está caído». Según él, el documento no reunió todas las pruebas acusatorias, dijo en Teleamazonas.

Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) admitió el juicio político contra Lasso. El órgano aprobó la acusación por el delito de peculado, pero rechazó las dos de concusión por no cumplir con la exigencias de la ley.

Frente a este escenario, Villavicencio quiso poner las reglas del juego cuando pasó el informe a la mesa legislativa que preside. Allí anticipó que se enfocarán únicamente en los casos de peculado en parte de FLOPEC EP. “No voy a permitir que se presenten otras pruebas”, expresó.

Descartó indagaciones con Leonardo Cortázar, Rubén Chérres y los presuntos nexos con la mafia albanesa y el narcotráfico.

Eso no fue todo. Impuso a los interpelantes del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, un plazo de 72 horas para presentar las respectivas pruebas. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) el plazo es de cinco días.

Ante la arbitrariedad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) llamó la atención y solicitó al presidente de la Comisión Fiscalización que cumpla a cabalidad la sustanciación del juicio político al jefe de Estado.

El CAL detalló que Villavicencio debe aplicar de manera directa y sin dilataciones la normativa que corresponde en el procedimiento de juicio político al primer mandatario.

A regañadientes

Pese a todas la trabas del oficialista, tuvo que notificar al presidente Lasso el inicio del juicio político en su contra.

En el portafolio estarán las 20 pruebas documentadas y las 36 comparecencias realizadas por los interpelantes Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (PK) y Rodrigo Fajardo (ID).

Aunque el proceso sigue su curso, Villavicencio reiteró que en las pruebas presentadas no se detalla un recurso que pruebe el presunto delito de peculado por el que se le acusa a Lasso.

El legislador mencionó que después de la notificación correrán los diez días para la presentación de pruebas, diez más para evaluarlas y diez para redactar el informe motivado que enviará al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

¿’Vacunar’?

Durante todo el proceso de juicio político, los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) han ratificado su postura por la destitución y censura de Lasso. El jefe de bancada, Esteban Torres, ha denunciado las «jugarretas mediáticas» contra el PSC.

La «emboscada» del pelagato José Hernández en Ecuavisa -a través de la entrevista con Carlos Rojas- intentó posicionar una supuesta desestabilización por parte de la Asamblea Nacional y un «hambre de poder» para que Virgilio Saquicela asuma la Presidencia de la República en caso de expulsar al actual inquilino de Carondelet.

Luego vino la autorización de la tenencia y porte de armas de Lasso. Una especie de «halago» a los socialcristianos, que se mostraron a favor de la medida, pero que no recularon ante el juicio político.

Finalmente, el anuncio de una investigación a Nebot, aunque en el tuit no lo nombra directamente, sino como «político guayaquileño».

Actualización 17:00

El exalcalde se pronunció en redes sociales. Respondió que dichas empresas no son un paraíso fiscal y que tienen jurisdicción en Estados Unidos. No obstante, según el acta fundacional de una de ellas recogida por El Telegrafo:

“Jaime José Nebot Saadi, por sus propios derechos, por la presente constituye una Fundación de Interés Privado, como una persona jurídica de acuerdo con las disposiciones de la Ley 25 del 12 de junio de la República de Panamá”, señala el documento.

El último registro del domicilio de la Fundación es el edificio Sucre, Arias y Reyes, que es también el nombre del bufete de abogados. Los servicios de esta firma legal están vinculados al comercio corporativo, banca, fusiones, seguros y tributación local e internacional. Opera principalmente en Panamá y en oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Belice y Anguila, países considerados paraísos fiscales por la legislación ecuatoriana.

Finalmente, Nebot dijo que procedería «en la forma que él crea conveniente». Una pelea de «aliados ideológicos».

Le ardió…

El legislador reaccionó a la nota de Radio La Calle. Como no es novedad, insultó al medio de comunicación e interpretó la nota como una defensa a Jaime Nebot, el mismo que hizo alianza con Guillermo Lasso para llegar a la Presidencia de la República.

Preguntas de cajón: ¿Por qué no investiga también la presunta offshore del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, o la recién revelada supuesta offshore del secretario de Administración Pública, Sebastián Corral?

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El 30 de enero se aprobarán los pedidos de información de la Comisión. El 1 de febrero se recibirá a expertos en contratación pública, combate a la corrupción, temas eléctricos y petroleros. En la sesión cinco se prevé la comparecencia del presidente Guillermo Lasso y los gerentes de las empresas públicas EMCO, CENEL, CELEC.

La sesión seis recibirá a Luis Verdesoto, exsecretario nacional anticorrupción, Xavier Vera, exministro de Energía; Fernando Santos, ministro de Energía y gerentes de FLOPEC y Petroecuador.

En la sesión siete comparecerán el Contralor Subrogante, el secretario Jurídico de Presidencia, Fabián Pozo. También el superintendente de Compañías y el director general de la UAFE.

Para la reunión ocho deberá ir el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el jefe de la casa militar en Carondelet y Anderson Boscán, periodista de La Posta. En la sesión 9 hablarán Juan Carlos Holguín, canciller de la República y Diana Salazar, fiscal general del Estado. También Danilo Carrera, cuñado del presidente y Rubén Cherres, uno de los implicados en la estructura delictiva.

Posterior se realizará la compilación y análisis de la información obtenida. Se espera armar el informe el 20 de febrero y tener la versión final hasta el 22 de febrero.

Otros nombres

Para los legisladores miembros es importante que también comparezcan Leonardo Cortázar, el asambleísta Ronny Aleaga; el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea. Además de dejar abierta la posibilidad de llamar a otros funcionarios si el desarrollo de la investigación así lo requiere.

El caso Encuentro o Gran Padrino revela una suuesta red de corrupción en las empresa públicas del sector eléctrico y petrolero. En esta estructura estarían el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera; su amigo y colaborador, Rubén Cherres y Leonardo Cortázar, quien habría sido el operador y quien habló con La Posta sobre este caso. (MIB)

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El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas solicitó ante la entidad de control el inicio de este proceso. También pidió un juicio político, que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). No obstante, primero de despachará la revisión de enjuiciamiento contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Según Vanegas, como respuesta, la empresa Ginsberg Ecuador también lo denunció por presunto pánico económico. Según reporta diario El Universo, el legislador no ajustó su proceder al tipo penal denunciado, sino que «ha realizado una investigación técnica y objetiva en el descubrimiento de posibles actos de corrupción y hechos delictivos».

¿Cómo se obtuvieron esas medicinas?

El asambleísta sostiene que desde enero de 2020 hasta mayo de 2021, el Ministerio de Salud y otras entidades estatales compraron medicinas, pero no tenían los permisos del Arcsa y el objeto social de compra no era el adecuado. Sin estos requisitos no podían vender medicamentos, insumos o dispositivos a la red de hospitales en el Ecuador.

Vanegas argumentó que durante la crisis sanitaria por falta de insumos médicos en hospitales públicos, la entonces ministra Garzón no asistió al Pleno de la Asamblea cuando fue llamada. La petición se hizo para que exponga el manejo y medidas del Ministerio durante la crisis sanitaria.

¿Qué es el peculado?

En derecho, el peculado o la malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. También se conoce como desvío de recursos, delito por el que una o más personas toman una cantidad de dinero destinada al Estado.

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Según la agencia internacional AP, la posible noticia de la relación entre Almagro y una mujer nacida en México, dos décadas menor que él, surgió cuando el secretario y los delegados de 34 países se reunieron en Lima esta semana para la reunión anual de la OEA.

Dentro de la organización, con sede en Washington, su largo romance ha sido un secreto a voces, esto ha hecho que algunos de sus 600 empleados se sintieran incómodos e intimidados al interactuar con la supuesta amante del jefe, según media docena de personas, entre las que se encuentran funcionarios y ex funcionarios, así como diplomáticos regionales.

Los trabajadores han admitido verlos en actitudes románticas durante los eventos de la OEA. Un exfuncionario estadounidense dijo que Almagro le contó que la relación fue lo que provocó su separación de su segunda esposa alrededor del momento de su reelección en 2020.

El Código de Ética

El porblema en cuestión es que la OEA, en su código de comportamiento, dice que los funcionarios no deben mantener relaciones íntimas con sus colegas de forma que interfieran «en el desempeño de sus funciones o perjudiquen a otros en el lugar de trabajo». Dicen que un directivo debe apartarse de cualquier función de supervisión de la otra persona o que la beneficie de alguna manera.

Según un portavoz de la organización, Almagro y a fucionaria no trabajan como jefe y subordinada, respectivamente. Si no que ella se encuentra en otro departamento de la OEA.

Amistad con Moreno

Luis Almagro y el expresidente ecuatoriano, Lenín Moreno son amigos cercanos. En 2020, el entonces presidente apoyó la reelección de Almagro al cargo. Se encontraron en Washington durante las visitas de Moreno y en Quito cuando Almagro vino a nuestro país. Al dejar el cargo, Almagro le ofreció ser su comisionado y aceptó. Vive en Paraguay, donde realiza sus actividades.

También en el BID

El caso de Almagro llega dos semanas después de la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de despedir al presidente Mauricio Claver – Carone por tener una relación con una de sus subordinadas a la que beneficiaba con un aumento de sueldo. En ese caso, el BID contrató a una firma legal independiente que investigue la denuncia. La OEA decidió manejarlo internamente. (MIB)

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Quito, 5 sep (La Calle).- Un ejercicio militar cegó la vida de la subteniente María José Morillo Cando el martes 20 de abril de 2021. Ella murió ahogada en el río Napo durante la última prueba “Espina de pez” del curso Tigres del Ejército ecuatoriano. “Fue un accidente”, dijeron las autoridades.

Un “accidente” no esclarecido y silenciado, denuncia Miroslava Cando, madre de María José. Los familiares recibieron la noticia a las 17:00 y a la madrugada llegaron a Orellana en un avión del Ejército. Buscaban el cuerpo de “Majito”.

De un lado para otro, la familia solo quería encontrarla, pero los militares objetaron que debían quedarse para firmar la autorización de la autopsia. Tras ocho intolerables horas, finalmente a las 10:30 firmaron el documento en la Fiscalía Provincial de Orellana. Para cuando llegaron a Lago Agrio (Sucumbíos), la autopsia ya se había realizado.

Las Fuerzas Armadas tomaban todas las decisiones. Presionaron a la familia para apresurar el proceso en la funeraria y en la capilla ardiente. Mientras Miroslava firmaba la documentación requerida en Medicina Legal, su hermana pudo identificar a “Majito”.

Una verdad impostergable se anunciaba. “Sí es ella”, le dijo, a la par que soltaban todo atisbo de esperanza.

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La serenidad en medio de la desgracia es una virtud, había escrito Thomas Mann. Miroslava y su familia no decayeron. Pusieron la denuncia por negligencia en la Fiscalía provincial para que se investiguen las circunstancias de la muerte. Al Ejército no le agradó la idea y trató de impedir que ingresen el oficio. “Me prometieron el oro y el moro, que me iban a ayudar en todo aspecto legal y económico, pero fue solo un engaño para distraernos”, relata.

Los servicios funerarios explicaron a los familiares que “Majito” murió en circunstancias violentas. Esto los paralizó. Con mayor fuerza siguieron la investigación fiscal.

En aquel fatídico día se cuestiona si la Brigada Selva 19 de Orellana en realidad contaba con la presencia de los instructores necesarios para ese ejercicio. Asimismo, como recoge la Fundación Utopía, no tenían equipos de primeros auxilios, lanchas, salvavidas o personal experimentado que pudiera socorrer a los estudiantes.

Los diez compañeros de María José explicaron cómo falleció. No obstante, Miroslava lamenta que no hayan dicho toda la verdad. “En la vida militar, los mandos inferiores hacen caso a sus jefes. Jamás desacatan una orden”, resalta mientras toma pausas y aire. ¡Oh, sorpresa! Otra institución de las fuerzas del orden que normaliza el “espíritu de cuerpo” frente a actos sombríos y espinosos.

Un ejemplo similar al femicidio de María Belén Bernal, en donde los aspirantes a policías eligieron el silencio desgarrador, el “espíritu de cuerpo”. Esa obediencia obtusa, la disciplina estúpida de la que son víctimas…sin ir más allá.  

La justicia está desaparecida para los Morillo Cando. Han tenido que remar contracorriente. Han realizado plantones y acudido a los medios de comunicación. También han ingresado distintos documentos a Presidencia, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa y a Fiscalía…pero sin resultados. 

Han pasado 532 días y las investigaciones sobre la muerte de María José no parecen caminar. Ella no recibió el ascenso a teniente pese a haber cumplido con cien de los 110 días que debía estar en el Oriente. Su fallecimiento ni siquiera fue notificado como muerte en actos de servicio.

***

El entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín tildó como un accidente la muerte de la subteniente. “Eso es parte del entrenamiento, para eso se viene acá a la selva a hacer el curso”, mencionó sin despeinarse. Como si las personas fuesen sacrificables. Luego reiteró que “desgraciadamente fue un accidente como parte del trabajo”.

“Eso es parte del entrenamiento”, “para eso se viene acá”, “fue un accidente”. Fueron las respuestas de la máxima autoridad a la familia y al pequeño hijo de María José.

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«Pichincha: dentro de las investigaciones por el caso María Belén Bernal, Fiscalía, con apoyo de Policía, ejecutó dos allanamientos –mediante acto urgente– a las viviendas de la hermana de Germán C. y de una amiga de Joselyn S. (procesada)», explicó la institución.

Los allanamientos se realizaron la noche del 21 de septiembre en inmuebles situados en La Carolina y Pusuquí, en Quito. «En este último, donde se ubica el domicilio de la amiga de Joselyn S. (también cadete de Policía), se levantaron indicios para su posterior análisis», añadió la FGE.

La cadete involucrada habría conocido al teniente y le habría enviado mensajes entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre. De acuerdo con la fiscal a cargo del caso, María Isabel Jiménez «se presume (que Nadesha) podría tener algún grado de participación en el caso que se investiga».

María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre dentro de las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía Nacional. Su cadáver se encontró el 21 de septiembre en el cerro Casitagua y el principal sospechoso, su esposo, está prófugo de la justicia.

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«Caso MaríaBelénB.: Fiscalía allanó hoy el área del pelotón femenino de la Escuela Superior de Policía en Quito, para ejecutar la orden de detención con fines investigativos de la subteniente Joselyn Brigitte S. P.», escribió la institución.

Recompensa

«El oficial sospechoso, al ausentarse por tres días, enfrentará un proceso disciplinario, que podría terminar en la destitución de las filas policiales. El Gobierno Nacional, ante este lamentable suceso, ha dispuesto una recompensa de hasta USD 20.000 para quien entregue información sobre el paradero del teniente de Policía, Germán Cáceres», dijo Fausto Salinas.

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«Fiscalía inició –de oficio– una investigación por el presunto fallecimiento de niños con cáncer y pacientes renales. Se indagará una supuesta desatención del Servicio de Salud en Guayaquil, según el artículo 218 del COIP», informó la institución en su cuenta de Twitter.

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Todo lo contrario de los consejeros ad honorem de Lasso. El término significa «por la honra», es decir, hacer algo solamente por la satisfacción del trabajo bien hecho.

Aquí no sucedió, es más podemos decir que en el caso de Juan José Pons, involucrado en un caso de corrupción y presunta venta de cargos públicos, no existiría nada de honradez.

O Aparicio Caicedo, quien al parecer se vio la saga de El Padrino, aunque nos ha demostrado que con el calibre sus amenazas y falta de discreción que no llegaría siquiera a ser Fredo Corleone. Ahora tiene un puesto en el Gabinete, uno con rango de ministro de Estado, según el decreto ejecutivo que lo oficializa.

Juan Carlos Holguín es el que más rápido llegó a tener un puesto fijo. Siete meses después del inicio de sus funciones. No importó que Mauricio Montalvo tuviera una carrera diplomática, el puesto de canciller terminó en sus manos. Es preciso recordar que fue Embajador itinerante Ad Honorem de Ecuador.

Roque Sevilla quiso optar por la diplomacia y le dijo a el Comercio que renunció a la consejería para evitar malestares de carácter político. Es que la Comisión de Transparencia de la Asamblea investiga un posible uso indebido de recursos públicos.

Dijo que está dispuesto a comparecer, algo extraño, ya que Caicedo y Luis Coloma no se presentaron bajo la excusa de que no están sujetos a control político.

Carlos Cueva, Roberto Salas y Rafael Cuesta pasaron desapercibidos por su cargo ad honorem, tanto que ni siquiera sabemos de su trabajo. La investigación del Legislativo posiblemente determine las responsabilidades que tuvieron.

Los bufones no tienen comparación con los ad honorem de Lasso. Solamente en que convirtieron este término en una tragicomedia, un sainete. Al cabo de un año, la función ha terminado y resta esperar para obtener respuestas sobre sus acciones. Esperamos que no sea cuando el período presidencial concluya.

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Este martes 26 de julio, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó sobre la revisión realizada en Carondolet por parte de la Fiscalía, debido a la investigación previa en contra del expresidente Lenín Moreno por presunto delito de peculado, relacionado a piezas patrimoniales.

«El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dispuso la colaboración total de las unidades administrativas, prestando todas las facilidades necesarias para el desarrollo de este proceso», dice el comunicado.

El proceso investigativo inició luego de una investigación realizada por Radio La Calle, en relación a una colección de 150 piezas arqueológicas en poder del exmandatario.

Allanamiento a la casa de Moreno

La tarde de ayer 25 de julio, la Fiscalía realizó un allanamiento extraoficial al domicilio de Moreno ubicado en el edificio Las Cumbres al norte de Quito, luego de la solicitud de allanamiento presentada por la asambleísta de UNES, Pamela Aguirre.

Mientras que, el expresidente sostuvo que se trataba de una invitación que él realizó a la Fiscalía.

«Como le dije el 14 de julio pasado, hoy invité a la Fiscalía a ingresar a mi casa (…)», indicó Moreno.

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Pons estaría relacionado en el caso Danubio. En las pesquisas de la Fiscalía se detuvieron a ocho personas por supuesta asociación ilícita. Él no fue detenido, pero de su casa los agentes se llevaron una computadora y un celular.

También se allanaron las instalaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en Guayaquil y levantaron documentación del área de Talento Humano para el respectivo análisis.

Pons, un viejo lobo de la Democracia Popular

Pons empezó su carrera en el empresariado como gerente de la Importadora Andina y Andina Licores (1977 – 1982), presidente del Banco de Desarrollo del Ecuador (1982 – 1984). Fue gerente de Nutril y Oleica (1982 – 1987). Fue ministro de Industrias entre 1989 y 1990.

Entre 1991 y 1994 fue director gerente de la Exportadora Bananera Noboa. Ocupó la presidencia del Congreso Nacional (1998 – 2000) y fue diputado de 1998 a 2003. Desde 2019 hasta la actualidad se desempeña como coordinador intergremial del Cluster bananero. Según su página de LinkedIn continúa siendo el consejero ad honorem de Lasso en temas bananeros.

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Sobre las acciones de Fiscalía, desde la Secretaría de Comunicación escribieron un tuit sin contexto claro. «En el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, nadie está por encima de la ley. Que Fiscalía haga lo que tenga que hacer».

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Moreno aseguró que tiene los debidos permisos para tener dichas piezas y agregó que «colecciona hachas y unas piezas de cerámicas desde hace 40 años». Los objetos, según el exmandatario, no tienen un valor económico alto (no sobrepasarían los USD 800, pero si un valor cultural».

«Por ese motivo, estos bienes fueron registrados y catalogados como corresponde, en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Tal como menciona el maestro Julio Bueno, ex ministro de Cultura, tengo todos los documentos pertinentes», dice una parte de la respuesta. No obstante, la contestación del INPC a nuestro medio fue que el Ministerio de Cultura debe entregar una autorización para tener piezas arqueológicas. Ambas instituciones indicaron que no hay registro de dicha autorización.

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A la defensiva

El expresidente se puso a la defensiva en su respuesta. Ha tildado a Radio la Calle como el «medio digital militante» de la Revolución Ciudadana, con la intención de quitar el peso a la investigación y sin mostrar pruebas de lo que sustenta en su carta.

Las piezas arqueológicas, al ser patrimonio cultural del país, deben ser abiertas al público. Las piezas que dice coleccionar Moreno están en su residencia privada, sin acceso para la ciudadanía.

Ha definido a la investigación como un cuento. «Ahora han inventado otro cuento en sus medios digitales militantes, y han pedido a la Fiscalía y Contraloría investigar si en mi propiedad existen piezas arqueológicas, sin los debidos registros patrimoniales. Entiendo que a lo mejor creen que las piezas fueron encontradas en el terreno excavado y aplanado del cuento de la Refinería del Pacífico», ironizó.

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Aguirre solicitó a la Fiscal General, Diana Salazar, realizar el allanamiento a la vivienda particular de la familia Moreno – González. Esto con el objetivo de determinar la ubicación y estado de los bienes.

La legisladora acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Unidad de Fuero de Corte Nacional No 6, para entregar las pruebas. Allí constan documentos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. De ellos se desprende que existe una colección denominada «Colección Arqueológica Moreno González”, ubicada en el Edificio «Las Cumbres», inmueble peteneciente al exmandatario.

Denuncia por presunto peculado

El 8 de febrero de 2022, Aguirre denunció al expresidente Lenín Moreno por el presunto delito de peculado para iniciar una investigación por la supuesta desaparición de bienes del Museo de Carondelet.

La legisladora, junto a la bancada de UNES, sostiene que dicho museo albergó más de 11 mil regalos y obsequios del Ejecutivo, avaluados en USD 2 millones. No obstante, la última lista de bienes registra alrededor de 3.700, faltando más de ocho mil regalos.

Investigación

La información se obtuvo de la investigación de Radio La Calle «El exclusivo museo de Lenín Moreno». Allí se informa que Moreno es custodio sin autorización de 159 invaluables piezas arqueológicas del Estado ecuatoriano. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) confirmaron a este medio que no hay evidencia alguna de autorización y transferencia de tenencia privada de los bienes que posee el exmandatario.

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La asambleísta y presidenta del Comité de Ética del movimiento CREO, Nathalie Arias anunció que iniciarán una investigación en contra del legislador Byron Maldonado, tras acusaciones del prefecto de Loja, Rafael Dávila.

“Para nosotros es un proceso de análisis y se procederá en el marco del Reglamento que tenemos vigente. Apegados a nuestro reglamento proceder según corresponde.”, dijo Arias.

Por su parte, el asambleista Byron Maldonado negó cualquier tipo de vinculación con lo que se le acusa.

“No he sido parte de ninguna gestión para un cargo público (…) Frontalmente tengo que decirle al país, que he desarrollado mi trabajo con absoluta ética y apegado a los principios”, aseguró Maldonado.

El asambleísta por la provincia de Loja dijo estar de acuerdo con la investigación en su contra, con el fin de limpiar su imagen.

Requerimiento de comparecencia

Frente a lo sucedido, la asambleísta por la provincia de Loja, Lucía Placencia solicitó a la Comisión de Fiscalización y Control Político la comparecencia del Ing. Xavier Verá, ministro de Energía y Minas y al Ing. Alfredo Samaniego, presidente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A

«Solicito comedidamente que llamen a las autoridades a comparecer ante el pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la brevedad posible. El objetivo es que brinden respuestas transparentes a la ciudadanía», dice el memorandu.

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