“Aspiro, la crisis no progrese, porque se va a perjudicar a una generación íntegra de profesionales”, dijo el dr. Edgar Samaniego, ex rector de la UCE, en Radio Pichincha, expresando su preocupación sobre la coyuntura que viven los miembros de la universidad.

La situación podría acarrear consecuencias negativas en los trámites de jóvenes estudiantes y en la titulación de alumnos egresados durante el periodo en donde se ejecutó la resolución del Consejo de Educación Superior.

¿Cómo inició la disputa?

Cumplido el periodo rectoral del Dr. Fernando Sempertegui, y luego de la convocatoria a elecciones administrativas de la UCE, se detectaron irregularidades en la candidatura del actual rector, Patricio Espinoza del Pozo, pues, a sus 71 años, se encontraba fuera del límite de edad normativa para la ocupación de dicho cargo. A su vez, se le había notificado desde el Departamento de personal, el cese de sus funciones como docente de la institución.

Otra irregularidad apareció en el incumplimiento de la ley en cuanto al tiempo de gestión administrativa requerido de una de las vicerrectoras. Denuncias realizadas hacia el Consejo de Educación Superior, por el Dr. Marco Posso, ex vicerrector administrativo y financiero de la institución.

El CES estableció esas condiciones como aptas para recurrir a la nulidad de las elecciones. Sin embargo, las nuevas autoridades electas, encabezadas por el Dr. Espinoza del Pozo, recurrieron a acciones de protección desde la función judicial, misma que, en su resolución se dictaminó, en primera instancia, dejar insubsistente el llamado a elecciones del CES y así salvaguardar el sector administrativo de la universidad.

No obstante, en la segunda parte de la sentencia, se devolvió al CES la solución por medio de la documentación presentada, ratificando las irregularidades electorales y dando apertura a un nuevo llamado a elecciones, en donde el Dr. Espinoza “no podría participar”, según indica Posso.

Mientras tanto, Ramiro García Falconí, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UCE, rechazó y calificó de “ilegal” la acción de CES, mediante su cuenta de X señaló “la decisión constituye un claro desacato a lo dispuesto por la jueza que resolvió la acción de protección presentada por el rector de la UCE».

Desacato masivo

Edgar Samaniego indicó que la formación del consejo universitario ha sido ilegal, pues proclararon que no se acatará ni la resolución del CES, ni la segunda parte de la sentencia de la jueza, de este modo, calificó la actitud de la directiva de la UCE como “un desacato masivo”

Samaniego sostiene a su vez que, un sector importante de docentes, estudiantes y trabajadores buscan la resolución de la crisis dentro de la legalidad, aun así, el CES se mantiene como la máxima autoridad académica y administrativa de la universidad, señalando que el procedimiento a seguir, en caso de que las principales autoridades se encuentren fuera de su mandato, es la convocatoria de elecciones y la continuación del proceso administrativo bajo la directriz del decano más antiguo. (J.C.O)

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«Este delito lo está realizando y liderando el Gobierno Nacional invadiendo y pretendiendo desplazar del territorio porque ya comenzó, como ya es de conocimiento del país, los trabajos del proyecto de construcción de cárcel. Nosotros como comunidad conocemos los linderos de nuestros territorios. Hemos sido dirigentes, somos defensores históricos del territorio y la naturaleza», dijo en rueda de prensa, Donald Cabrera, miembro de la comuna.

Agregó que «el gobierno le miente al país cuando dice que es propiedad de Estado recuperado de la banca privada porque nosotros les hemos hecho llegar como comunidad indígena de la Bajada de Chanduy a los medios de comunicación, al mismo gobierno nuestra documentación». Insistió en que desde el primer anuncio le pidieron al presidente de la República y al gobernador de Santa Elena que atiendan el pedido, pero los ignoraron.

Presencia militar

Militares a bordo de camionetas llegaron el pasado 26 de junio a la comuna, en el predio donde se construirá el centro de reclusión social. Guiaban la maquinaria que empezó los trabajos ya que no existe un camino de primer orden en esta zona.

La retroescavadora empezó la deforestación del lugar, un bosque seco en el que no se han hecho exploraciones previas, tampoco estudios que determinen el tipo de fauna y flora que se encuentra allí, indica un reporte de Ecuavisa.

No se sabe a ciencia cierta en qué punto de las 16,8 hectáreas, ya que el proceso consta como reservado. No consta de agua potable, ni conectividad celular o internet. El costo de la cárcel es de USD 52 millones. (MIB)

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«El sistema eléctrico más que en emergencia se encuentra en manos de la negligencia. Estamos en manos de funcionarios que sabiendo el problema, no previeron nada para generar una emergencia que desemboca en contrataciones y compras irregulares», dijo a Radio La Calle.

Acciones cuestionables

De acuerdo con Alvear, los procesos de contratación del gerente general de Celec, Gonzalo Uquillas, deja más dudas que certezas en cuanto al manejo de recursos económicas para mejorar el sector eléctrico.

«El señor Uquillas, cuando volvió al gobierno de Lasso, fue claro al decir que él con USD 80 millones daba mantenimiento a las termoeléctricas y con eso nos olvidamos del fantasma de los apagones. Así hubiese o no estiaje, pero el señor Uquillas, de la noche a la mañana, se olvida de lo que dijo y sale con que va a contratar una barcaza de 440 mw. que viene de Turquía de la empresa Karpower, una compañía cuestionada porque es altamente contaminante. La acaban de botar de República Dominicana porque funciona con full oil. Un combustible más contaminante que el diésel», expresó.

Otro contrato con problemas es el de 32 generadores de electricidad que, presuntamente, tendrían sobreprecios. «No contento con eso, Uquillas vuelve a hacer de las suyas y compra 32 generadores de electricidad con Grupo Electrógeno, equivalente a 54.4 mw. por USD 65 millones. Eso quiere decir que a los ecuatorianos le saldrá cada mega a USD 1’194.000 cuando el precio de mercado es de USD 750.000. Hay un sobreprecio por Grupo Electrógeno de casi USD 500.000. Si lo multiplicamos por 32 máquinas, hablamos de un sobreprecio de USD 15 millones», agregó el experto.

Si a los USD 65 millones de los generadores se suman la contratación de la barcaza por USD USD 244/ 250 millones. El perjuicio para el Estado llega a los USD 310 millones.

Otras complicaciones

De acuerdo con Alvear, el problema del estiaje no es nuevo, pero a ello se sumó una indisponibilidad de 1.700 mw. «770 con las termoeléctricas y 1.000 con las hidroeléctricas, pero que dando mantenimiento al betusto sistema de termoeléctricas no hubiésemos tenido problemas de indisponibilidad. Dejaron pasar esto porque en el fondo estaban maquinando la contratación de la barcaza turca y los grupos electrónicos que generan un megawatt excesivamente caro con motores del año 2011».

El experto dijo que Gonzalo Uquillas debería ser investigado por la Fiscalía por el perjuicio millonario que crea al Estado, eso se llama dolo. «No es nada ligero lo que está gente, a través de esta negligencia, ha cometido».

El sistema eléctrico se sostiene en tres pilares: Generación, transmisión y distribución. En el caso del primero existen dos problemas: la falta de ejecución del contrato de fideicomiso para iniciar la construcción de los proyectos: El Aromo(258MW), Villonaco 3 (110MW),
que fueron adjudicados en el Gobierno de Lenin Moreno. Tal contrato también tenía como objetivo materializar el Bloque ERNC 500 MW de energía renovables en proceso. La inacción del presidente ha dejado este tema en el vacío.

A eso se añade el fracaso de la licitación de 400MW, Bloque Ciclo Combinado de Gas
Natural, que llevaba más de 3 años en proceso gracias a la negligencia del Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. También la licitación de la línea de transmisión nororiental para el sector petrolero que ha quedado en nada.

Sector camaronero

El presidente Guillermo Lasso prometió electrificar a las camaroneras y afirmó que el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha aprobado una línea de crédito para
tender líneas de transmisión para beneficio de tal industria.

«Dijo que ha conseguido una línea de crédito para construir una línea de transmisión de 1.000 mw. para el sector camaronero ¿qué energía va a pasar por esa línea de transmisión si tenemos la indisponibilidad de 1.700 mw y no se ha hecho absolutamente nada para generar nuevas materias de energía».

Aquí puede revisar los documentos de denuncia sobre este tema. (MIB)

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De acuerdo con Bermúdez, los tres proveedores que participan en el proceso comparten las mismas referencias de contacto. También recalcó que en las indagaciones se identificó a un mismo socio en dos de las empresas.

»La Sercop tiene que investigar este asunto y revisar lo que nosotros hemos presentado y de ser posible tiene que dar de baja este contrato», dijo a medios locales.

Además, el concejal consideró que el gasto para este evento es completamente excesivo. El contrato se llama: »Prestación de servicios para la organización y ejecución de una activación masiva para posicionar los servicios y productos comerciales de Etapa», el plazo estimado para el desarrollo del evento es de ocho días.

La respuesta del alcalde

»Hay quienes ven más allá y quienes ven menos acá», dijo el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien llegó al cargo gracias al partido Izquierda Democrática (ID).

Para él, la iniciativa de traer a los mejores exponentes de las plataformas digitales en el mundo es la mejor inversión para la ciudadanía, pues es la lógica en la que se manejan los jóvenes.

De igual manera, señaló que no tiene la culpa de que las personas que están en la red de esta clase de eventos estén relacionadas.»Si es que al señor concejal eso le genera alguna duda que ponga los temas sobre la mesa y que el SERCOP se pronuncie», resaltó. (AGM).

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La auditoría fue realizada entre el 2018 y 2022, es decir, durante gran parte del período presidencial de Lenín Moreno. El informe estableció que no se realizaron visitas para comprobar la calidad de las instalaciones de las unidades médicas privadas.

Por otro lado, no se advirtieron los conflictos de intereses entre los prestadores y el personal del IESS. Además, expedientes de pagos por USD 1.5 millones no contenían la documentación que respalde atenciones a los afiliados.

Casos específicos

Durante el examen especial se identificó que se contrató los servicios de prestadores privados cuyos representantes trabajaban en las unidades médicas del seguro social.

Tal es el caso de un prestador externo que participó en un convenio para brindar servicios de salud al IESS. La persona que suscribió el contrato a nombre del centro médico privado también laboraba, desde 2015, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El expediente de este convenio no contiene la declaración juramentada de no tener conflictos de intereses.

Además, el informe de visita a las instalaciones del prestador no contiene información sobre bioseguridad, manejo de protocolos médicos de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los servicios de salud del prestador operaron desde el 11 de marzo de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, sin contar con los certificados que garantizaban la seguridad sanitaria en las atenciones médicas. En el expediente tampoco constó el listado del personal médico que trabajó en la casa de salud, requisito indispensable para suscribir el contrato.

A pesar de estas irregularidades, al 31 de diciembre de 2022 los valores cancelados por atenciones a pacientes derivados a ese centro médico sumaron USD 361.297.

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El gobierno y la empresa realizaron una licitación para que Halliburton se encargue del campo Indillana o bloque 15, ubicado en Pastaza, en el cantón del mismo nombre. Los trabajos debían empezar el 7 de julio, pero todavía no han iniciado y Petroecuador no ha tomado cartas en el asunto. No ha hecho controles y tampoco se han cobrado multas por los días que la empresa contratada no ha trabajado. Hasta el momento, se han perdido aproximadamente USD 1.5 millones.

Funcionamiento de los contratos petroleros

«La exploración y la producción es el campo más importante en la cadena de valor en el proceso petrolero. Es donde extraemos el crudo para transportarlo a tanques de almacenamiento y venderlo para que genere ingresos. También alimentamos a las tres refinerías del país», explicó a Radio La Calle, el experto en petróleos, Ricardo Merino.

Debido a esto los contratos petroleros cobran importancia. Si no marchan bien, el Estado pierde el dinero que representa el crudo para la economía nacional. Existen dos tipos de contratos: los de servicios específicos integrados con financiamiento y los contratos de prestación de servicios. «Los primeros son aquellos que tienen financiamiento de las empresas privadas y tienen una tarifa de pago por parte del Estado. Los segundos se pagan una vez se ejecute el servicio. El Estado ecuatoriano es dueño de todos los campos y su administrador, de acuerdo a la ley, es el Ministerio de Energía», explicó el experto.

La operación de control estuvo a cago de Petroamazonas. Desde el 2021, esa empresa pasó a formar parte de Petroecuador que maneja ambos tipos de contratación. «En el caso de los contratos de servicios específicos tienen varios factores: la cantidad de petróleo crudo que se tiene en una reserva, la inversión del contratista y el plazo contractual. Con la tarifa, ellos intervienen al nivel de riesgo. Petroecuador entrega información para cotizar la tarifa. Eso fue hasta 2016 cuando empezó a bajar el crudo», agregó.

Actualmente el precio del WTI y la tarifa son proporcionalmente iguales. A medida que aumenta el barril, aumenta la tarifa y viceversa. «Mientras más inversión generamos, aumenta más la tarifa».

Investigación

El excandidato presidencial, Fernando Villavicencio había solicitado un proceso de investigación sobre esta concesión realizada en el actual gobierno y del que todavía ni el gerente de Petroecuador, ni el ministro de Energía y Recursos Renovables se han pronunciado.

Villavicencio, asesinado en un mitin político, dijo además que los contratos que mantiene el gobierno con empresas como Halliburton, PetroChina o SLB «son demasiado generosos». Una de sus propuestas era renegociar los contratos petroleros.

“Esto no significa que esté en contra de la participación de capital privado, extranjero y nacional, todo lo contrario”, dijo Villavicencio en una entrevista para Bloomberg. “Pero tienen que manejarse negocios que le dejen rentabilidad al Estado”.

No es la primera vez que Halliburton trabaja con Petroecuador. En noviembre del 2021 firmaron un contrato para la perforación y completación de siete pozos productores en los campos Coca y Payamino por un valor de más de USD 35 millones.

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Una usuaria Ana* utilizó la plataforma de Twitter para denunciar el hecho. Su cuenta bancaria quedó sin fondos después de que le realizó un depósito. «el día de ayer (6 de octubre) quise hacer una transferencia y oh sorpresa! Tenía 0,0 en mi cuenta». Se percató de un movimiento extraño y llamó a la banca móvil.

«Me dijeron que es una ‘regularización’ que estaba pidiendo una entidad bancaria. Que yo había recibido un depósito de x valor el 04 de octubre. Y que por ese depósito que fue hecho desde otra entidad bancaria están pidiendo ‘regularización'», explicó a Radio La Calle.

Un trajín sin respuesta

Tuvo que atar cabos debido a que el banco no le informó que otra entidad bancaria estaba involucrado. Su madre había hecho un depósito ese día y le pidió que pregunte al banco sobre el hecho. «Le dejaron claro a mi mamá que de parte de ellos estaba correctamente hecha la transacción», agregó.

La explicación de la banca móvil sobre este atropello fue que «la ‘regularización’ es devolver el dinero. Yo entendí que era algún tipo de impuesto, pero no ellos me explicaron que cualquier dinero que ingrese a mi cuenta será debitado hasta alcanzar la suma de dinero que me habían depositado», añadió la usuaria.

Finalmente tuvo que acercarse a las oficinas del Pichincha en el CCI. Allí, después de una larga fila, le entregaron un formulario para exponer su problema y que espere al 21 de octubre para saber la solución.

No es la primera vez que tiene problemas con el Banco Pichincha. Una vez ya denunció el cobro de un seguro que no había utilizado y hasta el momento la Superintendencia de Bancos no ha dado respuesta.

Otros testimonios

Otro caso es el de Luis, quien denunció el robo de su celular. Al día siguiente (7 de septiembre) se acercó al Banco Pichincha para dejar constancia y solucionar la situación. Le dijeron que la seguridad es confiable y que no habría problema. Intentó desbloquear la banca web y móvil sin éxito.

El 17 de septiembre consiguió un celular que le permitió abrir la cuenta. Al segundo día del robo, habían pedido un crédito de USD 12.000 a su nombre para después retirar la cantidad y dejarlo con esa deuda al banco.

«Cuando he pedido un préstamo me han dicho que mi capacidad económica no da para más de USD 3.000», explicó el usuario en un carta.

Nicole Estupiñán, cuya biografía indica que es Coordinadora Zonal 1 del Ministerio del Deporte también denunció un caso de robo. «Acaban de transferirse todo el dinero de mi cuenta de ahorros del Banco Pichincha cómo se pueden crear un usuario y transferirse? Cuando estoy en mi oficina con la computadora en mi mano y mi celular también», escribió en un tuit.

El servicio al cliente no le ayudó y restringió sus cuentas cuando tuvo acceso y preguntó cuándo le regresarían el dinero, colgaron. Se comunicó con el dueño de la cuenta a la que llegó su dinero y dijo que no sabía cómo éste había llegado hasta allí.

Le dijeron en el banco que debía esperar hasta el 20 de octubre por una respuesta, pero finalmente, el banco se comprometió a devolverle su dinero.

Aunque la Superintendencia de Bancos responde los tuits de denuncia y pide los datos, no hay pruebas fehacientes de un seguimiento o llamadas de atención al Banco Pichincha por estos casos que siguen en aumento. Radio La Calle escribió al buzón de mensajes de la institución, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota. (MIB)

* La usuaria solicitó que mantengamos el anonimato de su identidad. Nuestro medio se reserva el nombre de la fuente, como indica la ley.

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Las irregularidades en el mantenimiento de agua persisten en dicho cantón, tras inspecciones realizadas a plantas pertenecientes a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Machala (Aguas Machala EP), según el boletín publicado por ARCA.

Proceso de pruebas realizadas

Las pruebas efectuadas entre el 2021 y 2022 arrojaron niveles altos de arsénico en el agua potable desde la primera toma de muestras efectuadas en julio de 2021.

Al persistir estas anomalías, ARCSA inició en marzo de 2022 un proceso sancionatorio por incumplir con los protocolos y normas de saneamiento para el agua de consumo humano, según lo establecido en los artículos 146 y 233 de la Ley Orgánica de Salud.

Tras una inspección en los tanques de tratamiento del agua, la denuncia se la realizó en la Fiscalía en contra de la Empresa Municipal de Machala.Además, se tomaron medidas correctivas para la supuesta contaminación de ese entonces.  

Darwin Pereira, asambleísta por Pachakutik afirmó que las investigaciones deben realizarse por el Ministerio de Salud aclarando si esta agua es nociva para la salud. Aclaró que por dos años la población de Machala tiene problemas de este tipo y no se han clausurado los pozos.

Sobre el pozo Gonzáles Rubio

22 pozos y el río Casacay son las principales fuentes hídricas de la ciudad. El pozo Gonzáles Rubio proporciona de líquido vital al 3 % de la población. Sin embargo, según el comunicado, dicho afluente fue “cuestionado respecto a la calidad de agua que brinda”. En respuesta a esto ARCA está “validando la información remitida por ARCSA durante la inspección realizada el 08 de agosto.” Mientras tanto, el problema continúa hasta que se solucione el inconveniente.  (J.P)

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Las irregularidades se observaron en el último concurso de frecuencias de radio realizado en mayo de 2020, por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Se encontraron cinco empresas ecuatorianas con inversión extranjera que pasaron por alto la Ley Orgánica de Comunicación, según el examen a las matrices de concesiones en Pichincha y Guayas.

Contraloría encuentra irregularidades

La CGE también determinó que se les otorgaron a ocho empresas morosas con el Servicio de rentas Internas (SRI) y Arcotel las concesiones de frecuencias. En total son 36 radiofrecuencias que operan de manera prorroga.

Otras irregularidades comprenden a una organización religiosa que estaría almacenando frecuencias. También, una empresa consiguió una concesión sin completar los requisitos a tiempo. Compañías concesionarias traspasaron acciones sin autorización de Arcotel. Estas son las conclusiones del informe de Contraloría aprobado en junio pasado.

Ángel González y las concesiones

Las empresas nacionales Ecuadorario S. A., Andivisión S. A., Trafalgar del Ecuador S. A., Ayax del Ecuador S. A. y Televisión Independiente Indetel S. A. obtuvieron frecuencias a pesar de que la mayor parte de su capital perteneciera a accionistas extranjeros, domiciliados en Guatemala y Uruguay, según lo mencionó la Contraloría.

En dichas empresas operan emisoras como Platinum FM, Tropicálida, Like FM, Alfa Stereo y Galaxia Stereo. Esto a pesar de que la Ley Orgánica de Comunicación afirma que “medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras”.

Fundamedios en una investigación ya alertó que tales compañías se relacionaban con el empresario Ángel González.  En el informe de la Controlaría también se expone que, a inicios del concurso, las compañías fueron inhabilitadas. Sin embargo, debido a la directora de Impugnaciones de Arcotel en el análisis jurídico se vinieron abajo esas inhabilidades.

La funcionaria aseveró que el Ecuador tiene tratados con Guatemala y Uruguay que estarían por encima de la Constitución y demás normas.

Empresas con traspaso de acciones

La Contraloría encontró ocho empresas con traspasos de acciones en la Superintendencias de Compañías sin contar con el requisito que la ley ordena de que, si la empresa concesionaria realiza una transferencia de acciones, debe tener el permiso de Arcotel.  

Las empresas que incumplieron tal disposición son: Radiodifusión América Quito, Radio Activa FM 88 Cía. Ltda., Roadme S. A., Cablemar S. A., Radio La Prensa TV S. A., Radiodifusora Ondacero S. A., Ecuaenlace S. A. y K&P RTV Productions C. A. (JP)

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Meses atrás la Secretaría de Seguridad indicó que los comerciantes autónomos tienen la opción de retirar la mercadería decomisada. Sin embargo, lo que se evidencia más allá de los decomisos es la agresión con la que actúan los agentes.

En el artículo 329 de la Constitución se establece lo siguiente respecto al trabajo autónomo:

“Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, herramientas o materiales de trabajo.”

Este tipo de agresiones y abusos son el pan de cada día para los comerciantes. Por ejemplo, en noviembre del año pasado imágenes de vendedores con golpes en la cara y cabeza fueron compartidas por la Asociación de Trabajadores Autónomos (Asotrab), producto de enfrentamientos con los agentes.

También el 31 de octubre del 2021 en las calles Imbabura y Chile en Quito se produjo un acto violento por parte de la policía metropolitana en el cual resultó herida una comerciante autónoma.

El Municipio ha insistido en que hay cuatro espacios o centros de expendio en donde busca la reubicación de los comerciantes del centro, pero a pesar de eso no ha brindado medidas de protección para los comerciantes.

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La auditoría identificó que una empresa se encarga de la alimentación de los privados de libertad desde el 2017. En ese año, el Ministerio de Justicia, ahora extinto, firmó un contrato de USD 26,6 millones con esta compañía.

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Los contratos

La Contraloría identificó que esa licitación no tuvo un proceso precontractual y que también firmaron otro contrato complementario por 9,3 millones. El contrato estipulaba desayuno, almuerzo y merienda. En 2017, los directores de cada centro manifestaron que el servicio llegaba a todos, excepto a los de máxima seguridad de Guayaquil.

Esos contratos estuvieron vigentes hasta enero de 2018. Acto seguido se llamó a concurso, pero ambos llamados terminaron desiertos. El primero se cayó por presentar un error en la certificación presupuestaria y el segundo porque se inhabilitaron las ofertas.

De manera que, en 2018, el Estado firmó contratos de pago con una sola empresa para los alimentos con dos convenios de pagos por USD 11 millones y dos contratos por USD 18,3 millones. Para el 2019 e inicios del 2020, los procesos de contratación presentaron problemas por el cambio constante de administradores del contrato. Entre las respuestas de descargo de las autoridades estatales se manifestó que no se pudo suspender el servicio porque la alimentación de los privados de libertad es un derecho amparado por la Constitución.

Los familiares de los privados de libertad denuncian que no siempre reciben las tres comidas diarias. Tampoco tienen los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. La Asamblea solicitó más información y se espera que en el censo que realizarán al sector carcelario se informe de los servicios que reciben los presos en el país.

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«Este acto es irregular. No se trató como garantías y esa es la presunta irregularidad que puede aparecer fruto de una investigación. Tampoco se registra sorteo del juez para otorgar esas medidas si no que el trámite se realizó directamente», explicó la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.

De acuerdo con el organismo, el pedido se ingresó por materia de «violencia» lo que redujo el universo de posibles jueces que podían atender el proceso.

El 7 de julio, una jueza otorgó medidas cautelares a favor de Jorge Yunda. La magistrada recomendó la creación de un nuevo informe de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito

Ratificación del TCE

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio por atendido el pedido de ampliación y de aclaración a la resolución que avala el procedimiento que utilizó el Concejo Metropolitano para la remoción del alcalde de Quito, el pasado 3 de junio.

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Quito 12 de abr (La Calle).-  El pago a los miembros de la junta receptora del voto (MJV) no cuenta con una regulación, En unos casos les pagan antes de lo esperado y, en otros, no les pagan hasta después de un año y medio.

Mishell de 24 años sirvió en las dos vueltas electorales en Mindo, San Miguel de los Bancos. Ella asegura que al finalizar la jornada electoral le pagaron el monto establecido en ese momento. Ella completó el formulario para la entrega. “Nos hicieron llenar el registro de las cuentas porque es obligatorio. Nosotros teníamos que poner la firma de que nos pagaron los USD 10. Y según pregunté lo otro fue un formalismo que se debe seguir», sostuvo.

Hay otros casos como el de Stefanía de 21 años quien ha estado en mesa en reiteradas ocasiones. Ella no espera mucho de esta compensación, ya que asegura que cuando fue parte de la mesa en la Consulta Popular de 2018, no le cancelaron hasta después de un año y medio.

Multas y compensaciones

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), la sanción por ser miembro de mesa y no asistir es de USD 60, equivalente al 10% del Salario Básico Unificado. Esto en cada vuelta, es decir que si el miembro de la junta electoral no asistió a los dos procesos, pagará USD 80. Ahora si el miembro no vota se suman USD 40. Cada multa es acumulativa, a menos que tenga una justificación.

Durante el proceso electoral, los miembros no debían abandonar las funciones hasta que finalice el escrutinio. Si esta condición fue violada, la multa va de USD 4.400 a 8.000. En cambio, si el miembro asistió a la mesa recibirá USD 10 por vuelta, es decir que terminado el proceso electoral es acreedor a USD 20.

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808 carnets se expidieron en un rango de ocho a 25 minutos, mientras que 74 salieron los fines de semana. Existen carnets expedidos en cuarentena cuando no había atención en consulta externa.

Además existen deficiencias en la calificación de personas con el carnet de discapacidad que accedieron a vehículos con reducción de aranceles y jubilación.

Contraloría informó que en el examen existen 28 informes aprobados, 41 exámenes en ejecución y dos con indicios de responsabilidad penal.

Las instituciones encargadas de remitir los carnets de discapacidad son el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).

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La elección de rector y decanos se realizó el pasado 31 de diciembre de 2020. En la misma, según la denuncia del docente, Jorge Celi, varios de los delegados encargados de la ponderación de resultados, fueron los mismos aspirantes a algunas de las dignidades.

«Es claramente un conflicto de intereses; los candidatos fueron los mismos evaluadores. La Universidad, además, no nos entregó una documentación que habría consolidado la presencia electoral de varios postores, quienes finalmente debimos dejar esa opción».

Las irregularidades no quedan ahí. El que fuera jefe de campaña de otra lista terminó nombrado decano de una facultad, lo cual le permitió presidir el Órgano Electoral», sostuvo Celi.

«Queremos que la Comisión Gestora de la SENESCYT no intervenga más en este proceso eleccionario «, explicó.

Ante estos casos, el Consejo de Educación Superior, (CES) se reunió para tratar el tema. Días atrás ya emitió una resolución, en la que se explicaba que el decano con más antigüedad podría representar a la Universidad. Para ese puesto fue descalificada, según la denuncia, la docente Miriam Larco, por presuntos problemas de orden administrativo.

Representación estudiantil

Kevin Miño, del Frente de Defensa de estudiantes, manifestó su disgusto por la opacidad del proceso electoral. «La Ley Orgánica de Educación Superior, (LOES) establece que el voto ponderativo de los estudiantes debe representar el 50% en elecciones de autoridades. En IKIAM, esa representación llegó solo al 35%. En cambio, el voto de los profesores alcanzó el 65% del universo electoral», sostuvo Miño.

El caso es aún más grave, si se toma en cuenta, que en IKIAM los profesores son apenas 28 y los estudiantes 1000.

En un documento presentado ante la CES, los afectados solicitan que se reforme el reglamento de elecciones y se garantice el derecho al voto secreto, como la posibilidad constitucional de elegir y ser elegido.

El pasado 31 de diciembre de 2020, además de IKIAM, otras universidades públicas como Yachay Tech, también tuvieron procesos eleccionarios.

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El asambleísta Sebastián Palacios exige «lo correspondiente a carnés entregados de forma fraudulenta a los asambleístas y sus cónyugues, políticos y funcionarios del Gobierno».

La Asamblea puede destituir al Ministro si no presenta la información. Palacios agregó que «puede caer en incumplimiento de funciones que acarree las consecuencias políticas del caso».

Zevallos compareció ante la Comisión de Salud en dos ocasiones e informó que existe una auditoría interna pendiente. Los legisladores afirman que a pesar de eso sí hay detalles que puede entregar.

El pasado 31 de julio, la fiscal Diana Salazar explicó, ante la Comisión de Salud, que el tema de carnés de discapacidad está en la fase de indagación previa. Esto se tratará como un caso de delincuencia organizada.

Información

Según información del Ministerio de Salud, 10 asambleístas solicitaron carné de discapacidad. Cuatro de ellos pertenecen al actual periodo legislativo: la oficialista Marcia Arregui, Israel Cruz de SUMA, el socialcristiano Ramón Terán y el exCREO Fabricio Villamar.

El tema es cuestionado por la corrupción en la emisión de los carnés y por el abuso de los mismos para sacar beneficios personales. Entre esos beneficios está la importación de vehículos de alta gama. Si bien hay cuatro asambleístas con carné, el legislador Fabricio Villamar hizo uso del mismo para importar un vehículo sin aranceles.

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