El pasado 20 de enero el titular del ISSPOL denunció en redes sociales sobre esta transferencia errónea que estaba a su propio nombre. Una vez que la CPN aclaró la situación, González requirió a la entidad financiera que presente las justificaciones a los respectivos organismos de control.

Por otro lado, la cooperativa deberá pedir al Banco Pichincha el reintegro de los valores transferidos y la copia de este documento también irá a manos del Director del ISSPOL para tener no tener malos entendidos en un futuro.

González aclaró que el error admnistrativo se origina a raíz de un crédito que tenía en la CPN. Resaltó que el pasado 19 de diciembre la entidad debía cancelarle un interés de USD 2.500. »Al parece al transferir ese pago cometieron un error», dijo.

»Me preocupa la debilidad del sistema porque esto indica que usted, yo u otra persona estamos expuestos a que nuestras cuentas sean utlizadas para manejar el dinero de esa magnitud y ni siquiera somos informados», expuso. (AGM).

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»Ya dejamos un escrito ante la Corte del Distrito Sur de Florida, presentándonos como propietarios y víctimas de este atraco», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Según la proyección de los abogados del ISSPOL en el país norteamericano, se espera recuperar este monto en el primer trimestre del 2024. No obstante, González resaltó que es importante el apoyo político para recuperar el dinero que perdió la institución. Hasta el momento solo ha mantenido una reunión con el viceministro del Interior, Lyonel Tello.

Durante el gobierno de Guillermo Lasso esta institución recuperó USD 440 millones de los más de USD 800 millones perdidos tras la estafa, es decir, un 54 % del valor reclasificado de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos en 2020.

La figura del fiscal Suárez en el Caso ISSPOL

La autoridad del ISSPOL señaló que el fiscal Suárez, quien fue asesinado el pasado 17 enero, fue una figura trascendental en las investigaciones del caso ISSPOL. Indicó que este suceso daña al equipo cercano de la fiscal general, Diana Salazar, ya que mandan un mensaje intimidatorio a sus colegas.

»Difícilmente otro fiscal va a tener esa decisión y valentía para seguir investigando», destacó.

También mencionó que este hecho desnuda una debilidad del Estado ya que la familia de Suárez quedará desamparada. Solo cobrarán la liquidación de los 17 días de enero y luego la Fiscalía se desentenderá de ellos.

»Es una lucha desigual porque por lo menos los sicarios quedan con cantidades de dinero para beneficio de sus familiares», dijo.

En este sentido, hizo en pedido público para que la familia del fiscal asesinado sea cobijada por la ley de héroes y reciban una pensión. También hizo un llamado al sector educativo para tener acceso a becas. (AGM).

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“Denuncio públicamente que hace momentos, al revisar mi cuenta de ahorros, me aparece una transferencia de más de $ 258.000 de una cuenta supuestamente a mi propio nombre. Jamás he poseído tal cantidad de dinero y realizaré las denuncias”, aseguró el funcionario a través de su cuenta X.

En la captura de pantalla compartida en redes sociales, se visualiza que el depositante figura como «González Peñaherrera Diego Renato», generando inquieutudes por una posible cuenta falsa a su nombre. En la descripción de dicha transferencia se lee: «cancelación parcial». Por ahora, ha trascendido que González presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

González, en el cargo desde abril de 2021, es el tercer director del Isspol, asumiendo tras revelarse irregularidades en inversiones de dicha entidad. Con una amplia experiencia en diversas unidades policiales.

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La Policía Nacional dio detalles respecto al asesinato del fiscal Suárez. Según el comandante Herrera, el hecho ocurrió el 17 de enero a alrededor de las 13h00 después de que el funcionario acudiera a las instalaciones de la Policía Judicial. Días antes habría pedido protección especial por los casos relevantes que tenía a cargo.

La víctima fue interceptada por un vehículo, en la Av del Bombero. El conductor portaba una chaqueta similar a la del uniforme de los agentes de la Autoridad de Tránsito Muncipal (ATM). En el auto iban dos pasajeros armados.

La Policía levantó 18 indicios balísticos y detuvo a dos personas: el presunto sicario y el conductor del vehículo identificados como Ángel A., de 22 años, quien no tiene antecedentes penales y Christian P,. de 30 años, con antecedentes por tenencia de armas, asociación ilícita robo y secuestro.

De acuerdo a las investigaciones realizadas se tiene la hipótesis de que tras el crimen estaría el grupo criminal de los Chone Killers. La institución sigue atrás de la pista de los responsables. El fiscal estuvo a cargo de los siguientes procesos:

Caso Isspol

El fiscal lideró el operativo que dejó en evidencia la millonaria estafa en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). En este proceso se realizó once allanamientos y se detuvo a siete personas.

Suárez declaró como figuras principales de este desfalco al principal exasesor del Isspol, Jorge Chérrez conocido como ‘El Mago’ y al exdirectivo del Departamento de Operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador (Decevale), Gonzalo Navarro.

Corrupción en hospitales del IESS

Suárez también estuvo detrás de los casos de corrupción en los hospitales públicos por sobreprecios y otras irregularidades. El principal protagonista de estos escándalos fue Daniel Salcedo, quien fue procesado por peculado y delincuencia organizada. Por este último delito fue condenado a 13 años de cárcel, sin embargo, un año después fue puesto en libertad por un juez de Paján.

Actualmente está vinculado en el caso Metástasis por presunta participación de delincuencia organizada. Cabe mencionar, que el asesinato de Suárez se produjo un día después de la retención de Salcedo en Panamá.

Atentado a TC Televisión

Tras el ataque que sufrió el medio de comunicación de TC Televisión, la Policía detuvo a 11 implicados en el atentado terrorista. El fiscal Suárez estaba encargado de investigar qué grupo criminal estuvo detrás del suceso que desencadenó pánico en la población. (AGM).

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El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), coronel Renato González, explicó a Radio La Calle la situación actual de este caso de estafa que dejó un perjuicio de cerca de USD 500 millones a la institución.

En 2021, el exgerente de Operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador (Decevale), Luis Álvarez, y el exdirector de inversiones del Isspol, John Luzuriaga, aceptaron el delito de conspiración para el lavado de activos ante los tribunales estadounidenses. Ambos fueron condenados a 10 años y cuatro meses de prisión, incluso, Álvarez solicitó una disminución en la sentencia.

Del otro lado, durante la fase de audiencia preparatoria de juicio en Ecuador, los abogados de los acusados aseguraron la inocencia de sus clientes en el delito de peculado. Ellos aclararon que la sentencia en EE.UU. es diferente.

Además, habían manifestado que de todas maneras los imputados ya están pagando su delito en el extranjero, relata González.

»Encima cometen contradicciones porque usted o bien es inocente o ya le juzgaron, pero no las dos cosas. Esta es la forma mañosa de tratar de sacarse la responsabilidad aquí en Ecuador», dijo consternado.

Los delitos en el caso Isspol

En el 2020, la misma institución presentó cinco denuncias ante la Fiscalía por los delitos de peculado, estafa y tráfico de influencias, pero los procesos van a paso lento. En este sentido, el director del Isspol cuestionó que en el país no haya un solo sentenciado por este caso.

El pasado 13 de noviembre, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que el Citibank de Nueva York adjudicó a la cuenta del Isspol, USD 20 millones respecto al pago de intereses. El funcionario informó que hasta el momento se han recuperado USD 368 millones del dinero sustraído de las cuentas de la institución.

Asimismo, están a la espera de una orden judicial por la acreditación de USD 72 millones más por parte del Safra National Bank. Durante la gestión de Lasso, un total de USD 440 millones han sido recuperados. Este monto representa un 54 % del valor reclasificado de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos en 2020.

Para González es importante hablar del proceso que han tenido que atravesar para recuperar el dinero robado. También hizo un llamado al presidente electo Daniel Noboa para siga recuperando los fondos del Isspol. (AGM).

#ATENCIÓN | El ministro del Interior, @CapiZapataEC, informó que el Citibank de Nueva York adjudicó a la cuenta del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) USD 20 millones respecto al pago de intereses.

Zapata señaló que hasta el momento en el caso Isspol se ha… pic.twitter.com/jBmeHlnIn2

— Radio La Calle (@radiolacalle) November 13, 2023

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El primer mandatario recibió la distinción Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional de la Policía. Asimismo, el Instituto de Seguridad Social de los uniformados (Isspol) le otorgó una condecoración en virtud de su apoyo para la recuperación de los recursos de 80.000 familias policiales.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas dijo que las condecoraciones son un “justo reconocimiento a su apoyo a la institución y la colaboración para la consecución de objetivos trazados”.

Por otro lado, el jefe de Estado le entregó la medalla «Alberto Enríquez Gallo» al ministro del Interior, Juan Zapata. El funcionario recibió la insignia mientras el país enfrenta una fuerte crisis de inseguridad.

Más condecoraciones sin sentido

El 10 de mayo, la condecoración «Alberto Enríquez Gallo» fue entregada al exsecretario de Seguridad, Diego Ordoñez. En ese entonces, el ministro Zapata, y el comandante Salinas le entregaron el galardón.

Sin embargo, usuarios en redes sociales reaccionaron de manera negativa a esta noticia, pues resaltaron que su gestión no rindió frutos. (DCJ)

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Para el jefe de Estado, las mafias, el narcotráfico y el crimen organizado son los principales grupos que han atacado al Gobierno porque les “golpearon el bolsillo” y no les han permitido meterse en su administración.

El presidente manifestó que es probable que el exconsejero presidencial del Gobierno de Lenin Moreno, Santiago Cuesta Caputti; el exrepresentante de Seguros Sucre, Diego Sánchez; y el exministro del Interior en el Gobierno de Rafael Correa, José Serrano, estarían detrás del medio digital La Posta.

“Los grupos mafiosos que controlaban el negocio de seguros a través de la Compañía de Seguros Sucre y lo que hicimos fue ponerla en liquidación; otros mafiosos que tenían que ver con la compra de medicamentos, hoy tenemos un sistema para hacerlo con subasta inversa; hemos luchado también contra estas mafias que asaltaban al ISSPOL y que robaron USD 900 millones, de los que hemos recuperado USD 300 millones”, en este último punto el mandatario se refirió de manera indirecta al exministro del Interior, José Serrano.

La respuesta de Serrano

Como respuesta, Serrano tildó a Lasso de chulquero y le recordó las empresas offshore que fueron reveladas en la investigación de Pandora Papers. Además, le recalcó que revise el expediente del caso ISSPOL, donde está realidad y los verdaderos sentenciados. (A.G.M).

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“difusión roja contra el ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Miño, es culpado por delito de falsedad de información, con este antecedente: me permito informar que la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL (…) ha procedido a publicar la Notificación Roja N de control, en cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad”, reza el oficio de la Policía Nacional.   

“El Mago” Chérrez fue culpado por actuar como asesor financiero para Isspol. Las autoridades lo involucran en el desfalco al Isspol, por más de USD 900 millones. Su nombre es conocido por estar vinculado a varios procesos penales en Ecuador y uno en Estados Unidos.

Además, en sus manos estarían USD 327 millones correspondientes a la operación swap organizada por el Isspol y sus empresas en el 2015.

La difusión roja 

La Interpol dio luz verde al pedido de difusión roja en contra de “El Mago”. Según la organización internacional, la notificación de difusión roja no es una orden de detención internacional, sino una solicitud enviada a 194 países para que los policías localicen y detengan provisionalmente a Chérrez para su extradición, acción judicial o entrega. 

Viajes sin regreso y falsa información

Después de que se conocieran los desfalcos y operaciones irregulares del Isspol, Chérrez abandonó Ecuador el 6 de marzo de 2020. Su primer destino fue Colombia – Cali. Actualmente, está en México donde le otorgaron la nacionalidad. A su vez es prófugo de la justicia al tener una orden de prisión preventiva a causa de falsedad de información en una de las investigaciones.

La sanción por este tipo de hechos consta de tres a cinco años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (J.P)

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Una investigación de la Fundación Lucha Anticorrupción explicó que el 17 de diciembre del 2020, Jorge Markeley, jefe de equipo de la CGE notificó al ISSPOL que no se ha realizado la auditoría desde 2017.

El desfalco a más de 80.000 miembros policiales en servicio pasivo en el caso ISSPOL alcanza los USD 950 millones. En este sentido, la Fundación Lucha Anticorrupción se pregunta si las evasivas de la CGE para auditar al ISSPOL servirían para hacerles el juego a quienes se llevaron el dinero.

Veeduría ciudadana

La Fundación de Lucha Anticorrupción invitó a la ciudadanía a formar parte de la veeduría que investigará a fondo este tema. Su titular, Juan Esteban Guarderas invita a la CGE a cumplir sus obligaciones y realizar el proceso de auditoría para evitar que el caso ISSPOL quedé en la impunidad.

El coronel Renato González, director de la ISSPOL, recalcó que no le importa si el proceso de auditoría lo hace Contraloría o una empresa extranjera, ellos quieren que las cuentas estén claras para enfrentar las investigaciones de corrupción y recuperar el dinero. CGE le debe USD 11 millones al ISSPOL por auditorías en el período 2004 -2012. MIB

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En los chats también aparece el nombre de Santiago Cuesta, asesor presidencial del Lenín Moreno. Esto sucedió cuando querían acercarse a la Presidencia para la revisión de la Superintendencia que pedía justificar sus inversiones. Una de las conversaciones indica:

«Luzuriaga: General, le cuento que nos recibió Santiago Cuesta y le delegó a un sr. Iván Carballo, asesor de la presidencia. Le expliqué y entendió claramente y llamó a la auditora de la Superintendencia de Seguros. Aparentemente entendió todo y pidió una semana. Esperemos se pueda acabar ya este cuento. Misión cumplida.

Proaño: Que bueno, ojalá termine esta tontera de una vez por todas».

La Vicepresidencia

Otro de los chats se refiere a las gestiones para que la vicepresidencia de la República hable con la Superintendencia para tapar las irregularidades:

«Proaño: Hola David, estoy coordinando una reunión con Otto, lo va a llamar su asistente. Ellos van a ayudar con la super ¿confirmo?  El va a confirmar la cita con el vice, saludos.

Luzuriaga: General, buenas noches, perdón por llamar tan tarde, me acaba de llamar Héctor. Por favor mañana de 12:00 a 12:30 nos recibe la Sra. asesora legal del presidente de la República y que por favor no vaya uniformado. Almorzaríamos en el hotel Gangotena una hora.

Proaño: OK»

De acuerdo con la defensa de Proaño, “los mensajes son perfectamente normales en la función pública”.

Caso ISSPOL

Mientras continúan las investigaciones, la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas ratificó la prisión preventiva contra Gonzalo Navarro, exjefe de pagos, y Luis Álvarez, exgerente de operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores S. A., Decevale.

En julio pasado, Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones de Decevale, confesó haber recibido USD 3,1 millones de sobornos desde cuentas controladas por Jorge Chérrez (del Grupo IBCorp), así como un departamento en Miami.

La confesión fue parte de un acuerdo al que llegó con los fiscales estadounidenses en el caso que está relacionado con las inversiones de esta institución.

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Quito, 6 dic (La Calle).- Las investigaciones de las cuentas de Jorge “El Mago” Chérrez en Estado Unidos registran transferencias a exejecutivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y exfuncionarios del gobierno del expresidente Lenín Moreno, entre ellos Mauricio Pozo.

El depósito de Chérrez, por USD 100 mil, fue a favor del exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, reseña el medio digital D’Una. Este pago habría ocurrido el 30 de noviembre de 2018, según uno de los cuerpos del proceso que se sigue contra Chérrez por peculado.

El primer giro hacia el exministro de Moreno fue de USD 25 mil en junio de 2017. Un total de USD 125 mil habría recibido de Chérrez. Sin embargo, según Pozo, esos depósitos fueron otorgados por consultorías dadas a IBCorp, empresa financiera domiciliada en Miami, EE.UU con la que “El Mago” realizaba las inversiones del Isspol.

Por su parte, el director del Isspol, Renato González, indicó al medio digital que “el problema no es cobrar años atrás por una consultoría, las preguntas son ¿declaró esos ingresos y pagó el impuesto a la renta? ¿Por qué no mencionó esa situación cuando era ministro y estalló el atraco?”.

Los cheques del Mago Chérrez

Según la justicia de Estados Unidos, Jorge Chérrez entregó USD 2,6 millones en sobornos a exfuncionarios del Isspol y del gobierno de Moreno. Lo cual habría permitido manejar las inversiones de la institución.

Entre los nombres relevantes en las cuentas bancarias que se beneficiaron están:

• John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol y una de las personas encargadas de aprobar las operaciones, procesado en EE.UU. por lavado de activos.
• César Auquilla, exjefe de inversiones del Isspol.
• Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones del Decevale, supuesto custodio de las inversiones del Isspol, preso en EE.UU.
• María Paula Christiansen, exasesora de José Serrano, exministro del Interior.
• Además, figuran parientes de los implicados, socios de Chérrez en empresas de Miami y funcionarios de casas de valores.

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Serrano señaló a la exministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, como la responsable en la renegociación de bonos, con recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).

“El acta de la sesión del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, del 27 de julio del 2020, es la prueba fundamental para determinar el delito oculto. Aquí solo quieren que quede el delito que se está investigando contra Decevale, el señor Chérrez y otras personas, para que con ese desfalco se oculte este otro desfalco y perjuicio tan y más grave que se esta haciendo a la Policía Nacional y a sus familias”, sostuvo Serrano.

El documento al que hace referencia Serrano está suscrito por la exministra Romo, en calidad de presidenta del Consejo Directivo del ISSPOL, el comandante General de la Policía, el director de Personal de la Policía, el subsecretario de Policía, el director nacional de Bienestar Social, el representante por los oficiales en servicio pasivo, el representante de clases y policías y el secretario del Consejo Directivo.

El exministro explicó que Romo aprobó una renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029 y los canjeó por bonos 2030, 2035 y 2040. Esto ocasionó, en primer lugar, una disminución de aproximadamente el 48% del valor nominal que tenían los bonos 2024, 2026, 2028, 2029. En segundo lugar, sostuvo Serrano, una disminución de la tasa del cupón del 9% al 5%.

Reiteró que la responsabilidad de la renegociación de los bonos recae sobre Romo. “Esos recursos fueron arrebatados de la seguridad social de la Policía Nacional. Quien presentó esa propuesta de renegociación fue la exministra María Paula Romo”, insistió.

Asimismo, afirmó que parte de esos fondos se utilizaron para cumplir con los tenedores de la deuda externa. “Cometieron peculado”, dijo el exministro.

Serrano tildó de “medias verdades” lo dicho por Romo, en su comparecencia ante la Comisión Fiscalización. Además, entregó a la Comisión un documento, con fecha 14 de agosto de 2020, que revelaría a los responsables de las operaciones de inversión desde el año 2014. Entre septiembre de 2018 y enero 2020 se registran las operaciones de más alto valor, por más de 155 millones de dólares.

Serrano aseguró que en ese documento está el “pacto de compra de bonos”. Asimismo, dijo que el documento contiene operaciones, montos de inversión y nombres de los responsables que aprobaron operaciones por cerca de USD 83 millones, sin contratos.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que desconocían la información entregada por Serrano. Aseguró que estos nuevos datos serán incluidos en la investigación.

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También estaría vinculado, John Luzuriaga Aguinaga, ex director de riesgos de la ISSPOL, ya apresado en Florida.

Chérrez está relacionado con una veintena de empresas, algunas de las cuales poseen propiedades allá. Entre él y esas compañías suman ocho departamentos y una casa valorados en un total cercano a los $ 7 millones. Aparece como gerente general de una sola empresa activa en Miami, Penderton Management LLC, creada en diciembre de 2019. Esta a su vez es gerente general de Argonaut FL LLC. Y esta última gerencia doce compañías, dos de las cuales se relacionan con los bienes raíces, de acuerdo con los registros de Florida.

En Miami, el 30 de julio de 2020, se hicieron otros cambios en las empresas. Chérrez dejó de figurar entre los representantes de las cuatro compañías y, además, transfirió la administración de 305 Real Estate Holdings a la firma Argonaut FL.

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Su detención se produce por un pedido de la fiscalía con el fin de continuar con las investigaciones por las inversiones realizadas por el ISSPOL.

Proaño es señalado por el Gobierno como un actor fundamental dentro del escándalo que compromete USD 532 millones en inversiones que hizo el Isspol.

Según ha señalado el Ministerio de Gobierno, él ejercía doble función en la entidad, director y encargado de las inversiones.

“La Fiscalía está abusando de la prisión preventiva. Es un horror, tomando en cuenta la situación que se está viviendo de violencia y hacinamiento en las cárceles del país”, sostuvo Jerves.

El pasado 22 de octubre se informó que el servidor policial no podrá hacer uso de uniforme, cargo, función y mando policial, así como de armas y bienes institucionales. Proaño fue director del Isspol por cuatro años hasta 2019.

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“De esta forma, IBcorp-EHYBF demuestra a todos los policías en servicio activo y pasivo que resultaron totalmente falsas las aseveraciones de los políticos de turno y sus aliados. Ellos afirmaron que estas inversiones eran una estafa o que el dinero había desaparecido”, indica el documento.

Además, IBcorp entregará el ticket de rendimiento de la inversión swap que venció el 28 de diciembre del 2020 por USD 20.018.635. La empresa solicitó fecha y hora a la institución policial para trazar una hoja de ruta que permita la entrega de los bonos de deuda interna.

Bonos de la ISSPOL

El pasado 23 de octubre, IBcorp indicó a las autoridades del ISSPOL pueden recibir los bonos de las inversiones enviando una carta oficial a las entidades que custodian los títulos de forma directa.

“Ante las afirmaciones de la ministra Romo diciendo que nadie sabe dónde están los bonos, la compañía ratifica que la devolución se puede concretar en pocos días (…) La solicitud de estos documentos se ejecuta de forma rápida. Las autoridades deben asumir las posibles pérdidas de valor en los títulos y estructuras”, indica el documento.

Protestas de los gendarmes

Centenares de policías en servicio pasivo de varias organizaciones de la Federación de Policías en Servicio Pasivo (Fepol) protestaron el pasado 1 de diciembre, en la Tribuna de los Shyris, al norte de Quito.

Los manifestantes solicitaron respuesta a los directivos de la institución, que presuntamente le causaron a la institución una estafa por más de USD 500 millones.

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Los manifestantes exigieron respuestas sobre las supuestas irregularidades en inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), que presuntamente le causaron a la institución una estafa por más de USD 500 millones.

“La mañana del martes 1 de diciembre de 2020 policías en servicio pasivo realizaron una marcha en Quito para protestar contra «el más grande atraco de la historia». Según sus propias palabras, la desaparición de más de USD 500 millones de las aportaciones los comandos en servicio pasivo”, informó Pichincha Comunicaciones.

El presidente de la Fepol, Washington Bayas y policías en servicio pasivo, señalaron para Ecuavisa, que sus reclamos responden a esclarecer si las inversiones irregulares se identificaron en el portafolio que custodia los bonos de inversión por parte de Decevale. Así mismo, exigen se señale a los responsables de la presunta estafa y las acciones legales emprendidas hasta el momento.

“Insistir en la obligación que tiene el mando institucional de informarnos cuál ha sido el avance del proceso investigativo que tiene relación con las presuntas malas inversiones de los fondos previsionales del ISSPOL”, indicó Bayas para el medio de comunicación.  

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La declaración contradice a las palabras de la ministra de Gobierno, María Paula Romo que indicó que los bonos estaban en una empresa en Miami, propiedad de Jorge Chérrez (dueño de IBCorp) y que no tenían acceso a ellos.

“Ante las afirmaciones de la ministra Romo diciendo que nadie sabe dónde están los bonos, la compañía ratifica que la devolución se puede concretar en pocos días (…) La solicitud de estos documentos se ejecuta de forma rápida y que, como es natural, las autoridades deben asumir las posibles pérdidas de valor en los títulos y estructuras”, indica el documento.

Según la compañía, la reparación de las pérdidas se debe a “las decisiones del Gobierno de Ecuador de no pagar a sus acreedores y de procesos de reestructuración en condiciones que atentan a los intereses de ISSPOL y de todos los inversionistas que confiaron en el Ecuador y se encontraron con un mal manejo económico”.

Mentiras de Romo

IBCorp también dice que la ministra de Gobierno, María Paula Romo dio información errónea sobre este caso y se dispuso a aclarar tres puntos. Sobre el hecho de que las autoridades no saben donde están los bonos, la compañía dice que “las inversiones se hicieron legalmente. Es más, estas han generado y generan rendimientos al ISSPOL y, sus garantías, se encuentran custodiadas en el Banco Central del Ecuador y el Decevale”.

Sobre el conocimiento de Romo sobre los hechos, IBCorp respondelos organismos de control auditaron las operaciones en la gestión de la ministra. Y que se renovaron dichos procesos en alrededor de USD 150 millones. “Lo que demuestra, que la presidenta del Consejo Directivo del ISSPOL tenía pleno conocimiento de estas inversiones en su portafolio”, explica.

Finalmente, la ministra Romo declaró que estos procesos fueron una estafa al ISSPOL. La empresa establece que quien realmente afectó las inversiones del ISSPOL fue el gobierno. La razón: cambiar las condiciones de pago a sus acreedores de deuda y renegociarlas con un canje de bonos hasta el 2040.

“Dado que el ISSPOL es tenedor de deuda ecuatoriana, sus inversiones tuvieron un castigo. Al igual que la de muchos inversionistas a nivel nacional e internacional”, sentencia IBCorp.

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«IBcorp firmó contrato con Decevale en 2003 cuando la compañía se fundó en 2006. Los bonos de ISSPOL no están en Decevale sino en un custodio (ICS) en Miami. Empresa que pertenece a Jorge Chérrez», expresó la ministra en rueda de prensa.

Liquidación de Decevale

Para María Paula Romo, los responsables de este caso son Decevale, Jorge Chérrez y el general Proaño, exdirector de la ISSPOL en el momento en que los hechos tuvieron lugar.

«Decevale, Chérrez y el general Proaño deberán asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Pediremos a la Superintendencia de Bancos la liquidación de Decevale. Trataremos esto como un asunto de Estado», explicó.

Por otra parte, el director de ISSPOL, Jorge Villarroel indicó que Chérrez no quiere colaborar con la institución.

«Cuando le pregunté al señor Chérrez en julio cuándo va a pagar su deuda. El me respondió que no tenía liquidez».

Juicio político

Frente a la posibilidad de que el Caso ISSPOL entre al proceso de juicio político en su contra, la funcionaria indicó «Me dará gusto hablar del Caso ISSPOL en cualquier lugar. No es legal que se integre este caso en el juicio político. Ya es costumbre que se utilicen casos donde yo soy la denunciante».

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María Paula Romo denuncia por presunta estafa a las compañías del Caso ISSPOL

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un intento por presionar a las empresas que mantienen deudas con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), denunció a las compañías por presunta estafa. Así lo indicó una de las empresas relacionadas en las operaciones comerciales.

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Una de esas empresas es Casa Moeller Martínez (CMM), la cual aclaró a la opinión pública que negoció facturas comerciales por un monto de USD 10 millones. De este total, CMM pagó en tiempo y forma USD seis millones. Sin embargo, los USD cuatro millones restantes no se cancelaron debido a la situación económica, consecuencia del Covid-19.

Los representantes legales de la compañía enviaron seis comunicados a los directivos del ISSPOL, desde noviembre del año pasado, en busca de un plan de pagos para cumplir con sus obligaciones. Hasta la fecha, no recibieron respuestas.

CMM explicó queel Gobierno y Romo no deben confundir una deuda civil con un intento de apropiación de fondos de terceros. Agregó que no tienen intención alguna de estafar a la Policía.

Caso ISSPOL

La misma opinión tuvo Jorge Chérrez, uno de los principales sospechosos de las operaciones compra y venta de bonos de la ISSPOL. “A esos 70.000 policías, en servicio activo y pasivo, quiero manifestarles que su dinero no está perdido. Su dinero no es parte de una estafa y tampoco existen posibilidades, desde nuestra parte, a que el ISSPOL pierda un solo centavo”.

No obstante, el empresario manifestó que el ISSPOL tiene órdenes expresas del Gobierno Nacional de financiar sus inversiones mediante la emisión y compra de bonos de deuda. El empresario asegura que estas operaciones permiten al ISSPOL tener liquidez, ya que el Gobierno no les paga todo el dinero adeudado.

“El ISSPOL es un fondo de los policías. Y en este momento lo está capturando y administrando el Gobierno del Ecuador. Si ustedes me dicen el día de hoy qué miembro de la Policía, o qué director actual dentro del ISSPOL tiene experiencia probada en Seguridad Social y no corresponde a un exempleado del Gobierno Nacional, yo puedo aceptar que estoy equivocado en mis apreciaciones. Lastimosamente la realidad es otra”, sentenció.

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“No podemos permitir que una ministra de Gobierno venga y nos diga las inversiones solo fueron entre 2014 y 2016. Como tiene una vitrina con micrófono abierto y el apoyo de los medios de comunicación tradicionales resulta ser que eso es lo que está fijado (…) Los papeles demuestran que la gran responsable de estas inversiones es María Paula Romo. Aquí no nos van a intimidar bajo ningún punto de vista. Hay que decirle la verdad al país”, precisó.

Serrano indicó que en la gestión del exministro Navas se hace una inversión en el ISSPOL de USD 129 millones. En la gestión de Toscanini se invierten USD 41 millones y durante la gestión de la ministra María Paula Romo en su período como presidenta del directorio de ISSPOL de alrededor de USD 160 millones.

El pasado 22 de septiembre, la Ministra indicó que el Depósito Centralizado de Valores (Decevale) intercambió, desde 2014, USD 532 millones de dólares de la ISSPOL en bonos de deuda interna y externa con una empresa privada.

Juicio político

El legislador también se refirió al pedido de juicio político presencial de la ministra Romo. Juicio que empezará a tramitarse en la Comisión de Fiscalización del Legislativo.

“Ella es ministra de Gobierno, no es hacendada tampoco es la propietaria de la Asamblea Nacional. En ese sentido creo que es un descomedimiento por parte de la ministra. Lastimosamente eso denota una actitud que al final de la jornada tendrá que evaluarse en el marco del juicio político en la Comisión de Fiscalización”, indicó Serrano.

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