El 20 de agosto de 2023, el 58.91% de los votantes ordenó la suspensión total de actividades en este territorio. La zona es considerada uno de los epicentros de biodiversidad planetaria y hábitat de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).

Pese al mandato de la Corte Constitucional, la producción petrolera continúa sin interrupción. Yasunidos señaló que el gobierno ha creado «excusas, trámites y comités fantasmas» para evadir la voluntad ciudadana, incumpliendo tres obligaciones centrales.

• No suspensión de operaciones en el Bloque 43, pese al plazo de un año para desmantelamiento progresivo.
• Falta de revocatoria de licencias ambientales e inicio del retiro de infraestructura.
• Desprotección crítica de territorios PIAV, sin acciones para garantizar su derecho al no contacto.

Un llamado al cumplimiento de la voluntad popular

El colectivo enfatizó que el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular —creado tardíamente por el gobierno de Daniel Noboa— solo se ha reunido dos veces sin resultados concretos.

La exigencia de acción judicial urgente se agrava por el Decreto Ejecutivo No. 60, que debilita al Ministerio de Ambiente y a la cartera de Derechos Humanos al fusionarlos con otros Ministerios. Yasunidos alertó que este marco «promueve un retroceso institucional» y consolida una tendencia regresiva del gobierno contra derechos colectivos y ambientales.

«La Corte Constitucional debe defender la soberanía popular. El Yasuní no se negocia«, cerró el colectivo, emplazando al máximo tribunal a ordenar la suspensión inmediata de actividades en el bloque y sancionar a las autoridades responsables.

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El pasado 28 de agosto el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto al gerente general (S) de Petroecuador, Diego Guerrero, efectuaron el apagado de primer pozo productor de Ishpingo en el Bloque 56 en cumplimiento al mandato popular de la Consulta Popular de agosto del 2023.

La cartera de Estado informó que se realizarán labores de limpieza y se colocarán tapones de cemento para el abandono definitivo de la estructura.

Asimismo el cronograma establecido para el cierre de los 247 pozos determina un cierre progresivo que durará más de cinco años para que las intervenciones »no afecten al medio ambiente y a las comunidades aledañas». El bloque está conformado por las áreas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha.

Cuestionamientos sobre la mesa

Para el colectivo Yasunidos todo se trató de un ‘show’ montado por el gobierno, pues argumentó que el pozo de Ishpingo ya cerró en junio. Según las conclusiones del documento entregado por el Gobierno a la Corte Constitucional, hasta el 30 de junio existían 247 pozos perforados de los cuales uno ya estaba abandonado.

»Lo que hizo el ministro es irse al Bloque 43 para tomarse la foto en un pozo que ya estaba abandonado», dijo el colectivo en sus redes sociales y advirtió que si existe un incumplimiento al mandato popular tomará medidas legales.

¿Pérdidas millonarias?

Según David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) implicaría aproximadamente una disminución de 55 mil barriles diarios, es decir, USD 1.200 millones por año. Asimismo, alrededor de mil trabajadores de las comunidades aledañas perderían su empleo.

Almeida aclaró que es viable el apagado de los pozos petroleros en cinco años, sin embargo, la disolución total junto a la restauración de la zona implicaría más tiempo.

»El desmantelamiento de bloques es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo ni siquiera existe una normativa», dijo en entrevista para La Calle.

Desde la ANTEP estiman que la inversión para apagar el Bloque del ITT sería alrededor de USD 4.500 millones y dejan sobre la mesa la interrogante de »¿Quién va asumir ese gasto?» y temen que el presupuesto salga de Petroecuador.

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El 20 de agosto la ciudadanía no solo elegirá binomios presidenciales y asambleístas, sino también decidirán si continúa la explotación del bloque ITT en el Yasuní. Esta zona cuenta con más de 100 mil especies de flora y fauna, entre ellas:

• 141 especies de anfibios
• 121 de reptiles
• 382 de peces
• 596 de aves
• 169 de mamíferos
• 2.700 especies de plantas vasculares

Para la vocera del colectivo Yasunidos, Manaí Prado, el Yasuní tiene un ciclo muy importante porque de ahí nacen las nubes que provocan las lluvias en los Andes y genera el agua que se consume en el país. »No podemos sacrificar el lugar más biodiverso del mundo por »beneficios económicos» que realmente no benefician al país», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Según Prado, el petróleo del Yasuní es de mala calidad de cada 100 barriles solo siete son de petróleo, todo lo demás es brea, es decir, agua formación tóxica, además de que se vende a muy bajo precio a nivel internacional. »Se perdieron 15.000 millones de dólares en casos de corrupción», resaltó.

»El petróleo no se vende muy barato»

Por otra lado, el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), David Almeida, señaló que en 2022 el precio promedio del crudo en el ITT fue de USD 82.17 por barril, puntualizó que por ese valor se dejaron utilidades por USD 1.211 millones en el país.

»Si el petróleo fuera brea no se podrían producir 58 mil barriles de petróleo por día. Efectivamente el contenido de agua es alto como ocurre en todos los reservorios de petróleo a nivel mundial», puntualizó.

Además, señaló que sí es posible realizar la explotación petrolera teniendo una armonía con el ambiente, es por eso que resaltó que los ingenieros a cargo de este proceso en los pozos del Yasuní han realizado su trabajo con las medidas adecuadas para una explotación responsable.

»De ganar el «sí» en la consulta, el pueblo ecuatoriano perdería los 1742 millones de dólares invertidos; además se dejaría de recibir cerca de 1200 millones de dólares anuales en ingresos», dijo en un comunicado la ANTEP.

¿Repetir la historia de Chevron Texaco?

»Texaco era una empresa extranjera que vino acá con la intención de sacar la mayor cantidad de crudo posible sin importarle lo que hacía para reducir costos», dijo Almeida.

En contraste con la actualidad, manifestó que en ese tiempo el Ecuador no contaba con una política ambiental y se devastó la selva con piscinas de desechos y otras actividades perjudiciales para la naturaleza.

Hoy en día, indicó que esta situación es diferente, pues en las dos hectáreas están 200 pozos sin piscinas de desechos y no se riega crudo en el asfalto. De igual manera, enfatizó que el bloque petrolero no está en el corazón del Yasuní, sino que se encuentra apartado de esta zona.

Contaminación auditiva

Si bien los mecanismos de explotación petrolera han cambiado, Prado mencionó que aún hay problemas por los cuales trabajar. Por ejemplo, se refirió a la contaminación auditiva que afecta a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

»Imaginémonos vivir con un motor y un generador de electricidad sonando todo el tiempo a lado de nuestras casas, a pueblos que además viven de la caza y en este caso los animales se alejan», dijo.

No obstante, Almeida destacó que para este problema se instalaron pantallas de ruido, porque si el sonido fuese muy fuerte, los mismos trabajadores no estarían en la condición de trabajar en ese lugar.

¿Qué pasaría con el bloque desalojado?

Un problema que visualiza Almeida en el desalojo del bloque petrolero es que puede ser reemplazado por actividades ilícitas como la minería ilegal y la tala de árboles. Resaltó que inclusive hay comunidades indígenas a favor del »NO» porque para ellos significaría la pérdida de empleo.

También destacó que el desalojo de los pozos petroleros no podrían ocurrir en un año porque sería imposible, para esto se necesitarían aproximadamente nueve años, lo cual significaría un gasto más para el Estado.

Sin embargo, Prado señaló que ese es un trabajo que les espera como colectivo si es que gana en la urnas el »SÍ» en la Consulta Popular, es decir, exigir la presencia del Estado y el cumplimiento de los derechos humanos.

»¿Porqué las comunidades son dependientes de las empresas petroleras? Porque han sido las únicas que han podido solucionar los problemas de pobreza que ellos mismo causan», enfatizó. (A.G.M).

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La medida se tomó debido a los conflictos con las comunidades de la zona que pondrían en riesgo al personal petrolero. La estatal solicitará el refuerzo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar las instalaciones estratégicas.

“Lamentablemente, la producción va a pararse porque la fuerza mayor implica apagar los pozos para defender a los trabajadores y su integridad”, dijo el ministro de Energía, Fernando Santos, en Radio Democracia.

Para el secretario de Estado, no existe un buen escenario para la producción petrolera pues calcula que con esta situación se dejaron de bombear alrededor de 70 mil barriles diarios. Además, el bajo precio del petróleo puede empeorar el panorama.

El precio del petróleo en descenso

El ministro resaltó que, en 2022, el precio promedio del barril era de USD 86 y ahora se lo vende en USD 56. La proforma presupuestaria para el 2023 proyectaba la producción de 52 mil barriles diarios, sin embargo, la producción bajará entre los 480 mil y 490 mil barriles.

También señaló la importancia de llegar a acuerdos respecto a la focalización de combustibles, pues en enero se registraron más costos de importaciones que exportaciones petroleras. Pese a que el consumo de combustible se incrementó en un 30 %, un factor importante y preocupante es el contrabando.

“Nos estamos convirtiendo en la gasolinera barata de los países vecinos”, dijo a diario El Universo.

Justicia en Orellana

Desde el 2022, la Comunidad de Waorani de Dicaro, en Orellana, se mantiene en resistencia por la contaminación causada por la explotación petrolera en su territorio ancestral.

En febrero, Petroecuador culpó a la comunidad de ocasionar el cierre de la válvula de pozo petrolero de la plataforma AMO A. Sin embargo, rechazaron estas acusaciones.

Los afectados afirmaron que desde hace 38 años han vivido el desamparo del Estado, soportando el desprestigio de las protestas pacíficas y las solicitudes de diálogo. Los habitantes de Dicaro señalaron a Repsol como el presunto responsable del acto vandálico. (A.G.M).

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