En su testimonio explicó que el audio que se filtró era solo una parte de toda la reunión que se realizó en la oficina de uno de los vocales. Maribel Barreno y Juan José Morillo, y el juez Vladimir Jhayya son los involucrados. Se presume, que ese día también se repartieron cargos y acuerdos políticos.

Asimismo, esta persona dijo que el 3 de junio de 2022 le compartió el audio al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Ivan Saquicela, porque él era «su jerárquico superior». Además, enfatizó en que era necesario ponerlo en conocimiento de lo que había pasado en la reunión, informó Primicias.

La protegida manifestó que entregó una copia del audio al funcionario y que él en su delante lo reprodujo. «Doctora, deje en mis manos yo voy a tomar las acciones legales«, le habría dicho Saquicela a la ciudadana.

De la misma manera, el presidente de la CNJ, le habría pedido a la jueza que entregue otra copia a su hermano, el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. La mujer comentó que el 14 de junio fue al domicilio del exlegislador para entregarle la grabación.

Al otro día de que la jueza se reunió con el expresidente del legislativo, un medio digital publicó el audio que desató el presunto delito por tráfico de influencias alrededor del caso de Guadalupe Llori.

No obstante, Virgilio Saquicela comentó para Primicias que el solo conoce lo del caso por lo que ha visto en los medios de comunicación.

La sentencia

La fiscal general Diana Salazar solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena dictar prisión preventiva como medida cautelar en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

El 7 de junio se formuló cargo contra los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, como presuntos autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. Al juez Vladimir Jhayya le dieron medidas alternativas.

El caso

El caso inició por una denuncia presentada por exasambleístas, debido a unos audios publicados en un medio digital que revelarían conversaciones entre los procesados para influir en el resultado de un proceso político.

Los vocales habrían pedido apoyo al juez encargado de resolver un recurso judicial que presentó Guadalupe Llori para impedir su destitución de la presidencia de la Asamblea.

La Fiscal señaló que se habría obstaculizado la investigación por parte de los procesados por su falta de cooperación en la diligencia de reconocimiento de voz. “Hay un evidente riesgo que implica procesar a las máximas autoridades del órgano colegiado de la Función Judicial”, sostuvo.

Para el procesado Vladimir Jhayya, la Fiscal solicitó medidas alternativas de prohibición de salida del país, uso de grillete y presentación periódica; puesto que no representa los mismos riesgos procesales que los vocales de Judicatura. (DCJ)

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