El informe, de carácter no vinculante, irá al pleno del CPCCS para que sus siete consejeros decidan si acogen o rechazan estas recomendaciones técnicas. La designación de los cinco vocales principales y sus suplentes para el período 2025-2031 se prevé concrete en la primera semana de septiembre.

Entre los candidatos impugnados que resultaron avalados por la comisión se encuentran figuras como Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura en funciones, quien acumuló cinco objeciones; Fausto Andrade; Ivonne Núñez; Wendy Moncayo; Alfredo Cuadros; Magaly Ruiz; Juan Carlos Benalcázar; y Fabián Fabara.

Godoy, la ficha polémica

Respecto a las objeciones contra Godoy, la más numerosas, la comisión argumentó que no puede pronunciarse sobre investigaciones pendientes, como el conocido «Caso Pendrive«, al estar estos asuntos en conocimiento de un órgano competente y no existir una sentencia ejecutoriada. Asimismo, determinó que no se puede criminalizar el ejercicio de su profesión de abogado por el hecho de haber defendido a personas vinculadas a presuntos casos de corrupción.

La comisión, integrada por asesores de confianza de los vocales del CPCCS, evaluó las impugnaciones presentadas bajo cuatro causales posibles: incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, incurrir en inhabilidades, u omitir o alterar información relevante. Concluyó que ninguna de las objeciones presentadas logró sustentarse válidamente en estas causales.

Si el pleno del CPCCS acepta el informe, se superaría esta fase de impugnaciones. El proceso continuaría con la presentación de los planes de trabajo de los aspirantes, para posteriormente proceder a la designación formal de los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura. Los funcionarios posteriormente serían posesionados en la Asamblea.

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«Eventualmente, una vez que las personas logren ver lo beneficioso que puede ser, se puede reformar para otros sectores», afirmó el primer mandatario durante la presentación de la primera Zona Franca Tecnológica en Cuenca.

La declaración chocan con su postura en campaña, cuando calificó esta modalidad como una «regresión de derechos». Ahora, bajo el argumento de un enfoque gradual, Noboa busca legitimar la medida pese al rechazo del 70% de los votantes en abril de 2024.

Zona Franca: incentivos y contradicciones

El proyecto estrella de Noboa en Cuenca, respaldado por inversión de Emiratos Árabes Unidos, ofrecerá exoneraciones tributarias como el 0% de Impuesto a la Renta por 5 años, 15% fijo posterior y aduaneras. Sin embargo, críticos señalan que la insistencia en flexibilizar derechos laborales, aún con garantías como Seguro Social y décimos, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, responde a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«El resultado en las urnas es de cumplimiento obligatorio. Pretender lo contrario es violar la Constitución», denunció el abogado constitucionalista Mauro Andino, tildando de «autoritaria» la actitud del Gobierno. Mientras, el Observatorio de la Dolarización alertó que la medida no mejora el empleo adecuado (solo 36% de trabajadores lo tienen) y prioriza «una agenda fracasada de ajuste fiscal».

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La iniciativa, que modificará el artículo 216 del Código del Trabajo, apunta a garantizar la sostenibilidad del beneficio y frenar los despidos anticipados de trabajadores cercanos a cumplir los 25 años de servicio, según Nuñez.

El nuevo modelo plantea un fondo de ahorro acumulativo, alimentado por aportes de empleadores y trabajadores, cuyos porcentajes serán definidos mediante un estudio actuarial del IESS. Los recursos no dependerían de la continuidad laboral en una misma empresa, sino que se transferirían al trabajador tras acumular 25 años de cotización, incluso en múltiples empleos. El fondo operaría como un fideicomiso gestionado por el Banco del IESS (Biess).

Núñez argumentó que el sistema vigente —que obliga a las empresas a cubrir íntegramente la jubilación patronal tras 25 años de servicio— ha generado «incentivos perversos». Según datos del Ministerio, menos del 4% de los trabajadores del sector privado acceden a este beneficio. Resalt las empresas optan por desvincular a empleados con más de 19 años de antigüedad para evitar costos. «Hoy, el sistema castiga al trabajador experimentado y perjudica a las empresas, que pierden talento capacitado», señaló.

Tres motores de la reforma

1. Baja cobertura: Solo el 4% de los trabajadores acceden a la jubilación patronal.
2. Despidos estratégicos: Las empresas prescinden de empleados cerca de cumplir los 25 años, dificultando su reinserción laboral.
3. Pérdida de capital humano: Empleadores reconocen que despedir a personal calificado afecta su productividad.

Críticas y plazos

Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL, cuestionó que los trabajadores deban aportar al fondo: «Sería un ahorro programado, no una jubilación patronal. Es una línea roja para nosotros». No obstante, admitió la necesidad de dialogar para «asegurar derechos y formalización laboral».

El Consejo tiene un mes para conformar una mesa técnica tripartita (empleadores, trabajadores e IESS), la cual dispondrá de 90 días para diseñar el proyecto definitivo. Posteriormente se lo enviará a la Asamblea Nacional, donde se debatirá su implementación.

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Según Núñez, la jueza Vera incurrió en irregularidades graves durante el proceso, modificando su sentencia en al menos cuatro ocasiones y emitiendo disposiciones que exceden su competencia. La ministra argumenta que, además de ordenar la restitución de Abad, la jueza ha incluido disposiciones adicionales que afectan a otras instituciones del Estado.

Cuestionamientos a la actuación de la jueza Vera

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la polémica sobre las placas conmemorativas que, según Núñez, la jueza ha ordenado colocar en la sede del Ministerio del Trabajo. «Hemos cumplido con lo solicitado, pero la jueza ha cambiado las condiciones en varias ocasiones. Primero, pidió una placa con medidas específicas; luego, otra que denominó ‘placa transparente’, que no cumplía con el objetivo. Ahora exige una de bronce con letras negras y dimensiones precisas», explicó la ministra para Radio Centro.

Núñez calificó esta situación como «un gasto innecesario» y cuestionó que una sentencia judicial incluya exigencias de esta naturaleza. «Las placas no son providencias judiciales. No sé si nos escuchó la jueza, pero en ningún momento se cumplió el propósito de las mismas», agregó.

La ministra también señaló que la jueza Vera habría incluido en la sentencia a instituciones que no eran parte procesal en el caso. «En su fallo, ella ha involucrado a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es una extralimitación de funciones que no puede pasarse por alto», afirmó.

Además, Núñez denunció que la jueza se negó a reprogramar una audiencia de seguimiento solicitada por el Ministerio del Trabajo debido a conflictos de agenda. «Yo tenía dos audiencias ese día y pedí un cambio de fecha, pero la jueza lo rechazó sin mayor fundamento. Sin embargo, cuando la otra parte procesal solicitó postergar audiencias, sí se les concedió», explicó.

Defensa de la jueza y acusaciones de injerencia política

Por su parte, Washington Andrade, abogado de la jueza Vera, calificó la solicitud de suspensión como «un intento de interferencia en la independencia judicial». Según el jurista, la intención del gobierno es apartar a la jueza del caso de Abad e impedir la ejecución de la sentencia que dispone su restitución.

«La medida busca separar a la jueza del conocimiento de la causa e impedir la ejecución de la sentencia que restituye a la vicepresidenta Verónica Abad en su cargo, así como otras medidas de reparación integral», denunció Andrade.

El abogado también cuestionó la forma en que se ha manejado el expediente en el Consejo de la Judicatura. «El documento fue entregado el 19 de febrero por funcionarios encargados, con una secretaria AD-HOC y el coordinador de control disciplinario, quien es subalterno de Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Es evidente que hay una intención de afectar la independencia judicial», sostuvo.

Además, Andrade hizo un llamado a los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura para que rechacen la solicitud de suspensión. «Los vocales tienen una responsabilidad histórica para defender la independencia de la justicia y su transparencia. No deben cohonestar ni ser cómplices de este tipo de manejos e intromisión en las facultades de un juez. Deberían oponerse y bloquear cualquier persecución con firmes decisiones políticas», enfatizó.

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En esta audiencia estuvieron presentes Verónica Abad junto con sus abogados Dominique Dávila y Damián Armijos, mientras que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, participó de manera virtual.

La defensa de Abad inició la jornada con una réplica, reiterando que la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo es “ilícita y arbitraria”. Damián Armijos, abogado de la vicepresidenta, calificó la sanción como “una actuación titánica y déspota”, solicitando a la jueza que acepte la acción de protección y las medidas de reparación correspondientes.

Por su parte, Verónica Abad afirmó: “Han vulnerado mis derechos constitucionales y políticos. He llegado aquí con la esperanza de que el poder Judicial aplique solo lo que está en la Constitución y la Ley. El pueblo clama por justicia”. Además, la vicepresidenta denunció que la suspensión en su contra forma parte de una persecución sistemática: “Es un eslabón más de la larga cadena del abuso de poder, de la misoginia y salvaje persecución, que el presidente y su Gabinete ejecutaron en mi contra”.

Los bochornos del Ministerio del Trabajo

En su contrarréplica, la ministra Ivonne Núñez sostuvo que la suspensión de 150 días se fundamenta en el supuesto abandono de cargo por parte de Abad, según lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en específico el artículo 15. Núñez también citó dos sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con casos similares.

No obstante, la jueza Vera cuestionó en reiteradas ocasiones a la ministra sobre el fundamento específico para imponer una suspensión de 150 días, exigiendo una referencia exacta a los artículos legales aplicables. “Lo que le vuelvo a preguntar por enésima vez, es qué artículos utilizan para sancionar por una suspensión de hasta dos años, por una falta grave. Díganos el artículo. Ilústrese”, enfatizó la magistrada, sin embargo, no logró convencer a la jueza.

Contexto y próximos pasos

La audiencia, que inició a las 09:20 y se extendió por más de tres horas, concluyó con la decisión de la jueza de suspender la sesión hasta el lunes 23 de diciembre. En esa fecha, se emitirá la sentencia definitiva que determinará si la acción de protección presentada por Verónica Abad será aceptada.

Este caso ha generado un amplio debate público, pues la vicepresidenta sostiene que la medida adoptada por el Ministerio del Trabajo forma parte de un intento por debilitar su posición dentro del Gobierno y obedece a motivaciones políticas. Por su parte, el Ejecutivo argumenta que la suspensión responde estrictamente al marco legal vigente.

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Aunque la cifra incluye trámites de meses anteriores, la crisis eléctrica ha acelerado los despidos, con 1.659 actas aprobadas hasta el momento, según informó Nuñez en entrevista a Notimundo.

La ministra aclaró que no se emitirá un acuerdo ministerial que obligue a los trabajadores a laborar los fines de semana sin recargos, otorgando discrecionalidad al sector empresarial para encontrar soluciones viables. No obstante, omitió que el mismo Gobierno orilló a este gremio a tomar medidas drásticas por la suspensión excesiva de cortes de energía.

En cuanto a las acciones del Gobierno, Núñez subrayó que se mantendrán los esfuerzos en la ruta de empleabilidad, enfocada en jóvenes y personas mayores de 30 años, para minimizar el impacto laboral de la crisis. “Vamos a seguir buscando formas de proteger tanto a empleadores como a trabajadores”, afirmó.

Rafael Correa convocado por presunta traición a la patria

Este 16 de octubre Fiscalía citó al expresidente Rafael Correa como parte de la investigación por presunta traición a la patria. La denuncia fue presentada en abril por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien acusó a Correa de «traidor» por sus declaraciones sobre posibles sanciones contra Ecuador luego de la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México, en Quito.

“Correa deberá responder ante la Fiscalía como un traidor a la patria”, declaró Núñez, quien aseguró que hay suficientes pruebas para avanzar en el proceso legal. (AGM).

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A través de una rueda de prensa, la titular de la cartera de Estado justificó la cifra de más de 105 mil empleos juveniles, entre diciembre del 2023 hasta abril del 2024, que señaló el presidente Daniel Noboa durante su informe a la nación. La lista estaría encabezada por la provincia del Guayas con un total de 34.469 contrataciones.

El gran cuestionamiento respecto a estos datos gira en torno a las condiciones de empleabilidad. Según la ministra Nuñez, la modalidad de los contratos es de plazo indefinido a un año, sin embargo, cuestionó las cifras de afiliaciones que registra el IESS.

Realizando una comparación, durante el período de abril del 2023 al 2024 existió una caída de 8.752 afiliados y durante de diciembre del 2023 hasta febrero del 2024 más de 13 mil jóvenes de hasta 30 años dejaron de aportar al IESS.

Nuñez indicó que esto podría deberse a un registro tardío por parte del Seguro, asimismo anunció que pedirá una reunión con los técnicos de la entidad para que manejen de mejor la información estadística en la página web.

«Nunca va a existir un incremento como nosotros lo tenemos marcado. El IESS registra los avisos de entrada, pero también los avisos de salida. Ese número va variando cada mes», resaltó la funcionaria.

Las cifras y las condiciones de empleo

De acuerdo a lo expuesto, la provincia del Guayas encabeza la lista de contratación juvenil con una cifra de 34.469 empleos; Pichincha con 30.753; Azuay con 7.006; y Manabí con 5.497. La mayoría de nuevos contratos están relacionados a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, del otro lado, existen 103 empleos bajo relación de dependencia en el sector público.

La empresa privada lidera la generación de empleo juvenil y a partir del 2025 recibirá los incentivos tributarios que establece la Ley de Empleo Joven. En el caso particular de Quito, las compañías con más contrataciones han sido Utopía Farms; Cresa Retail; y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

La ministra aclaró que los empleos no son de alto rango por la edad de los jóvenes. Además, publicará la información actualizada de estos datos una vez esté restaurada la página web del Ministerio del Trabajo, pues alegó que quedó destruida por la anterior administración. (AGM).

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“Vamos a ahorrar USD 20 millones mensuales y más de USD 200 millones anuales, que el Estado sí lo requiere”, dijo la titular de la cartera de Estado, Ivonne Nuñez.

La tabla compartida por el Ministerio se divide en 10 grados, en donde los salarios van desde los USD 2.115 hasta los USD 5.072, que es el sueldo que recibe el Jefe de Estado. Además, la Contraloría será la encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo apenas sea publicado en el Registro Oficial.

Los sueldos dorados: Caso CNT

A inicios del 2024 la ministra Nuñez anticipó que en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) hay sueldos que rondean los USD 7 mil, un monto que se habría establecido a pocas semanas de que el presidente Noboa asumiera las riendas del país.

No obstante, la empresa aclaró que el máximo sueldo es de USD 5.635, que recibe el gerente general, mientras que para el administrador de agencia regional el sueldo es de USD 3.890 con base a la tabla aprobada por el directorio en el 2013.

Por el contrario, el informe técnico de la cartera de Estado expuso que USD 6.973 es el segundo mayor sueldo de CNT, el cual lo percibe el asesor de gerencia general. El tercer y cuarto mayor sueldo corresponde al gerente nacional jurídico y el asesor de gerencia general, quienes recibían USD 6.492.

Celec y Petroecuador

El documento también expuso la situación de Petroecuador y de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), en el primer caso el sueldo más alto lo tiene el supervisor de operaciones de transparencia y almacenaje de Esmeraldas, el cual es de USD 10.567, en este sentido, hay 149 trabajadores que ganan más que el presidente.

El panorama en CELEC es más crítico, pues el salario más alto es el del jefe de Tesorería, en Esmeraldas, quien gana USD 64.845, un monto incluso mayor a la remuneración del presidente de EE.UU (que es de alrededor de USD 40 mil), luego está el técnico de mantenimiento mecánico en Manta con un salario de USD 35.238 y el asistente técnico de operaciones en Santa Elena con un sueldo de USD 28.460. En la estatal 28 empleados ganan más que el presidente.

Aunque el gobierno haya tomado cartas en el asunto y regule los salarios queda suelto el control en los viáticos que reciben los funcionarios en los sectores estratégicos que se convirtieron en el principal foco de corrupción. (AGM)

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El pasado 14 de marzo la cartera de Estado realizó un evento denominado “Mujeres Construyendo el Nuevo Ecuador”, el cual contó con la presencia del embajador de Alemania en Ecuador, Philipp Schauer, y la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

El acto se desarrolló en el Parque de la Mujer, en Quito, con la cooperación de la empresa alemana GIZ. La ministra Nuñez entregó la certificación a un total de 21 instituciones públicas y cuatro privadas como petroleras y laboratorios clínicos.

«En el marco de este importante proceso, más de 50 000 funcionarios policiales se han capacitado y ahora tienen herramientas indispensables para cumplir con el compromiso, que ya es universal, hacia la igualdad», exhaltó la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Casos de acoso

En el 2022, tras la grave conmoción que ha generado la desaparición de María Belén Bernal, salieron a la luz las críticas contra el accionar de instructores y cadetes dentro de la Escuela Superior de Policía (ESP). 

La periodista Viviana Erazo narró como sus excompañeros de colegio – que habrían ingresado a la ESP- no pueden si quiera hablar con sus compañeras cadetes si un oficial las está acosando.

“Una vez salí a un bar con amigos, entre ellos, ex compañeros que estaban en la ESP. Al bar entró una chica muy guapa que casualmente también estaba en la ESP. Ellos la conocían, sin embargo no la saludaron, pero hablaron entre ellos”, explicó Erazo.

¿Cual era la razón? Uno de los superiores estaba merodeando a esa cadete. “A esa cadete no se le puede ver porque ya es de mi Capitán” escuché decir a uno.

– ¿Es de mi Capitán? Le pregunté… entonces me explicaron que si alguien de rango superior pone los ojos en una Cadete, a esa chica otro hombre no se le puede acercar”.

Si se rompe esa ‘regla’, el cadete en cuestión puede ser sometido constantemente a castigos, prohibirle los francos e incluso llegar a expulsarlo de la ESP. “Solo por tocar a la mujer de su superior. Superior que seguramente es casado y tiene hijos”.

Acoso sistematizado

Las cadetes mujeres que ingresan a la Escuela Superior corren el riesgo de convertirse en objeto de acoso por parte de los oficiales instructores. En esta historia, el oficial que perseguía a la chica era 10 años mayor y ella no quería nada con él. No obstante, el rechazo habría impedido que siga desarrollando sus actividades y truncaría su sueño de ser subteniente.

“La chica consideró que no tenía otra opción que responderle los mensajes, aceptar las salidas”. Además que denunciar no es una opción. Sus superiores no le creerían y el «compadrazgo» dentro de los rangos superiores empeoraría la situación para ella. (AGM)

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