En curso: proceso contra exsuperintendenta

Por ahora, la comisión se encuentra tramitando el juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria. A ella se la acusa de incumplimiento de funciones por no ejercer los controles adecuados sobre las organizaciones del sector no financiero. También se le señala por la falta de supervisión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que habría dejado sin control a las cajas comunales.

El asambleísta Xavier Jurado, de la bancada ADN, presentó la solicitud de este juicio.

El proceso contra Hernández, continúa su curso en la Comisión de Fiscalización. Actualmente se encuentra en la fase de contestación a las acusaciones políticas y la presentación de pruebas de cargo y descargo. Este periodo tiene un plazo de quince días que concluirá el 4 de abril.

Luego, se abrirán diez días adicionales para la actuación de las pruebas, etapa que finalizará el 14 de abril. Una vez cumplido ese plazo, la comisión tendrá cinco días más para aprobar un informe que recomiende o no el inicio del juicio político en contra de la exfuncionaria. Ese informe deberá emitirse a más tardar el 19 de abril.

El juicio contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.

A partir del 20 de abril, la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre (RC), podrá conocer el pedido de juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Señalan a la funcionaria por seis presuntos incumplimientos de funciones, relacionados con el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.

Las asambleístas Jahiren Noriega (RC), Carla Cruz (PSC), Mariana Yumbay (PK) y Cristina Chávez, alterna de SUMA por Cotopaxi, presentaron esta solicitud. Si la comisión califica el juicio, iniciará la fase de contestación de las acusaciones y presentación de pruebas. Sin embargo, por los plazos establecidos en el procedimiento, no se alcanzará a completar la siguiente etapa —la actuación de pruebas— ya que se requiere un periodo de diez días que excede el 13 de mayo, fecha en que culmina el actual periodo legislativo.

Con esto, el proceso quedará a medio camino y será la próxima Asamblea Nacional la que deberá retomarlo y decidir si recomienda el juicio político ante el pleno o archiva la solicitud. Sin embargo, la polarización que se prevé en el nuevo Parlamento dificultará que los legisladores reúnan los 101 votos necesarios para censurar y destituir a la ministra.

Juicio político pendiente contra el presidente del Consejo de la Judicatura

La siguiente solicitud de juicio político pendiente de trámite en la Comisión de Fiscalización corresponde al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este pedido fue planteado por los legisladores de la bancada Construye, Jorge Peñafiel y Camilo Salinas.

Los legisladores acusan a Godoy de un presunto incumplimiento de funciones por vulnerar el principio de independencia judicial, al supuestamente intimidar y amenazar a la jueza Nubia Vera Cedeño. La magistrada denunció que la presionaron para emitir una sentencia desfavorable en la acción de protección que presentó la vicepresidenta Verónica Abad, con la intención de anular la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo que le impuso el Ministerio del Trabajo el 8 de noviembre de 2024.

La actual Comisión de Fiscalización no alcanzará a conocer este pedido, por lo que la nueva comisión deberá abordarlo en el próximo periodo legislativo como parte de los casos pendientes.

Juicio pendiente contra el ministro de Defensa y casos suspendidos

El tercer juicio político ya calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que deberá ser conocido por la Comisión de Fiscalización en el próximo periodo legislativo fue presentado por el asambleísta Héctor Valladares. El pedido es en contra del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, a quien se acusa de un posible incumplimiento de funciones relacionado con la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector de las Malvinas, en Guayaquil, tras un operativo militar realizado el 8 de diciembre de 2024.

Además, cabe recordar que también se encuentran suspendidos los juicios políticos contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contra jueces electorales del Tribunal Contencioso Electoral. Estas suspensiones se deben a que el país se encuentra en un proceso electoral, y la ley impide que los representantes de esa función del Estado sean enjuiciados mientras duren los comicios.

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En la resolución del pasado 13 de noviembre, la Asamblea condenó las acciones inconstitucionales de Ivonne Núñez como representante de la Institución, rechazó y desconoció el sumario administrativo que suspendió a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y resolvió presentar ante el órgano de la administración de justicia constitucional una acción de interpretación a los artículos usados para dicha sanción. Sin embargo, Núñez ha dicho en medios de comunicación que existe desconocimiento constitucional de las leyes por parte de los asambleístas y aseguró que no tiene responsabilidad directa sobre el sumario, por lo que no debía ser convocada a comparecer. Ha pretendido cargar de esta responsabilidad a una funcionaria subalterna, así como también lo ha hecho la Canciller Gabriela Sommerfeld en este mismo caso.

Sobre estas declaraciones, la asambleísta nacional por la bancada de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, quien impulsó una solicitud de inicio de juicio político en contra de la ministra ante la Corte, dijo en entrevista a este medio que la Constitución de la República, como norma suprema, establece claramente en sus artículos 131 y 149 la jerarquía del Legislativo para sancionar autoridades de elección popular. Sin embargo, el inicio de estas acciones inconstitucionales, según la asambleísta, habrían iniciado con el acuerdo ministerial Nro. MDT-2024-175 expedido el 11 de septiembre que buscó normar un proceso de sumarios administrativos a las autoridades electas democráticamente. Esta sería “la vía” que encontró el Ejecutivo para emprender la suspensión de la vicepresidenta, aunque no se haya logrado el objetivo de removerla de su cargo.

En la comparecencia, a la que estaría llamada por segunda ocasión la ministra Ivonne Núñez, debería explicar el sustento del sumario administrativo que sancionó a Verónica Abad con la suspensión de 150 días, cuando la LOSEP establece en su artículo 87 que la suspensión podía ser de 80 días, así como su responsabilidad en las acciones y omisiones del Ministerio del Trabajo. Estas inobservancias a la Ley han permitido que el presidente Daniel Noboa designe a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como encargada de las funciones vicepresidenciales. Por lo tanto, mientras no se dé el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se puede tener claridad sobre estas interpretaciones arbitrarias de la Norma Suprema, considerando, además, que se ha iniciado el proceso de renovación parcial de nueve jueces, lo que podría postergar aún más una respuesta.

El proceso de juicio político de Ivonne Núñez iniciaría en abril de 2025, por el orden de prelación de otros tres juicios en la Asamblea Nacional, pero esta serie de solicitudes realizadas por asambleístas, así como por organizaciones políticas y sociales del país, buscan dejar un precedente para la política nacional y evitar que se vuelva a violentar la Constitución de la República. Se esperaría que, por el tiempo que resta l actual cuerpo Legislativo, la próxima Asamblea continúe con el proceso de sanción o censura a la titular del Ministerio del Trabajo por incumplimiento y abrogación de funciones.

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«Cuando conocemos el incumplimiento de normas procesales que se encuentran e la LOSEP inmediatamente abrimos un sumario administrativo (…) La Constitución de la República lo plantea en el artículo 229 y la LOSEP en el artículo 83 literal C que aquellas personas que son designadas mediante un proceso electoral son servidores públicos, no son de carrera», dijo en entrevista con Carlos Vera.

Agregó que cuando uno es funcionario diplomático debe ser prudente en las declaraciones que diga, esto por las declaraciones de Abad sobre la situación interna del Ecuador y su crítica al presidente por la situación que vive el binomio actualmente.

No obstante, la razón del sumario administrativo, llegar a Turquía después del 1 de septiembre, genera dudas ya que el decreto del 8 de agosto firmado por el presidente Noboa disponía ese traslado, pero sin una fecha límite para su efecto de tipo inmediato. Núñez indicó que sería un pedido administrativo de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

Posibles consecuencias

Tampoco, dice la ministra, Abad envío un informe de funciones para justificar no haber llegado el 1 de septiembre a Turquía y que no saben qué pasó entre el 1 y 8 de septiembre. La vicepresidenta tiene un plazo de 10 días laborables para contestar la apertura del sumario administrativo, de allí lo califica la sustanciadora de trámites administrativos del Ministerio. Si cumple los requisitos se convoca a una audiencia oral y pública, donde estará la afectada y un delegado de la presidencia de la República.

¿Pueden destituir a Abad por esa vía? De acuerdo con la ministra, la vicepresidenta está siendo sumariada por funcionaria pública y no por vicepresidenta. «Vamos a ver lo que sucede al final en este caso – creo – hito del Ecuador. (…) Marca un ‘de ahora en adelante’, pero en el caso de la señora Abad ¿por qué no la catalogan cuando pone una denuncia contra el presidente? Ahí no se mide eso, pero cuando una ministra de Trabajo hace lo que hace y, además, lo hace bien ahí sí es una estúpida«.

Respuesta de Abad

La respuesta de la vicepresidenta llegó a la Asamblea Nacional, la vicepresidenta solicitó al Legislativo la fiscalización y control contra la ministra de Trabajo y la canciller. «Vamos a ponerlo en el orden del día del próximo martes (24 de septiembre) porque ya no podemos modificar la sesión de este jueves 19. El Pleno escuchará los argumentos que pone en la carta y tendrá que resolver de forma pública», dijo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.

Añadió que se reunirá con los jefes de las bancadas legislativas e incluso con el gobierno para el procedimiento y lo que se va obtener de la resolución del Pleno. «La forma de destitución del vicepresidente/a está en la Constitución, me preocupa que utilicen otros mecanismos que vayan en contra de la Constitución». (MIB)

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En su denuncia, Núñez indica que las expresiones de Correa “no solo constituyen de manera independiente un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos. En su conjunto, también crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana. Independientemente de si esta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales”. De acuerdo con la funcionaria, las declaraciones conllevan al delito que figura en el artículo 353, numeral 11 del Código Integral Penal.

¿Qué dice la ley?

Artículo 353.- Traición a la Patria.- Será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, en tiempo de paz, y con pena privativa de libertad de diez a trece años, en conflicto armado, la persona que realice alguno de los siguientes actos, aun contra fuerzas aliadas:

11.- Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias.

¿Qué dice la ministra?

“Él a través del pánico que generan sus declaraciones, esa divulgación falsa que él conmina, lleva a infundir pánico en la población, infunde desaliento, desórdenes y permite la ejecución de cualquier acto que podría provocar graves consecuencias”, le dijo la ministra a diario El Universo.

Núñez pidió que se suspendan las cuentas de X y facebook del ex primer mandatario. Además un peritaje a cuatro enlaces de Youtube con las declaraciones de Correa.

¿Qué dice el expresidente?

El economista contestó en su cuenta de X:

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»El Ministerio tendrá la inmensa responsabilidad de aplicar la tabla sectorial en el trabajo por horas», dijo Núñez en entrevista para Sonorama.

Informó que a criterio de la cartera de Estado, la base del pago por hora sería de USD 2.87 tomando en cuenta que el sueldo básico es de USD 460 y 160 horas laborales al mes. la división de estos valores definen el pago por hora. También recalcó que existirá otro tipo de cálculo en el caso de las horas extra, incluso, podría sobrepasar los USD 5.

La funcionaria consideró que no existe una precarización laboral, pues el trabajador tendrá el derecho de ser afiliado al seguro social y los empleadores tendrán las mismas obligaciones. Además manifestó que se regirán en base a una tabla sectorial.

La oposición

Este 1 de febrero el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentará ante la Corte Constitucional un recurso de amicus curiae a esta propuesta de la Consulta Popular. La presidenta del FUT, Marcela Arellano, indicó que hay una “falsa información” que el trabajo por horas va a provocar incremento del salario.

“Que un trabajador por horas va a ganar USD 15, igual que gana un trabajador en Estados Unidos, eso no va a ocurrir acá en el Ecuador, no solamente pierde derecho, sino obviamente el trabajo por horas acá en el Ecuador es absolutamente barato. Recordemos que la canasta básica familiar en Quito está en más de USD 800, hay una brecha de alrededor de USD 340 para acceder a la canasta básica familiar y un trabajador por horas en el mes no va a lograr los USD 460″, enfatizó. (AGM)

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Para iniciar el nuevo año, los gobiernos de la mayoría de países de América Latina anunciaron un incremento en el salario básico. Según la recopilación de Boomberang en Línea, estos son los valores de los salarios mínimos que percibirán los trabajadores de cada país en el 2024:

Determinados casos

El país en el estado más crítico es Venezuela, expertos afirman que una canasta básica equivale al menos 160 salarios básicos. El salario mínimo antes era de 7 bolívares sin embargo esto equivalía a USD 30, cuando cada dólar rondaba por los 4 bolívares. Ahora cada dólar cuesta más de 35 bolívares.

Por otra lado, Argentina vive una tragedia económica. Hasta el momento su nuevo mandatario, Javier Milei, aún no ha determinado el valor del salario básico para 2024.  El secretario de Trabajo, Ómar Yasin, señaló que en los próximos días será convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en busca de aumentos “considerables”.

Salario en el Ecuador

El pasado 15 de diciembre la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, informó que salario básico unificado (SBU) para 2024 se fija en USD 460 mensuales. La medida se efectuó desde el pasado 1 de enero.

Núñez mencionó que al no existir un acuerdo entre el Consejo Nacional de Trabajo y Salario -conformado por empleadores y trabajadores- le compete a la cartera de Estado fijar el monto del SBU. Recalcó que la decisión se toma a consideración la inflación de 2.07 % que anunció el Ministerio de Economía.

Además, señaló que este incremento “está alineado con las políticas sociales y económicas” del presidente Daniel Noboa para “distribuir de manera adecuada la riqueza”. (AGM).

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Núñez detalló que una de esas empresas sería CNT. Sin embargo, el Comité de la entidad recalcó que ningún funcionario percibe un sueldo superior a los USD 5 mil. Además, exigió una rectificación de las declaraciones de la funcionaria y los medios de comunicación que difundieron la noticia.

Radio La Calle revisó el portal de las empresas CNT, CELEC y Petroecuador que corresponden a los meses: septiembre, octubre y noviembre, meses antes de que el presidente Daniel Noboa ejerciera el cargo y estos fueron los resultados.

De acuerdo con la información publica en el portal de la institución en los meses de septiembre, octubre y noviembre, antes de que Daniel Noboa asuma la presidencia. En septiembre, la entidad registra el salario más alto de USD 4.892. Lo mismo ocurre en la nómina de octubre y noviembre.

Algo similar ocurre en la plataforma de CELEC, que el mayor sueldo alcanza los USD 4 mil en el mes de septiembre. En el mes de octubre y noviembre ocurre lo mismo, pues el salario de los empleado bordea los USD 4 mil.

Algo diferente ocurre con Petroecuador. Según su portal, los salarios más altos oscilan entre los USD 5 mil y USD 6 mil en septiembre, octubre y noviembre.

Radio La Calle intentó contactarse con algún vocero o dirigente del Ministerio de Trabajo para aclarar la nómica o datos que mencionó la ministra. No obstante, hasta el cierre de este reportaje no obtuvo ninguna respuesta.

Además, Núñez aseguró que en pactos colectivos o la contratación colectiva identificó valores que son «realmente sorprendentes». Indicó que los contratos supuestamente llega a los USD 400 millones.

«Es realmente impensable en un Estado como el nuestro que, por un lado, requiere un reajuste y pago de otras necesidades, tenga que realizar ese tipo de cosas», repitió.

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Núñez argumentó que este mecanismo se aplicó en «varios países del mundo y dieron resultados positivos». No obstante, este mecanismo se eliminó de Ecuador en 2008. ¿Pero qué opinan los expertos?

El abogado Washington Andrade argumentó, para Radio La Calle, que en el marco jurídico y constitucional actual esta «alternativa» no sería posible. Sin embargo, anotó que el país no se puede negar a nuevas modalidades de contratación; siempre y cuando se garanticen los derechos laborales.

Recalcó que si las autoridades pretenden implementar esta medida deberán demostrar que no es una manera de precarización, sino «una forma de aumentar la producción cuando se requiera«.

Para eso, la primera modificación que deberían realizar es el cálculo del valor de la hora de trabajo a un costo más alto. Mencionó que eso compensaría de alguna manera la ausencia de una indemnización al final del contrato o período laboral que se podría dar.

«Esta modalidad debería implementarse con la combinación de una reforma legislativa, constitucional y los acuerdos ministeriales para que no se cataloguen como ilegales e inconstitucionales«, puntualizó.

Otro escenario planteó el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, quien difirió con la mención de la ministra. Aseguró que esto solo sería retroceder en la lucha de los derechos laborales, lo que representaría normalizar una mano de obra barata, flexibilidad y precarización laboral.

«Esto no es una alternativa para resolver el tema del desempleo. Lo que deberían implementar es un empleo digno y estable con todos los beneficios de ley», dijo para La Calle.

Resaltó que con estas decisiones, el 2024 se convertiría en un escenario de lucha y confrontación a la intención de «seguir protegiendo a los grupos acomodados y perjudicar a los ecuatorianos».

«Se sacrificarán algunos derechos»

Andrade aludió que la reforma laboral deberá combinará las nuevas reglas -en caso de implementarse- y las que ya se alcanzaron. Aclaró que si no existe esa unión algunos derechos como la liquidación, indemnizaciones, flexibilización laboral, entre otros, se sacrificarán.

Algo similar expresó Villavicencio, quien cuestionó que esta intención no garantiza tres aspectos importantes en el campo:

• – Estabilidad laboral.
• – Beneficios de ley como seguridad social, décimo tercero, décimo cuarto, entre otros.
• – No vulnerar a los convenios 87 y 88 que engloban la libertad sindical y la contratación colectiva ratificada por el Estado.

Para el representante del FUT, con eso solo se crearían medidas de «esclavitud moderna en la delicada situación que atraviesa el país«.

«Deberían revisar la historia y saber en qué condiciones pasaban los trabajadores cuando había el trabajo por horas antes del 2008», ratificó.

Tiene un riesgo agresivo

Según el abogado, esto también representaría un peligro para los trabajadores de mayor estancia en las empresas, aquellos que ya tienen derecho a una jubilación patronal proporcional y completa. Explicó que con la aprobación del proyecto de Ley Económico Urgente enviado por el presidente Daniel Noboa y los incentivos que recibirían las empresas por la contratación juvenil, las autoridades se exponen a que exista un despido masivo.

«Los empleadores por recibir esos beneficios tributarios pueden despedir al personal antiguo y contratar nueva mano de obra en todos los sentidos. Los que más corren peligro son las personas de mediana y avanzada edad», apuntó.

Afirmó que el nuevo marco reglamentario -en caso de ejecutarlo- debería cuidar las normas de empleo definidas e imponer sanciones a los empleadores que pretendan beneficiarse a costa de despidos masivos.

Un segundo camino por analizar

Por su parte, Villavicencio indicó que hay otra posibilidad para generar empleo y es el «Trabajo parcial permanente», este incluye todos los beneficios de ley. Es decir, es una propuesta que les otorga la posibilidad de trabajar cuatro horas seguidas -sea en la mañana o en la tarde- y a la vez tener la oportunidad de estudiar.

Detalló que hay 800 mil jóvenes que no estudian ni trabajan por las condiciones en las que se encuentra el país. Además, mencionó que de ese 63 % no tiene mayor oportunidad en el campo profesional y laboral.

«Con eso trabajarían 20 horas a la semana y 80 al mes, y no una hora en la mañana y otra en la noche como ellos (los empleadores y autoridades) buscan. El único objetivo es la precarización», aludió.

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Para el 2024, el Ministerio del Trabajo estableció que el salario básico se incrementará en USD 10, es decir, a USD 460 debido a que el Consejo de Trabajos y Salarios- conformado por empleados y empleadores- no llegaron a ningún acuerdo sobre un nuevo valor.

Hasta agosto del 2023 el INEC reportó que solo el 35 % de la población tenía acceso a un empleo pleno. Por otro lado, el 54.6 % de personas con empleo estaban en el sector informal de la economía.

Núñez dijo en entrevista para Ecuavisa que la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo enviada al Legislativo sería la solución para la creación de plazas de empleo. Si la propuesta es aprobada se prevé que en primera instancia se abran de 2 mil a 5 mil plazas de trabajo para jóvenes de 18 a 29 años.

Trabajo por horas

Para la titular de la cartera de Estado es necesario implementar el trabajo por horas pues le parece »oportuno y correcto» y podría constituir una alternativa para que los jóvenes ingresen al mercado laboral. No descartó que el gobierno busque los mecanismos para aplicar esta reforma al Código del Trabajo.

Durante el período de campaña electoral el actual presidente Daniel Noboa abrió un portal digital para que los jóvenes desempleados puedan obtener una plaza de trabajo si él llegaba a la presidencia. En este sentido, Núñez señaló que aún se analizan estos datos y segmentar a los ciudadanos registrados.

¿En qué consiste el trabajo por horas?

El contrato de trabajo por horas es un tipo de contrato a tiempo parcial con el que una persona presta sus servicios durante un número de horas al día, al mes, a la semana o al año. El número de horas trabajadas debe ser inferior a 40 horas semanales, ya que en este caso el contrato sería de jornada completa. (AGM)

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Núñez mencionó que al no existir un acuerdo entre el Consejo Nacional de Trabajo y Salario -conformado por empleadores y trabajadores- le compete a la cartera de Estado fijar el monto del SBU. Recalcó que la decisión se toma a consideración la inflación de 2.07 % que anunció el Ministerio de Economía.

Además, señaló que este incremento «está alineado con las políticas sociales y económicas» del presidente Daniel Noboa para «distribuir de manera adecuada la riqueza».

Desacuerdos en los montos

Los trabajadores pedían que el salario suba a USD 552 para equipar de algún modo el valor de la canasta básica familiar, que actualmente pasa los USD 700. Sin embargo, los empleadores rechazaron esta petición, pues aludieron que con la inflación que tiene el país «no se podía dar ese aumento».

Además, la Cámara de Industrias y Producción señaló que cualquier solución que supero los USD 9.32 estaría fuera del marco legal y de las opiniones técnicas.

Promesa de Lasso heredada a Noboa

El debate del incremento del salario quedó en manos del gobierno de Noboa, luego de que el expresidente Guillermo Lasso no pudiera cumplir una de sus promesas de llegar a USD 500 hasta el final de su periodo, es decir en 2025. En 2022, los trabajadores tuvieron incremento de USD 25 en el salario, pasando de USD 425 a USD 450.

Sin embargo, con el decreto de la muerte cruzado y -por ende- las elecciones anticipadas eso quedó en el limbo, por lo que en esta ocasión el gobierno de Noboa solo incrementó USD 1O a los USD 450 fijados. Además, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega advirtió que la economía del país estaba en pésimas condiciones que se trasladarían al pago de sueldos del mes de diciembre.

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¿Qué se derogó?

• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-156, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Las directrices que regulan el contrato de trabajo especial para trabajadores con expectativa próxima de jubilación”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-157, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “El contrato de trabajo de relaciones especiales en el sector de los centros de contacto”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-158, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Reformar el Acuerdo Ministerial MDT-2020-222 que regula el contrato de emprendimiento”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-159, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Reformar el Acuerdo Ministerial MDT-2021-219, mediante el cual el Ministerio del Trabajo expidió la normativa técnica que regula el procedimiento de visto bueno”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-160, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Reformar el Acuerdo Ministerial MDT-2020-220, mediante el cual, el Ministerio del Trabajo expidió la norma que regula la modalidad contractual especial para los sectores productivos”.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-161, de 21 de noviembre 2023, que expidió: “Las directrices para la aplicación de las jornadas laborales”.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nro. MDT 2023-055, se derogó la Resolución Ministerial Nro. MDT-2023-045, de 21 de noviembre 2023 que expidió “Las Directrices para Regular la Gestión de Recaudación de Multas y Consignaciones a través de Plataformas de Pago en Línea”.

La ministra Núñez destacó que la derogación de estos acuerdos se realizó luego de un análisis técnico y jurídico, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

“Las puertas de esta cartera de Estado están abiertas para todos, para escuchar, para debatir, para proponer, porque solo así lograremos ese nuevo Ecuador” destacó la titular de esta cartera de Estado.

Los acuerdos derogados habían sido criticados por organizaciones sindicales y trabajadores, quienes consideraron que vulneraban los derechos laborales.

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Lo que en un inicio era la reunión para tratar el incremento salarial, la tomaron para analizar los últimos documentos de Donoso.

El 21 de noviembre, el exministro firmó los acuerdos que ponían en peligro la estabilidad y los derechos de los trabajadores en el país.

Los puntos que estableció el exfuncionario cambiaba el panorama de las ocho horas laborales y se detallan a continuación:

Artículo 3.- De los horarios o jornadas ordinarias o regulares. Se consideran horarios ordinarios o regulares, y por tanto no sujetos a la autorización por parte del Ministerio del Trabajo, aquellos que se encuentren enmarcados en las siguientes circunstancias:

• Jornada ordinaria diurna de ocho horas diarias.
• Jornada ordinaria nocturna de ocho horas diarias.
• Jornada ordinaria mixta de ocho horas diarias, esto es, la que inicia en jornada ordinaria diurna y termina en jornada ordinaria nocturna o viceversa.
• Jornada de cuarenta horas semanales transcurridas en cinco días consecutivos.
• Jornada parcial permanente de menos de cuarenta horas semanales ocurridas en cinco días a la semana.
• Jornada de cuarenta (40) horas semanales distribuidas en hasta cinco (5) días de la semana, sin exceder de diez (10) horas diarias, según acuerdo escrito entre las partes registrado en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto, de acuerdo con lo determinado por el artículo 47.2 del Código del Trabajo.
• Jornada parcial de menos de cuarenta (40) horas semanales distribuidas en cinco (5) días de la semana, sin exceder de diez (10) horas diarias, según acuerdo escrito entre las partes registrado en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto.
• Jornada ordinaria en la que implique un descanso de hasta dos (2) horas en la mitad de la jornada.
• Jornada regular de las diferentes modalidades contractuales emitidas por el ministerio del ramo de conformidad al artículo 23.1 del Código del Trabajo.

Con eso la distribución de 40 horas semanales que se establecieron podrían llegar hasta las 12 horas diarias. Aunque esta decisión deberá ser aprobada y consentida por el empleador y él dividirá las horas como mejor les parezca.

Además, si las actividades requerían una jornada ininterrumpida, las partes laborales podían pactar la ejecución de las jornadas consecutivas. De esta manera, el tiempo laboral se podría tornar hasta de 70 días.

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