“La conversación a la que hace referencia diario El Expreso ocurrió en el marco de la discusión de una resolución para exigirle al Gobierno Nacional que transparente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, resolución de la cual yo era proponente. Basta solo con ver las fechas para darse cuenta que no coincide con el juicio político en mención. Ninguna bancada tiene mayoría en la Asamblea Nacional y eso requiere que todas las organizaciones políticas mantengamos un diálogo permanente entre sí para lograr aprobar acciones de todo tipo. Es la dinámica legislativa”, aclaró la legisladora.

Asimismo, utilizó su cuenta de X para referirse a esta noticia y a su redactor solicitando que se informe con la veracidad del caso. “Richard, por tu foto de perfil en WhatsApp, pareces un chico joven. No ensucies tu carrera periodista con mentiras y desinformación. Exigiré formalmente la réplica y rectificación que la ley me asiste”, escribió.

https://twitter.com/JahirenNoriega/status/1903255078712013255

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Con 73 votos afirmativos el Pleno del Legislativo archivó la reformas planteadas para la LOES por el presidente de la República, Guillermo Lasso. El proyecto de ley contenía un total de 155 artículos, 14 disposiciones generales, 16 disposiciones transitorias y 10 disposiciones reformatorias. 

La bancada de UNES expresó ampliamente su rechazo a la propuesta del Ejecutivo, pues respondería a intereses políticos y gremiales. Según la asambleísta, Ana María Raffo, no hay garantías de que mejore la educación superior, pues los cupos no van a aumentar, el financiamiento no cambiará y las inequidades al momento de acceder a una universidad se agravarán.

»44 de las 71 observaciones analizadas en la Comisión de Educación corresponden a la bancada de Pachakutik lo cual representa aproximadamente el 54 % de las observaciones tratadas«, señaló en un vídeo.

La opinión de los docentes

Los educadores de la Universidad Central del Ecuador (UCE) alertaron sobre el peligro que corre la educación superior de aprobarse estas reformas. Según los maestros, este proyecto tiene la intención de precarizar las condiciones laborales de los docentes, debilitar la autonomía universitaria y la mercantilización de la educación.

Además, mencionan que el índice de Desarrollo Humano que mide el acceso a la salud y educación indica que este proceso ha tenido un retroceso en el país, por lo que miles de jóvenes no han regresado a las unidades educativas y universidades tras la pandemia.

La asambleísta Jahiren Noriega apuntó que esta reforma pretende desregular las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, limitar la capacidad del Estado para controlar la calidad, gratuidad y el NO lucro de las instituciones.

“Uno de los problemas es la eliminación de controles que facilita el regreso de las Universidades de Garaje y los PH de papel, al prescindir de la acreditación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES)”, expresó en un tuit.

Pronunciamiento de la FEUE

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) rechazó el archivo de la LOES y solicitó que sus propuestas sean escuchadas. Además, resaltaron que si las reformas hubieran sido aprobadas estarían incompletas porque no recoge sus observaciones.

Entre las peticiones de los estudiantes están los programas de becas o ayudas económicas de por el menos el 25 % en relación al número de estudiantes regulares. También sugieren la libertad de decisión de carrera e institución como la creación de 40 universidades y reapertura de extensiones.

Por su parte la FEUE de Cuenca manifestó su aceptación al archivo, pues defienden la educación de calidad y dignidad, con gratuidad integral y presupuesto. »Las calles, las redes, las asambleas y la articulación de todas las formas de lucha dieron resultados», dijeron en un tuit. (A.G.M).

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Según los maestros, este proyecto tiene la intención de precarizar las condiciones laborales de los docentes, debilitar la autonomía universitaria y la mercantilización de la educación. El índice de Desarrollo Humano que mide el acceso a la salud y educación indica que este proceso ha tenido un retroceso en el país, por lo que miles de jóvenes no han regresado a las unidades educativas y universidades tras la pandemia.

La asambleísta Jahiren Noriega apuntó que esta reforma pretende desregular los IES privadas, limitar la capacidad del Estado para controlar la calidad, gratuidad y el NO lucro de las instituciones.

“Uno de los problemas es la eliminación de controles que facilita el regreso de las Universidades de Garaje y los PH de papel, al prescindir de la acreditación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES)”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Sobre la reforma

Ley Reformatoria detalla que las Instituciones de Educación Superior (IES) serán dependientes del Consejo de Educación Superior (CES) y él designará las autoridades a cada IES. Además, se simplificarán los procesos para la creación de carreras y Universidades.

Se elimina la de rendición de cuentas, auditorías y controles del CES sobre matrículas y aranceles, lo que beneficia a las IES privadas como lo señala el artículo 125.

Otros pronunciamientos

La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador filial Guayaquil (Feueug) cuestionó la “intensión” de ampliar el ingreso a la universidad a los bachilleres que se quedan sin cupos. Sin embargo, hasta la fecha cientos de estudiantes no han accedido a una Universidad por falta de cupo.

“Desafortunadamente dicha promesa aún no ha sido cumplida y ni siquiera se ve la mínima intención política de hacerla realidad”, detalla el comunicado.

De la misma manera, el expresidente de la FEUE, Mauricio Chiluisa rechazó todos los intentos del “Gobierno de Guillermo Lasso de tomarse el nombre del movimiento estudiantil” y tratar de aprobar una LOES que está en contra de la educación pública.

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“La intervención de varios colegas asambleístas dejó mucho que desear. Hubo posiciones que distan mucho de cualquier criterio técnico, científico e incluso jurídico”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Ella es una de las legisladoras que defiende los derechos de las mujeres que han sufrido violación. Su Partido no ha tomado una decisión consensuada al respecto.

Noriega considera una indolencia tomar posiciones anti derechos en un país con tanta crueldad. «Cada año, aproximadamente, 3000 niñas menores de 14 años están pariendo producto de una violación», dijo.

“Espero que el día de la votación, que será en aproximadamente ocho días, los asambleístas puedan reflexionar su voto y votar con empatía. Se busca una ley que sea justa y reparadora para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”, aseguró Noriega.

Interrupción voluntaria

La legisladora sostiene que esta ley se centra en cómo lograr que la interrupción voluntaria del embarazo sea accesible. Una ley que no tenga trabas y pueda garantizar que todas las mujeres puedan interrumpir el embarazo en casos de violación y que puedan hacerlo de la forma más digna posible.

Noriega explicó que el informe de minoría es regresivo en derechos y lo peligroso es el tema de plazos. Estos son sumamente reducidos para casos de violación.

“Lo problemático de esto es que el informe contiene un plazo de interrupción del embarazo de seis semanas para mujeres mayores de 18 años; 12 semanas para mujeres de la ruralidad, mujeres con discapacidad, niñas y adolescentes menores de 18 años”, detalló la asambleísta.

Noriega aseguró que el informe de minoría no responde a las realidades de las víctimas de violación y no respeta las particularidades que tienen las niñas y mujeres ablusadas sexualmente.

“Quienes estamos a favor del aborto en casos de violación, estamos a favor de la vida. Estamos a favor de una vida digna para las mujeres y niñas que tuvieron que vivir la atrocidad de una violación”, sostuvo.

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Los observadores elegidos por la Internacional Progresista son el chileno Gonzalo Winter (miembro del Frente Amplio), la ecuatoriana Jahiren Noriega (asambleísta), Rodrigo Borrás (Central de Trabajadores de Argentina) y Alex Main (El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas).

“La Internacional Progresista (…) busca apoyar y coadyuvar a las acciones que impulse el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las próximas elecciones. Nuestro propósito es proveer competencia técnica así como reforzar la legitimidad internacional del concurso electoral próximo”, se detalló en un comunicado.

Por su parte, la asambleísta ecuatoriana Jahiren Noriega expuso su opinión a través de redes sociales, tras el acontecimiento.

 “Expresamos nuestra profunda preocupación ante la falta de cooperación de El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) para acreditar Misión Electoral de de la Internacional Progresista. La observación electoral constituye una herramienta para garantizar transparencia y cuidar la democracia”, sostuvo Noriega en Twitter.

Internacional Progresista quiere ofrecer garantías en el proceso electoral

Por ahora la Internacional Progresista expuso su total apertura para proveer al Jurado Nacional de Elecciones de Perú la información necesaria de la delegación designada. Esto con el propósito de que los veedores, antes mencionados, puedan garantizar la transparencia durante la jornada electoral.

 “Nos comprometemos a entregar un informe completo con nuestra experiencia, observaciones y principales conclusiones poco después de que nuestra misión haya concluido (…) Estamos particularmente preocupados por la integridad de las elecciones presidenciales en Perú, dado que cualquier incertidumbre u inestabilidad política resultante podría dañar drásticamente la salud del pueblo peruano, ya golpeado por esta pandemia”, concluye el comunicado.

Las Elecciones Generales de Perú del 2021 tendrán lugar este domingo 6 de junio. Los candidatos que llegaron a la segunda vuelta son Pedro Castillo (por el partido Perú Libre) y Keiko Fujimori (por Fuerza Popular).

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