Los implicados solicitaron USD 20 mil a una ciudadana a cambio de incluir a más personas en una instrucción fiscal. La víctima entregó el dinero a Jaime H., y dio aviso a las autoridades.

En mayo de 2021, la Fiscalía junto a la Policía Nacional iniciaron un operativo y aprehendieron al sujeto. En el transcurso de la investigación, los agentes descubrieron que Byron también estuvo involucrado en el acto, por lo que fue vinculado al proceso en junio de ese mismo año.

Los elementos de convicción que presentaron fueron: testimonio anticipado de la víctima, testimonio de los agentes, informe del reconocimiento del lugar, levantamiento de evidencias, perfil criminal, cotejamiento de la voz de la víctima, mensajería de los implicados, entre otras.

Según el Código Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con una pena de tres a cinco años de prisión a funcionarios públicos o personas con potestad estatal, que abusan de su cargo para exigir bienes o dinero.

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