En su cuenta de Twitter, cuestionó la supuesta ausencia de los indígenas en las orillas del río Napo. Mientras tanto, ni los ministerios de Energía y Minas, Ambiente o del Trabajo se han pronunciado sobre estas actividades presuntamente ilegales.

«¿No que luchan por el medio ambiente? ¿La pacha mama? ¿Quiero proteger mi tierra ancestral? ¿Doble moral compañeritos?», reprochó.

La minería legal e ilegal fue un punto en las mesas de diálogo entre el Gobierno y la Conaie. Según el líder indígena, Leonidas Iza, el Ejecutivo no podía impulsar esta actividad, al menos, hasta que la consulta popular se realice. Sin embargo, el pasado 5 de enero, Iza comentó que el gobierno de Lasso continúa impulsando los proyectos mineros.

Además, ante la militarización de las empresas mineras, el movimiento indígena dio un ultimátum y anunció que tomarían nuevas medidas. Iza advirtió que las mineras nacionales y transnacionales perderán sus inversiones, pues los indígenas no permitirán que ingresen a sus comunidades.

Al tacho los acuerdos…

El Gobierno Nacional firmó dos contratos de inversión minera. Uno para Curipamba-El Domo, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. El segundo, para Warintza, ubicado en la provincia de Morona Santiago.

El acuerdo tiene una serie de incentivos financieros, fiscales y legales que tienen una validez de 10 años, hasta marzo de 2033. El contrato tiene posibilidad de extensión. En el caso de El Domo, se prevé que sea la tercera operación minera industrial del país.

¿Regalías?

Por otro lado, el asambleísta por Pachakutik, Ángel Maita, manifestó que las regalías de la minería ilegal a cielo abierto no compensan el daño provocado en los territorios.

Los ríos están contaminados de mercurio y existe afectación a la flora y fauna. Además, los habitantes y trabajadores del sector denunciaron que están expuestos a enfermedades catastróficas. (N.J.C)

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