Frente al juicio, la asambleísta llamó a la reflexión sobre el desenlace del Caso Sobornos 2012-2016, que ratificó la sentencia a varios funcionarios coidearios del expresidente Rafael Correa. Según el documento, Bonilla expresa que el sistema de justicia ecuatoriano trabaja para perseguir y eliminar al enemigo político.

La casación

El Tribunal declaró improcedentes los recursos de casación de Rafael Correa y Jorge Glas. Según Diana Salazar, Fiscal General del Estado, ambos “irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos”. En el dictamen se señaló a Pamela Martínez como quien distribuía el dinero al partido político. Por su parte, los exsecretarios de Estado Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, así como Viviana Bonilla, Cristian Viteri como coautores del delito de cohecho. Sin embargo, la decisión no fue tomada de forma unánime. El Juez Milton Ávila, no compartió de las conclusiones de los otros dos jueces, Javier de la Cadena y José Layedra.

Diana Salazar también señaló que en el caso de Viviana Bonilla y Cristian Viteri se modificó la sentencia. Según explicó la Fiscal, los ciudadanos habrían encubierto los hechos. Por este motivo, Salazar expresó que se trata de un fraude procesal, que según la funcionaria ya no es de tipo penal. Cabe mencionar que la resolución determinó pese a que uno de los jueces reconoció como válidos los argumentos presentados por la Asambleísta.

Viviana Bonilla y la Alcaldía de Guayaquil

Según las acusaciones, la funcionaría habría sido la beneficiada de los sobornos por medio de sus asesores para su campaña a la Alcaldía de Guayaquil. A través del cruce de facturas y de dinero en efectivo, los montos que se le endosan ascienden a USD 3’834.527,41 y a USD 320.000. Bonilla en su momento rechazó la denuncia y expresó “que nunca gestionó, recibió o distribuyó recursos de AP, en la campaña electoral por la alcaldía de Guayaquil, en 2014”.

Además, Viviana Bonilla, señaló que los medios de comunicación fueron cómplices del hecho. Catalogó que es una “farsa jurídica concertada por las altas autoridades del Estado”. Por ello, adelantó que en instancias internacionales el Caso Sobornos será evidenciado como fraude procesal. De esta manera, anunció acudir a Cortes Internacionales en busca de justicia, que según palabras de la ciudadana le ha sido “esquiva”. (AB)

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El 24 de agosto del 2020, el sistema de justicia admitió el recurso de casación de 15 procesados en el Caso Sobornos. Los magistrados Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra conformaron el Tribunal que está encargado de resolver el destino de este recurso.

El Tribunal tiene el deber de analizar si la ley fue aplicada de modo érroneo o, en su defecto, malinterpretada en los procesos anteriores contra los implicados. La existencia del delito no está en discusión dentro del proceso de casación. Quienes interpusieron el recurso están a la espera de que el Tribunal haya revisado con rigor el aspecto legal de la sentencia y su legitimidad.

El 3 de septiembre, Diana Salazar, Fiscal General del Estado, se pronunció sobre el caso: “los acusados se han limitado a indicar, a los jueces, que se les ha aplicado indebidamente la ley. Ellos no han negado la existencia del delito”, manifestó Salazar de modo triunfante. No obstante, demostró poco rigor en sus declaraciones, pues, según la misma CNJ, este recurso tiene como finalidad el control de la legalidad de las sentencias, mas no la discusión sobre la existencia del presunto delito.

Antecedentes

El «Caso Sobornos 2012-2016» es el nombre que reúne a un conjunto de procesos judiciales contra el expresidente Rafael Correa y 20 personas más. Los cargos atribuidos por Fiscalía General del Estado (FGE) acusan a los implicados de presuntos delitos de corrupción. Según el expresidente, este caso constituye un fraude procesal y un intento de judicialización de la política. En este caso, Correa recibió ocho años de prisión preventiva, pero la sentencia aún no se encuentra en firme. (JBS)

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