El asambleísta de UNES y denunciante de este caso, Fausto Jarrín, aseguró que para hoy fueron convocados Romo y Moreno, a ampliar sus versiones, sin embargo, ninguno asistió. Jarrín recordó que Moreno no ha vuelto al país.

“Aquí vamos a seguir y estaremos pendientes de estos procesos para que a la Fiscalía no se le olvide lo que debe investigar”, sostuvo.

El régimen de Moreno habría prestado bombas lacrimógenas y balines al régimen de facto de Añez, que fue utilizado en las jornadas de represión contra el pueblo boliviano, que defendía al gobierno de Evo Morales.

Según reporta Radio Pichincha, fueron 5.000 granadas, 238 proyectiles de largo alcance, 580 proyectiles de corto alcance y 500 granadas de sonido y destello para exteriores que prestó Ecuador a Bolivia, en noviembre 2019.

Jarrín acudió a la Fiscalía General, a poner la denuncia, en junio pasado y anunció que trabajará conjuntamente con las denuncias presentadas en Bolivia.

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Quito, 20 de ago (La Calle).- La Fiscalía General de Bolivia anunció este viernes que presentó una acusación por «genocidio» y otros delitos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, por la muerte de una veintena de manifestantes opositores en 2019, tras la renuncia de Evo Morales.

El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia «un requerimiento acusatorio» contra Áñez» que incluye cargos de «genocidio», un delito sancionado con penas de 10 a 20 años de cárcel, según el Código Penal boliviano.

La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara tras intensas protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato. Morales huyó del país luego de que un informe de la OEA hallara pruebas de fraude.

Después de las elecciones, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La acusación contra Áñez se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.

En un informe presentado esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en los dos incidentes, que calificó de «masacres».

Incidencia de Ecuador

La exministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, habría autorizado la entrega de material bélico a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez. Este material se habría usado para reprimir al pueblo boliviano que, protestaba contra el golpe de Estado a Evo Morales.

“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.

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Quito, 14 de jul (La Calle).- El bloque legislativo de Pachakutik (PK) se abstuvo de votar en la Asamblea, en la sesión del 13 de julio, para que se incluya e investigue testimonios relacionados con el envío de material bélico por parte del Gobierno de Lenín Moreno a la presidenta de facto Jeanine Áñez en Bolivia.

En el portal digital de Pichincha Comunicaciones se publicó un artículo en el que la asambleísta, Viviana Veloz, que pertenece a la bancada de Unes, asegura que el bloque acordó con Pachakutik votar a favor de cambiar el orden del día.

Al momento de la votación, la bancada liderada por Rafael Lucero se abstuvo, rompiendo e incumpliendo el acuerdo entre las dos tiendas políticas.

De igual forma, los representantes de Izquierda Democrática evitaron dar su voto en favor de la moción.

Si la Asamblea aprobaba la resolución, Cesar Monge, exministro de Gobierno, y Tanya Varela, Comandante General de la Policía, tenían que justificar la reserva de la documentación del caso.

Para Veloz, esto demuestra el compromiso de dichas bancadas con los gobiernos de Moreno y Lasso.

Los asambleístas de Pachakutik también se abstuvieron de votar para que se fiscalice la gestión del excontralor Pablo Celi. El funcionario es investigado por el desvanecimiento de glosas millonarias en favor de empresas privadas que han incumplido contratos con el Estado ecuatoriano.

Asimismo, los legisladores de Pachakutik evitaron que se analice y debata sobre la decisión que tomó el Gobierno de Lasso para ingresar nuevamente al Ciadi.

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«Espero que el Gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en estos días tan oscuros en Bolivia», manifestó a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.

El pasado jueves el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Jeanine Áñez.

El ministro boliviano estableció el flujo de comunicaciones que se produjo entre funcionarios de ambos países como parte de una «cooperación regional para la represión» que, a su juicio, se asemejaba al Plan Cóndor de los años 1970.

Del Castillo afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador para «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca» fue de conocimiento público y que se manejó con «perfil bajo».

«Acá tenemos el acta de entrega y recepción del material de la República de Ecuador al Estado Plurinacional (de Bolivia)», estos elementos «han ingresado a nuestro territorio nacional», aseguró el ministro boliviano.

Esa afirmación se basó en Iván Inchauste documentos y contactos que sostuvieron el excomandante del Ejército de Bolivia y el entonces agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías, y que fue de conocimiento de los exministros de Defensa y Gobierno, Luis Fernando López, y Arturo Murillo, respectivamente.

Reunión de gabinete

Murillo fue detenido en EE.UU. el pasado 21 de mayo acusado de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso en el que se investiga el pago de 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Del Castillo afirmó que el llamado caso «gases antidisturbios» fue una operación que se hacía «paralelamente», mientras Bolivia recibía una dotación similar de Ecuador.

El ministro boliviano señaló que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

El nexo principal para la adquisición de ese material se produjo durante una reunión de gabinete el 15 de noviembre de 2019, en la que, según Del Castillo, una gestión de la entonces ministra boliviana de Comunicación, Roxana Lizárraga, permitió que el Gobierno ecuatoriano accediera a la solicitud para contar con material antidisturbios.

«¿Con quién habló la señora Roxana Lizárraga?», cuestionó el ministro de Gobierno.

Del Castillo manifestó que «Bolivia jamás se ha metido en el conflicto de otros países» y que «jamás ha enviado proyectiles o granadas en los conflictos que ha sufrido Ecuador en la gestión 2019».

Sobre el Gobierno interino de Áñez están abiertas varias investigaciones para determinar su gestión en la crisis política y social de 2019, que según el Ejecutivo de Luis Arce lo que ocurrió en ese año fue un «golpe de Estado».

En los sucesos de 2019 fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

Fuente: DW

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El apoyo nacional a ese régimen “golpista” y ahora cubierto de sospechas de lavado de dinero, fue a través de la donación de gases lacrimógenos y balines.

La revelación apareció en Diario La Razón de Bolivia y fue posible tras la detención del exministro de gobierno de Añez en los Estados Unidos, Arturo Murillo, quien fuera detenido en Miami.

Murillo, como lo recoge el portal Plurinacional, es uno de los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata, en Cochabamba y El Alto, donde fueron acribillados cerca de 40 ciudadanos y  heridos cerca de 800, así como más de 1.500 encarcelados sin debido proceso.

Ya se conocía de la participación de diplomáticos de Brasil, Argentina, de la Unión Europea y Reino Unido (con sus embajadores derechistas), de EEUU y de obispos católicos integrantes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Según el diario boliviano, los golpistas mandaron un avión a Ecuador, para que Moreno entregue materiales para reprimir a los bolivianos.

Ministro detenido

“El exministro Arturo Murillo había vendido a la presidenta Áñez en el gabinete y al propio ministro de Defensa Fernando López una situación de necesidad extrema de la Policía a tal punto, que pidió un vuelo especial de Bolivia a Ecuador porque habían logrado les presten gases lacrimógenos y estopines de goma”, informó en la red Uno.

Murillo y otras cuatro personas fueron detenidos en Estados Unidos por lavado de dinero y pago de sobornos.

Los gases lacrimógenos fueron comprados a través de un intermediario, lo que también fue forzado como parte de la trama de involucrados en la corrupción.

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Quito 13 de mar (La Calle).- La Policía de Bolivia detuvo a la ex presidenta, Jeanine Añez en Trinidad (Beni). La trasladaron a la ciudad de La Paz durante la madrugada de este sábado. La política asumió el gobierno después del golpe de Estado a Evo Morales. Añez es acusada de dos masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto)

«Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos”, señaló la exmandataria en su twitter.

La órden de detención se aplica también a los miembros de su Gabinete y a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron con la expresidenta. Las autoridades sospechan que parte de los señalados están fuera del país. “La persecución política ha comenzado. El MAS (Movimiento al Socialismo, en el Gobierno) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, escribió la mujer el viernes en su red social

El momento en que se forzó la salida de Morales en una conferencia de prensa quedó registrado en un vídeo. El comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, sugirió a Morales renunciar a su mandato de modo que permita la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad «por el bien de Bolivia”.

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La institución confirmó, mediante su comandante general Jhonny Aguilera, la fuga de dos exministros del gobierno de facto de Jeanine Añez. Según el representante de la fuerza pública, los exfuncionarios tomaron un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana de Santa Cruz, rumbo a Puerto Suárez. Según Aguilera, los fugitivos tuvieron por destino final las tierras de Brasil y Panamá, donde arribaron hace varios días.

Desde el 17 de noviembre, la Fiscalía General de Bolivia anunció que solicitará a la Interpol la difusión de sello azul. El objetivo de la Fiscalía es facilitar la captura de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López. 

Antecedentes

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía General de Bolivia emitió órdenes de aprehensión contra los exministros de Gobierno y Defensa del régimen de facto de Jeanine Añez. Las órdenes fueron justificadas por una investigación sobre la compra de gases lacrimógenos con sobreprecios y acusaban a los exministros de “uso indebido de influencias” y “otros delitos”.

La Fiscalía del país andino abrió la causa contra los exfuncionarios del gobierno de facto por denuncias de parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Según los informes del MAS, los exministros suscribieron un contrato con la empresa Bravo Tactical Solucitions, con sede en Estados Unidos. El acuerdo habría permitido la adquisición de bombas lacrimógenas por precios de entre los USD 36 y 39 por unidad. (JEB).

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La Comisión especial de la Asamblea que investiga las masacres propuso procesos judiciales contra los ministros: Karen Longaric (Relaciones Exteriores), Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Fernando López (Defensa). Además, de Álvaro Coímbra (Justicia), Álvaro Rodrigo Guzmán (Energías) y María Pinckert (Medioambiente y Agua).

El informe de la Comisión pasó al pleno del Legislativo, allí deberá ser aprobado o rechazado por dos tercios de los asambleístas.

Respuesta de la presidenta

La respuesta de Añez no tardó en llegar. La Presidenta indicó que la democracia es el respeto a la libertad. La funcionaria debe responder a la justicia en este caso debido a la firma del Decreto Supremo 4078 con el cual autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones para restablecer el orden público. El documento también eximió a los militares de cualquier responsabilidad penal.

“El Movimiento al Socialismo, (MAS) recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”, escribió en un tuit.

El pasado 25 de octubre, Añez solicitó 350 visas a Estados Unidos para los funcionarios de su gobierno. La razón sería el temor a una posible persecución por parte del futuro gobierno de Luis Arce, quien ganó las elecciones del 18 de octubre con el 55.11% de los votos.

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