La Justicia boliviana halló culpable a Áñez por los delitos de «incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes» en el denominado caso Golpe de Estado II.

En noviembre de 2021, el Ministerio Público de ese país solicitó la «pena máxima» de 10 años en contra de Áñez, luego se planteó 12 años de prisión. No obstante, en mayo de 2022, las autoridades señalaron y pedirán que su condena sea de 15 años.

«Lo volvería a hacer», dice Áñez

La exmandataria transitoria insistió durante su defensa que es inocente y afirmó que «volvería a hacer» lo que hizo en la crisis de noviembre de 2021, cuando usurpó el poder en medio de un caos político y social, recogió Página 12.

«Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí de acuerdo a la Constitución, siguiendo pasos y respetando lo que dice (…) me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad», alegó Áñez.

La expresidenta está detenida desde marzo de 2022 cuando fue capturada por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso «Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

Caso Golpe de Estado II

Fue este caso el que tuvo mayo agilidad. El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales se vio obligado a renunciar a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral. Tras los incidentes en las calles, hubo un motín policial y las Fuerzas Armadas «sugirieron» a Morales que dimitiera.

El 12 de noviembre de ese mismo año, la segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de la Cámara y luego la jefatura del Estado. Sin embargo, su asunción se realizó sin quorum ni asistencia de la bancada de mayoría MAS. Movimientos y partidos políticos tildaron este hecho como un golpe de Estado.

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La negativa fue firmada el pasado 7 de octubre y señala que la solicitud de Áñez fue revisada y oportunamente cerrada. Sin embargo, el organismo hizo un llamado a recordar los derechos de las personas privadas de libertad. También hizo énfasis en que el Estado debe velar por el derecho a la vida, precautelando la salud física y mental de los reos.

La CIDH hizo un llamado tanto al Estado boliviano como a Áñez, para cooperar en los procesos médicos necesarios y así precautelar su bienestar físico y mental.

Además, el documento de la CIDH no negó la posibilidad de que Áñez presente una nueva petición, en caso de cumplir los requerimientos necesarios. Los requerimientos se encuentran en el artículo 25 del reglamento, señala el escrito.

De igual forma, la CIDH consideró que es fundamental que la exmandataria mantenga su derecho a recibir visitas y al acompañamiento permanente de sus familiares.

Petición de Medidas Cautelares

A finales de agosto, la defensa de Áñez solicitó medidas cautelares para la exmandataria. El documento buscaba “restituir” los derechos de la mujer. Por otro lado, señalaba que Áñez sufría de “amenazas, hostigamiento, y agresiones en contra de su vida e integridad”. Asimismo, se indicó que el lugar no era adecuado para que la exmandataria recupere su salud.

Intento de suicidio

Jeanine Áñez esta retenida más de año y medio, debido a un proceso iniciado en su contra por el Gobierno. Áñez es acusada de conspiración, terrorismo y sedición, por el golpe de Estado del 2019, en Bolivia.

El pasado 21 de agosto la expresidenta intentó suicidarse con cortes en el antebrazo, según informaron medios bolivianos.

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Miércoles, 25 de ago, (La Calle). – Segundo informe de ley para el proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social para las familias ecuatorianas.

La asambleísta de Pachakutik, Patricia Sánchez dice que esta propuesta enfoca la situación que atraviesan las personas al encontrar dificultades de adquisición de casas por parte de las empresas constructoras por sus políticas de vivienda.

“El proyecto de ley, implica que, en la oferta de vivienda pública, participen otros sectores que históricamente han estado construyendo su hábitat”. Las propias familias han construido sus casas, adquiriendo terrenos de manera sencilla.

Según Sánchez, existe un estudio en el que siete de cada diez familias han podido construir sus propias viviendas con sus propios recursos.

Desde el año 1992, en la política de vivienda, se elimina la participación del estado para la oferta pública. Las empresas constructoras privadas han venido implementando sus propias políticas en materia de mercado para la venta de viviendas.

Consecuencias de políticas constructoras privadas

“Se ha identificado que existen políticas que fomentan el tráfico de suelo y del clientelismo” dice Sánchez.

La economía de las familias son escasos y las grandes transnacionales constructoras modifican los macroproyectos y se baja la producción de calidad.

Para la asambleísta Sánchez, el rol del estado debe estar orientado al apoyo del financiamiento, brindar soporte técnico y supervisión de las edificaciones.

Dentro de la Asamblea Nacional, se espera que exista el seguimiento a este informe de ley para fomentar la participación de otras asociaciones para la oferta de las viviendas.

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“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.

«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta», señaló el organismo.

Evo Morales denunció públicamente que el golpe de Estado dejó 36 víctimas fatales, más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente.

La Fiscalía Argentina imputó, el 16 de julio, al expresidente Mauricio Macri y a sus ministros de Seguridad y Defensa, por el envío de material bélico a Bolivia, en 2019.

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«Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede interpretarse sino como un refuerzo a la capacidad de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días», dice la carta.

Fernández ofreció disculpas a Arce y al pueblo boliviano por la conducta del embajador argentino de ese entonces Normando Álvarez García. «Los hechos los analizan un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», agregó.

Los hechos

En un documento del 13 de noviembre de 2019, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros dio cuenta del envío de «material bélico de agentes químicos», entre los que cuentan cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas.

El caso de Moreno

Macri no fue el único en enviar material antidisturbios a Bolivia. En noviembre de 2019, el gobierno de Moreno también envió gases, cartuchos y otras herramientas.

De acuerdo con el documento, el gobierno ecuatoriano prestó el material a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se desarrollaban protestas en ese país contra el gobierno de Añez. La investigación que realiza Fiscalía esclarecerá si ese material se utilizó en las masacres en El Alto y Cochabamba.

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La razón de la petición de Áñez es la preocupación que tiene su gobierno de ser enjuiciado por el ahora presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora.

El pasado domingo 18 de octubre, Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), alcanzó la victoria en la primera vuelta. La empresa Ciesmori reveló los resultados. El conteo le dio a Luis Arce un 52,4%. Los datos aparecieron a la media noche.

En ese momento, Arce escribió en su cuenta de Twitter, “Muy agradecidos con el apoyo y confianza del pueblo boliviano. Recuperamos la democracia y retomaremos la estabilidad y la paz social. Unidos, con dignidad y soberanía #VamosASalirAdelante”.

Evo Morales: “Vamos a volver a Bolivia”

Frente a los resultados favorables para Arce, el expresidente de Bolivia, Evo Morales expresó: “Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Eso no está en debate. Y si hay varios procesos es por una agenda sucia. Tantas mentiras. Y no es la primera vez.  Es cuestión de tiempo. Nosotros no somos vengativos, no somos revanchistas. Deben respetar la soberanía del pueblo boliviano”.

Morales añadió que todo lo que su movimiento (MAS) ha dicho lo ha cumplido. “Devolveremos la dignidad y la libertad del pueblo boliviano”. También reveló que recibió una llamada del papa Francisco para felicitarlo por el triunfo.

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 De inmediato, el presidente Alberto Fernández responsabilizó al gobierno de Jeanine Áñez por la seguridad del legislador.

Se trata de los diputados: Federico Fagioli, Leonardo Grosso y Paula Penacca, el senador Guillermo Snopek y la directora de Diplomacia Parlamentaria, Soledad Magno.

Ellos llegaron a Bollivia el viernes en la noche, vía Cochabamba. Es responsabilidad del gobierno de facto de Jeanine Áñez preservar la integridad de la delegación”, escribió el presidente Alberto Fernández en su cuenta oficial de Twitter.

La Cancillería informó que “el gobierno argentino exige» que Bolivia ”se responzabilice por la detención ilegal» de esta persona.

El Frente de Todos precisó que el conflicto se generó porque Fagioli “fue detenido y no hay garantías sobre la seguridad de la delegación ”.

Detenido ni bien llegó

“Estamos en el Aeropuerto de La Paz. Ya hicimos el ingreso a Bolivia en el Aeropuerto Internacional de Cochabamba».

Aclaró que hicieron un trasbordo y ahora no dejan entrar al diputado Fagioli, precisó Grosso, también parte de la comitiva.

Detalló que en ese momento estaban “esperando» una respuesta de las autoridades locales, frente al confuso incidente que genera un conflicto a pocas horas de un evento de trascendencia internacional.

De la misma forma, medios de comunicación de toda la Región han criticado el accionar del Gobierno de Áñez, que por otro lado no se ha manifestado.

Los bolivianos irán a las urnas por segunda vez en un año para definir a su próximo presidente, que tendrá mandato hasta 2025. Se renovarán la totalidad de los escaños de la Asamblea Legislativa, compuesta por 130 diputados y 36 senadores.

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“Lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos, y que a consecuencia de esto, gane el MAS (Movimiento Al Socialismo, partido de Evo Morales). Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Para ayudar a la victoria de los que no quieren la dictadura. “Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde”, dijo Áñez.

Agregó que declina su candidatura en homenaje a la libertad y la democracia. “Esta en juego la democracia en Bolivia (…) Le pido a quien vaya a ser el candidato democrático que enfrentará al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que estamos dejando”, agregó.

Respuesta de Morales

El expresidente y dirigente del MAS, Evo Morales afirmó que la renuncia de Áñez a su candidatura es el resultado de una negociación para buscar su “impunidad” en casos de corrupción y crímenes.

“Como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad”, escribió en un tuit.

Morales advirtió que los partidos neoliberales quieren continuar el saqueo de Bolivia y que Ánez quiere protegerse. “Está claro que el precio de su nueva alianza es la impunidad por los escandalosos casos de corrupción en medio de la pandemia, por el genocidio de Senkata y Sacaba y por el economicidio al que ha sometido al país”, indicó.

Evo sin candidatura

El pasado 20 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó la candidatura de Morales al Senado, de cara a las elecciones del 18 de octubre próximo. El presidente de la función electoral, Salvador Romero alego que la invalidación se dio por no cumplir con el requisito de “residencia permanente”. Resolución que se ratificó el 7 de septiembre.

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La información publicada el martes por diario estadounidense explicó que la compañía en un primer operativo “capturó la red de 13 cuentas falsas y dos páginas antes de que tuvieran la oportunidad de crear una gran audiencia”.

Según los informes de Facebook, también se encontró publicaciones de apoyo a la oposición de Venezuela. Oposición liderada por Juan Guaidó y Henrique Capriles, así como a los detractores de la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “El contenido incluyó publicaciones de apoyo a la oposición política en Venezuela y el gobierno interino de Bolivia, así como críticas al partido político del presidente mexicano”, detalló.

Empresa invirtió millones de dólares para apoyar a Áñez

Según Facebook la empresa involucrada es CLS Strategies, con sede en Washington. La compañía gastó millones de dólares en crear cuentas y perfiles dirigidos a apoyar o desalentar procesos y figuras políticas. Además, el diario estadounidense indicó las publicaciones en línea llegaron a más de 550.000 usuarios y gastaron un valor $USD 3,6 millones en publicidad”.

El Gobierno de Bolivia de Jeanine Áñez atraviesa una profunda crisis de credibilidad. Las razones giran en torno a la deficiente gestión ante la Covid-19. Pero también en torno al mal manejo de la economía y los reiterados escándalos de corrupción desde el Golpe de Estado a Evo Morales.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a su dignidad de presidente tras 10 días de protestas. Inmediatamente solicitó asilo político a México pero no pudo trasladarse y finalmente llegó a Argentina. (AB)

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«Coordinamos acciones para reforzar la seguridad en el país. No vamos a permitir que intereses políticos afecten los derechos, ni la vida de los bolivianos», dijo vía Twitter la presidenta Jeanine Áñez, al dar cuenta de las decisiones que tomó a primera hora de la mañana en una reunión con su gabinete ministerial.

Aviones de combate contra manifestantes

Sobrevuelos de aviones de combate se sumaron a media mañana a la movilización extraordinaria de militares y policías que había sido advertida desde la madrugada en algunos barrios de La Paz y El Alto, en particular los cercanos a carreteras bloqueadas como parte de la huelga general declarada por la Central Obrera Boliviana y el llamado Pacto de Unidad.

«Hoy amanecieron militarizadas las ciudades de La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este) para poder garantizar a los bolivianos primero la vida y la libre transitabilidad», dijo a reporteros el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, casi al mismo tiempo que la divulgación del tuit presidencial.

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«Si tiene que venir a Bolivia él sabe que tiene cuentas pendientes con la justicia y a ello se tendrá que atener. Seguramente en los próximos días se va emitir esa orden de aprehensión porque nosotros ya hemos hecho las denuncias pertinente», dijo en un acto público.

Evo Morales es refugiado político en Argentina, después de estar durante un mes en México. Es el jefe de campaña de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de 2020. Acción que realizará desde el país albiceleste.

Morales también se pronunció sobre el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el fraude electoral. Escribió en su cuenta de Twitter que existen tres informes que demuestran que no hubo fraude electoral en las elecciones de septiembre pasado.

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“Los golpistas que asaltaron el poder en Bolivia, ahora inventan historias increíbles para culpar a otros del terror que ellos mismos están imponiendo desde el Estado. El único plan terrorista que están ejecutando son ellos a sangre y fuego contra todos los bolivianos”, expresó el expresidente Evo Morales en su cuenta oficial de Twitter.

Huelga de hambre

Por otro lado, la senadora Maria Elizabeth Oporto Balboa del Movimiento Al Socialismo (MAS), por razones de salud, dejó la huelga de hambre para lograr la aprobación de la ley la ley de pacificación.

Dicha ley aparece como contraposición al decreto de Ánez. En el decreto ratifica que las Fuerzas Armadas no tendrán problemas legales si aplican el uso progresivo de la fuerza para dispersar las manifestaciones.

El pasado 14 de noviembre, la segunda presidenta del congreso boliviano tomó posesión de la presidencia sin el Quorum necesario. Las protestas continúan y hasta finales de noviembre, según datos de la Defensoría del Pueblo, dejan 35 muertos.

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Por su parte, Justiniano, antes de su relevo, mediante su cuenta de Twitter expresó: “Dicen que existe una manipulación de la justicia de parte de mi persona. Sin embargo no existe una sola evidencia de ello. Me he dedicado tan solo a trabajar por mi país, creo que algo hicimos, como para ahora recibir solo ingratitudes.”

Hoy, en el gabinete de la Presidenta derechista de Bolivia figuran: Yerko Nuñez como Ministro de la Presidencia; Oscar Mercado, Ministro de Trabajo e Iván Arias como Ministro de Obras públicas. Jeanine asumió el cargo el pasado 12 de noviembre, después del golpe de Estado contra Evo Morales, en medio de la caótica situación política que vive el país hasta ahora.

CLL

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“Canciller @KarenLongaric posesionó al nuevo Embajador Extraordinario con Representación Plenipotenciario ante el Gobierno de Estados Unidos de América, Walter Oscar Serrate Cuellar, quien fue Embajador y Representante Permanente de Bolivia ante la ONU”, publicó la Cancillería de Bolivia en su cuenta de Twitter.

El golpe de Estado suscitado en Bolivia el pasado diez de noviembre, significó un cambio radical en la política del país, principalmente porque desde que el expresidente Evo Morales decidió expulsar al entonces representante de la Casa Blanca en La Paz, en 2008, los lazos con EE.UU se rompieron.

Cerca de autoproclamarse presidenta interina, el 16 de noviembre, la exsenadora derechista Áñez bloqueó relaciones con el Gobierno de Venezuela y sus diplomáticos fueron expulsados. Poco tiempo después, el gobierno estadounidense informó a la canciller de facto Karen Longaric sus intenciones de “fortalecer” vínculos con Bolivia.

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Huelga que durará hasta la aprobación de la Ley de pacificación para derogar el Decreto 4072, que otorga inmunidad a las Fuerzas Armadas del país.

El gobierno de facto, liderado por Jeanin Añéz, aprobó la ley para el llamado a elecciones. Sin embargo, la represión por parte de las fuerzas de control continúa.

Después de más de 30 muertos, miles de heridos y centenares de detenciones de manifestantes, organizaciones sociales crearon un pliego petitorio donde se pide eliminar el decreto antes mencionado.

También demanda la inmediata liberación de los presos y la investigación de los crímenes cometidos para determinar a los responsables.

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«Lamentablemente estamos bajo un acoso terrorista que quiere matar a los bolivianos de hambre y no lo vamos a permitir», dijo Murillo, tras salir de la Fiscalía.

La denuncia aparece después de la difusión de un video donde un supuesto dirigente de la zona de Cochabamba, presuntamente, conversa con Evo Morales sobre el bloqueo de las vías en el marco de las protestas contra la presidenta interna, Jeanine Áñez.

Por otro lado, Evo Morales, asilado en México, se pronunció en twitter sobre la persecución a grupos sociales. “A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en #Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos”.

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«Si Dios lo permite, hoy en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones, como todo el país lo está demandando», afirmó a los periodistas.

Áñez convocó al Congreso para abordar los mecanismos necesarios para realizar los nuevos comicios presidenciales y legislativos. El Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales anunció que asistirá a la reunión.

La presidenta interina señaló que la convocatoria tendrá el acompañamiento de organismos internacionales y la iglesia católica. Instituciones que ayudaron a definir el cronograma del proceso.

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“El gremio de productores de la hoja de coca advirtieron que las principales vías del país serán bloqueadas indefinidamente en caso de no atender sus demandas”, informó el diario El Deber.

La reunión de los cocaleros, partidarios del ex presidente Morales, tuvo lugar en la carretera de Sacaba, lugar donde eran velados los cuerpos de nueve personas. Tras su paso por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se determinó que los decesos fueron a causa de las balas.

Los cocaleros, además de la renuncia, demandan el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas para evitar más muertes en la ciudad de Sacaba, la liberación de los detenidos y que se acabe la persecución a todos sus dirigentes.

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El artículo 3 del decreto menciona que “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el establecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legitima defensa.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó en su twitter oficial. “El grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”.

Las protestas en Bolivia dejan, hasta el día de hoy, según datos de la Defensoría del Pueblo; 23 muertos, 144 detenidos y más de 500 heridos.

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