La moción fue presentada por el asambleísta César Umajinga (ADN), quien señaló que no existió un incumplimiento de funciones por parte de la canciller Sommerfeld, pues la orden del asalto a la Embajada de México no era competencia de la titular.

Por otro lado, la asambleísta interpelante de este juicio político Jhajaira Urresta (RC) mocionó el inicio del trámite de juicio político contra la funcionaria ya que no estaría en la capacidad de cumplir sus funciones. Asimismo pidió el apoyo de su colegas citando la situación de los migrantes ecuatorianos así como los conflictos que el país ha tenido con Rusia y México.

A esta postura se sumó el legislador Lenin Barreto (RC), quien señaló que es imposible »negar lo innegable» y que el gobierno sí invadió la embajada mexicana. También resaltó que la canciller Sommerfeld sostuvo su defensa detrás de un falso patriotismo.

Ante la resolución del Parlamento, la canciller Sommerfeld expresó su satisfacción a través de sus redes sociales. »La verdad siempre brillará. Los principios de soberanía, democracia y defensa de los intereses del Ecuador no se negocia se defiende», dijo.

La acusaciones contra Sommerfeld

Durante la fase de pruebas de cargo, la asambleísta Urresta denunció que la funcionaria y su familia se beneficiaron del conflicto con México el pasado 5 de abril del 2024. Detalló que en el 2010 Sommerfeld era directora de la aerolínea Aerogal y vendió sus acciones a Holding Avianca, compañía constituida en la Bahamas.

”¿Qué intereses hay detrás de las acciones en contra de México? ¿Quién se beneficia que Aeroméxico deje de operar en el país?”, cuestionó.

Agregó que además de Aeroméxico, las otras empresas que cubren la ruta Ecuador-México son Copa Airlines y Avianca, empresa que presuntamente estaría ligada a la familia Sommerfeld.

Paraíso fiscal

Por otro lado, la interpelante expuso con prueba en mano que la canciller tiene un paraíso fiscal en Panamá. La empresa en cuestión sería Global Hostel Corporation, cuyo accionista principal es el director de Avianca, German Efromovich junto a la ministra Sommerfeld.

La legisladora aseguró que Sommerfeld podría caer en el delito de perjurio al asegurar en su declaración patrimonial que no tiene paraísos fiscales.

”No queremos más ministros colocados a dedo y lamentablemente no tienen la capacidad académica, intelectual y ética para representar a nuestros migrantes”, resaltó Urresta. (AGM).

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La empresa en cuestión sería Global Hostel Corporation, cuyo accionista principal es el director de Avianca, German Efromovich junto a la ministra Sommerfeld. La funcionaria podría caer en el delito de perjurio al asegurar en su declaración patrimonial que no tiene paraísos fiscales.

La legisladora y interpelante del juicio político contra Sommerfeld expuso a los medios de comunicación un documento notariado en Panamá que evidencia sus acusaciones.

»No queremos más ministros colocados a dedo y lamentablemente no tienen la capacidad académica, intelectual y ética para representar a nuestros migrantes», resaltó Urresta.

Las acusaciones contra Sommerfeld

Asimismo la asambleísta denunció que la funcionaria y su familia se beneficiaron del conflicto con México el pasado 5 de abril del 2024. Detalló que en el 2010 Sommerfeld era directora de la aerolínea Aerogal y vendió sus acciones a Holding Avianca, compañía constituida en la Bahamas.

”¿Qué intereses hay detrás de las acciones en contra de México? ¿Quién se beneficia que Aeroméxico deje de operar en el país?”, cuestionó.

Agregó que además de Aeroméxico, las otras empresas que cubren la ruta Ecuador-México son Copa Airlines y Avianca, empresa que presuntamente estaría ligada a la familia Sommerfeld.

Por otro lado, Urresta indicó que el padre de la canciller, Enrique Sommerfeld, es uno de los mayores vendedores de armas en el país. Reveló que el círculo cercano de la ministra ha estado cerca del gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa con las contrataciones de equipos militares. (AGM).

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A partir de las 08h00 la Comisión de Fiscalización empezó la sesión de pruebas de cargo y descargo en el marco del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Durante su intervención, la legisladora Urresta expuso el pedido que realizó a PGE e informó sobre el gasto millonario que desembolsará el gobierno para defenderse ante la justicia internacional.

»Dinero que se pudo utilizar para la seguridad, para pagar la deuda con Solca (…) USD 5 millones para defender lo indefendible», resaltó.

Las acusaciones contra Sommerfeld

Asimismo la interpelante del proceso denunció que la funcionaria y su familia se beneficiaron del conflicto con México el pasado 5 de abril del 2024. Detalló que en el 2010 Sommerfeld era directora de la aerolínea Aerogal y vendió sus acciones a Holding Avianca, compañía constituida en la Bahamas.

»¿Qué intereses hay detrás de las acciones en contra de México? ¿Quién se beneficia que Aeroméxico deje de operar en el país?», cuestionó.

Agregó que además de Aeroméxico, las otras empresas que cubren la ruta Ecuador-México son Copa Airlines y Avianca, empresa que presuntamente estaría ligada a la familia Sommerfeld.

Por otro lado, Urresta indicó que el padre de la canciller, Enrique Sommerfeld, es uno de los mayores vendedores de armas en el país. Reveló que el círculo cercano de la ministra ha estado cerca del gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa con las contrataciones de equipos militares. (AGM).

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»Es inaceptable que un proceso electoral, que debería ser un símbolo de esperanza y cambio positivo para nuestra nación, se vea empañado por la sombra de la violencia y la intimidación», dijo en un comunicado.

Respecto a la seguridad policial, el comandante de la Policía Fausto Salinas aclaró que no se brindará seguridad a todos los postulantes al Legislativo. Únicamente el candidato que tenga riesgo inminente o se encuentre en un sector crítico puede elevar una solicitud al CNE.

Solicitudes de resguardo policial

El Ministerio del Interior informó que hasta el momento tres candidatos para la Asamblea Nacional solicitaron resguardo policial para la campaña política de las elecciones anticipadas 2023.

Los solicitantes de las alianzas Centro Democrático, Actuemos y lista 5 pertenecen a la provincia de Imbabura, Chimborazo y Esmeraldas.

Por el ministro Juan Zapata hizo un llamado a los candidatos presidenciales Otto Sonnenholzner, Jan Topic y Daniel Noboa para que acepten la seguridad de la Policía Nacional. Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, señalo que Topic sí tendría el debido resguardo, lo cual evidencia una descoordinación de información. (A.G.M).

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El 23 de febrero  el Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político y censura contra Carrillo. En la sesión unificaron tres de los cuatro pedidos de enjuiciamiento político que el exfuncionario tenía en su contra.

La primera solicitud fue interpuesta por los legisladores Peter Calo y Jhajaira Urresta  quienes pidieron la fiscalización del exfuncionario por su gestión en el Paro Nacional de junio del 2022 y la inseguridad ciudadana.

Por su parte, las parlamentarias Johanna Moreira y Lucía Placencia hicieron su pedido por incumplimiento de funciones por el abandono de temas de seguridad, en el contexto de homicidios y violencias del 2022. Por último, la asambleísta Gissella Garzón solicitó el juicio político por el Caso del femicidio de María Belén Bernal y su incumplimiento de funciones.

La defensa de Carrillo

En su defensa, el exfuncionario manifestó que hay que diferenciar la función que tenía como Ministro de Interior y la labor de la Policía Nacional. Enfatizó en que las crisis no responden a su gestión . Señaló que los líderes populistas hacen de cada suceso un hecho político buscando un responsable, creando relatos burdos.

“La criminalidad es un fenómeno de Estado no de policías”, resaltó en su intervención.

Para Carrillo es insensato condenarlo a un juicio político por no coincidir con los supuestos héroes de junio del 2022. También aclaró que cumplió con su funciones respecto al Caso Bernal y que finalmente esto dio resultados.

La defensa del oficialismo

El legislador Jorge Pinto resaltó las acciones de violentas que los “actos terroristas” dejaron a la país con pérdidas de más USD 115 millones. “No podemos afirmar que la policía hizo mal su trabajo, ellos eran los únicos con la potestad de aplicar el uso legítimo de la fuerza”.

Para Pinto, el ministro solo hizo su trabajo y recalcó las afectaciones a los policías heridos y mutilados y de  los civiles a quienes les quitaron la mercancía de su negocio. (A.G.M).

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Desde la bancada, aseguraron que realizarán la respectiva investigación y fiscalización para determinar la verdad de los hechos. Además, se presume que la víctima de violación también sufrió de un intento de asesinato por parte del exfuncionario.

Funcionarios del Cpccs piden su reintegro

Una decena de funcionarios desvinculados del Cpccs solicitaron a la justicia constitucional la reparación de sus derechos.  Las autoridades atendieron a su pedido y ordenaron el reintegro inmediato en todos los casos, sin embargo, Ulloa hizo caso omiso a esta disposición y los reemplazó con personas allegadas a él y otra autoridades.

Los afectados espera que tras la destitución de los consejeros del Cpccs por parte de la Corte Constitucional puedan recuperar su trabajo. Los ex trabajadores denuncian la doble moral de Ulloa porque él exige la aplicación de la justicia para defender su puesto pero no respeta las decisiones “a favor de los más vulnerables”. (A.G.M)

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Ella (Guamaní) ha mencionado en Radio La Calle, a través de su abogado, que yo me tomé 13 minutos para la defensa de las pruebas de descargo que yo realicé. Ella y su abogado desconocen en absoluto lo que es el derecho parlamentario y administrativo. En el derecho parlamentario, nosotros tuvimos, días atrás, un tiempo programado por la Constitución y también por la LOFL para presentar todas las pruebas.

Ella, dos horas antes de cerrar el proceso de recopilación, presentó las pruebas. Obviamente en la comisión Ad Hoc en la presentación de pruebas de cargo y descargo me tomé 13 minutos porque debemos ser técnicos. Esto es una apropiación del derecho para control político, no es un tema administrativo. Por lo tanto, en los 13 minutos 48 segundos cité absolutamente todas las pruebas para que las comisionadas sepan a que me refería y cuáles eran mis alegatos.

Dentro del proceso de defensa de la señorita Yesenia Guamaní, su abogado se tomó tres horas, ocho minutos. De los cuales, solo 14 minutos fue de defensa a la señorita Yesenia Guamaní, asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea. Además, en las tres horas, él facultó el derecho administrativo sobre el derecho parlamentario sin conocer en qué proceso se encontraba.

Ha mencionado que la asambleísta Patricia Mendoza ha firmado la denuncia. Es totalmente incorrecto, ella firmó el apoyo al debido proceso, mas no la denuncia. Como consta en el documento, la denuncia la he firmado yo. Dejo en claro a la ciudadanía que el debido proceso se ha realizado el debido proceso. El incumplimiento de funciones consta en las pruebas audiovisuales, en cartas y documentos certificados.

Incluso su abogado, quien me atacó en Radio La Calle en su entrevista, aceptó en su intervención la culpabilidad de Yesenia Guamaní. Incluso mencionó que se le podía dar, no la destitución del cargo de vicepresidenta sino un mes sin remuneración y sin estar dentro de los predios de la Asamblea Nacional.

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La denuncia en contra de la asambleísta de la Izquierda Democrática (ID), Yeseña Guamaní por supuesto incumplimiento de funciones fue presentada por la asambleísta de la Bancada Unión por la Esperanza (UNES),  Jhajaira Urresta.

“Por interferir en las competencias de la Asamblea Nacional para tratar de impedir la derogación de la Ley de Impuestos del Gobierno”, publicó UNES.

Así también, el pasado 26 de mayo, la denuncia se calificó con 4 votos a favor y 2 en contra por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

De esta manera, este 4 de julio, se llevó a cabo la instalación de la sesión de la Comisión que iniciará con el proceso.

Frente a esto, la legisladora Guamaní aseguró que el proceso solo busca su destitución, catalogando de falsa a la Comisión Pluripartidista.

“Aquí estoy, junto a mi abogado, el constitucionalista André Benavides para ejercer mi derecho a la defensa. Es una Comisión Pluripartidista falsa que representa a una nueva mayoría. Buscan mi destitución para el reparto de los espacios para sus amigos”, expresó Guamaní.

ID apoya a Guamaní

Mediante un comunicado, la ID reiteró su total apoyo a la segunda vicepresidenta del Legislativo, alegando de ilegal al caso.

“Lo único que hizo en este caso la Segunda Vicepresidenta fue MOCIONAR. Esto constituye su derecho como asambleísta. También es parte de sus funciones legislativas; no tomó decisiones sola. Por ello, insistimos en la ilegalidad de este proceso”, dice el comunicado.

Además, aseguraron estar atentos al proceso y pidieron a las asambleístas que forman parte de la Comisión: Rocío Guanoluisa, Patricia Mendoza, Mireya Pazmiño y María José Plaza, actuar bajo las normas constitucionales y legales.

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Urresta considera que Villavicencio incurrió en una falta grave por los comentarios realizados en contra del exmandatario. Según menciona en el informe presentado “agredir de palabra al expresidente de la República, Eco. Rafael Correa y a mi persona”, es una falta grave que consta en el Art. 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La asambleísta hace referencia a un cruce de tuits ocurrido el 7 de octubre del 2021 y la solicitud fue presentada el pasado 14 de enero.

“7 de octubre de 2021, durante la sesión del Pleno N° 730 yo publiqué un Twitter: ECUADOR ALERTA!!! Curul 136 es de @VillaFernando_ quien Vota en contra de la fiscalización de las cuentas Offshore de @LassoGuillermo. Ahí está la doble moral de los “INVESTIGADORES”, explica Urresta en el informe.

“En dicho twitter, el señor asambleísta Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, me responde de la siguiente manera: Le juro Asambleísta @EGuzmanurresta que, con la misma independencia y rigurosidad, con las que investigué #ArrozVerde, causa por la @MashiRafael está sentenciado y prófugo, investigaré los #PandoraPapers y #PanamaPapers, Confíe en mí”, cuenta la legisladora.

Insiste en que Villavicencio publicó un nuevo mensaje con un retuit de Urresta: “El fanatismo no le permite ver la realidad asambleísta @EGuzmanurresta voté en contra de la creación de una nueva comisión, porque ayer con el voto de sus coidearios la @FiscalizacionAN asumió ya la investigación. Deje el odio y mire el mundo en todo su esplendor.” 

En su queja, Urresta declaró que “el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República, señala que el deber más alto del Estado consiste en respetar los derechos garantizados en la Constitución. Aún más la de un expresidente de la República, un líder fuerte que impulso la renovación de la identidad nacional”.

Por ello, en la solicitud, la asambleísta de UNES solicitó que se inicien los trámites respectivos contra su colega Fernando Villavicencio. Además, insta a Villavicencio que pida disculpas por los mensajes de odio y discriminación.

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“Estamos hablando de más de 3000 niñas embarazadas a nivel nacional, y lamentablemente no tienen el amparo jurídico ni de salud por parte del Estado ecuatoriano”, explicó durante una entrevista con Radio La Calle.

También detalló que la temporalidad del proceso de interrupción del embarazo aún sigue en estudio. “Hoy la Comisión de Justicia va a volver a sesionar para articular la ley, de tal manera que no se retroceda en derechos para nuestras víctimas”, recalcó la asambleísta.

Urresta reiteró que el objetivo de esta ley es que las victimas de violación sepan que el Estado ecuatoriano y las leyes las amparan.

Detalló que la mayoría de casos de violación ocurren en territorios muy alejados de las ciudades. Por ello, explicó, las 28 semanas que se han colocado en el proyecto de Ley es para no re victimizar a las víctimas y para que tengan la oportunidad de acercarse a una casa de salud y solicitar ayuda.

“No es que a las 28 semanas el médico va a matar al bebé. El medico va a interrumpir el embarazo, lo va a sacar y colocar en una termo cuna para acceder a procesos de adopción”, mencionó.

La asambleísta explicó la importancia de leer bien los articulados, pues no se habla de aborto a las 28 semanas sino de la interrupción del embarazo.

“No queremos niñas embarazadas ni mujeres violentadas, lo que menos queremos es un país en violencia sexual y en impunidad”, manifestó.

Frente al segundo debate que se va a realizar, la asambleísta afirmó que se responderá y se defenderá cada uno de los articulados de la ley. “Vamos a responder al debate enteramente de forma técnica, de forma legal y esperamos que la sensibilidad humana y la sensatez jurídica sean parte de este segundo proceso”

También se refirió a los mecanismos de campaña sucia para eliminar esta ley que algunos asambleístas han realizado. “No podemos mezclar la religión con una crisis sanitaria y de salud pública como la que estamos llevando en este proceso de la ley de aborto en casos de violación”, recalcó la asambleísta.

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