La decisión fue anunciada al término de la primera sesión del Comité, un ente creado recientemente por Decreto Ejecutivo. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue enfático al señalar que la medida busca «quitar el financiamiento a las mafias de la salud que por años han luchado por capturar hospitales».

Lama reveló que existen al menos 100 investigaciones internas en curso por presuntas irregularidades y destacó la repetición «sospechosa» de ciertos proveedores en los procesos de compra. Afirmó que, por primera vez, se implementará un «sistema digital incorruptible» para rastrear de forma transparente el inventario y la distribución de todos los medicamentos.

Ajuste en el flujo de recursos y compras

La ministra de Finanzas, Sariha Moya, aportó cifras concretas que evidencian el problema: de los USD 200 millones presupuestados este año para medicamentos, apenas se han ejecutado USD 100 millones. Aseguró que, a pesar de esta inversión, el desabastecimiento en los hospitales persiste, lo que apunta a «muchas irregularidades» en los mandos medios operativos.

Jimmy Martín, titular de la cartera de Salud, detalló que la descentralización no recaerá en cada hospital o dispensario, sino que se concentrará en el Ministerio de Salud y el IESS, quienes asumirán la responsabilidad directa de las adquisiciones para garantizar mayor control y eficiencia. «Tenemos que dar un paso firme, pero también estratégico y coordinado desde el Ejecutivo», afirmó.

Desde la Secretaría General de la Administración Pública, Cynthia Gellibert sentenció: «Durante décadas, la salud ecuatoriana siempre fue tratada como un negocio. Hoy este Gobierno le pone punto final al negociado en los hospitales».

Medidas insuficientes

La decisión gubernamental no estuvo exenta de críticas. Desde la bancada de Revolución Ciudadana, la asambleísta Christina Jácome tachó al nuevo Comité de redundante, al recordar que ya existe el Consejo Nacional de Salud (CONASA), establecido por ley y con experiencia en la materia. «Parece que algunos prefieren inventar comités y redescubrir el agua tibia», ironizó.

Su colega la asambleísta Viviana Veloz, consideró que la medida «llega tarde» y no ataca el fondo del problema: la falta crónica de presupuesto. Veloz exigió la declaratoria de emergencia del sistema de salud, argumentando que la crisis actual «desbordó hospitales y golpea más fuerte que en la pandemia«. Enumeró una serie de requisitos que, a su juicio, son indispensables: inversión real en infraestructura, equipos, pago a personal y una lucha firme contra la corrupción.

Frente al reclamo de emergencia, el Gobierno se negó en rotundo. Su postura oficial es que no existen las causales legales para tal declaratoria y que, además, esta podría abrir una «puerta a la corrupción».

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Galo Ubidia, presidente del gremio, reveló a Vistazo que esta práctica insostenible se agrava por la saturación de especialidades como medicina interna, pediatría, traumatología, ginecología-obstetricia y cuidados intensivos, ofertadas por universidades «sin estudios de planificación ni priorización de necesidades reales del sistema sanitario».

El 14 de agosto, médicos realizaron un plantón en Quito exigiendo al presidente Daniel Noboa y al ministro de Salud, Jimmy Martin, el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Paola Gordillo, portavoz del movimiento, interpeló al mandatario: «Somos profesionales titulados, muchos con maestrías, que sostenemos el sistema de salud. ¿Usted trabajaría gratis?». Gordillo destacó vulneraciones como

«Ustedes sabían a lo que se metían» fue la única respuesta del ministro Martin el pasado 8 de agosto, según relató la doctora posgradista.

El ministro en la Asamblea

Frente a las críticas, el ministro Martín declaró en la Asamblea que conoce de primera manola problemática, pues su esposa fue posgradista. Sin embargo, atribuyó estos problemas a decisiones estatales de hace más de 10 años». También aseguró que está resolviendo estos problema junto al de las becas ofertadas.

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Sierra, exgerente del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y destituido por la anterior administración, fue vinculado por la legisladora a un caso de presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Según una investigación de Primicias, Sierra habría adjudicado en septiembre de 2024 dos contratos consecutivos, por un total de USD 1.2 millones, pese a alertas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

El proveedor y los contratos adjudicados constaban en un listado publicado por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), en donde se identificó 54 compras con presuntas irregularidades en 11 unidades médicas del MSP y del IESS. «¿Ese es el perfil para resolver la crisis sanitaria en Guayaquil?», interrogó Desintonio.

Vínculos estrechos

La asambleísta añadió que Sierra mantiene «estrechos vínculos» con Mario Aguirre y Carlos Charles Figalo, proveedores investigados por una denuncia de corrupción de USD 2 millones, destacando que Aguirre sería «compadre» del nuevo coordinador zonal. Recordó, además, que el legislador Ferdinand Álvarez (ADN) ya había alertado en comisiones anteriores sobre la influencia de Aguirre en contratos del MSP.

Desintonio culminó su intervención con una advertencia al ministro de Salud, Jimmy Martin: «Señor ministro, revisemos estos errores. Nelson Sierra, Aguirre y Figalo son tuerca y tornillo». El titular de esta cartera de Estado se abstuvo de responde estas declaraciones.

Contexto del nombramiento

Sierra reemplaza a Karla Mishell Jiménez Cordero, cuya salida se oficializó el 10 de agosto tras la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. La Coordinación Zonal 8 abarca Guayaquil, Durán y Samborondón, responsable de políticas sanitarias y administración de recursos en esta jurisdicción.

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