Sotomayor fue acusado el mes pasado de haber falsificado una prueba PCR para asistir junto al presidente Lasso a la Ampliación de la Reserva Marina en Galápagos.

«Es evidente que el movimiento al cual represento perdió su rumbo (…) no existe una clara visión de la búsqueda del beneficio por un bien común y los últimos hechos en Galápagos han evidenciado una total deslealtad (…) por todo esto, presento mi renuncia irrevocable al cargo como presidente del movimiento CREO Galápagos», reza el comunicado.

También expresó su rechazo a la «infame campaña mediática» levantada en su contra con el afán de manchar su nombre. Esto en referencia al escándalo de falsificación de documentos que cometió el 13 de enero.

Escándalo por falsificación de prueba PCR

Según La Posta, el entonces presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Joan Sotomayor, dio positivo para COVID-19, el pasado 07 de enero. Sin embargo, el 13 de enero, el funcionario presentó resultados negativos. Ante esto, el laboratorio indicó que el documento de resultados es falso.

Sotomayor habría falsificado los resultados de una prueba PCR, por el evento de Ampliación de la Reserva Marina en Galápagos, al que asistieron el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios.

En una entrevista a ese mismo medio, Sotomayor dijo que «no tendría por qué falsificar un documento» y que existía «una clara intención» de afectarlo.

Tras el escándalo, Joan Sotomayor renunció, de manera irrevocable, a la presidencia del Consejo de Gobierno de Galápagos, cargo en el que fue titular desde el 15 de junio del 2021.

El 19 de enero, la Secretaría Nacional de Comunicación informó que, a través de decreto ejecutivo, Katherine Llerena asumió la presidencia del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, en reemplazo de Sotomayor.

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“Mediante Decreto Ejecutivo 328, el presidente de la República Guillermo Lasso designó a la Lic. Katherine Llerena como su representante para presidir el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos”, dice el documento.

Asimismo, indica que Llerena fue secretaria técnica del Consejo del Gobierno de Galápagos, desde el pasado mes de julio hasta la fecha. El comunicado reitera que la funcionaria desempeñó esta labor con absoluta responsabilidad y profesionalismo.

¿Qué pasó con su antecesor?

Según La Posta, el entonces presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Joan Sotomayor, dio positivo para COVID-19, el pasado 07 de enero. Sin embargo, el 13 de enero, el funcionario presentó resultados negativos. Ante esto, el laboratorio indicó que el documento de resultados es falso.

Sotomayor habría falsificado los resultados de una prueba PCR, por el evento de Ampliación de la Reserva Marina en Galápagos, al que asistieron el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios.

En una entrevista a ese mismo medio, Sotomayor dijo que «no tendría por qué falsificar un documento» y que existía «una clara intención» de afectarlo.

Tras el escándalo, Joan Sotomayor renunció, de manera irrevocable, a la presidencia del Consejo de Gobierno de Galápagos, cargo en el que fue titular desde el 15 de junio del 2021.

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Sotomayor falsificó los resultados de una prueba PCR, por el evento de Ampliación de la Reserva Marina en Galápagos, al que asistieron el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios.

Lasso y otros miembros del Gobierno llegaron la tarde del pasado jueves, 13 de enero, a las Islas Galápagos, para firmar el decreto que oficializará la creación de una nueva reserva marina.

Este caso se suma al de cientos de personas que evitan vacunarse o son casos positivos y tratan de ocultarlo. Hace pocos días, estos hechos fueron denunciados por el Ministerio de Salud Pública.

Según la denuncia del ente rector en salud, cuatro personas fueron sospechosas de entregar certificados de vacunación fraudulentos contra la COVID-19. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales hizo, un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de actos. “Con estas denuncias se pueden realizar las investigaciones necesarias”, aseguró.

Lo que llama la atención es que sea un propio funcionario del Gobierno el que utilice recursos antiéticos como la falsificación de una prueba de laboratorio y exponga a otras personas al contagio del virus.

Según las propias directrices del Ministerio de Salud, cuando una persona da positivo para el virus de la COVID-19, debe permanecer aíslada al menos 10 días, para evitar contagiar a otras personas.

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