El Comité de Ética sigue con el proceso de investigación a la legisladora Guadalupe Llori (PK), por presunto cobro de diezmos cuándo era presidenta de la Asamblea Nacional. Las acusaciones fueron de la asambleísta Johanna Ortiz (UNES), quien interrogó a los testigos del caso.

A la sesión acudió la parte denunciante y un delegado de la denunciada. En esta ocasión se convocó al asambleísta Alejandro Guamán, quien anteriormente fiscalizó el mismo caso contra Llori. Esta investigación la impulsó una denuncia del medio digital La Posta y el legislador corroboró los nombres de los involucrados y las facturas emitidas.

“Los papeles no hablan, la que habla es la persona. Los papeles no pueden reemplazar a la voz del ser humano”, dijo el abogado de Guadalupe Llori, Julio César Sarango.

Las evidencias en contra de Llori

El 7 de noviembre compareció Carlos Cadena, exfuncionario de la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, quien afirmó que la exadministradora del Legislativo, Gloria Larenas habría solicitado el alquiler de un vehículo facturado por USD 605, sin embargo, desconocía quien lo iba a ocupar.

También compareció la encargada de servicios generales del Parlamento, Roxana Meza, quien además figura en gran parte de las facturas presentadas como evidencia. La funcionaria relató los acontecimientos de una reunión de la administración general de la Asamblea. Durante la reunión, en la que también estaba Cadena, Larenas informó sobre la disposición de Llori para alquilar un vehículo para sus movilizaciones, principalmente en territorio y fines de semana.

Con base en la orden de Llori, se contrató a la empresa Avis Renta Car. Los funcionarios rentaron un Ford Explored color negro aprobado por el personal de seguridad de la expresidenta en su primera semana de uso.

El 9 de julio de 2021 se canceló a la empresa Avis la cantidad de $ 603,66 por el alquiler del vehículo. Se emitió la respectiva factura y el valor fue cancelado con su tarjeta de crédito.

El 16 de julio de 2021 se realizó un depósito por USD 140 en la cuenta de ahorros del servidor policial Freddy Yugcha Catota, quien desempeñaba las funciones de seguridad y conductor de la expresidenta.

El 23 de julio de 2021 nuevamente se canceló el valor de USD 201,22 a la empresa Avis por la renta del mismo vehículo, y por concepto de combustible $ 120, que se transfirió a Freddy Yugcha.

El 6 de agosto de 2021 transfirió de su cuenta personal a la cuenta de la empresa Avis la suma de $ 387,46, esa fue la última fecha en la que canceló los valores por el alquiler del vehículo. En total, entre la renta del auto y combustible suman USD 1.452.  Algunos valores fueron pagados con la remuneración propia de los funcionarios sin tener el debido reembolso hasta la presente fecha.  (A.G.M)

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«Presentamos denuncia en contra de la asambleísta Guadalupe Llori para que el Comité de Ética investigue un presunto caso de diezmos.», señaló la asambleísta de UNES, Johanna Ortiz. asambleísta Guadalupe Llori para que el Comité de

La tarde de ayer, 30 de agosto, en representación de la Bancada UNES, la asambleísta Ortiz informó sobre la denuncia presentada, alegando que la asambleísta Llori habría solicitado diezmos a sus colaboradores, cuando ejercía el cargo de presidenta del Legislativo.

«La asambleísta Llori habría solicitado diezmos a sus funcionarios para que le renten un vehículo en el que ella se movilizara», aseguró.

Ortiz enfatizó que con este accionar buscan transparentar el accionar de la Asamblea y sus legisladores.

Proceso de la denuncia

Luego de presentada la denuncia, el caso será puesto bajo conocimiento del presidente del Legislativo y después al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Posterior a ello, la denuncia deberá ser califica y de cumplir con los requerimientos esta pasará al Comité de Ética de la Legislatura.

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Estas declaraciones las hizo en referencia a la Ley de Inversiones, enviada por el presidente Guillermo Lasso. Ortiz aseguró que es necesario traer inversiones al país, pero reiteró que hay que revisar las condiciones de los acuerdos para hacerlo.

«Se legislará para impedir que se privaticen los servicios estatales de salud y educación o proyectos hidroeléctricos, por ejemplo. Servicios que, pese al descuido, la falta de atención y el deterioro, aún siguen funcionando», argumentó.

Ortiz reiteró que es gravísimo concesionar un servicio público como el Registro Civil, por ejemplo, porque “supuestamente” el Estado no lo puede administrar o garantizar su adecuado funcionamiento. Advirtió que estarán atentos a estas acciones.

Además, aseguró que si pretenden aprobar esta normativa por el Ministerio de la Ley, se revisará la posibilidad de plantear demandas de inconstitucionalidad.

Acciones ilegales en la Asamblea

Ortiz dijo que al interior de la Asamblea Nacional han ocurrido varias ilegalidades. La primera, ocurrió el jueves previo al feriado de Carnaval, cuando el Pleno hizo una apelación a la presidencia de la Asamblea, figura contemplada en la Ley de la Función Legislativa, a la que Guadalupe Llori, no dio paso y suspendió la sesión. “La presidenta tenía que dar paso a la apelación, expresó Ortiz a Radio, La Calle.

Otro conflicto legal fue que Llori convocó a sesiones virtuales, cuando existe una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que señala que las reuniones de la Asamblea deben ser presenciales y solo pueden realizarse virtualmente por causas de fuerza mayor.

“De manera ilegal se convocó a una sesión virtual el día sábado 26 de febrero, en pleno feriado de carnaval”, comentó la asambleísta Ortiz.

También señala como un hecho ilegítimo la aprobación de la Ley Tributaria que, según Ortiz, fue negada y votada en contra, en su texto original, pero pasó por el Ministerio de la Ley. La legisladora presume algún tipo de complicidad para que esto ocurriera.

“Ese es el juego al que nos han querido llevar desde la presidencia de la Asamblea y por eso, es necesario evaluar el accionar de las autoridades legislativas”, dijo. Sin embargo, por apenas un voto, Llori se salvó de este proceso de evaluación.  

 “Hubo un apagón terrible en la Asamblea Nacional del Ecuador, pero no apagaron nuestras voces, porque nosotros tenemos que seguir trabajando para que se atiendan las necesidades de la ciudadanía”, enfatizó Ortiz.

¿Hay interferencia en la función Legislativa?

Ortiz es clara al decir que el Gobierno de Lasso pretende controlar las acciones de la Función Legislativa. En tal sentido, explica, el trabajo de la Asamblea no está respondiendo a las demandas ciudadanas, por ejemplo, a la calificación de los proyectos dereogatorios de la Ley Tributaria, que está afectando el bolsillo de los ecuatorianos.

Por ello, aseguró que de comprobarse la afrimación del Social Cristiano, Esteban Torres, de que funcionarios cercanos a la presidencia ocasionaron el apagón en la Asamblea, sería gravísimo para la democracia y la independencia de funciones. “Este es un tema que debe ser investigado para conocer quienes apagaron las luces y cortaron el audio en la Asamblea, cuando el vicepresidente y los asambleístas seguíamos ahí”, dijo.

Además, aseguró que los conflictos internos interfieren con el tratamiento y aprobación de las leyes. Por ejemplo, Ortiz comento que el día del apagón se trataría la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza.

Respecto a la muerte cruzada, la legisladora dijo que su bancada no ha planteado este mecanismo, pero aseguró que tampoco le tienen miedo. «Quienes han planteado la muerte cruzada, ha sido el Gobierno actual y lo ha hecho a modo de amenaza, como un mecanismo de presión y de chantaje», sostuvo.

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