La audiencia, instalada en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1, al norte de Quito, presentó 25 elementos probatorios que sustentan la acusación, incluyendo testimonios, peritajes y documentos. Fiscalía solicitó prisión preventiva para el legislador, alegando que los hechos ocurrieron en un contexto de «cercanía» con la víctima.

Paralelamente, las declaraciones del ministro de Gobierno, José De La Gasca, han generado una aguda controversia. En entrevista con Democracia TV, el funcionario anticipó que el contenido del celular del legislador revelaría «trafasías, atracos, pactos oscuros y vínculos con narcodelincuencia». De La Gasca vinculó el Caso Ligados, sugiriendo que evidencias digitales revelarán irregularidades de «la clase política que nos gobernó durante una década». Además, insinuó que Díaz podría ofrecer una «colaboración eficaz» en casos ajenos a la violación, afirmando que: «Lo que él deba decir será revelador para el país».

La abogada Mónica Luzárraga cuestionó la legitimidad de estas declaraciones: «¿Es un montaje para chantajear y convertir a acusados en voceros del poder?», advirtiendo sobre la violación al debido proceso. Subrayó que el Ministerio de Gobierno carece de atribuciones para predecir contenidos bajo custodia judicial.

¿Entrega voluntaria?

El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que la entrega «voluntaria» de Díaz respondió a allanamientos policiales donde se incautaron 8 teléfonos con «información clave». Reimberg admitió que fue una «entrega bajo presión».

Según Reimberg, los dispositivos contienen información clave para el proceso investigativo. También enfatizó que, pese a la entrega voluntaria, el delito cometido es grave y debe tener consecuencias.

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En una entrevista con Radio Centro, Reimberg detalló que la advertencia, recibida el pasado 19 de abril, surgió de una «fuente humana» y no de los canales tradicionales de inteligencia de la Policía o las Fuerzas Armadas. Reimberg resaltó el papel clave del número de emergencias 131, que en lo que va de 2025 ha recibido 9.147 reportes ciudadanos, contribuyendo a la captura de 1.200 sospechosos en casos de narcotráfico, secuestros y extorsión.

«Tomamos esto con seriedad absoluta. No podemos descartar ninguna alerta sin una investigación rigurosa», afirmó el ministro, quien reveló que, horas antes, un operativo en Villamil Playas, provincia del Guayas, permitió la detención de James D.C., un individuo con antecedentes penales vinculado a las amenazas.

El sospechoso, identificado mediante un video viral en redes sociales afirmaba que «A Daniel Noboa le tienen que dar de baja, lo tienen que matar. México y Rusia tienen que quebrarlo». Durante el allanamiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, municiones y material audiovisual en su teléfono móvil, que presuntamente lo vincularían con planes violentos. Reimberg aseguró que el sujeto enfrentará cargos por incitación a la violencia, amenazas y posesión ilegal de armas.

Paralelamente, anunció que presentará un proyecto de ley para endurecer las penas por amenazas a altos funcionarios, en línea con el artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Refuerzo de seguridad y coordinación internacional

Tras la alerta, el gobierno activó protocolos de alerta máxima: se ampliaron las cápsulas de seguridad del presidente y su gabinete con vehículos blindados y escoltas adicionales, mientras se intensificó la vigilancia en puntos estratégicos como el Palacio de Carondelet, corredores viales clave y aeropuertos. Reimberg destacó la colaboración con agencias internacionales, incluidos el FBI y la Interpol, para rastrear posibles vínculos del detenido con redes criminales transnacionales.

Además el ministro criticó la filtración del informe confidencial a medios de comunicación: «Esto genera alarma innecesaria y limita nuestra capacidad operativa. Las Fuerzas Armadas ya investigan el origen de la filtración», señaló. No obstante, admitió que la divulgación pública pudo haber disuadido a los atacantes: «Ahora saben que estamos tras ellos».

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