Vanegas solicitó a la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, María Gallardo, que deje sin efecto la orden de detención contra Rodríguez.

«No podemos hablar de un sistema justo si solo un puñado de personas puede acceder a garantías básicas y ejercer su derecho a la defensa», recalca en su cuenta.

Rodríguez es investigado por el presunto delito de prevaricato, luego de que dictaminara a favor del exsegundo mandatario.

Entre las vueltas que da la vida, Vanegas aseguró que todos los ciudadanos tienen derechos a defenderse y a que se presuma su inocencia. Sin embargo, en enero de este año, el exlegislador enfatizó que algunos integrantes del gobierno y otros servidores tendrían vínculos con el narcotráfico.

El exservidor incluso puso en la Fiscalía General del Estado (FGE) junto al exlegislador Fernando Villavicencio el nombre de tres nombres de supuestos candidatos del partido del Gobierno presuntamente vinculados.

La situación del juez

 La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional allanaron varios departamentos en Milagros, entre ellos, la casa del juez de Yagauahi, la noche del 11 de junio.

Asimismo, detalló que desde el viernes 9 de junio la policía no ha dado con el paradero del juez. Según la entidad, ellos son los responsables de “actuar en el tiempo en flagrancia«. (N.J.C)

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La FGE indicó que desde el viernes 9 de junio la policía no ha dado con el paradero del juez. Según la entidad, los uniformados son los responsables de «actuar en el tiempo en flagrancia y ubicar al magistrado».

La Fiscalía inició una investigación previa por el delito de prevaricato y determinar las responsabilidades en el hecho.

Otro pronunciamiento

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, exigió a la FGE que inicie una investigación contra Rodríguez por el presunto delito e prevaricato.

“La Fiscalía deberá iniciar un proceso penal. Luego, el Consejo de la Judicatura deberá tomar acciones disciplinarias según le corresponda”, mencionó.

Saquicela enfatizó que estos actos son un atropello a las leyes que ponen en mal a la justicia ecuatoriana. Según él, el juez tomó una decisión arbitraria y el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe verificar si Glas tiene o no suspensión de derechos políticos.

“Aunque el juez haya dado es dictamen, hay dos sentencias firmes en contra del exvicepresidente. Una por el caso Sobornos y otra por Odebrecht”, refirió. (N.J.C)

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Ordóñez pidió indagar a los magistrados John Rodríguez, Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipallo. La investigación también va dirigida hacia el exjuez Banny Molina.

Rodríguez

El juez Rodríguez labora en una Unidad Multicompetente en Yaguachi, en Guayas. Él dispuso que Ángelo Javier Achile, alias «Negro Angelo», y Kevin Javier Manzaba, sean trasladados del centro penitenciario N° 3 del Guayas a la cárcel de Santo Domingo.

Frente a esta resolución judicial, el Gobierno Nacional manifestó su rechazo a la decisión. Señaló que los dos PPL trasladados son responsables de los asesinatos de al menos 40 personas durante la masacre carcelaria en Santo Domingo.

Molina

El juez Banny Molina concedió un hábeas corpus al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel y al acusado de corrupción durante el morenato, Daniel Salcedo.

El exsegundo mandatario cumplía una pena de 14 años en prisión. Estaba recluido desde octubre de 2017. Fue condenado por asociación ilícita en el caso Odebretch (6 años) y por cohecho en el caso Sobornos (8 años).

Por su parte, Salcedo fue identificado como una de las cabecillas de la corrupción hospitalaria durante la crisis sanitaria por Covid-19 en el Gobierno de Lenín Moreno. Sobre él pesaba una sentencia de 13 años de cárcel por peculado.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir al juez Molina el 22 de diciembre. La resolución se tomó debido a que cometió un «error inexcusable» al otorgar hábeas corpus.

Los otros jueces

Ordóñez exhortó una investigación patrimonial contra el juez Curipallo, quien dispuso la libertad provisional al exvicepresidente Glas. También sobre el magistrado Oña, que concedió medidas sustitutivas a alias «Gordo Luis», cabecilla de Los Lobos.

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