Atamaint afirmó que aunque al país no le sobra la plata es fundamental garantizar la participación política de los migrantes. Además, sostuvo que el voto telemático no se repetirá porque fue un proceso que no funcionó.

«Sería una irresponsabilidad total del CNE, repetir un proyecto que ya falló», sostuvo en Teleamazonas.

La decisión del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las elecciones en el exterior serán de manera presencial. Además, modificará del Código de la Democracia la opción del voto telemático.

Cientos de usuarios no pudieron ejercer su derecho al voto por los fallos en la página. El CNE invirtió cerca de USD 800 mil en el contrato con la empresa que se encargaría de hacer el proceso, sin embargo, la entidad no contaba con la experiencia y preparación necesaria.

El abogado constitucionalista Esteban Ron y el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta indicaron, para Radio La Calle, que esta es una alternativa viable para que el derecho de los compatriotas no se vea vulnerado.

¿Qué puede pasar con el CNE?

Sin embargo, Ron recalcó que el ente electoral podría enfrentar cuatro responsabilidades: civiles y administrativas, que las determinará un examen especial de la Contraloría General del Estado, electorales y políticas.

«Existen 410 mil ecuatorianos en el exterior que pueden votar, pero solo se inscribieron 130 mil y de ese número no hay un dato exacto de cuántos votaron y cuántos ingresaron a la página, pero no pudieron hacerlo», apuntó Ron.

Acosta mencionó que, si los consejeros del CNE no presentan un documento en el que se haya declarado «contratista incumplido» en la Contraloría y el Sercop, los funcionarios y responsables del proceso electoral pagarán las consecuencias.

«Con eso, mínimamente, el Gobierno no debería dejarlos trabajar por dos años. Además, deberían responder por las garantías en el concurso precontractual», afirmó.

En cuanto a las responsabilidades electorales, Ron señaló que las organizaciones políticas pueden presentar acciones de queja contra los directores. Esta medida afectaría a los integrantes del ente electoral que no hayan cumplido una sentencia del TSE o una norma.

Finalmente, la política. El jurista comentó que una vez que la Asamblea Nacional se posesione podrían establecer un proceso de fiscalización o juicio político.

De la misma manera, Acosta detalló que los consejeros y responsables del proceso podrían recibir una glosa o una multa por parte de la Contraloría. «Incluso podrían recibir una responsabilidad penal si es que no toman las acciones de subsanación a tiempo», dijo.

Y la plata…

Al inicio del proceso electoral, el CNE y el Ministerio de Finanzas tuvieron «algunos roces» porque la cartera de Estado se negaba a entregar el presupuesto completo para que se realicen los comicios de 20 de agosto.

Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, la respuesta de Finanzas iba a entorpecer las elecciones y el expresidente del TSE recalcó que ese problema no se puede repetir.

Enfatizó que el Estado debería garantizar el desarrollo de este proceso en el exterior y de todo su funcionamiento. El presupuesto general aún no se ha definido, pues Atamaint mencionó que esperan el informe final de la comisión a cargo para establecer en monto.

Señaló que ellos deberán ubicar ese monto para preparar y ejecutar las papeletas, el material electoral, envíos, sitios de votación y todo lo que incluya el proceso.

«Les falta espíritu para aplicar la ley. Si el Ministerio de Finanza le quiere otorgar el dinero para el evento electoral, debe ser destituido», apuntó.

Ya tienen oposición

El movimiento Construye interpondrá acciones nacionales e internacionales ante la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular y repetir las elecciones en las tres circunscripciones del exterior.

La organización tachó de “arbitraria” el dictamen del ente electoral. Aunque cientos de migrantes denunciaron los fallos en el sistema del CNE y no pudieron ejercer el derecho al voto, Construye insiste en que esa responsabilidad no puede caer sobre ellos.

Según Construye, esta es una “afectación a la democracia” y recalcaron que no existe una ley que ampare esta determinación. Sin embargo, el artículo 345 del Código de la Democracia respalda esta decisión siempre y cuando la institución apruebe y demuestre las inconsistencias.

Cientos de migrantes sin votar

La Cancillería confirmó que existen dificultades para registrar el voto telemático en las oficinas consulares de Ecuador en otros países. La cartera de Estado culpó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de los inconvenientes e instó a que los resuelva de forma urgente.

“Requerimos al CNE, única institución competente, tomar de manera urgente las medidas técnicas necesarias para corregir esta situación. La Cancillería, a través de sus consulados, ha cumplido y cumple con su responsabilidad legal y cívica de difundir y promover este proceso, que es responsabilidad exclusiva del CNE”, posteó la autoridad en su cuenta de X. (N.J.C)

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Ortiz indicó que el régimen entregará la propuesta a un equipo de abogados «para que realice los ajustes pertinentes». Además, señaló que el gabinete tiene la posibilidad de enviar estas reformas para que la nueva Asamblea Nacional lo analice o enviar el informe como un decreto-ley a la Corte Constitucional.

Aunque varios expertos y exfuncionarios del IESS aseguraron que dichas reformas no aliviarán la situación que tiene el instituto, el presidente Guillermo Lasso se aferra a la idea de que ese informe solucionará todo.

El expresidente del presidente alterno y subdirector del IESS, Jorge Acosta comentó para Radio La Calle, que esto no solucionaría nada, por el contrario empeoraría la situación.

Recalcó que la mejor alternativa sería que el Estado y los privados paguen la deuda que tienen pendiente con la entidad. La cifra sumaría los USD 9 mil millones en efectivo que no se ha cancelado.

“Recaudar la mora, eso sí sería una solución de liquidez. Eso es un disparate. Tal vez esta es otra distracción a otros problemas grandes que tiene el país”, apuntó.

Las reformas de la desgracia

La Comisión Ciudadana creada por el presidente Guillermo Lasso para reformar el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) propone aumentar los años de aportación de los ecuatorianos.

Augusto de La Torre, quien preside la comisión, recomendó que los años de aportación pasen de 30 a 35. Según él, aunque se implementen estos cambios, la edad mínima para jubilarse no cambiará.

De la Torre alegó que esta intención le dará “sostenibilidad” al sistema de pensión en el instituto. También, detalló que entre las reformas también estás:

• Aplicar el número de los mejores años que tenga en empleado para calcular la pensión;
• dar incentivos para que las personas se jubilen más tarde con la promesa de que reciban una pensión más alta.
• reformar la tabla para calcular la edad de retiro y tiempo de beneficios jubilares.

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Acosta, en entrevista con Radio La Calle, mencionó que estas «soluciones» solo aumentan la carga para los trabajadores y jubilados. Además, cuestionó la intención de depositar el dinero en entidades financieras de la banca.

Según el gobierno, el empleado tendrá la potestad de seleccionar la institución. Sin embargo, Acosta detalló que deberán hacer un análisis que demuestra que dichas instituciones no «jugarán» con el dinero de la gente.

«Deberán demostrar que nos van a dar golpes como ahora y luego decirnos que el dinero desapareció porque entraron otras personas y lo robaron», refirió.

Además, enfatizó que no son alternativas tangibles y menos a corto plazo, pues estas tomarían varios años para que puedan brindar alguna solución.

La cuantiosa deuda del Estado

El exsubdirector resaltó que el Estado tendría un plazo de seis meses para determinar le monto de deuda con el IESS y llegar a un acuerdo. No obstante, desde el 2003 se han planificado reuniones y cuantificaciones que no se han concretado.

«Solo varían las reglas del juego, pero es el mismo cuento de nunca acabar, nos torean y el Estado jamás paga la deuda de miles de millones de dólares que tiene. Nos contentan con pastillas nada más», resaltó.

Acosta puntualizó que a mas de la deuda que mantiene el Estado, hay algunos patronos que deben al instituto y deberían recuperar ese dinero. Manifestó que por estos casos el IESS continúa retrocediendo y recomendó crear un nuevo sistema de cobranza para recaudar todo el dinero perdido.

«Nunca dicen cuando van a ejecutar esa deuda ni cuando los morosos van a pagar. Deberían insistir y con ese dinero el IESS tiene para sostenerse y cubrir otras necesidades con eficiencia y eficacia», apuntó.

Advierten movilizaciones

La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a todas las organizaciones sociales a movilizarse en caso de que el presidente Guillermo Lasso apruebe las sugerencias en la reforma de pensiones del IESS.

La organización mencionó que aumentar los años de pensión de 30 a 35 significaría una violación a los derechos alcanzados en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social. 

Además, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols) llamó a todos los sindicales y asegurados a exigir que el gobierno de Lasso y el directivo respete la autonomía del IESS, pague la deuda, financie las prestaciones, frene la corrupción, entre otras. (N.J.C)

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¿Es legal la evasión de impuestos?

La existencia de empresas offshore no tiene que tacharse de por sí, como ilegal. Es normal en el giro comercial internacional que existan estas empresas. Su existencia no implica un delito, sino el uso que se da sea para esconder dineros procedentes de la corrupción pública o de evasiones fiscales y tributaciones en cada uno de los países.

Estos 600 periodistas han hecho una labor profunda para detectar estos casos. En el caso presente en Delaware, personas jurídicas arman sociedades de carácter extranacional para establecer un poderoso escudo fiscal y no tributar conforme a las leyes que determina el Ecuador. Implica un prejuicio fiscal y una evasión de la norma que prohíbe ocupar cargos y funciones públicas.

Nuestra ley también prevé la destitución para quienes incurran en estas actividades. De comprobarse en el campo político y judicial debería tener consecuencias de carácter político, administrativo y también investigaciones de carácter penal.

El presidente Lasso ha dicho que los consorcios en EE.UU. no tienen relación con él ¿Debería investigarse si esto es cierto?

La Constitución ordena que se presuma la inocencia de las personas hasta que se haya probado lo contrario. Esto sucede cuando se realiza una investigación que debe realizar la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y en el ámbito legal está asignada a la Fiscalía General del Estado. Debieron ponerse en marcha inmediatamente para clarificar este asunto.

¿Existe algo que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral con este tema?

Estas investigaciones no son competencia de la función electoral. La función electoral organiza elecciones, cuenta los votos, proclama resultados y posesiona a los electos. La investigación de responsabilidad política corresponde a la Asamblea Nacional.

En el lado penal es trabajo de la Fiscalía descubrir si existe evasión fiscal. En lo administrativo, la Contraloría General del Estado debe realizar una investigación, de encontrarse culpabilidad puede desprenderse una sanción de destitución.

Si esto sucede debería ir a la Asamblea y la Corte Constitucional para que se emitan los dictámenes correspondientes, en caso de existir algún indicio de ilicitud o responsabilidad si lo determina la ley. Las autoridades elegidas por voto popular tienen prohibido tener empresas, directa o indirectamente, en el exterior.

¿Cuánto tiempo tomaría?

La Contraloría con un examen especial podría tardar, con la solicitud de información al exterior, de cuatro a seis meses. Luego de eso vendría el pronunciamiento de la Asamblea u la Corte Constitucional. El resto es un poco más ágil. En el caso de Fiscalía, para responsabilidades legales, tiene hasta dos años para hacer la investigación.

¿Existe la voluntad política de estas instituciones?

Esperemos que sí porque muy agiles en temas de corrupción no han sido. Más ha primado el show que la agilidad en las acciones. Los amarres en el caso de la señora Cerda, pese a que hizo apología del delito, su sanción fue de 15 días sin sueldo. En el caso de Bella Jiménez hay una Comisión que recomienda la destitución, pero no hay rapidez.

En el ámbito de Fiscalía hay casos que duermen el ‘sueño de los justos’. INA Papers ya pasó de los dos años, pero aún se sigue investigando. Hay casos como Las Torres donde la investigación ha sido sumamente ágil, todo depende de la voluntad que pongan los políticos.

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“El primer paso es el despeje del personal innecesario, que salgan al menos 14.000 personas”. Según el abogado, con este rubro se ahorraría al menos 90 millones de dólares por año.

La segunda acción indispensable e inmediata a ser cumplida son las acciones de cobro a empleadores morosos y al Estado. “De esta manera se recuperarían al menos 16 mil millones de dólares”.

La tercera acción es mejorar la administración de las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. “No se puede seguir gestionando la salud como se lo ha venido haciendo hasta el momento, con esas mafias que subsisten al interior”.

Inversiones:  No se sabía cuantas propiedades tenía el IESS. 12 mil personas ahora 40 mil personas en el instituto.

De acuerdo a Acosta el IESS tiene recursos en distintos puntos, uno de ellos son las propiedades. “En mi época, 2003 y 2004, al menos 1.350 predios estaban administrados por el Instituto”.

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“No procede ni la infracción electoral ni la sanción. Porque, en primer lugar, es una sentencia inmotivada. Segundo, no se aceptaron los alegatos propuestos por los consejeros del CNE; incluso la abogada de la contraparte no presentó prueba. ¿En virtud de qué argumentos puede emitir una resolución de este tipo?”, dijo el abogado Byron Torres, en referencia a la actuación del juez Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La víspera, el juez Torres declaró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto culpables de “infracción electoral muy grave”. El TCE ordenó una sanción equivalente a 70 remuneraciones básicas, destitución de cargos y suspensión de derechos de participación por cuatro años.

“Vamos a presentar un pedido de aclaración y ampliación dado que la sentencia es bastante oscura, para que se nos aclare los aspectos legales que corresponden en virtud de la inmotivada sentencia que ha emitido y presentaremos la apelación para que el TCE decida en legal y debida forma”, agregó el defensor de Atamaint.

¿Ganar tiempo?

Según él, el recurso con el que inicia su defensa no se trata de una impugnación sino para que se aclare por qué el juez dicta una sentencia no conforme a norma. Con esta acción, queda a la espera de presentar la apelación para que sea el Pleno del Tribunal quien ratifique o rectifica la sentencia del juez Ángel Torres.

“El proceso se encuentra viciado. Recordemos que el juez Torres ya manifestó a los medios que el CNE había incumplido con la norma, lo que significa que adelantó criterio, prevaricó y por lo tanto está anulada la sentencia”, concluyó.

De acuerdo con la normativa, el Pleno del TCE tiene 10 días plazo, después de avocar conocimiento de la apelación, para emitir una resolución. Es decir, el trámite puede demorar dos o tres semanas. Ello deja apenas 15 días para el 07 de febrero, cuando se realizarán las elecciones de presidente y asambleístas.

Proceso electoral, herido de muerte

Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge  Acosta Cisneros, las disputas entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral “han herido de muerte la confianza en el proceso electoral”.

“Lo sucedido afecta la confianza en el proceso electoral. A esta altura no sabe si esa confianza se puede recuperar”, sostuvo en Radio de la Calle.

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Un juez negó la solicitud de caución interpuesta por la familia Bucaram. El magistrado señaló que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para ser aprobado. Adicionalmente, FGE solicitó que se revisen las medidas cautelares impuestas sobre Gabriela Pazmiño, pues no ha cumplido con la presentación periódica ante la Fiscalía. 

Los hermanos Michel y Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y Abdalá Bucaram Ortiz son investigados por una presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos médicos en los hospitales de Guayaquil, en el marco de la crisis sanitaria producto del Covid-19.

Antecedentes

En agosto, la policía detuvo a Abdalá Bucaram Ortiz. El ex presidente supuestamente estaba implicado en la venta ilegal de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El ciudadano israelí Shy Dahan, asesinado en prisión, y los familiares de Bucaram también habrían sido parte de esta red de asociación ilícita. Fiscalía celebró la detención del ex mandatario. No obstante, Bucaram quedó en libertad horas más tarde.

El 03 de septiembre de este año, los hermanos Michel y Dalo Bucaram, junto con Gabriela Pazmiño, solicitaron al sistema judicial el recurso de caución. Esta medida habría permitido el retorno de los implicados al país y su defensa en libertad, a cambio del pago de una fianza de USD 30.000, tarifa sugerida por los implicados.

Jorge Acosta, abogado de la familia Bucaram, consideró este recurso pertinente para evitar la prisión preventiva contra sus clientes. Acosta señaló que la familia Bucaram es víctima de una perseución política y mediática para velar las verdaderas raíces de la corrupción. (JBS)

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El pedido de caución, interpuesto por Jorge Acosta, defensa de la familia Bucaram, exige la fijación de un monto económico como fianza. Esto salvaría a los implicados de enfrentar la prisión preventiva que, actualmente, pesa sobre ellos.

En la solicitud, se plantea el pago de USD 30.000 mientras dure la investigación en contra de Michel Bucaram, Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño. La solicitud será receptada el 14 de septiembre por Gianella Noritz, jueza a cargo del caso.

Antecedentes

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a 15 personas por supuestas tramas de corrupción en torno a la venta irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Entre ellos, se destacan los nombres Daniel y Noé Salcedo Bonilla y los hermanos Jacobo, Michel y Dalo Bucaram Pulley, junto a su esposa Gabriela Pazmiño.

La defensa de la familia Bucaram, Jorge Acosta, manifestó que contra sus clientes se ha desatado una persecución política y mediática para ocultar las verdaderas raíces de la corrupción. El 27 de julio señaló «¿por qué razón no están vinculados a la investigación quienes efectivamente entregaron la administración de los hospitales?”.

Gabriela Pazmiño, quien supuestamente está embarazada, se pronunciado en su defensa con criteros menos técnicos. Tras una cámara de celular en Miami, en medio de lágrimas, Pazmiño se pronunció contra la orden de prisión en su contra: “Mi familia merece respeto al igual que la tuya (…) Soy una mujer honesta, basta de críticas», comentó. (JBS)

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